A puertas del inicio de la temporada de intensas lluvias por el fenómeno El Niño, las obras de prevención en la torrentera El Chullo, en el distrito de Sachaca, permanecen pendientes debido a observaciones de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que impiden avanzar con su ejecución. Esta situación motivó una inspección en la urbanización Tahuaycani, con participación de autoridades, funcionarios y vecinos.

Durante la visita, representantes de la ANA, las municipalidades de Sachaca y Arequipa, Defensa Civil, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo dialogaron sobre las observaciones técnicas y las acciones necesarias para subsanarlas. Con la reunión se busca evaluar alternativas para destrabar los trabajos de prevención antes de la temporada de lluvias.

El alcalde de Sachaca, Renzo Salas, señaló que el principal inconveniente está relacionado con un muro construido por la Municipalidad Provincial de Arequipa sin autorización de la ANA. Según indicó, esta estructura no habría sido restituida en sus condiciones originales. Ambas comunas sostendrán una reunión técnica este lunes para buscar una solución y levantar las observaciones.

Asimismo, advirtió que no es viable profundizar el cauce debido a la presencia de un puente en la parte baja, que podría obstruirse con la acumulación de piedras, palos y lodo durante las lluvias, provocando desbordes hacia las viviendas cercanas. Por ello, se plantea ensanchar la torrentera y ejecutar un muro de contención y de ser necesario, demoler el puente.

Salas informó que el proyecto contempla un muro de contención valorizado en S/14 millones, cuya ejecución se gestionó mediante Obras por Impuestos; sin embargo todavía requiere la autorización de la ANA. Añadió que tampoco se puede desarrollar una intervención integral hasta determinar el caudal que llegará a Sachaca desde las zonas altas de Cerro Colorado, Cayma y Yanahuara.

Ante cuestionamientos a la gestión del gerente de Transporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Yoni Calle Cabello, presentó un balance de su administración correspondiente al periodo de mayo a agosto del 2026, en el cual destacó que las intervenciones permitieron acumular más de S/1 millón 392 mil en recaudación, cifra que supera ampliamente lo obtenido durante los años 2024 y 2025.

Asimismo, informó que alrededor de 550 unidades informales fueron trasladadas al depósito municipal, entre ellas las denominadas loncheritas y unidades M-3, como resultado de los operativos de fiscalización realizados durante su gestión.

Respecto a las intervenciones, señaló que estas se ejecutan en tres turnos y en coordinación con la Policía Nacional, aunque se realizan coordinaciones para reforzar el turno nocturno. También indicó que incrementaron el personal de fiscalización con la contratación de 68 inspectores adicionales para reforzar los controles en las vías.

En cuanto a la tarifa del pasaje, indicó que mantienen una asesoría técnica con Promovilidad para alcanzar un acuerdo definitivo. Además, destacó en su gestión la campaña de megáfonos y los controles en el cumplimiento de rutas, así como la apertura de procesos administrativos sancionadores por cobros excesivos, maltrato a pasajeros y abusos de conductores y cobradores.

“Hay sanciones que oscilan desde el 20% de la UIT hasta una UIT, son procesos que lo hemos abierto y estamos respetando el procedimiento”, sostuvo el gerente.

Sobre la posibilidad de que los transportistas acaten un paro, en gerente consideró que esta medida no sería conveniente para las concesionarias, ya que sus contratos contemplan cláusulas que prohíben las paralizaciones y podrían derivar en la resolución de los mismos. “No creo que los concesionarios vayan a dar un paso de esa magnitud, porque estarían poniendo en riesgo su contrato de concesión”, señaló.

La falta de camas y el incremento de pacientes han rebasado la capacidad de atención del hospital Goyeneche de Arequipa, según informó el presidente del Cuerpo Médico del nosocomio, Willy Yanqui, quien además señaló que los pacientes deben permanecer en sillas de ruedas, bancas o camillas mientras esperan un espacio para ser hospitalizados y recibir tratamiento.

“El hospital está a punto ya de colapsar en el servicio de emergencia, porque no tenemos dónde hospitalizar a los pacientes. No hay camas, igual manera también en ciertas áreas, como por ejemplo en cirugía, hay temporadas en las cuales ya no hay cama donde hospitalizar”, lamentó Willy Yanqui.

Explicó que esta situación se ha agravado durante el último año debido al incremento de pacientes que llegan al establecimiento. Precisó que el nosocomio es de nivel III, por lo que no solo atiende a la población de Arequipa, sino también a pacientes de otras regiones del sur del país, cuya población alcanza aproximadamente los siete millones de habitantes.

La falta de espacio también afecta al área de cirugía, donde existen 48 camas, distribuidas en 24 para varones y 24 para mujeres, que permanecen ocupadas casi todo el tiempo. Esta situación obliga a transferir a otros hospitales a pacientes que requieren intervenciones urgentes, como aquellos con abdomen agudo quirúrgico. Además, el servicio registra una lista de espera de aproximadamente 200 personas que necesitan ser operadas.

Ante esta situación, señaló que el hospital gestiona la habilitación de una sala de operaciones en el área de Ginecoobstetricia, destinada exclusivamente a cesáreas. Actualmente, se realizan entre cinco y seis de estos procedimientos por día y noche, lo que ocupa los quirófanos e impide atender otras emergencias quirúrgicas, como casos de peritonitis, apendicitis y pacientes de neurocirugía y traumatología.

El representante del Cuerpo Médico pidió al Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Salud, autorizar la puesta en funcionamiento de esta sala. La medida permitiría liberar espacio en los quirófanos y ampliar la capacidad para atender a pacientes que requieren operaciones de emergencia.

La Municipalidad de Arequipa busca avanzar con los intercambios viales del Cono Norte, en Cerro Colorado, y de la avenida Los Incas. Ambos proyectos se encuentran en diferentes etapas: el primero espera concretar su financiamiento mediante Obras por Impuestos, mientras que el segundo ya inició la elaboración de su expediente técnico, según informó el gerente de Desarrollo Urbano, Roosbel Jhofred Chávez.

Para el intercambio vial de Cerro Colorado se contempla una inversión de S/48 millones y su ubicación será en la interconexión de la avenida B1 con la zona 1. La propuesta también incluye ciclovías, pasos peatonales y áreas verdes. Según Chávez, las empresas Cerro Verde y Yura manifestaron su interés en financiar la obra y se espera concretar la firma del contrato hasta fines de diciembre.

“Es un proyecto que va a beneficiar a toda la población de Arequipa, no solamente a ese sector, ya que sabemos que el tránsito ahí es catastrófico (...) Va a ser un proyecto de gran envergadura que lo va a dejar iniciado la alcaldesa y ojalá podamos llegar a fines de diciembre con la culminación de la firma de contrato para que esto se pueda ejecutar”, indicó el gerente.

En el caso de la avenida Los Incas, el funcionario señaló que la elaboración del expediente técnico ya está en marcha y se espera aprobarlo durante la primera semana de diciembre para su posterior ejecución.

Asimismo, precisó que este tipo de obras puede tomar entre uno y dos años, por lo que la actual gestión espera dejar iniciados ambos proyectos. También advirtió que deberán adoptar medidas preventivas ante la temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La provincia de Caravelí recibió seis nuevos patrulleros que serán destinados a fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de la Policía frente a la delincuencia. La entrega se concretó luego de las gestiones impulsadas por el alcalde provincial, Roberto Soto Riveros, quien desde el inicio de su administración, solicitó reiteradamente la incorporación de vehículos policiales para atender las necesidades de la población.

Las seis unidades fueron obtenidas mediante el convenio entre el Gobierno Regional de Arequipa y el Ministerio del Interior, como parte de la entrega de 100 patrulleros a distintas dependencias policiales de la región. En Caravelí, los vehículos serán distribuidos a las comisarías de los distritos de Acarí, Bella Unión, Caravelí, Jaquí, Lomas y Yauca.

En el acto de recepción y bendición de una de las nuevas unidades para la comisaría rural PNP de Caravelí, participaron el alcalde Roberto Soto, regidores, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra, la subprefecta distrital, Jane Aravella, y el mayor PNP Joel Torres Quispe. La autoridad edil destacó que la entrega de los patrulleros responde a gestiones realizadas desde el inicio de su mandato para reforzar la seguridad en Caravelí.  

“Desde que iniciamos nuestra gestión en 2023, insistimos en la necesidad de contar con patrulleros nuevos para nuestra provincia. Hoy, gracias a las gestiones y al trabajo articulado con el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior, estamos recibiendo seis camionetas que contribuirán a mejorar la seguridad y proteger a las familias de Caravelí”, señaló la autoridad.

Las unidades fueron adquiridas a la empresa Maquinarias S.A. por un monto de S/18 millones, mediante la modalidad de Obras por Impuestos. Con estos nuevos patrulleros la provincia contará con mejores recursos para las intervenciones policiales y el patrullaje preventivo, una demanda que el alcalde provincial mantuvo como prioridad desde el inicio de su gestión.

Fidel Fuentes, uno de los vecinos más afectados por el desborde de la torrentera El Chullo hace casi 10 meses en Yanahuara, volvió a recordar la devastación que sufrió su vivienda tras la emergencia. Esta vez, el temor resurgió luego de que parte del caudal de la torrentera volviera a desbordarse debido a los trabajos de prevención y canalización que se ejecutan en la zona.

Según información preliminar, aparentemente el ingreso de agua de regadío a la torrentera, donde se realizan las obras, habría provocado un incremento del caudal que terminó desbordándose e inundando las calles Grande y Challapampa, así como viviendas del sector.

“Después de 10 meses volvemos a recordar nuestro pasado muy drástico y doloroso. Aún no podemos superar los daños físicos que provocaron los huaicos. Nos hubiera gustado que la torrentera El Chullo sea canalizada cuanto antes”, expresó Fuentes.

El vecino cuestionó el descuido en la zona afectada y señaló que los trabajos no se estarían ejecutando con las precauciones necesarias, pese a que el caudal suele aumentar durante las tardes. Indicó que el agua habría superado la capacidad de las tuberías instaladas, provocando un nuevo desborde que llegó hasta las calles y viviendas, donde dejó malos olores.

Asimismo, contó que el anterior huaico arrasó con la tienda de su esposa y que todavía mantiene vehículos atrapados en su taller debido a la emergencia. Además, aseguró que no puede reconstruir su vivienda por temor a que otro desborde vuelva a destruirla. “Hay descuido y mezquindad. No puedo reestructurar mi casa todavía, porque si se vuelve a salir la torrentera lo volvería a destruir. No hay garantía de hacer las cosas”, señaló.

A sus 65 años, el vecino dijo que tuvo que empezar nuevamente desde cero y pidió a las autoridades acelerar la canalización de la torrentera antes del inicio de la temporada de lluvias por el fenómeno El Niño.

Los comerciantes del mercado San Camilo iniciarán acciones legales contra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por el presunto delito de omisión de funciones, debido a la falta de avances en el proceso de privatización del centro de abastos, que habría comenzado hace aproximadamente 20 años y hasta ahora no permite que el 100% de los puestos pase a manos de sus ocupantes.

El representante de los comerciantes, Cosme Casos, anunció que en los próximos días presentarán una demanda contra la Municipalidad Provincial de Arequipa, amparados en la Ley N° 32738. Según explicó, esta norma les permite acudir a las instancias competentes si la comuna no cumple con conformar la comisión encargada del proceso de privatización del mercado.

El dirigente señaló que, pese a una reunión sostenida con el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, el tema quedó pendiente de evaluación por comisiones que deben informar al Concejo Municipal sobre los avances del proceso. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se conozcan resultados concretos.

“No vemos resultado, hubo una reunión con el señor Victor Hugo Rivera y quedó en comisiones y esas comisiones estan obligados de informar en Sesión de Concejo el proceso de privatización, pero parece que nos conocen que se avanzó hasta el momento”, señaló Cosme.

Ante esta situación, los comerciantes exigen que la alcaldesa provincial, Ruccy Oscco, lleve la problemática a sesión de Concejo y se conforme la comisión correspondiente. En el mercado San Camilo trabajan alrededor de 1,300 comerciantes, de los cuales el 30% son propietarios y el 70% ocupa puestos como inquilinos de la MPA. Esperan que esta semana la municipalidad los convoque e informe sobre el estado de la privatización; de lo contrario, procederán con la demanda por presunta omisión de funciones.

El 60% de los niños menores de 10 años en Arequipa aún no ha recibido la vacuna contra el sarampión, situación que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Giovanna Valdivia, informó que solo se ha logrado proteger al 40% de esta población durante la campaña de intensificación, por lo que se reforzará la vacunación en instituciones educativas.

La funcionaria precisó que la región registra 559 casos de sarampión, de los cuales más de 230 corresponden a niños y alrededor de 220 a jóvenes. Ante este escenario, se busca ampliar la cobertura de inmunización, especialmente en los distritos con mayor concentración de contagios, como Cerro Colorado, Paucarpata, Alto Selva Alegre y Socabaya.

“En este momento nuestra preocupación es proteger a nuestros niños. Nos falta alcanzar este otro grupo de niños, porque la idea es protegerlos, sobre todo ahora en estos distritos donde tenemos mayor cantidad de concentración poblacional”, señaló Valdivia.

Asimismo, indicó que los contagios han disminuido progresivamente tras las jornadas de vacunación, ya que en agosto se registraron cerca de 200 casos, mientras que en septiembre la cifra descendió a 120 y en octubre se reportaron alrededor de 26 hasta la fecha. La intervención también permitió aplicar más de 180 mil dosis durante el proceso de intensificación.

En coordinación con la Gerencia Regional de Educación, se intensificará la vacunación en los colegios durante el próximo mes, antes del inicio de las vacaciones escolares previsto para el 11 de diciembre. Actualmente cuentan con 14 brigadas para el cierre de brechas, pero advirtió que necesitan la autorización de los padres de familia para inmunizar a los menores.

Los docentes acatarán un paro nacional de 24 horas este jueves para exigir que el Gobierno incorpore los acuerdos del Convenio Colectivo 2026-2027 en la Ley de Presupuesto. El secretario regional del SUTEP, Hamer Villena, advirtió que no descartan iniciar una huelga nacional indefinida si sus demandas no son atendidas.

El dirigente aclaró que el magisterio cumplió con los requisitos para convocar la medida de protesta tras el comunicado del Minedu que señala una supuesta manifestación "ilegal". En ese sentido explicó que tras tres meses de diálogo con el Estado, se firmó un convenio colectivo cuyos acuerdos no fueron incluidos en la Ley de Presupuesto.

Entre sus principales reclamos figuran el incremento de las remuneraciones para el próximo año, el pago de la deuda social y la asignación de recursos para el bono docente. También exigen presupuesto para alcanzar el 6% del PBI destinado a educación, contratar psicólogos, mejorar la alimentación escolar y reglamentar la ley de pensiones.

El dirigente cuestionó al ministro de Educación por no gestionar la incorporación de estos acuerdos en el presupuesto nacional. “Tuvimos un diálogo con el ministro de Educación en varias oportunidades y lamentablemente no ha considerado el presupuesto, él debió proponer al Ejecutivo los acuerdos del convenio colectivo para que sea incluido en la Ley de Presupuesto, sin embargo se limitó a hacer anuncios rimbombantes”, manifestó.

Según Villena, el 70 % del magisterio, entre docentes activos, cesantes y auxiliares de educación, acatará la paralización. Los profesores que participen en la medida comunicaron a las direcciones de sus instituciones educativas sobre la suspensión de clases para evitar que los estudiantes resulten afectados.

El secretario regional del SUTEP indicó que el Ejecutivo y el Congreso tienen hasta el 30 de noviembre para incorporar los acuerdos del convenio colectivo en la Ley de Presupuestoy de no obtener una respuesta favorable dentro de ese plazo, el gremio evaluará convocar una huelga nacional indefinida.

A pocos días de Halloween, ocho actas preventivas fueron levantadas durante un operativo en el centro comercial Asia, donde se detectaron juguetes y otros productos con registro sanitario vencido y deficiencias en el etiquetado. La intervención fue realizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar riesgos a la salud, especialmente de los niños.

La fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, informó que los comerciantes tienen un plazo no menor de cinco días para subsanar las observaciones y de incumplir las disposiciones municipales, podrían afrontar multas, decomiso de productos, clausura de sus establecimientos y una posterior denuncia, según corresponda.

La representante del Ministerio Público exhortó a los padres de familia a verificar que los juguetes, máscaras y accesorios de Halloween cuenten con registro nacional y autorización sanitaria vigente. Esta información puede consultarse en la página web de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa).

Advirtió que aunque existe una mayor conciencia entre los comerciantes para cumplir las exigencias sanitarias, todavía se encuentran productos que no cumplen las normativa, principalmente en zonas alejadas. 

“En todos estos años que nosotros estamos trabajando sí vemos una mejora importante, pero todavía yo te diría que por lo menos existe un 20% que no cumplen las exigencias sanitarias, sobre todo en zonas alejadas”, señaló la fiscal.

En ese sentido, recordó que comercializar productos que contengan sustancias tóxicas puede constituir un delito contra la salud pública, sancionado con hasta ocho años de pena privativa de la libertad.