El especialista en proyectos de inversión para la agroexportación, Eddison Mendoza Herrera, afirmó que la ejecución de Majes Siguas II tendría un impacto económico decisivo para Arequipa, al generar más de 100 mil puestos de trabajo y abrir nuevas oportunidades para miles de familias vinculadas al sector agrícola.

“Majes Siguas II podría generar más de 100 mil puestos de trabajo. Generaría una economía fuertísima y permitiría impulsar aún más el desarrollo agrícola de la región”, señaló.

Mendoza sostuvo que la agroexportación representa una de las principales oportunidades de crecimiento para la región, ya que, de concretarse el proyecto, podría generar hasta 500 mil millones de soles anuales en exportaciones, además de beneficiar de manera indirecta a más de 70 mil personas y sacar a familias de la pobreza.

Asimismo, señaló que la falta de voluntad política ha sido uno de los principales obstáculos para concretar proyectos estratégicos como Majes Siguas II. Consideró que el potencial agrícola de Arequipa permitiría ampliar mercados internacionales y fortalecer productos de alto valor comercial como la pitahaya, la tara y la granada, cuyos precios en el extranjero superan hasta diez veces el valor de otros cultivos tradicionales.

“No entendemos a la agricultura como un gran negocio y como un medio para sacar a muchas familias de la pobreza. Si lo viéramos de esa forma, podríamos duplicar o hasta triplicar los ingresos de la población rural”, manifestó.

Familiares, vecinos, profesora y compañeros de Gustavito realizaron esta mañana un plantón en el módulo de justicia de Cerro Colorado para exigir justicia por el menor de 7 años, quien falleció por una presunta negligencia médica mientras era operado de una lesión en la muñeca en una clínica privada.

Como se recuerda, el niño ingresó inicialmente al hospital Goyeneche por una fractura en la muñeca, donde el médico Alex Rimachi diagnosticó que requería una intervención quirúrgica. Sin embargo, debido a que este tipo de procedimientos solo se realizaban en determinados días en dicho nosocomio, el especialista habría recomendado trasladarlo a su clínica privada. Ante los fuertes dolores que presentaba el menor, los padres aceptaron pagar S/ 2.500 por la cirugía, pero tras la operación el niño perdió la vida.

Ahora, los familiares y seres queridos del pequeño exigen justicia y solicitan la máxima condena para el traumatólogo Alex Rimachi y el anestesiólogo Jaime Delgado, ambos trabajadores del hospital Goyeneche, quienes estarían implicados en el fallecimiento del menor durante la intervención quirúrgica.

La docente de Gustavito recordó que era un estudiante inteligente y muy curioso por aprender. Lamentó su fallecimiento y señaló que sus compañeros lo vienen recordando con mensajes y obsequios colocados en el escritorio que ocupaba en el aula.

“A causado una gran pena entre todos los compañeros del aula, hasta el día de hoy  mis niños no pueden superar esta situación que es muy complicada, en el aula hemos colocado en su silla todo lo que trabajamos cada dia, por favor pedimos justicia por mi alumno gustavito, el sigue presente entre nosotros y no se irá nunca”, expresó la maestra del menor

Cabe mencionar que este sábado se desarrolla una audiencia virtual contra los implicados, donde la Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

La región Arequipa necesita una inversión superior a los 4 mil millones de soles para atender la brecha de infraestructura educativa desatendida desde hace décadas que afecta a cientos de estudiantes. Así lo evidenció el gerente regional de Educación, William Choque, quien además precisó que, no solo se requiere recursos económicos, sino, mejores funcionarios comprometidos con el sector.

“La brecha en infraestructura es enorme. Si hablamos de presupuesto para atender a las instituciones educativas que necesitan una remodelación, estamos hablando de millones de soles”, dijo.

El funcionario informó que más de 300 colegios superan los 50 años de antigüedad y requieren una intervención, es decir, la demolición para la construcción de nuevas aulas. Esta situación afecta principalmente a instituciones ubicadas en provincias como La Unión, Castilla, Caylloma y la propia Arequipa.

“El estado peruano desde el 2011 no invierte ni un solo sol en lo que es educación. La inestabilidad que viene desde el gobierno central ha ocasionado que muchos proyectos, programas se detengan debido a los malos funcionarios, ministros, entre otros aspectos”, sostuvo.

Una muestra de la desatención del Gobierno Nacional es el problema ocasionado por las intensas lluvias que afectaron decenas de aulas y para mantener la seguridad de ellos escolares, el Gobierno Regional solicitó 141 módulos educativos temporales para reemplazar los ambientes dañados.

Sin embargo, pese a que pasaron meses desde la emergencia, estos aún no han sido entregados debido a la falta de gestión, celeridad y compromiso de los funcionarios. Asimismo, explicó que para reducir significativamente la brecha educativa el Gobierno Regional tendría que destinar durante seis años el total de su presupuesto al sector educativo.

La llegada de las bajas temperaturas en Caylloma ha puesto nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan las poblaciones más alejadas de la provincia, en ese sentido, la Asociación Lazos Humanitarios AQP impulsa la campaña “Dona Calor” para entregar ropa de abrigo y alimentos a familias vulnerables de los centros poblados de Cauca, Pachachaca y Anansaya.

La presidenta fundadora de la organización, Lizhet Tacuri Ramos, señaló que la iniciativa surgió tras identificar que la ayuda estatal no llega de manera suficiente a estas localidades ubicadas por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar. 

“El Estado no llega a estos lugares y si llega es muy poca la ayuda que lleva. Por eso, en coordinación con las autoridades locales, hemos decidido apoyar a estas zonas que prácticamente están olvidadas”, manifestó.

La campaña está dirigida principalmente a niños y adultos mayores de 60 años, considerados los grupos más vulnerables durante la temporada de friaje. Además de prendas de abrigo, se viene recolectando alimentos no perecibles para atender las necesidades de aproximadamente 500 familias empadronadas en la zona.
 

Tacuri explicó que la asociación ha logrado reunir cerca de 400 donativos y busca alcanzar la meta de 500 antes de iniciar el traslado de la ayuda. Para ello, cuenta con el apoyo de instituciones profesionales, organizaciones religiosas y empresas privadas que colaborarán con la logística y distribución.
 

La iniciativa también reabre el debate sobre las acciones que deben emprender las autoridades frente al friaje en las zonas altoandinas. Mientras las comunidades continúan enfrentando temperaturas extremas y pérdidas en su actividad agropecuaria, pobladores y organizaciones civiles demandan una mayor presencia del Estado mediante planes de contingencia, atención en salud y apoyo permanente a los sectores más vulnerables.

Las labores escolares no serán suspendidas en los colegios privados que funcionarán como locales de votación durante la segunda vuelta electoral. El presidente de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Arequipa, Rusbel Begazo, señaló que las actividades académicas se desarrollarán con normalidad el viernes previo y el lunes posterior a la jornada electoral.

“Dada que en la elección presidencial solamente son dos candidatos, considero que el  escrutinio va a ser de manera rápida, por lo que saludamos esta medida y no habría necesidad de suspender las labores tanto viernes como lunes”, expresó Begazo.

En la provincia de Arequipa se habilitarán 501 locales de votación, de los cuales cerca de 100 corresponden a instituciones educativas privadas, de las cuales el distrito de Cerro Colorado concentra en su mayoría los colegios designados.

El representante explicó que la ONPE viene solicitando la entrega de los locales desde las 2:00 o 3:00 de la tarde del viernes. En algunos casos, los colegios podrían adelantar la salida o suspender únicamente la última hora de clases para facilitar la habilitación de los ambientes destinados al proceso electoral.

Asimismo, consideró favorable no suspender las labores escolares debido a las interrupciones registradas durante el año por factores como las lluvias, los problemas en el transporte y la primera vuelta electoral. Indicó que los colegios privados se encuentran actualmente con un avance curricular aproximado del 40 % y que para julio deberían alcanzar el 50 % del programa académico.

En esa misma línea, señaló que la elección presidencial permitirá un escrutinio más rápido al existir solo dos opciones en la cédula de votación, por lo que no habría demoras en la entrega de los colegios, también exhortó a la ONPE a entregar las instituciones en las mismas condiciones en que son recibidas para el normal desarrollo de las clases el lunes.

La oposición al proyecto minero Tía María vuelve a tomar fuerza en la provincia de Islay. Dirigentes del Valle de Tambo anunciaron una movilización para los primeros días de julio, con el objetivo de exigir acciones frente a la contaminación del río Tambo y expresar su rechazo a los trabajos que se vienen ejecutando en la zona.

“El proyecto de Tía María está avanzando en las etapas de hacer carreteras, abrir más caminos y se escuchan explosiones en el sector. Reitero que todos estos trabajos son ilegales, desconociendo incluso los permisos que corresponden”, manifestó Miguel Meza, representante del Valle de Tambo.

El dirigente también expresó su preocupación por la situación ambiental de la provincia y cuestionó que la problemática no haya sido abordada con mayor énfasis durante la campaña electoral. En ese sentido, señaló que ante la llegada del candidato presidencial, Roberto Sánchez, espera que realice un pronunciamiento sobre el conflicto generado por Tía María y la contaminación del río Tambo.

Asimismo, indicó que en las últimas movilizaciones realizadas en abril, algunos participantes fueron denunciados, situación que calificó como una criminalización de la protesta. Además, recordó que mantienen una acción de amparo vinculada al proyecto y cuestionó la demora en la emisión de una resolución judicial.

“Vamos a realizar una movilización a nivel provincial exclusivamente por el tema de la contaminación del río Tambo. Vamos a convocar a todas las fuerzas vivas porque la preocupación principal es la defensa del agua y de la agricultura del valle”, indicó.

Según informó, organizaciones sociales, agricultores y juntas de usuarios vienen coordinando la medida de protesta, que buscará congregar a diversos sectores de Islay para demandar una mayor atención a los problemas ambientales que afectan a la cuenca del río Tambo y reiterar su rechazo al proyecto minero.

La falta de transporte público se ha convertido en un problema de todos los días para los vecinos de la asociación Peruarbo, en el distrito de Cerro Colorado. Los pobladores denuncian largas esperas y unidades en mal estado, lo que repercute para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

La presidenta de Peruarbo, Nely Apaza Fernández, señaló que la situación se agrava fuera de las horas punta, ya que los usuarios deben esperar hasta una hora para acceder a una unidad de transporte público. Además, indicó que durante las noches y fines de semana el servicio es muy escaso, obligando a los pobladores a recurrir a taxis o mototaxis.

“Estamos cansados de esperar, que mejore la frecuencia. Las unidades que envían son viejas y en pesimas condiciones. Después de las ocho de la noche ya no hay transporte y tenemos que movilizarnos como podemos, exponiéndonos a riesgos y accidentes”, manifestó.

La dirigente cuestionó el servicio brindado por el Consorcio Cono Norte y pidió a la Gerencia de Transportes reforzar las inspecciones para verificar que las unidades cuenten con licencia, SOAT y las condiciones adecuadas para operar. También solicitó evaluar posibles sanciones por los reiterados incumplimientos denunciados por la población.

Asimismo, advirtió que la deficiente cobertura del transporte formal ha favorecido el crecimiento de servicios informales en la zona. Tras una reunión con las autoridades de transporte, informó que se anunció una evaluación del servicio y que en los próximos días se presentará un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa operadora.

Tras la muerte de una adulta mayor que fue atacada por una jauría de perros en la asociación San Pedro y San Pablo, en el distrito de Cerro Colorado, el responsable de Zoonosis de la Gerencia Regional de Salud, Carlos Gonzales, señaló que la falta de control de canes en la vía pública es un problema persistente en diversas zonas de Arequipa.

El especialista indicó que la responsabilidad recae tanto en los propietarios de los animales como en los municipios. Explicó que muchos perros son criados en las calles o abandonados, lo que los obliga a buscar alimento por cuenta propia y aumenta el riesgo de ataques a la población.

“Lamentablemente, los gobiernos locales hacen caso omiso a la normativa vigente, donde los canes siguen aumentando en la vía pública y continúan representando un riesgo para la población”, expresó

Gonzales recordó que la Ley N.° 27596 establece que las municipalidades deben retirar a los perros que permanecen en la vía pública y trasladarlos a centros de control o cuarentena. Sin embargo, sostuvo que esta normativa no se viene cumpliendo de manera efectiva, permitiendo el incremento de canes callejeros.

Asimismo, informó que en Cerro Colorado existen más de 25 mil perros con propietario y cerca de 10 mil en situación de abandono o criados en espacios públicos. Añadió que la Geresa viene coordinando campañas de vacunación antirrábica en distintos distritos y exhortó a la población a participar y mantener a sus mascotas bajo control para evitar nuevos incidentes.

Petroperú, considerada una de las principales empresas estatales estratégicas, acumuló pérdidas superiores a los 4 mil millones de dólares y requirió constantes rescates financieros con recursos públicos. En ese contexto, Isidro Flores Sosa, presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxi (CREAT), cuestionó el manejo administrativo de la empresa y advirtió que la situación termina afectando indirectamente a ciudadanos y transportistas.

“Sabemos que por muchos años Petroperú está ocasionando pérdidas al Estado. Cambian constantemente de funcionarios, su director nacional gana millones y su personal también, por eso todo el presupuesto no alcanza y cada año la situación está peor”, sostuvo el dirigente.

Flores Sosa indicó que, pese a los constantes cambios de directorios y funcionarios, la empresa estatal no logró revertir su crisis económica ni generar beneficios concretos para la población que depende del combustible y espera una reducción en los precios.

Ante ello, planteó la necesidad de implementar un modelo de inversión mixta entre el Estado y el sector privado para mejorar la producción y sostenibilidad de Petroperú. Asimismo, señaló que los recursos destinados a rescatar la empresa pudieron invertirse en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura pública.

La empresa privada de transporte y movilidad urbana por aplicativo inDrive presentó en Arequipa nuevas herramientas de seguridad orientadas a fortalecer la protección de usuarios y conductores, en medio del incremento de hechos delictivos vinculados al servicio de transporte en el país.

“Queremos que tanto conductores como pasajeros se sientan seguros al utilizar la aplicación. Por eso venimos desarrollando herramientas antes, durante y después del viaje, siempre con el compromiso de garantizar tranquilidad a nuestros usuarios”, señaló Cristian Alfonso, gerente de Seguridad para Latinoamérica de inDrive.

Entre las principales medidas implementadas figura una nueva función de grabación de audio durante los viajes, sistema que permitirá registrar incidentes dentro de las unidades y compartir la información en caso sea requerida. Según explicó la empresa, el contenido estará encriptado dentro de la aplicación para resguardar la privacidad y seguridad de las personas.

La compañía también informó que viene trabajando de manera coordinada con autoridades y entidades vinculadas a la seguridad vial para fortalecer sus mecanismos de prevención. En ese contexto, presentó una cartilla de seguridad vial elaborada junto al Touring y Automóvil Club del Perú, documento que próximamente incorporará contenido de la Policía Nacional.

Asimismo, Alfonso indicó que la plataforma cuenta con sistemas de alertas en zonas consideradas de riesgo, verificación automática de antecedentes y procesos internos de investigación cuando ocurre algún incidente reportado dentro de la aplicación. Estas acciones buscan reducir riesgos asociados a robos, asaltos y hechos delictivos que involucran vehículos de transporte por aplicativo.

“Trabajamos de manera reactiva, preventiva y proactiva. Tenemos herramientas para verificar antecedentes, identificar zonas peligrosas y colaborar con las autoridades cuando ocurre un incidente. Todo esto busca reducir riesgos y prevenir situaciones delictivas”, explicó Alfonso.