Durante la audiencia pública descentralizada de la comisión de trabajo y seguridad realizada en la Universidad Católica Santa María en Arequipa, se lanzaron duras críticas contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por su supuesta pasividad ante los abusos laborales cometidos por empresas en distintas regiones del país, especialmente en Arequipa.

Los denunciantes sostienen que Sunafil mantiene un enfoque excesivamente burocrático y evade su responsabilidad sancionadora, a pesar de que la normativa vigente le otorga competencias para imponer sanciones. "Sunafil argumenta que solo fiscaliza y no sanciona, lo cual contradice sus propias funciones", afirmaron durante la intervención.

Según los testimonios, durante las inspecciones laborales se detectan incumplimientos y abusos hacia los trabajadores, pero no se aplican sanciones bajo el pretexto de que las empresas aún pueden adecuarse a los requisitos legales. Además, se habría sugerido a los trabajadores acudir al Poder Judicial para buscar justicia, lo que consideran una maniobra para dilatar los procesos y favorecer a las empresas con mayores recursos legales.

El problema, afirman, se agrava por la supuesta omisión de funciones de Sunafil en diversas regiones, lo que habría derivado en el despido de cientos de trabajadores por alzar la voz contra estos abusos. Denuncian también una vulneración sistemática de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los críticos responsabilizan a grupos de poder económico como la CONFIEP y la Asociación Nacional de Minería y Petróleo, acusándolos de tener una influencia directa en las decisiones del gobierno. Sostienen que estas entidades, con respaldo del Ejecutivo y del Congreso, están impulsando reformas regresivas que precarizan aún más las condiciones laborales.

Uno de los puntos más polémicos es la supuesta agenda ministerial para el año 2025, que contemplaría la eliminación de beneficios como la CTS, la fiscalización laboral y la negociación colectiva. Los trabajadores rechazaron enfáticamente esta propuesta y llamaron a la unidad de todos los sectores, públicos y privados, para defender los derechos laborales.

“Lo que hacen estas audiencias es una pantomima. No venimos a contar falsedades, venimos a decir la verdad”, enfatizaron, señalando que no se sienten representados por un gobierno que “vulnera derechos y guarda silencio ante la muerte de trabajadores”.

El llamado final fue a la organización colectiva para defender el bien común y evitar un futuro marcado por la explotación y la pérdida de derechos sociales fundamentales.