Por segunda vez, la Municipalidad Distrital de Paucarpata intervino una importadora de útiles de oficina por incumplir las normas sanitarias. Durante el operativo, las autoridades detectaron productos que no exhibían el número de autorización sanitaria en su rotulado, requisito necesario para su comercialización.

La subgerente de Gestión Ambiental y Salud de Paucarpata, Giovanna Carbajal, informó que entre los artículos observados figuran lapiceros, colores, marcadores, correctores y plumones. Aunque la administración del establecimiento presentó una resolución sanitaria, esta debe estar identificada en cada producto y contar con vigencia.

“Lo que les falta a ellos es el etiquetado de esta resolución en cada uno de los productos donde figure la autorización sanitaria y verificar que esté vigente también esta autorización", precisó la funcionaria.

Como medida inmediata, se dispuso la paralización de los artículos observados, que fueron retirados de los puntos de venta e inventariados para su almacenamiento en cajas hasta que se subsanen las observaciones. La intervención contó con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito, especialistas de la Gerencia Regional de Salud y personal municipal.

La importadora tendrá un plazo de cinco días para presentar la autorización sanitaria correspondiente y cumplir con el etiquetado de los productos. De no acreditar los requisitos exigidos, podría afrontar una denuncia penal, debido a que estas autorizaciones permiten verificar que los artículos cumplan con los controles sanitarios y no representen riesgos para la salud.

Los incendios forestales en las provincias altas de Arequipa habrían arrasado más de 10.000 hectáreas, según estimó el consejero regional James Posso, quien advirtió sobre el impacto en la biodiversidad y la muerte de camélidos.

Señaló que cerca del 90% de estos siniestros serían provocados por personas que mantienen la costumbre de quemar pastizales para favorecer su regeneración con las lluvias. Sin embargo, advirtió que esta práctica empeora el daño en un contexto de cambio climático y falta de precipitaciones. 

“Pero lamentablemente no ven que con el cambio climático ahora no va a llover. Y si no va a llover, se está perdiendo y hemos visto en las imágenes cantidades de alpacas y vicuñas que han sido atacadas, y mueren sentaditas, quemadas”, lamentó James.

El consejero alertó que las llamas no solo destruyen la flora altoandina, sino también los pastos que sirven de alimento a los animales. En zonas como el distrito de Toro, en la provincia de La Unión, se registraron incendios de gran intensidad, mientras que otros focos afectaron sectores de Caylloma y Condesuyos.

Frente a esta situación, el consejal informó que remitió un documento al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para solicitar información sobre las acciones previstas hasta noviembre y diciembre. Advirtió que si las lluvias no llegan en los primeros meses del próximo año, los incendios podrían ser peor.

“Yo creo que la defensa tiene que empezar desde el municipio, desde la localidad se debe sociabilizar y sensibilizar porque muchos de los incendios son provocados por tradiciones ancestrales que queman pensando que cuando viene la lluvia va a mejorar el pasto, pero cuando va a haber sequía, ya no”, señaló el consejero y considero necesario fortalecer la capacitación y la prevención para evitar que las quemas tradicionales se conviertan en incendios fuera de control.

Siete de los nueve consejeros regionales de Moquegua votaron en contra de autorizar el viaje de la gobernadora regional a Chile, debido a las obras inconclusas, la falta de presupuesto y los cuestionamientos a los resultados de la gestión, según informó el consejero Wilder Paredes. La votación se realizó a solicitud de tres integrantes del Consejo Regional, quienes plantearon volver a evaluar la autorización.

Paredes explicó que su oposición responde a que faltan aproximadamente dos meses para culminar la gestión regional y todavía existen proyectos pendientes de ejecución y entrega. Entre ellos mencionó los centros de salud de San Cristóbal y Samegua, los colegios Señor de Locumba y Amparo Baluarte, así como el puente de Huatalaque, obras que presentan retrasos o problemas que impiden su culminación.

El consejero cuestionó los resultados de la actual administración y afirmó que, durante los cuatro años de gestión, no se ha iniciado y culminado una obra. Sostuvo que existen proyectos que continúan en ejecución, pero que no cuentan con presupuesto suficiente para avanzar al ritmo previsto. También señaló que las dificultades en el área de logística y los problemas relacionados con los expedientes técnicos contribuyen a retrasar los trabajos.

“Hay obras que se dice que se están trabajando, que se vienen elaborando, pero al final no hemos visto ninguna obra culminada en beneficio de la población”, manifestó Paredes al justificar su voto en contra de la autorización del viaje.

El consejero también mencionó cuestionamientos al gasto regional. Según indicó, una comisión del Senado habría señalado que Moquegua ocupaba el puesto 16 en gasto y que el 70 % correspondía a gasto corriente, como planillas y contratos. Estas cifras requieren contrastarse con el informe y el periodo al que hizo referencia.

La votación terminó con siete consejeros en contra y dos a favor, identificados por Paredes como Cristian y César Marín. La entrevista no precisó el destino específico de las actividades previstas en Chile, el costo del viaje ni los argumentos detallados de quienes respaldaron la autorización.

Mientras tanto, el Consejo Regional tiene previsto volver a abordar el lunes la situación de los proyectos Chilota-Chincune y Pasto Grande, cuya transferencia y puesta en funcionamiento siguen pendientes, de acuerdo con lo señalado por Paredes.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, llegó a Arequipa para suscribir un convenio con la Compañía Minera Zafranal, orientado a fortalecer y ampliar las oportunidades de acceso al empleo en la región mediante el programa Jóvenes Productivos. Con esta iniciativa se busca facilitar la inserción laboral de jóvenes con el apoyo de empresas privadas y promover mayores oportunidades de empleo formal.

Durante su visita, el ministro destacó la participación de empresas como Zafranal y del sector textil en la generación de oportunidades laborales. También recorrió el Parque Industrial Metalmecánico de Arequipa (APIMA), donde resaltó la calidad de los empresarios locales y señaló que necesitan apoyo estatal en terrenos, infraestructura y mejores condiciones para continuar creciendo.

Respecto al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, Sheput indicó que la Comisión de Constitución del Senado aprobó el dictamen que contempla 27 puntos, pero precisó que la decisión final corresponde al pleno. En ese sentido, exhortó a los senadores de oposición a respaldar la propuesta y sostuvo que el Gobierno necesita herramientas jurídicas para enfrentar la inseguridad.

“Por favor colaboren con una situación de mejora para el país, a través de los elementos jurídicos necesarios como para poder emprender una lucha frontal contra la inseguridad”, señaló el ministro que además cuestionó la resistencia de algunos parlamentarios y pidió que reflexionen sobre la necesidad de otorgar facultades al Ejecutivo.

Por otro lado, Sheput afirmó que, si Roberto Sánchez hubiera ganado las elecciones “hoy día el Perú sería un caos”. En ese sentido, pidió a las bancadas de oposición de Buen Gobierno y Ahora Nación desprenderse del liderazgo de Íber Maraví, a quien acusó de influir en la postura de algunos parlamentarios frente al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

"Ahora el resto de partidos, yo creo que sí va a reflexionar, se va a alejar de la tutela de Íber Maraví que está llevando de la nariz a algunos congresistas de Buen Gobierno y de Ahora Nación, yo les díria que se desprendan del liderazgo de Iber Maraví, que no le hagan el caso", cuestionó.

Las cinco municipalidades de Moquegua que cuentan con los mayores presupuestos del rubro de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones aún tienen pendiente ejecutar una parte importante de sus recursos. Según la consulta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizada al 18 de octubre de 2026, ninguna supera el 56% de avance presupuestal.

La Municipalidad Distrital de San Antonio encabeza la lista con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 268 millones 668 mil 779. Sin embargo, registra un avance de 49,7%, equivalente a aproximadamente S/ 133,7 millones devengados. Esto significa que todavía tiene más de S/ 135 millones pendientes de devengar.

En segundo lugar se encuentra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con S/ 241 millones 551 mil 168 de presupuesto y un avance de 52,8%. La comuna registra aproximadamente S/ 127,6 millones devengados, por lo que mantiene más de S/ 113 millones sin ejecutar bajo este indicador. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Torata dispone de S/ 212 millones 141 mil 714 y alcanza el mayor avance de las cinco, con 55,3%, equivalente a unos S/ 117,3 millones devengados.

La Municipalidad Provincial de Ilo presenta un escenario distinto. Aunque cuenta con S/ 186 millones 835 mil 722, registra apenas un 39% de avance, el porcentaje más bajo entre las cinco comunas con mayores presupuestos. Su monto devengado bordea los S/ 72,8 millones, mientras que más de S/ 114 millones permanecen pendientes de devengar.

En tanto, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal tiene un PIM de S/ 109 millones 329 mil 292 y un avance de 49,9%. De acuerdo con el reporte, ha devengado aproximadamente S/ 54,6 millones, por lo que todavía tiene más de S/ 54 millones pendientes de ejecución presupuestal.

En conjunto, estas cinco municipalidades administran S/ 1.018 millones 526 mil 675 en este rubro. Los porcentajes muestran diferencias en el ritmo de ejecución, especialmente entre Torata, que supera el 55%, e Ilo, que no llega al 40%. Con poco más de dos meses para finalizar el año, el desafío es acelerar la ejecución de los recursos sin descuidar la calidad de las inversiones y los resultados que deben traducirse en obras y servicios para la población.

El Gobierno habilitó el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar servicios de protección a poblaciones vulnerables ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida permitirá garantizar la atención de niñas, niños, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad durante las emergencias climáticas.

La iniciativa es impulsada por PROINVERSIÓN y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) e incluye cinco servicios: alimentación, acondicionamiento y conservación de establecimientos, recuperación de infraestructura dañada, seguridad y vigilancia, y preparación ante emergencias.

Uno de los principales componentes permitirá asegurar la compra, el suministro, la preparación y la entrega de alimentos a las personas atendidas por el MIMP. Asimismo, se considera preparar los establecimientos antes de la llegada de eventos climátologicos y recuperar aquellos que resulten dañados por las lluvias, además de dotarlos de equipos, medicamentos y sistemas informáticos para su funcionamiento.

La disposición fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 523-2026-MIMP, en aplicación del Decreto de Urgencia N° 010-2026. Los servicios podrán ejecutarse en zonas declaradas en emergencia por peligro inminente o por acciones de respuesta frente al fenómeno climático.

“A partir de ahora podremos utilizar Obras por Impuestos para garantizar alimentos, mantener seguros los establecimientos y recuperar los servicios que atienden a niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN. La entidad brindará asistencia técnica y promoverá la participación de empresas privadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante las emergencias.

El turismo recreativo sería la principal fuente potencial de basura plástica en tres playas de Ilo, con una participación estimada de entre el 70 % y el 80 % de los residuos identificados. Así lo señala el monitoreo científico realizado por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en Boca del Río, Pozo de Lisas Norte y Pozo de Lisas Sur, en la provincia de Ilo, región Moquegua.

La evaluación se desarrolló del 18 al 22 de setiembre de 2026 y forma parte de un estudio que busca determinar la cantidad y las características de los residuos plásticos, identificar sus posibles fuentes y conocer cómo varían a lo largo del año. El monitoreo se realiza de manera estacional desde el verano de 2025.

Entre los residuos más frecuentes figuran botellas, bolsas, tapas y envases de alimentos. Sin embargo, el problema no termina con los plásticos que quedan visibles sobre la playa. La exposición al sol, los cambios de temperatura y el movimiento de las olas favorecen su fragmentación en piezas menores de 2,5 centímetros, denominadas mesoplásticos, que pueden quedar enterradas y mezclarse con la arena.

La actividad pesquera artesanal también aparece entre las fuentes potenciales de contaminación, con una participación estimada de entre el 20 % y el 30 %, principalmente por restos de redes y aparejos en desuso. Además, evaluaciones anteriores identificaron acumulaciones de pequeños fragmentos plásticos, similares a confeti, en Pozo de Lisas Norte y Sur, así como puntos con presencia de colillas de cigarrillos en Boca del Río.

El impacto va más allá de la apariencia de las playas. La acumulación de residuos representa una amenaza para los ecosistemas marinos que albergan especies como el pingüino de Humboldt, los lobos marinos y las aves guaneras. Por ello, la información recogida por el Imarpe busca contribuir a la gestión y conservación de las zonas marino-costeras de Moquegua.

Los vecinos de los pueblos tradicionales de Yura denuncian una presunta contaminación ambiental por parte de la empresa Cemento Yura y exigen la actualización de sus instrumentos de gestión ambiental. Señalan que las condiciones de la zona han cambiado debido al crecimiento de la población y piden mayores medidas para proteger el ambiente y a las familias que viven cerca de sus operaciones.

El presidente del Frente de Defensa de los Pueblos Tradicionales de Yura, Deivys Mendoza, indicó que aproximadamente 2 mil pobladores serían los afectados. Recordó que, inicialmente, solicitaban a la empresa acciones de responsabilidad social para fortalecer el empleo; sin embargo, debido al poco interés de la compañía, cambiaron sus demandas y ahora exigen un nuevo estudio de impacto ambiental de sus operaciones.

En ese sentido, pide que se actualicen los instrumentos de gestión ambiental y se realice un nuevo informe con datos actualizados para establecer compromisos reales de mitigación ambiental, priorizando el cuidado del ambiente y de los pueblos tradicionales. Asimismo, solicitan que se ejecuten mayores proyectos en coordinación con el municipio.

También indicaron que la presunta contaminación ambiental estaría repercutiendo en la salud de los pobladores, pues se estarían detectando casos de fibrosis pulmonar, principalmente en las asociaciones aledañas a la empresa. No obstante, no se precisó si existe evidencia médica que vincule estos casos con las operaciones de la cementera.

Por su parte, la alcaldesa Mirtha Ruelas respaldó los reclamos de la población e indicó que la empresa debería realizar mayores acciones para mitigar los efectos de la contaminación ambiental. Entre los pueblos tradicionales que señalan como afectados figuran Pampa de Arrieros, Quiscos, Yura Viejo, La Calera, La Estación, El Porvenir y Sincha. Cuestionó que la empresa no muestre el interés necesario para atender los reclamos de los pobladores.

“Queremos que se escuche al pueblo. Hacemos un llamado a las instituciones, en este caso, a la OEFA y a las instituciones ambientales, para que escuchen. (...) Que se respete a los agricultores, que mitiguen la contaminación en las canteras”, sostuvo la alcaldesa.

En la provincia de Mariscal Nieto, los comicios se realizarán en nueve centros poblados para elegir a sus nuevas autoridades. Los centros poblados que participarán en la elección son San Francisco, Chen Chen, Los Ángeles, Yacango, Títire, Cambrune, Sacuaya, San Cristóbal (Pueblo Nuevo) y Muylaque.

A nivel nacional, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 3 millones 382.774 ciudadanos están habilitados para votar. Para este proceso, remitió 3.398 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales.

Los ciudadanos deberán acudir a las urnas portando su Documento Nacional de Identidad (DNI). En cada municipalidad de centro poblado se elegirá a un alcalde y cinco regidores, quienes representarán a sus comunidades y tendrán a su cargo la atención de sus principales necesidades.

Por primera vez, el Reniec elaboró los padrones electorales para estos comicios, en coordinación con las municipalidades provinciales. La organización de las elecciones corresponde a estas municipalidades, en coordinación con las distritales involucradas y con el apoyo de los organismos del sistema electoral.

La Gerencia Regional de Salud (Geresa) detectó condiciones insalubres en las piscinas de Santa Clara y Tingo, tras identificar niveles elevados de cloro en el agua. Ante estas irregularidades, se dispuso el cierre temporal de los establecimientos como medida de seguridad hasta que levanten las observaciones sanitarias

El director de Salud Ambiental de la Geresa, Yuri Isasi, informó que en una de las piscinas se encontró una concentración de cloro de 3,24, cuando el nivel máximo permitido es de 1,2. Esta situación podría afectar la salud de las familias que acuden a estos espacios recreativos.

“Tiene altas concentraciones de cloro, entonces ahí hemos encontrado que tiene 3,24 cuando normalmente debería llegar hasta 1,2. Su ingesta podría provocar diversos cuadros en la persona como irritación en el estómago y diarrea constantes, porque cuando uno ingresa a la piscina siempre va a tragar un poco de agua”, señaló.

El representante de la Geresa de Salud Ambiental, precisó que los responsables tendrán un plazo aproximadamente 10 días para regular los niveles de cloro y garantizar que el sistema de circulación del agua funcione adecuadamente.

El funcionario explicó que las piscinas deben contar con un sistema automático para controlar la concentración de cloro, que debe mantenerse entre los niveles de 0,4 y 1,2, además de contar con un operador que supervise constantemente su funcionamiento para así evitar niveles excesivos o insuficientes del químico.

Tras la inspección, anunció que se incrementarán las intervenciones de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas sanitarias. Asimismo, destacó que en Arequipa existen alrededor de 100 piscinas, entre públicas y privadas, además de establecimientos con baños sauna. Los locales que no levanten las observaciones dentro del plazo establecido podrían afrontar un procedimiento sancionador.