La construcción y mejoramiento del Laboratorio Ambiental San Agustín de Torata, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Torata bajo la modalidad de administración directa, continúa sin concluir pese a que su plazo original de ejecución venció hace casi un año. La obra inició el 15 de abril de 2025 y tenía como fecha prevista de culminación el 10 de noviembre de 2025.

Sin embargo, al momento del reporte, la obra registra apenas 42% de avance físico y 39% de avance financiero. En paralelo, el presupuesto previsto inicialmente en el primer expediente técnico, de S/16,7 millones, se elevó a un costo actualizado de S/19,8 millones, un incremento aproximado de S/3,1 millones.

Entre los problemas identificados figura una Modificación N.° 01 presentada en septiembre de 2025, que cuenta con aprobación técnica desde octubre de ese año, pero que permanece sin resolución. Según los documentos revisados, esta situación afecta la adquisición de adicionales, la formalización del cronograma y la actualización de valorizaciones y Formatos 12-B.

A ello se suman dificultades presupuestales y logísticas. Las transferencias no habrían acompañado el ritmo del avance físico, generando retrasos en pagos, compras y contratación de personal. También se reportan demoras en requerimientos, estudios de mercado y órdenes de compra, mientras que el expediente técnico habría presentado materiales no contemplados o con metrados insuficientes y costos indirectos no desagregados por componente.

La ejecución también ha enfrentado problemas con el personal. El reporte señala que en aproximadamente 15 meses hubo cuatro residentes, además de rotación administrativa y ausencia de un almacenero. En diciembre de 2025, el cese del personal técnico y obrero provocó una paralización de los trabajos.

Así, una obra que debía estar terminada en noviembre del año pasado continúa en ejecución, con menos de la mitad de su avance físico, mientras su costo actualizado supera en aproximadamente 18,6% al monto previsto inicialmente.

El Gobierno Regional de Moquegua registra uno de los menores avances de ejecución entre las regiones del sur en el uso de los recursos del Rubro 18, que comprende canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Al 23 de setiembre, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la región tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/205,4 millones, de los cuales ha devengado S/103,8 millones, equivalente a un avance de 50,5%.

El contraste es más evidente con Tacna y Arequipa, dos regiones vecinas que administran presupuestos de similar magnitud. Tacna tiene un PIM de S/222,5 millones y ya devengó S/167,6 millones, alcanzando un avance de 75,3%. Arequipa, con un PIM de S/217,8 millones, registra S/139,0 millones devengados, equivalente al 63,9%.

La diferencia no está, por tanto, en que Moquegua tenga un presupuesto sustancialmente mayor que sus vecinas. Las tres regiones cuentan con PIM que superan los S/200 millones, pero mientras Tacna ha ejecutado tres de cada cuatro soles de este rubro y Arequipa casi dos de cada tres, Moquegua apenas supera la mitad.

Con el avance registrado, Moquegua todavía tiene S/101,6 millones sin devengar de este presupuesto. Es un monto superior al saldo pendiente de Tacna, que asciende a S/54,9 millones, y al de Arequipa, de S/78,7 millones.

El dato pone nuevamente el foco en la capacidad de ejecución de los recursos provenientes del canon y las regalías. Moquegua no parte de un presupuesto menor al de sus regiones vecinas; el problema que muestra la fotografía del MEF está en cuánto de esos recursos logra convertir en gasto durante el año.

En el marco del Día del Estudiante, el Servicio Educativo Hospitalario del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza realizó un agasajo para los menores que reciben atención educativa durante su permanencia en el nosocomio. Actualmente, el servicio atiende de manera rotativa a más de 30 estudiantes al mes, desde el nivel inicial al nivel secundario.

La encargada del servicio, Madeleine Bellido, explicó que el equipo está conformado por dos docentes y una psicóloga de la UGEL Arequipa Norte. Los estudiantes, cuyas edades oscilan desde 3 hasta los 17 años, reciben clases de acuerdo con su nivel educativo y las condiciones de salud que presentan durante su hospitalización.

“Hoy hemos realizado un pequeño agasajo para nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Han elaborado una pequeña manualidad y hemos tenido un show infantil, valorando el esfuerzo y dedicación que, a pesar de tener esta barrera de salud, continúan aprendiendo y continúan estudiando”, señaló.

Las sesiones educativas son de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., donde se desarrollan principalmente los cursos de Matemática y Comunicación. Para ello, los docentes emplean laptops, tabletas, proyectores y material didáctico proporcionado por el Ministerio de Educación. Aclaró que cuando los pacientes no pueden movilizarse, las clases se realizan directamente en sus salas o camas.

Además, el servicio atiende a estudiantes de larga estancia que permanecen hospitalizados por periodos prolongados y no pueden retornar a sus colegios. Ellos continúan sus clases de manera virtual y sus calificaciones son comunicadas a sus instituciones educativas para validar su avance académico. En ese sentido indicó que la mayoría de estudiantes que recibe el alta logra reincorporarse posteriormente a sus centros educativos.

A pocos días de culminar septiembre y cuando restan poco más de tres meses para cerrar el año fiscal, el Gobierno Regional de Moquegua registra apenas 50% de ejecución en los recursos provenientes del rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, según el seguimiento presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presupuesto asignado a este rubro alcanza los S/205 millones 357 mil 189 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sin embargo, hasta el corte mostrado por el MEF, el Gobierno Regional ha devengado S/102 millones 707 mil 871, lo que representa exactamente el 50% de avance. Es decir, todavía queda por ejecutar alrededor de S/102.6 millones de este presupuesto.

El rubro comprende recursos que los gobiernos regionales reciben, conforme a la legislación vigente, por conceptos como canon y regalías, además de renta de aduanas y participaciones. El MEF señala que estos recursos forman parte de los ingresos destinados a los pliegos presupuestarios y pueden incluir también saldos de balance de ejercicios anteriores.

El contraste se vuelve relevante por el momento del año en que se encuentra la ejecución. Con septiembre prácticamente terminado, el GORE Moquegua todavía tiene pendiente ejecutar la mitad del presupuesto correspondiente a este rubro, por lo que durante los últimos meses del año deberá acelerar el gasto para evitar que una parte importante de estos recursos quede sin ejecutar.

Dato

Cabe señalar que en cuanto a ingresos por canon, sobrecanon y regalías el Gore Moquegua registra un PIM de S/ 205.3 millones y un avance de ejecución de 50,0%, por debajo de Arequipa, que cuenta con un PIM de S/ 217,6 millones y alcanza un 63,6% de avance, y de Tacna, cuyo PIM asciende a S/ 222,5 millones y presenta un avance de 75,1%.

La automedicación y el consumo inadecuado de medicamentos pueden generar reacciones adversas y poner en riesgo la salud de los pacientes. En Arequipa, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) recibió 251 notificaciones de estos casos, según informó Alberto Contreras, responsable de Farmacovigilancia de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID).

Durante el anuncio de la VIII Campaña Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, el especialista advirtió que combinar medicamentos con mates o infusiones, así como consumir fármacos sin prescripción médica, puede provocar efectos perjudiciales. Un ejemplo es tomar paracetamol por cuenta propia y recibir, además, otro analgésico recetado, lo que podría generar una dosis superior a la permitida.

“Arequipa tiene costumbres variadas, muchas veces tomamos un medicamento acompañado de un matecito que puede ocasionar un tipo de reacción adversa. También a veces vamos a una farmacia, nos automedicamos y ese medicamento contiene paracetamol y el médico nos prescribe quizás un analgésico y esto puede estar por encima de las dosis permitidas y va a ocasionar una reacción adversa al medicamento”, explicó el especialista.

Precisó que los antiinflamatorios, como el ibuprofeno y el paracetamol, figuran entre los grupos más reportados, mientras que los trastornos gastrointestinales y las afecciones en la piel fueron las reacciones más comunes registradas en 2025, principalmente asociadas a antibióticos.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos en adultos mayores, debido a la disminución de sus funciones hepática y renal, que dificulta la eliminación de los medicamentos. Asimismo, señaló que las reacciones adversas pueden tener consecuencias graves: un metanálisis de 2025 citado por el especialista indica que el 8 % de los ingresos hospitalarios se relaciona con estos eventos y que el 44 % de ellos pudo prevenirse.

Ante esta situación, el responsable de Farmacovigilancia destacó la importancia de reportar cualquier efecto no deseado tras consumir un medicamento. Aunque existe una infranotificación de casos, los propios pacientes también pueden comunicar síntomas como sarpullidos, dolor de cabeza o molestias gastrointestinales para contribuir a la identificación de riesgos.

La VIII Campaña Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia busca fortalecer la notificación de estos eventos mediante actividades en establecimientos de salud, farmacias públicas y privadas, universidades e institutos. Se contempla realizar concursos de periódicos murales y videos, con el objetivo de promover el uso seguro de medicamentos.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los cambios al Código Penal sobre minería ilegal. El organismo ya notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que respondan a la demanda.

Según el Colegio de Abogados de Loreto, este mecanismo, creado hace más de dos décadas para facilitar la formalización, vulnera derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Cuestiona el daño que ocasiona el uso del Reinfo al proteger actividades ilegales. En Loreto, la minería ilegal se ha incrementado en diversas cuencas, como el río Nanay, de donde proviene agua para la población de Iquitos.

Erick Salas Barrera, decano del Colegio de Abogados de Loreto, precisó en un comunicado que la ley de la quinta prórroga, que vence este 31 de diciembre, fue inadecuada, ineficiente e irrazonable porque no cumplió con su objetivo. “Ha promovido, más bien, centros de explotación minera ilegal. Esta prórroga prolonga la vulneración de distintos derechos y principios constitucionales para la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Henry Delgado Urrutia, abogado especializado en gobierno y políticas públicas y docente universitario en materia procesal civil, coincide con esa posición. Recordó que el Reinfo nació como un régimen transitorio para que los mineros avanzaran hacia la formalización. Sin embargo, después de más de veinte años de prórrogas, esa medida excepcional corre el riesgo de convertirse en una regla permanente.

Demanda admitida

La demanda fue admitida mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantenía reuniones con miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y solicitaba ampliar el REINFO por otros cuatro años. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que los inscritos continuarían el proceso mediante “un régimen simplificado de formalización”.

Delgado Urrutia consideró que una extensión indefinida pierde razonabilidad cuando no está respaldada por resultados verificables, metas concretas ni plazos definidos. Además, desnaturaliza el carácter transitorio del régimen y contradice el principio de temporalidad, que exige que estas medidas respondan a una necesidad específica y no se prolonguen indefinidamente, como ha advertido el TC.

La prórroga también afecta la seguridad jurídica, porque genera incertidumbre entre los agentes económicos y la ciudadanía sobre la vigencia de sus derechos y obligaciones. “La Corte Interamericana ha señalado que las medidas transitorias deben ser necesarias y proporcionales”, dijo Delgado Urrutia.

Para el especialista, el TC debe aplicar un test de ponderación que considere la intensidad de la afectación, la finalidad de la medida, su idoneidad y necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la formalización de los mineros informales constituye un objetivo legítimo, el TC debe evaluar si la ampliación del registro es el medio más adecuado y menos lesivo o si existen alternativas, como plazos estrictos, fiscalización efectiva e incentivos para la formalización. También debe comparar los beneficios de mantener a los mineros informales dentro del proceso con los costos ambientales y sociales de la medida. La prórroga permite que actividades con impactos ambientales continúen sin cumplir los estándares exigidos, con consecuencias para los derechos colectivos.

El Reinfo sí afecta derechos

En 2025, el TC declaró improcedente una demanda similar presentada por el mismo Colegio de Abogados, debido a que el Congreso ya había prorrogado nuevamente el Reinfo. Sin embargo, en su resolución exhortó al Congreso y al Ejecutivo aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales en el proceso de formalización minera.

Delgado Urrutia destacó la importancia de esa resolución, porque, según su interpretación, el TC ya había advertido que la prórroga desnaturaliza su carácter transitorio y afecta derechos como el ambiente equilibrado, la salud y la seguridad jurídica. “Si la afectación al ambiente y a la salud supera los beneficios que genera la prórroga, el TC debería señalar que el Reinfo resulta inconstitucional”, sostuvo.

Si el TC declara inconstitucional la prórroga del Reinfo, los mineros informales perderían su protección transitoria y sus actividades podrían ser consideradas minería ilegal si no cumplen los requisitos de formalización, explicó Delgado Urrutia. En el ámbito penal, podrían reactivarse investigaciones suspendidas o limitadas por el registro, lo que daría al Ministerio Público un mayor margen para perseguir los delitos de minería ilegal.

Asimismo, se fortalecerían las acciones de reparación y sanción por daños ambientales, mientras que el Estado tendría que adoptar medidas de fiscalización y remediación. Una decisión así podría marcar un punto de quiebre en el régimen de formalización, al exigir que los mineros informales cumplan los requisitos legales o enfrenten las consecuencias penales y administrativas que correspondan.

Para evitar que el Reinfo vuelva a ser prorrogado, el TC tendría que resolver la demanda antes de que el actual Congreso apruebe una nueva ley de ampliación del proceso de formalización. Una demanda de inconstitucionalidad suele tardar entre tres y cuatro meses en resolverse.

El Ministerio de Educación contará con S/ 373 millones para reforzar la protección de los colegios frente a las lluvias y otros peligros asociados al fenómeno El Niño 2026-2027. Con estos recursos se instalarán módulos educativos provisionales y sistemas de protección para reducir los daños que puedan afectar el normal desarrollo de las clases.

Del presupuesto asignado, S/ 370.6 millones serán utilizados para adquirir infraestructura y otros activos, mientras que S/ 2.5 millones servirán para cubrir bienes y servicios. La medida busca atender las necesidades de prevención identificadas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) antes de la ocurrencia de posibles emergencias.

Uno de los principales componentes será la adquisición e instalación de 1,500 kits de infraestructura educativa modular provisional, que permitirán contar con espacios alternativos en los colegios que puedan resultar afectados por las lluvias. A ello se sumará la implementación de 165 kits de pararrayos para reforzar la seguridad de las instituciones educativas.

Los recursos también cubrirán el traslado e instalación de estos equipos, además de servicios especializados necesarios para ejecutar las intervenciones preventivas. Asimismo, se ha previsto dinero para gastos de operación como combustible, pasajes y viáticos del personal encargado de las acciones.

La transferencia fue autorizada mediante el Decreto Supremo N.° 195-2026-EF publicado este sábado y proviene de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Con esta medida, el Gobierno busca que el sector Educación se prepare con anticipación ante las condiciones climáticas previstas para el periodo 2026-2027 y evitar interrupciones en el servicio educativo.

Flying Fish, la marca de cerveza saborizada de Backus, lanzó una campaña por Halloween que llevará a cuatro consumidores peruanos al Castillo de Bran en Transilvania, Rumanía, el destino que inspiró el mito de Drácula. La iniciativa, vigente del 1 de septiembre al 31 de octubre, se activó primero con un episodio viral: cámaras de seguridad de una tienda Tambo, aliada estratégica de la campaña, registraron una supuesta actividad paranormal que se difundió en TikTok.

El premio mayor contempla pasajes aéreos para cuatro personas —dos ganadores con un acompañante cada uno—, alojamiento, traslados, alimentación y una visita al Castillo de Bran. Para participar, los consumidores deben adquirir una botella o lata de Flying Fish, ingresar a la plataforma digital de la marca y registrar su compra escaneando el producto o comprobante correspondiente. Cada registro habilita la participación en sorteos semanales que incluyen mini refrigeradoras personalizadas y entradas a experiencias de Halloween, además del sorteo del viaje como premio final.

"En Flying Fish creemos que la innovación no solo ocurre en el producto, sino también en la manera en que construimos una conexión con nuestros consumidores. Buscamos sorprender y encontrar nuevas formas de conectar con una generación que valora vivir momentos únicos", señaló Cecilia Mircin, Beyond Core Senior Manager de Backus.

Flying Fish es la primera cerveza saborizada de Backus en el Perú, con sabor cítrico a lima-limón y un perfil ligero y fácil de tomar. Bajo el concepto "Sabor Inesperado", la marca busca reinventar los códigos tradicionales de la categoría cervecera con propuestas dirigidas a consumidores jóvenes que buscan romper esquemas y compartir experiencias diferentes.

El retiro de un vendedor ambulante de café en el Centro Histórico terminó en un forcejeo con policías municipales y con el deterioro del carrito que utilizaba para ofrecer sus productos. Las imágenes del operativo fueron difundidas en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre la forma en que actuaron los efectivos.

Frente a ello, el gerente municipal de Arequipa, Alejandro Maldonado, defendió la intervención y sostuvo que el vendedor ya había sido exhortado en reiteradas ocasiones a retirarse. Según explicó, el comerciante no contaba con autorización para realizar esta actividad en el Cercado y habría persistido pese a las indicaciones de la autoridad.

En ese sentido, indicó que la resistencia del comerciante habría provocado el forcejeo durante la intervención y señaló que las ordenanzas municipales N.° 704 y N.° 449 contemplan la incautación de los bienes utilizados para ejercer el comercio sin autorización.

“Las normas municipales nos permite a nosotros aplicar el principio de autoridad ante una infraccion, tenemos toda la potestad de intervenir con mecanismos que lamentablemente pueden llegar a la fuerza, porque debemos hacer cumplir un principio de autoriodad y eso es lo que los policías municipales han realizado”, explicó el gerente Maldonado.

El gerente municipal anunció además que las próximas intervenciones tendrán como punto de partida la identificación de los vendedores ambulantes. Para ello, la MPA trabajará con la Policía Nacional, debido a que según Maldonado, una de las principales dificultades para iniciar procedimientos sancionadores era no contar con los datos de los comerciantes intervenidos.

Una vez identificados, los ambulantes serán exhortados a dejar de ejercer esta actividad en el Centro Histórico, pero si persisten, la municipalidad iniciará el procedimiento sancionador correspondiente y comunicará el caso al Ministerio Público para evaluar una denuncia por desobediencia a la autoridad. Maldonado indicó que este mecanismo ya se aplica a comerciantes que utilizan camiones para vender frutas y otros productos en el centro.

En esa línea, el funcionario señaló que estas acciones continuarán debido al incremento del comercio ambulatorio en el Cercado. “Yo les exhorto a los ambulantes que se eviten tener una denuncia penal y no ejerzan el comercio ambulatorio, al menos en el cercado de Arequipa”, sostuvo. La municipalidad busca que los operativos permitan identificar a los infractores y aplicar las medidas administrativas y legales previstas.

Entre enero y agosto de 2026, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un récord de 594 intervenciones adjudicadas por S/7737 millones a nivel nacional. Este dinamismo permite resolver en meses lo que por la vía tradicional tardaría años, financiando proyectos emblemáticos como la vía regional La Joya–Tramo III en Arequipa (S/409 millones), el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa (S/107 millones) y el sistema de protección contra inundaciones del río Tucsamayo en Espinar, Cusco (S/65 millones). Ante la cercanía de los comicios del 4 de octubre, la ciudadanía enfrenta el reto de elegir autoridades con la capacidad necesaria para dar continuidad a estas inversiones prioritarias.

Para hacer frente a las contingencias climáticas, la normativa se fortaleció con el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que habilita el régimen OxI Exprés para agilizar obras de prevención y protección de servicios esenciales ante el Fenómeno El Niño. Esta herramienta busca dotar de celeridad al Estado en la atención de emergencias regionales. Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, subrayó que “el objetivo es que la inversión llegue más rápido a las personas y contribuya a cerrar brechas sociales y de infraestructura en todo el país”.

En la distribución geográfica de los recursos, los gobiernos regionales han tomado un rol protagónico en la ejecución de inversiones. La Libertad lidera el ranking nacional con S/1349 millones adjudicados, seguida por Áncash con S/1317 millones y Cusco con S/1189 millones. Sobre este avance en el interior del país, el gerente regional de Promoción de la Inversión Privada de La Libertad afirmó que “estamos demostrando que el mecanismo de Obras por Impuestos resulta clave en el cierre de brechas”.

De cara al periodo municipal y regional 2027-2030, lo que se juega en las urnas este 4 de octubre es decisivo para el desarrollo local. Actualmente, existe una capacidad disponible de S/69 000 millones para Obras por Impuestos a nivel nacional. Sin embargo, este techo presupuestal solo se traducirá en beneficios reales si los nuevos gobernantes cuentan con equipos técnicos preparados, pues como advirtió el especialista en economía Raúl Vegas Morales, “muchas veces se realizan proyectos que, llegado a determinado nivel, no pasan porque no han sido elaborados coherentemente o les falta incorporar mayores datos”.

En Arequipa, el avance de las Obras por Impuestos representa una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que ya tienen impacto en la región, como la vía regional La Joya–Tramo III y el Colegio de Alto Rendimiento. De cara al periodo 2027-2030, el reto para las nuevas autoridades será dar continuidad a estas inversiones y aprovechar el mayor margen disponible para impulsar obras en infraestructura, educación, salud y prevención.