El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el reciente dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones al régimen de concesiones mineras, podría incentivar la minería ilegal. Según la entidad, los cambios propuestos generarían un retroceso en los esfuerzos del Estado por frenar esta actividad ilícita.

La iniciativa legislativa contempla la reducción de plazos de caducidad y la imposición de mayores penalidades que podrían impulsar más la informalidad. Simón Quispe, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui, cuestionó el rol del Congreso en la elaboración de estas normas y sugirió que responderían a favores políticos. “En su gran mayoría los congresistas apoyan a la gran minería solo por sus intereses”, dijo.

El vocero precisó que la única manera de reducir la informalidad —que trae consigo inseguridad y trata de personas— es con leyes claras a favor del minero artesanal. 

“Necesitamos que nos atiendan para formalizarnos y poder trabajar legalmente, incluso con el uso de explosivos. Los trámites en el ministerio demoran demasiado y eso termina empujando a más personas hacia la ilegalidad”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó que el problema se agrava por la inestabilidad política reflejada en los constantes cambios de autoridades. “Vivimos en un desgobierno. Cambian presidentes y ministros, y así no se puede construir un sistema sólido. Con estas leyes, nada cambiará ni en 100 años”, acotó Quispe.

Cabe precisar que la minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Además de la explotación laboral, la actividad ha crecido a una tasa promedio del 11.7 % en la última década, consolidándose como un riesgo para el desarrollo sostenible.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un dinamismo sin precedentes en el primer trimestre de 2026, logrando adjudicaciones por un valor superior a los 2,129 millones de soles. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), esta cifra representa cinco veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior, consolidando la herramienta como un motor esencial para el cierre de brechas sociales. 

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que esta aceleración permite que los servicios lleguen más rápido a la ciudadanía, afirmando que “Obras por Impuestos está permitiendo acelerar inversiones prioritarias para la población. Desde el Gobierno seguimos impulsando este mecanismo para que más proyectos se conviertan en obras concretas”.

Dentro de la cartera de proyectos adjudicados destaca la construcción del nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Arequipa, una obra valorada en más de 107 millones de soles que beneficiará a estudiantes con alto desempeño académico mediante infraestructura moderna. Asimismo, se concretaron iniciativas para la protección contra inundaciones en Cusco y la modernización tecnológica de aulas en Lima. 

Este impulso ha sido posible gracias a la participación de 88 entidades públicas y 122 empresas privadas, quienes han encontrado en este modelo una vía eficiente para ejecutar proyectos de impacto regional con el acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

De mantenerse la tendencia actual, las autoridades proyectan que el mecanismo podría cerrar el 2026 con un total de 3,888 millones de soles en adjudicaciones. ProInversión ha reforzado su rol de acompañamiento para asegurar que los proyectos no solo se adjudiquen, sino que avancen hacia su ejecución real, evitando trabas administrativas. 

El MEF subrayó que el éxito de este primer trimestre refleja un compromiso compartido entre el sector público y privado para transformar la recaudación tributaria en activos tangibles, mejorando la competitividad de las regiones y garantizando que más peruanos accedan a servicios públicos de calidad.

Al inicio del año escolar, cerca de 40 mil estudiantes en Ayacucho asisten a colegios con riesgo de colapso, una situación que refleja la persistente brecha en infraestructura educativa. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), “el 54 % de los locales educativos públicos en la región requiere ser sustituido por completo”, un nivel superior al promedio nacional que evidencia el deterioro acumulado del sistema.

La situación se agrava por la exposición a desastres naturales. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), “más de dos mil locales educativos en Ayacucho se encuentran en riesgo alto y muy alto frente a movimientos de masa”, mientras que otros cientos son vulnerables a inundaciones. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad de los estudiantes, sino también la continuidad de las clases.

Las deficiencias también se reflejan en las condiciones internas de las escuelas. El IPE advierte que “el 42 % de los locales públicos cuenta con al menos un salón con problemas estructurales”, y que solo una parte cuenta con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Este escenario limita el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes.

A pesar de la magnitud del problema, la respuesta desde la inversión pública sigue siendo insuficiente. En la última década, la ejecución del presupuesto en infraestructura educativa en Ayacucho se ha mantenido por debajo del promedio nacional, lo que retrasa el cierre de brechas. 

El desafío, coinciden especialistas, es mejorar la gestión y acelerar proyectos que garanticen condiciones seguras y adecuadas para miles de escolares.

La falta de infraestructura en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar es un problema crítico que perjudica en el acceso a la educación. El director del plantel, Edgar Cortés, aseguró que cada año más de 200 estudiantes se quedan sin poder matricularse debido a la carencia de ambientes adecuados para atender la creciente demanda.

“De acuerdo a nuestra necesidad hemos presentado documentos a las autoridades, pero la gestión no es rápida; un ejemplo es que hemos presentado un requerimiento para que haya un ingreso para inicial diferenciado por otra puerta, fue presentado en el 2019 y hasta el momento no se ejecuta”, dijo.

Actualmente, la institución cuenta con 36 secciones que atienden a más de 900 alumnos anualmente, sin embargo, esta capacidad resulta insuficiente frente al número de postulantes. La falta de aulas obliga a la dirección a rechazar matrículas e incrementando la cantidad de alumnos por aula, es decir  donde deberían ver solo 25 se incrementa a 30 o más alumnos por sección. 

Uno de los pedidos más urgentes es la habilitación de un ingreso diferenciado para el nivel inicial, una propuesta que fue presentada en el año 2019, pero hasta la fecha no ha sido ejecutada. El director consideró que esta  situación evidencia la nula  atención a los requerimientos básicos para mejorar el funcionamiento del colegio.

A este problema se suma el deterioro de la infraestructura. Desde el 2015 en el colegio se registran filtraciones de agua en los techos  que afecta directamente a 25 aulas y pone en riesgo la integridad de los estudiantes, “Necesitamos que las autoridades puedan pensar en la educación, ver la necesidad en las instituciones educativas, ese es el principal pedido que podríamos hacerles”, señaló. 

Al no ver una respuesta positiva de las autoridades, Cortes aseguró que esto impacta negativamente en la calidad educativa, ya que los espacios no reúnen las condiciones adecuadas para el aprendizaje

La Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) advirtió que los planes de gobierno de los candidatos presidenciales presentan serias limitaciones para enfrentar la crisis del mercado laboral. Según el economista Carlos León, las propuestas carecen de profundidad y omiten aspectos estructurales que afectan directamente a los jóvenes. 

“Los candidatos obvian muchas cosas, tienen silencios incómodos y no se pronuncian. Ahora sí parece que les sobrara tiempo, una señal de que no profundizan en las propuestas”, señaló. Este vacío resulta crítico en un contexto donde, en los últimos seis años, alrededor de 160,000 jóvenes han salido del mercado laboral.

Uno de los puntos más críticos identificados es la falta de propuestas para reducir los costos no laborales, que representan el 72 % del costo de contratación, así como la excesiva carga burocrática. León explicó que una empresa promedio pierde cerca de 3,400 horas al año en trámites, principalmente en las municipalidades. 

“Nadie quiere meterse en temas laborales; es un tema sensible y lo están evadiendo”, afirmó el economista, al advertir que estos factores desincentivan la formalización y la generación de empleo. 

El análisis de Redes también advierte que el desarrollo industrial del país se ve limitado por propuestas poco claras y discursos que generan incertidumbre para la inversión privada. Para el especialista, la agroexportación debería ser la base de una industria sólida, pero las propuestas actuales no pasan de ser eslóganes vacíos que no garantizan seguridad jurídica. “Hay candidatos que espantan la inversión privada, que es la base de la industria y la innovación”, indicó, y subrayó que, sin un entorno favorable, será difícil generar empleo formal y sostenible para las nuevas generaciones.

La creciente importación de calzado extranjero, principalmente de origen asiático, está ocasionando preocupación en el sector manufacturero peruano. Juan Carlos Farfán, representante de la Cámara de Cuero y Calzado a nivel nacional, indicó que anualmente ingresan más de 7 millones de pares de zapatos, afectando directamente a más de 50 mil familias solo en Arequipa.

“Ahora a nuestro país está ingresando bastante calzado chino, calzado de plástico. Este es un problema muy preocupante porque esto viene en crecimiento; cada año esto afecta directamente al productor peruano porque dejamos de vender entre cuatro a cinco millones de zapatos”, dijo.

Además, alertó que el ingreso masivo de calzado de bajo costo y en su mayoría de plástico ha ido en aumento en los últimos años, desplazando progresivamente la producción nacional en el mercado interno, donde antes el norte y el sur producían calzado de alta calidad.

Por otro lado, lamentó la falta de acción del Estado frente a esta problemática y advirtió que, de no tomarse medidas concretas como una mayor regulación o control en el ingreso de estos productos, la industria nacional podría desaparecer. “Pedimos al Estado que regule este problema o coloque más veedores; si vamos a seguir así, en unos 10 a 15 años la industria del calzado va a tener que desaparecer”, lamentó.

Por último, hizo un llamado a las autoridades futuras para que prioricen la defensa de la manufactura peruana porque alberga más de 16 mil pequeñas empresas del sector. “Nosotros generamos nuestro propio empleo y también damos trabajo. Es necesario que el Estado garantice condiciones justas para competir y proteja a miles de familias que viven de este sector”, concluyó.

Los debates electorales han ignorado las necesidades de la micro y pequeña empresa, advirtió la presidenta de la Cámara de Comercio MIPYME del Sur, Graciela Nayhua. La dirigente cuestionó que los candidatos se limitan a repetir promesas de campaña sin traducirlas en políticas concretas, generando un profundo malestar entre los microempresarios del país.

"Las propuestas de los candidatos solo son discursos que se repiten en cada campaña, lo cual no nos ayuda. Nosotros queremos cosas claras que puedan ayudar a que se solucione la problemática que tiene el sector de la micro y pequeña empresa", sentenció.

Pese a que los microempresarios representan el 99.4 % del empresariado nacional y generan el 70 % del empleo, cerca de cuatro millones operan en la informalidad por la ausencia de leyes que respalden su desarrollo. La dirigente denunció además que normas como la Ley 30078 de parques industriales llevan más de diez años trabajando alrededor de 20 proyectos sin solución.

Ante este escenario, la Cámara presentó un documento con diez puntos urgentes: doce meses de gracia para la formalización, revisión de los más de 30 tratados de libre comercio, impulso a cadenas productivas y acceso a mercados internacionales. Recordó que las medidas poscovid favorecieron a la mediana y gran empresa, dejando a los microempresarios con deudas fuertes de alrededor del 90 %.

Sin una reestructuración real de los planes de gobierno, la situación no cambiará, advirtió la dirigente. En Arequipa el impacto es evidente, dado que alberga más de 200 mil microempresarios, de los cuales 130 mil son formales; por ello, Nayhua exhortó a las futuras autoridades a escuchar las necesidades del sector y convertir sus promesas electorales en acciones concretas.

"Ellos vienen en campañas políticas, se reúnen, prometen el oro y el moro, pero cuando llegan a ser autoridades se olvidan, y cuando vamos a buscarlos, ni siquiera nos reciben", denunció.

En un contexto donde la infraestructura sigue siendo clave para el crecimiento del país, Videnza Instituto advirtió que el principal desafío no es el nivel de inversión, sino la eficiencia en su ejecución. 

El análisis subraya que el Perú mantiene brechas significativas en cobertura, calidad y sostenibilidad, y que cerrarlas requiere mejorar la gestión del gasto público. “El principal problema no es el monto invertido, sino la baja eficiencia del gasto”, señala el informe, en un escenario donde la estabilidad fiscal también enfrenta presiones.

El estudio de los planes de gobierno de los principales partidos identifica coincidencias en medidas como el impulso de asociaciones público-privadas (APP), la simplificación de trámites y el uso de herramientas digitales. Sin embargo, advierte que estas propuestas carecen de claridad en aspectos clave como la priorización de proyectos y su financiamiento. 

En particular, alerta que varios megaproyectos anunciados podrían superar el 10 % del presupuesto público, lo que pone en duda su viabilidad. “Este discurso no siempre se condice con los megaproyectos de infraestructura propuestos”, precisa Videnza.

Asimismo, el informe señala que persisten debilidades en la planificación, como la falta de uso de herramientas técnicas para ordenar inversiones y evitar iniciativas sin sustento. A ello se suma la falta de estrategias claras para destrabar obras paralizadas y mejorar la ejecución. 

En ese contexto, Videnza enfatiza que resulta fundamental definir cómo se financiarán los proyectos anunciados en campaña, ya que su viabilidad será determinante para cerrar brechas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

Un colegio de inicial del sector 3 de Apipa, Cerro Colorado que alberga a niños de 3,4 y 5 años tuvo que suspender sus labores por la falta de agua que viene afectando la zona por más de 15 días. Ante esta lamentable situación madres de familia y vecinos del sector mostraron su indignación ante Sedapar por la falta de soluciones.

El hecho impactó directamente a más de 70 niños de entre quienes no pudieron asistir con normalidad ante la ausencia de este recurso básico. La directora de la institución educativa inicial, Eliana Kondori explicó que la suspensión fue inevitable, ya que no se podía garantizar condiciones adecuadas de higiene ni la preparación de alimentos. 

“Hemos tenido que suspender el servicio porque no contamos con ese importante recurso que es el agua. No podemos cumplir al 100 % con nuestro servicio porque no contamos con este recurso básico”, sostuvo.

Asimismo, precisó que el plantel es de carácter estatal y cuenta con cuatro docentes y tres aulas para niños de 3, 4 y 5 años. Indicó además que la institución brinda alimentación a los menores, por lo que la falta de agua impide cumplir con este servicio de manera adecuada.

Frente a la emergencia, la institución recibió apoyo externo mediante un camión cisterna con agua no potable. En tanto, los padres de familia también contribuyen llevando agua en botellas y recipientes para cubrir necesidades básicas, sin embargo, esta medida sería insuficiente y no garantiza condiciones óptimas de salubridad.

La directora señaló que esta problemática responde a dificultades en el proceso de formalización del servicio de agua en el sector, lo que ha impedido contar con una conexión regular. Pese a las gestiones realizadas con dirigentes de la zona, la situación aún no ha sido solucionada.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades competentes para agilizar las conexiones domiciliarias y garantizar el acceso al agua, ya que la falta de este recurso no solo afecta la continuidad del servicio educativo, sino que también pone en riesgo la salud de los menores.

Más de cinco mil negocios se formalizaron durante los últimos cuatro años en el distrito de Mariano Melgar, evidenciando un importante avance en el fortalecimiento de la economía local, así lo destacó el gerente de Fiscalización y Desarrollo Económico de la comuna distrital, Pedro Serapio.

“Con la formalización, nuevos emprendedores se colocan en un nivel igual para poder competir contra otros negocios del mismo rubro. La inversión privada permite el desarrollo de los pueblos; es el privado quien mediante su inversión arriesga y, al ver un mayor capital, podría generar más desarrollo, competitividad y expansión del mercado laboral”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que son los propios empresarios quienes, al invertir su capital, generan un dinamismo importante en la economía que a su vez impulsa la competitividad y permite la generación de mayores oportunidades laborales en el distrito, sobre todo para los más jóvenes que se encuentran desocupados o buscan trabajos de medio tiempo.

Asimismo, explicó que el impacto de la formalización se refleja en una especie de efecto en cadena productiva: “Gracias a la inversión que generan estos locales, se evidencia un ramal porque genera puestos de empleo; todo va creciendo y todo parte de la formalización que nos lleva al desarrollo económico”, precisó.

Entre los rubros con mayor competitividad de servicio se encuentran los establecimientos de venta de productos y alimentos como restaurantes, peluquerías y ferreterías, entre otros.

Por último, el gerente destacó que la meta es consolidar a Mariano Melgar como un distrito competitivo, donde la inversión privada en pequeños emprendimientos continúe siendo el motor del desarrollo económico sostenible que puede ser replicado en toda la provincia de Arequipa.