El 62% del valor de las compras realizadas por los gobiernos regionales y municipales de Moquegua corresponde a adquisiciones por montos menores a 8 UIT, según el Índice Regional de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra supera ampliamente el promedio nacional, que alcanza el 25%.

El IPE considera que una elevada concentración de compras por debajo de las 8 UIT constituye un factor de riesgo para la integridad de la gestión pública, debido a que estas adquisiciones no están sujetas a los mismos procedimientos de contratación que las operaciones de mayor monto. Entre los riesgos que deben vigilarse está el posible fraccionamiento, que ocurre cuando una necesidad de contratación se divide en varias adquisiciones menores para evitar un procedimiento que requiere mayores niveles de competencia.

Sin embargo, el indicador no significa que las compras realizadas por las entidades de Moquegua sean irregulares ni constituye una prueba de corrupción. El IRIS mide condiciones y prácticas que pueden facilitar riesgos de corrupción o una gestión inadecuada de los recursos públicos. La existencia de una compra menor a 8 UIT, por sí sola, no demuestra una infracción.

A nivel nacional, el IPE encontró que el 25% del valor de las compras de los gobiernos regionales y municipales corresponde a adquisiciones menores a 8 UIT. Moquegua registra 62%, mientras que Madre de Dios alcanza 53%, convirtiéndose en las regiones con mayor concentración de este tipo de operaciones dentro de los datos expuestos en el índice.

El indicador forma parte del componente del IRIS que evalúa cómo se administran los recursos públicos y las características de las contrataciones. Frente a estos riesgos, el IPE plantea que las nuevas autoridades regionales y municipales revisen periódicamente la contratación directa, los procesos con un solo postor y la posible fragmentación de adquisiciones, además de fortalecer la trazabilidad entre los recursos utilizados y los bienes o servicios que finalmente recibe la ciudadanía.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó a Arequipa para supervisar los trabajos preventivos que se ejecutan ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño, entre ellos las labores de descolmatación en la torrentera Chullo, donde se han identificado cuatro puntos críticos que requieren intervención.

El titular de la cartera de Vivienda señaló que la magnitud del Fenómeno El Niño fue comunicada en febrero de este año, pero cuestionó que la gestión anterior no haya dejado un plan de prevención. De los 1,912 puntos críticos identificados a nivel nacional, el Gobierno priorizó 576 para su intervención, los cuales fueron distribuidos entre diferentes ministerios.

En el caso del Ministerio de Vivienda, se asignaron 55 puntos críticos a nivel nacional, con un presupuesto de S/22.5 millones. De este monto, se ejecutan trabajos principalmente de descolmatación en 17 puntos de la región Arequipa. El ministro aseguró que ya se estableció un programa de intervención y que las labores en estos sectores culminarán en un plazo de 61 días.

Ante la proximidad del periodo de lluvias, el ministro explicó que no existe tiempo suficiente para ejecutar obras integrales de gran magnitud, por lo que se priorizan acciones preventivas como la descolmatación y la habilitación de defensas ribereñas. “No hay tiempo para hacer esas obras ahora, tenemos tiempo para limpiar lo más que se puede y que el agua corra lo más libre posible”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cada municipalidad cuenta con recursos para atender emergencias dentro de sus capacidades y que, si estas son superadas, la atención puede escalar al nivel provincial, regional y posteriormente al nacional. Añadió que el pedido de facultades busca reducir las barreras burocráticas para que, durante los primeros 15 días de una emergencia, el Indeci y Defensa Nacional puedan actuar de manera inmediata. 

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, anunció una reestructuración de la institución para reducir las brechas en consultas, cirugías y abastecimiento de medicamentos. La funcionaria reconoció que la entidad atraviesa una situación compleja y señaló que su gestión priorizará una atención oportuna y digna para los asegurados.

Sobre la reducción de contratos de locadores administrativos, la titular de EsSalud descartó que se trate de despidos masivos, más bien se evaluará caso por caso para identificar posibles duplicidades de funciones y optimizar los recursos. Cuestionó que algunas áreas administrativas concentren un número elevado de asesores mientras persisten necesidades en los servicios médicos.

“No es un despido masivo, tiene que ser consensuado y evaluado. Los locadores de servicio suplen a veces las funciones de otro personal, por eso hay duplicidad de funciones”, sostuvo en entrevista con Canal N.

Entre los principales problemas identificados se encuentran las extensas listas de espera para consultas y cirugías, además de las dificultades en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La funcionaria señaló que ya se vienen ejecutando acciones para descongestionar hospitales de las regiones.

Como parte de las mejoras, anunció el fortalecimiento de herramientas digitales, como la historia clínica electrónica y la recuperación del sistema de citas por call center, con el objetivo de reducir las colas y facilitar el acceso a consultas médicas. La reducción de los tiempos de espera y la disponibilidad oportuna de medicamentos serán algunos de los indicadores que su gestión seguirá.

En el ámbito financiero,  informó que EsSalud afronta un déficit de aproximadamente S/4.500 millones y deudas cercanas a S/5.000 millones. Además, indicó que alrededor del 56 % de los deudores serían gobiernos regionales y municipalidades, por lo que se enviaron requerimientos para solicitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Trabajadores afiliados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) realizaron una marcha pacífica hacia el Hospital Regional Honorio Delgado, como parte del inicio de una jornada nacional de lucha. Los manifestantes presentaron un pliego de reclamos dirigido al Gobierno nacional, al Gobierno Regional y a las autoridades de los establecimientos de salud.

Entre sus principales demandas se encuentran el nombramiento de los trabajadores CAS COVID que aún no han sido incorporados, la estabilidad laboral del personal administrativo y el incremento salarial del CAFAE para los trabajadores del sector salud. Según el secretario regional de Fenutssa, Boris Catacora, actualmente la escala base del CAFAE en salud se mantiene en alrededor de S/1.000, mientras que en otros sectores se han establecido montos superiores.

En ese sentido, cuestionó además las remuneraciones que reciben los trabajadores de salud y sostuvo que estas no corresponden con la responsabilidad que cumplen en la atención de los pacientes. “Estamos hartos de que no seamos escuchados, estamos hartos de que vulneren nuestros derechos, y este gobierno ya está pretendiendo vulnerar derechos tan importantes como son el tema de nuestras remuneraciones”, declaró.

Otro de los puntos de preocupación es el posible recorte de las guardias diurnas. El dirigente advirtió que esta medida, además de afectar a los trabajadores, podría comprometer la continuidad de la atención médica. No obstante, aseguró que la movilización se desarrolla de manera pacífica y que los trabajadores buscan evitar afectar la atención de los pacientes.

Durante la protesta, los trabajadores también exigieron la salida del director del Hospital Honorio Delgado, quien fue cuestionado por una presunta falta de capacidad en la gestión y por las denuncias que, según señaló, se han presentado en el establecimiento. El dirigente pidió al Gobierno Regional evaluar la continuidad de la actual administración del nosocomio.

La jornada de protesta continuará siendo evaluada por los dirigentes nacionales de Fenutssa y de no recibir respuestas a sus demandas, podrían adoptar nuevas medidas de fuerza, aunque remarcó que buscarán preservar la atención a los pacientes. La movilización reunió a trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, el Hospital Honorio Delgado, Hospital Goyeneche y establecimientos periféricos.

La construcción y mejoramiento del Laboratorio Ambiental San Agustín de Torata, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Torata bajo la modalidad de administración directa, continúa sin concluir pese a que su plazo original de ejecución venció hace casi un año. La obra inició el 15 de abril de 2025 y tenía como fecha prevista de culminación el 10 de noviembre de 2025.

Sin embargo, al momento del reporte, la obra registra apenas 42% de avance físico y 39% de avance financiero. En paralelo, el presupuesto previsto inicialmente en el primer expediente técnico, de S/16,7 millones, se elevó a un costo actualizado de S/19,8 millones, un incremento aproximado de S/3,1 millones.

Entre los problemas identificados figura una Modificación N.° 01 presentada en septiembre de 2025, que cuenta con aprobación técnica desde octubre de ese año, pero que permanece sin resolución. Según los documentos revisados, esta situación afecta la adquisición de adicionales, la formalización del cronograma y la actualización de valorizaciones y Formatos 12-B.

A ello se suman dificultades presupuestales y logísticas. Las transferencias no habrían acompañado el ritmo del avance físico, generando retrasos en pagos, compras y contratación de personal. También se reportan demoras en requerimientos, estudios de mercado y órdenes de compra, mientras que el expediente técnico habría presentado materiales no contemplados o con metrados insuficientes y costos indirectos no desagregados por componente.

La ejecución también ha enfrentado problemas con el personal. El reporte señala que en aproximadamente 15 meses hubo cuatro residentes, además de rotación administrativa y ausencia de un almacenero. En diciembre de 2025, el cese del personal técnico y obrero provocó una paralización de los trabajos.

Así, una obra que debía estar terminada en noviembre del año pasado continúa en ejecución, con menos de la mitad de su avance físico, mientras su costo actualizado supera en aproximadamente 18,6% al monto previsto inicialmente.

El Gobierno Regional de Moquegua registra uno de los menores avances de ejecución entre las regiones del sur en el uso de los recursos del Rubro 18, que comprende canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Al 23 de setiembre, según la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la región tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/205,4 millones, de los cuales ha devengado S/103,8 millones, equivalente a un avance de 50,5%.

El contraste es más evidente con Tacna y Arequipa, dos regiones vecinas que administran presupuestos de similar magnitud. Tacna tiene un PIM de S/222,5 millones y ya devengó S/167,6 millones, alcanzando un avance de 75,3%. Arequipa, con un PIM de S/217,8 millones, registra S/139,0 millones devengados, equivalente al 63,9%.

La diferencia no está, por tanto, en que Moquegua tenga un presupuesto sustancialmente mayor que sus vecinas. Las tres regiones cuentan con PIM que superan los S/200 millones, pero mientras Tacna ha ejecutado tres de cada cuatro soles de este rubro y Arequipa casi dos de cada tres, Moquegua apenas supera la mitad.

Con el avance registrado, Moquegua todavía tiene S/101,6 millones sin devengar de este presupuesto. Es un monto superior al saldo pendiente de Tacna, que asciende a S/54,9 millones, y al de Arequipa, de S/78,7 millones.

El dato pone nuevamente el foco en la capacidad de ejecución de los recursos provenientes del canon y las regalías. Moquegua no parte de un presupuesto menor al de sus regiones vecinas; el problema que muestra la fotografía del MEF está en cuánto de esos recursos logra convertir en gasto durante el año.

En el marco del Día del Estudiante, el Servicio Educativo Hospitalario del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza realizó un agasajo para los menores que reciben atención educativa durante su permanencia en el nosocomio. Actualmente, el servicio atiende de manera rotativa a más de 30 estudiantes al mes, desde el nivel inicial al nivel secundario.

La encargada del servicio, Madeleine Bellido, explicó que el equipo está conformado por dos docentes y una psicóloga de la UGEL Arequipa Norte. Los estudiantes, cuyas edades oscilan desde 3 hasta los 17 años, reciben clases de acuerdo con su nivel educativo y las condiciones de salud que presentan durante su hospitalización.

“Hoy hemos realizado un pequeño agasajo para nuestros estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Han elaborado una pequeña manualidad y hemos tenido un show infantil, valorando el esfuerzo y dedicación que, a pesar de tener esta barrera de salud, continúan aprendiendo y continúan estudiando”, señaló.

Las sesiones educativas son de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., donde se desarrollan principalmente los cursos de Matemática y Comunicación. Para ello, los docentes emplean laptops, tabletas, proyectores y material didáctico proporcionado por el Ministerio de Educación. Aclaró que cuando los pacientes no pueden movilizarse, las clases se realizan directamente en sus salas o camas.

Además, el servicio atiende a estudiantes de larga estancia que permanecen hospitalizados por periodos prolongados y no pueden retornar a sus colegios. Ellos continúan sus clases de manera virtual y sus calificaciones son comunicadas a sus instituciones educativas para validar su avance académico. En ese sentido indicó que la mayoría de estudiantes que recibe el alta logra reincorporarse posteriormente a sus centros educativos.

A pocos días de culminar septiembre y cuando restan poco más de tres meses para cerrar el año fiscal, el Gobierno Regional de Moquegua registra apenas 50% de ejecución en los recursos provenientes del rubro Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, según el seguimiento presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presupuesto asignado a este rubro alcanza los S/205 millones 357 mil 189 en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Sin embargo, hasta el corte mostrado por el MEF, el Gobierno Regional ha devengado S/102 millones 707 mil 871, lo que representa exactamente el 50% de avance. Es decir, todavía queda por ejecutar alrededor de S/102.6 millones de este presupuesto.

El rubro comprende recursos que los gobiernos regionales reciben, conforme a la legislación vigente, por conceptos como canon y regalías, además de renta de aduanas y participaciones. El MEF señala que estos recursos forman parte de los ingresos destinados a los pliegos presupuestarios y pueden incluir también saldos de balance de ejercicios anteriores.

El contraste se vuelve relevante por el momento del año en que se encuentra la ejecución. Con septiembre prácticamente terminado, el GORE Moquegua todavía tiene pendiente ejecutar la mitad del presupuesto correspondiente a este rubro, por lo que durante los últimos meses del año deberá acelerar el gasto para evitar que una parte importante de estos recursos quede sin ejecutar.

Dato

Cabe señalar que en cuanto a ingresos por canon, sobrecanon y regalías el Gore Moquegua registra un PIM de S/ 205.3 millones y un avance de ejecución de 50,0%, por debajo de Arequipa, que cuenta con un PIM de S/ 217,6 millones y alcanza un 63,6% de avance, y de Tacna, cuyo PIM asciende a S/ 222,5 millones y presenta un avance de 75,1%.

La automedicación y el consumo inadecuado de medicamentos pueden generar reacciones adversas y poner en riesgo la salud de los pacientes. En Arequipa, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) recibió 251 notificaciones de estos casos, según informó Alberto Contreras, responsable de Farmacovigilancia de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIREMID).

Durante el anuncio de la VIII Campaña Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, el especialista advirtió que combinar medicamentos con mates o infusiones, así como consumir fármacos sin prescripción médica, puede provocar efectos perjudiciales. Un ejemplo es tomar paracetamol por cuenta propia y recibir, además, otro analgésico recetado, lo que podría generar una dosis superior a la permitida.

“Arequipa tiene costumbres variadas, muchas veces tomamos un medicamento acompañado de un matecito que puede ocasionar un tipo de reacción adversa. También a veces vamos a una farmacia, nos automedicamos y ese medicamento contiene paracetamol y el médico nos prescribe quizás un analgésico y esto puede estar por encima de las dosis permitidas y va a ocasionar una reacción adversa al medicamento”, explicó el especialista.

Precisó que los antiinflamatorios, como el ibuprofeno y el paracetamol, figuran entre los grupos más reportados, mientras que los trastornos gastrointestinales y las afecciones en la piel fueron las reacciones más comunes registradas en 2025, principalmente asociadas a antibióticos.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos en adultos mayores, debido a la disminución de sus funciones hepática y renal, que dificulta la eliminación de los medicamentos. Asimismo, señaló que las reacciones adversas pueden tener consecuencias graves: un metanálisis de 2025 citado por el especialista indica que el 8 % de los ingresos hospitalarios se relaciona con estos eventos y que el 44 % de ellos pudo prevenirse.

Ante esta situación, el responsable de Farmacovigilancia destacó la importancia de reportar cualquier efecto no deseado tras consumir un medicamento. Aunque existe una infranotificación de casos, los propios pacientes también pueden comunicar síntomas como sarpullidos, dolor de cabeza o molestias gastrointestinales para contribuir a la identificación de riesgos.

La VIII Campaña Regional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia busca fortalecer la notificación de estos eventos mediante actividades en establecimientos de salud, farmacias públicas y privadas, universidades e institutos. Se contempla realizar concursos de periódicos murales y videos, con el objetivo de promover el uso seguro de medicamentos.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los cambios al Código Penal sobre minería ilegal. El organismo ya notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que respondan a la demanda.

Según el Colegio de Abogados de Loreto, este mecanismo, creado hace más de dos décadas para facilitar la formalización, vulnera derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Cuestiona el daño que ocasiona el uso del Reinfo al proteger actividades ilegales. En Loreto, la minería ilegal se ha incrementado en diversas cuencas, como el río Nanay, de donde proviene agua para la población de Iquitos.

Erick Salas Barrera, decano del Colegio de Abogados de Loreto, precisó en un comunicado que la ley de la quinta prórroga, que vence este 31 de diciembre, fue inadecuada, ineficiente e irrazonable porque no cumplió con su objetivo. “Ha promovido, más bien, centros de explotación minera ilegal. Esta prórroga prolonga la vulneración de distintos derechos y principios constitucionales para la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Henry Delgado Urrutia, abogado especializado en gobierno y políticas públicas y docente universitario en materia procesal civil, coincide con esa posición. Recordó que el Reinfo nació como un régimen transitorio para que los mineros avanzaran hacia la formalización. Sin embargo, después de más de veinte años de prórrogas, esa medida excepcional corre el riesgo de convertirse en una regla permanente.

Demanda admitida

La demanda fue admitida mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantenía reuniones con miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y solicitaba ampliar el REINFO por otros cuatro años. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que los inscritos continuarían el proceso mediante “un régimen simplificado de formalización”.

Delgado Urrutia consideró que una extensión indefinida pierde razonabilidad cuando no está respaldada por resultados verificables, metas concretas ni plazos definidos. Además, desnaturaliza el carácter transitorio del régimen y contradice el principio de temporalidad, que exige que estas medidas respondan a una necesidad específica y no se prolonguen indefinidamente, como ha advertido el TC.

La prórroga también afecta la seguridad jurídica, porque genera incertidumbre entre los agentes económicos y la ciudadanía sobre la vigencia de sus derechos y obligaciones. “La Corte Interamericana ha señalado que las medidas transitorias deben ser necesarias y proporcionales”, dijo Delgado Urrutia.

Para el especialista, el TC debe aplicar un test de ponderación que considere la intensidad de la afectación, la finalidad de la medida, su idoneidad y necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la formalización de los mineros informales constituye un objetivo legítimo, el TC debe evaluar si la ampliación del registro es el medio más adecuado y menos lesivo o si existen alternativas, como plazos estrictos, fiscalización efectiva e incentivos para la formalización. También debe comparar los beneficios de mantener a los mineros informales dentro del proceso con los costos ambientales y sociales de la medida. La prórroga permite que actividades con impactos ambientales continúen sin cumplir los estándares exigidos, con consecuencias para los derechos colectivos.

El Reinfo sí afecta derechos

En 2025, el TC declaró improcedente una demanda similar presentada por el mismo Colegio de Abogados, debido a que el Congreso ya había prorrogado nuevamente el Reinfo. Sin embargo, en su resolución exhortó al Congreso y al Ejecutivo aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales en el proceso de formalización minera.

Delgado Urrutia destacó la importancia de esa resolución, porque, según su interpretación, el TC ya había advertido que la prórroga desnaturaliza su carácter transitorio y afecta derechos como el ambiente equilibrado, la salud y la seguridad jurídica. “Si la afectación al ambiente y a la salud supera los beneficios que genera la prórroga, el TC debería señalar que el Reinfo resulta inconstitucional”, sostuvo.

Si el TC declara inconstitucional la prórroga del Reinfo, los mineros informales perderían su protección transitoria y sus actividades podrían ser consideradas minería ilegal si no cumplen los requisitos de formalización, explicó Delgado Urrutia. En el ámbito penal, podrían reactivarse investigaciones suspendidas o limitadas por el registro, lo que daría al Ministerio Público un mayor margen para perseguir los delitos de minería ilegal.

Asimismo, se fortalecerían las acciones de reparación y sanción por daños ambientales, mientras que el Estado tendría que adoptar medidas de fiscalización y remediación. Una decisión así podría marcar un punto de quiebre en el régimen de formalización, al exigir que los mineros informales cumplan los requisitos legales o enfrenten las consecuencias penales y administrativas que correspondan.

Para evitar que el Reinfo vuelva a ser prorrogado, el TC tendría que resolver la demanda antes de que el actual Congreso apruebe una nueva ley de ampliación del proceso de formalización. Una demanda de inconstitucionalidad suele tardar entre tres y cuatro meses en resolverse.