Las economías ilegales en el Perú se han convertido en una grave amenaza no solo para la seguridad ciudadana y el medio ambiente, sino también para la transparencia del sistema democrático, al existir el riesgo de que recursos ilícitos estén financiando campañas políticas, así lo advirtió el regidor del distrito de Mariano Melgar, Edwin Tito, quien pidió una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.
“Este tema debemos de tomarlo con mucho cuidado porque el negocio de la minería ilegal incluso ha superado al narcotráfico; lamentablemente vemos complicidad de las autoridades como la ley Mape que año tras año se va retrasando y ocasiona que los mineros informales no puedan pasar a la formalidad”, sostuvo.
Según cifras nacionales, las economías criminales generan más de 15 mil millones de dólares anuales en el país, donde la minería ilegal de oro es la principal actividad ilícita. A esta se suman el tráfico ilícito de drogas, que mueve alrededor de 1,100 millones de dólares, y la trata de personas, con ingresos estimados en 1,300 millones de dólares al año.
Tito precisó que estas actividades ilegales se fortalecen aún más por los niveles de informalidad y corrupción que se vive en el país, lo que facilita la operación de organizaciones criminales. Precisó que las consecuencias se reflejan en el incremento de la inseguridad ciudadana, afectación ambiental y el debilitamiento de las instituciones públicas.
“La minería ilegal está cambiando las decisiones en el Congreso, necesitamos que haya una fiscalización adecuada; necesitamos que las entidades fiscalizadoras evidencien de dónde salen los aportes para esta campaña política”, señaló.
El regidor remarcó que se debe reforzar el trabajo de los organismos fiscalizadores y electorales para que cumplan un rol más activo en la supervisión del financiamiento partidario, para evitar que dinero de origen ilícito capture espacios de poder y condicione futuras gestiones públicas.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que las transferencias de recursos a los gobiernos regionales y locales provenientes de la actividad minera sumaron S/ 9,936 millones durante el año 2025. Este monto total se compone principalmente por el Canon Minero, que alcanzó los S/ 6,992 millones, seguido por las Regalías Mineras y los derechos de vigencia. Estos recursos tienen como objetivo central financiar obras de impacto social y proyectos de inversión pública que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.
En el análisis por departamentos, Áncash se consolidó nuevamente como el principal beneficiario al recibir S/ 1,780 millones, cifra que representa el 17.9 % del total nacional. Otros departamentos con ingresos significativos fueron Arequipa, Moquegua y Tacna, los cuales en conjunto con Áncash concentran más de la mitad de los recursos distribuidos por el sector. El MINEM reafirmó que la minería continúa siendo el motor del crecimiento económico nacional, destacando que el sector busca promover una actividad moderna y responsable que sea articulada con las demandas de la ciudadanía y los departamentos.
La recaudación por regalías, que superó los S/ 2,687 millones, refleja la importancia de los acuerdos contractuales y legales vinculados al valor de la producción minera. El MINEM subrayó que la transferencia de estos fondos es una herramienta clave para el desarrollo sostenible y equilibrado del país a través de la gestión de los tres niveles de gobierno. Respecto al compromiso del sector con el crecimiento del país, la entidad detalló: “La minería ratifica su papel como motor del crecimiento económico nacional, por ello el sector reafirma su compromiso de seguir promoviendo una actividad minera moderna, responsable y articulada con los departamentos”.
En los últimos cinco años, el Perú ha enfrentado una sucesión de eventos climáticos extremos que han dejado pérdidas humanas y económicas devastadoras. El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Patricio Lewis, recordó que solo el ciclón Yaku, en 2023, ocasionó daños superiores a los US$ 4,000 millones y más de 60 fallecidos. Esta situación ha golpeado severamente la economía nacional, desestructurando sistemas productivos en la agricultura, bloqueando rutas de transporte estratégicas y provocando una drástica caída en el turismo debido a cancelaciones masivas.
Según Lewis, pese a este escenario, regiones altamente vulnerables como Piura e Ica han ejecutado menos del 2 % de los recursos asignados para prevención en 2025. “Existe una fragilidad estructural que impide prevenir, responder y reconstruir con eficacia”, advirtió, al señalar que el presupuesto destinado a prevención este año es 45 % menor al asignado en 2023. Y subrayó que esta brecha no es solo presupuestal, sino también de gestión. La falta de planificación, de equipos técnicos fortalecidos y de continuidad en los proyectos provoca que los gobiernos reaccionen cuando el desastre ya ocurrió, en lugar de anticiparse.
Para reducir esta vulnerabilidad, Lewis propuso cinco líneas de acción: invertir en infraestructura resiliente, fortalecer capacidades locales, ampliar los sistemas de alerta temprana, impulsar mecanismos de protección social adaptativa y ordenar el territorio con enfoque de riesgo. “Cada dólar que invertimos en prevención nos puede evitar hasta $4 de pérdidas futuras”, sostuvo. Sin un giro hacia la prevención, concluyó, el país seguirá atrapado en un ciclo de emergencia, reconstrucción y nuevos desastres.
Los egresados de colegios de educación básica cuentan hoy con una importante oportunidad para continuar su formación profesional gracias a la Constancia de Logros de Aprendizaje, documento oficial emitido por el Ministerio de Educación (MINEDU), que permite que un estudiante con buenas calificaciones, pueda acceder según la institución de formación superior, el ingreso directamente a una carrera técnica como es el Instituto del Sur (ISUR).
Este documento certifica que el estudiante ha culminado satisfactoriamente sus aprendizajes en la Educación Básica Regular, incluso en casos donde aún no se haya emitido el certificado de estudios completo, convirtiéndose en una alternativa válida y reconocida a nivel nacional.
La directora del Instituto del Sur, María Teresa Campos, destacó la importancia de este beneficio para los jóvenes egresados. “La Constancia de Logros de Aprendizaje es una herramienta clave que brinda igualdad de oportunidades, ya que permite que los estudiantes no detengan su proyecto de vida y puedan iniciar de inmediato una carrera técnica”, señaló.
Asimismo, Campos resaltó que esta medida contribuye a reducir brechas de acceso a la educación superior. “Muchos egresados enfrentan demoras administrativas en la emisión de certificados; con esta constancia del MINEDU, los institutos podemos validar sus competencias y darle acceso directo a una formación técnica de calidad”, afirmó.
El Instituto del Sur ha implementado procesos de admisión inclusivos que reconocen este documento oficial, permitiendo a los jóvenes incorporarse oportunamente a carreras técnicas con alta demanda laboral. “Nuestro compromiso es acompañar a los estudiantes desde el primer momento y facilitar su inserción en el sistema educativo y, posteriormente, en el mercado laboral”, agregó la directora.
De esta manera, la Constancia de Logros de Aprendizaje se consolida como un instrumento fundamental para promover la continuidad educativa y el desarrollo profesional de los egresados de secundaria en el país.
La Municipalidad Provincial de Caravelí logró gestionar y concretar la transferencia de bienes de ayuda humanitaria destinados a los distritos de la provincia, tras la declaratoria de emergencia por las intensas lluvias que han generado afectaciones en diversas localidades.
La gestión fue realizada ante la SUNAT Aduanas Ilo, entidad que autorizó la entrega de bienes de primera necesidad para atender a las familias damnificadas y vulnerables, como parte de las acciones de respuesta inmediata frente a la emergencia climática.
El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, destacó el trabajo articulado y la rapidez en las gestiones realizadas. “Desde el primer momento hemos asumido el compromiso de no dejar solos a nuestros hermanos afectados por las lluvias. Hoy podemos decir que hemos concretado la transferencia de bienes humanitarios que serán distribuidos de manera equitativa en toda la provincia”, señaló la autoridad edil.
Asimismo, Soto Riveros remarcó que estas acciones buscan aliviar la difícil situación que atraviesan numerosas familias. “Nuestra prioridad es proteger la vida y la salud de la población. Seguiremos tocando puertas y gestionando más apoyo hasta atender todas las necesidades que deja esta emergencia”, afirmó.
La Municipalidad Provincial de Caravelí informó que la distribución de los bienes se realizará en coordinación con los gobiernos distritales, garantizando transparencia y atención oportuna a los sectores más afectados.
El presidente ejecutivo de Proinversión informó que la entidad puso en marcha un plan técnico de acción para ejecutar la reorganización integral de Petroperú, encargo otorgado mediante un Decreto de Urgencia aprobado recientemente por el Gobierno. Este plan será presentado en un plazo máximo de 60 días y busca mejorar la gestión y eficiencia de la empresa estatal.
Sobre esta intervención, la decana del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos, María Guadalupe Ávila Romero, destacó que la iniciativa es positiva y necesaria para fortalecer la empresa pública que, en el tercer trimestre del 2025, reportó pérdidas netas acumuladas de 355 millones de dólares.
“Esta iniciativa es muy positiva, tenemos mucho que aprender de la empresa privada porque el trabajo que realizan ellos tiene éxito a comparación de las empresas del sector público”, dijo. Por otro lado, Proinversión precisó que esta reorganización no pondrá en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles en el país. Asimismo, se descartó cualquier impacto en los precios, garantizando que Petroperú continuará operando con normalidad a nivel nacional.
Asimismo, resaltó que uno de los puntos clave de la reorganización debe ser la transparencia en el uso de los recursos públicos, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar una administración responsable de la empresa estatal. Cuestionó que los actos de corrupción y manejo político hayan llevado a Petroperú al fracaso.
“Todas las instituciones tienen su razón de ser, el problema son las personas que están a cargo de estas empresas porque muchas veces no son las idóneas y cometen errores y faltas lo que origina que las empresas fracasen. En la actualidad la empresa pública no funciona, le falta mejorar mucho”, señaló.
Por último, aseguró que la intervención y reorganización de Petroperú representa una oportunidad para corregir errores estructurales, mejorar su funcionamiento y evitar que se continúe perdiendo millones de soles al tener gestiones lideradas por grupos políticos y profesionales incompetentes para el cargo.
El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, informó que el Perú tiene programada la ejecución de ocho grandes proyectos mineros para el presente año, con una inversión estimada de US$ 7,000 millones. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los US$ 5,133 millones viabilizados hasta noviembre de 2025. Según el titular del sector, este impulso inversor se concentrará en regiones estratégicas como Arequipa, Cusco y La Libertad, consolidando al país como un actor clave en la producción minera global.
La actividad minera continúa siendo un motor fundamental para el empleo y la descentralización de recursos en el país. Bravo detalló que el sector ya sustenta 286,805 puestos de trabajo directos, con una participación femenina del 8.3%. Sobre la inclusión laboral, el ministro manifestó: “La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Y también debo resaltar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3% del empleo total generado”.
En el ámbito fiscal, la minería ha transferido S/ 9,936 millones a gobiernos regionales y locales por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas avanza en la masificación del gas natural en siete regiones, incluyendo Puno y Ucayali, para reducir los costos energéticos. Respecto a la formalización de acuerdos para este proyecto, el ministro puntualizó: “Estimamos que a fines de febrero y debemos llegar a la firma de la adenda”.
El Perú se ha consolidado como el principal poseedor de reservas de plata a nivel mundial, situándose en la cima del tablero geopolítico y económico del siglo XXI. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el territorio nacional alberga aproximadamente 140,000 toneladas métricas de este metal bajo su suelo. Esta cifra representa el 22% del total global documentado, permitiendo que el país supere a potencias económicas de la talla de China, Rusia y Estados Unidos en la tenencia de este recurso crítico para la industria moderna.
La relevancia de este metal ha trascendido su valor como refugio financiero para convertirse en un insumo indispensable en la fabricación de paneles solares, circuitos electrónicos y baterías avanzadas. Esta ventaja estratégica se concentra principalmente en la Cordillera de los Andes, donde se ubican complejos mineros de gran escala como Antamina, Toromocho e Inmaculada. Estas operaciones integran la extracción de plata con otros metales como cobre y zinc, lo que otorga al Perú una estabilidad estructural frente a la volatilidad del mercado internacional y la creciente competencia por el suministro de materias primas.
En el mapa mundial de la plata, el liderazgo peruano es indiscutible frente a otros competidores regionales como México, Chile y Bolivia. A nivel global, solo Australia mantiene un volumen de reservas que se aproxima a la escala nacional, mientras que las grandes potencias industriales han quedado relegadas a posiciones secundarias. Los especialistas del sector coinciden en que la ubicación geográfica y la riqueza geológica de los Andes peruanos revalorizan al país como un actor dominante en la transición energética global, asegurando el flujo de exportaciones hacia los mercados de Asia y Europa.
Arequipa se encuentra en una encrucijada determinante para su futuro económico: evolucionar hacia un "Destino Turístico Inteligente". José Mayta Salluca, presidente de la Asociación Regional de Guías Oficiales de Turismo (ARECOT), advierte que para que la región compita al nivel de destinos como Cusco, es imperativo reestructurar las estrategias nacionales y locales.
El principal obstáculo para esta transformación, según el representante de los guías, no es la falta de atractivos, sino las deficiencias en la gestión de las autoridades competentes. Mayta señala que tanto la Gercetur como la Municipalidad Provincial de Arequipa han mostrado un desinterés que frena la implementación de herramientas tecnológicas modernas. Para el gremio, la falta de presupuesto no es una excusa válida, sino que existe una escasa capacidad para utilizar la data y las plataformas digitales que hoy dictan el comportamiento del viajero global.
"Lo que observamos en entidades como la Gerencia de Comercio y Turismo es que no están utilizando estas herramientas de gestión que podrían permitir que el visitante no esté de pasada, sino que se quede 2, 3 o 4 días en nuestra ciudad", indicó.
A esta carencia tecnológica se suma un problema persistente: la informalidad. El presidente describe un panorama preocupante en el corazón de la ciudad, donde el desorden afecta directamente la experiencia del turista. La estrategia de turismo inteligente requiere, necesariamente, un ordenamiento del espacio público y una fiscalización rigurosa de los prestadores de servicios.
"Hay un desinterés y una escasa capacidad de gestión. La informalidad se ha acrecentado; la Plaza de Armas es un mercado, incluso el mercado San Camilo es más ordenado que nuestra propia Plaza de Armas actualmente", refutó.
El sector de guías oficiales, que en la región suma a unos 1,200 profesionales colegiados y 200 licenciados, ve en la tecnología una oportunidad de promoción mundial sin precedentes. El reto para el 2026 es articular la identidad arequipeña con herramientas de vanguardia para posicionar sitios emblemáticos como el Monasterio de Santa Catalina y el Cañón del Colca en las vitrinas virtuales internacionales.
Arequipa inicia el año 2026 con un escenario fiscal restrictivo al registrar una caída del 22 % en su presupuesto de inversión pública en comparación con el 2025. Según datos de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), este recorte sitúa a la región en su nivel más bajo de los últimos cinco años, afectando la capacidad de ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. Al respecto, Patricio Lewis, investigador de REDES, advirtió sobre las consecuencias de esta limitación financiera: "Cuando los recursos se reducen y, además, se ejecutan con demoras o ineficiencias, se concretan menos obras y se amplía la distancia que separa a la población de mejores oportunidades".
El ajuste presupuestal se refleja con mayor dureza en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de ocho sectores estratégicos. El rubro de Ambiente sufrió el recorte más drástico, con una disminución superior al 89 %, seguido por Seguridad con un 60 % menos de recursos. En el caso de Educación, el presupuesto asignado para obras descendió de S/ 335 millones a S/ 207 millones, cifra que resulta insuficiente frente a la brecha de infraestructura que el Ministerio de Educación estima en S/ 4,555 millones para la región.
Esta reducción de fondos pone en riesgo proyectos clave de conectividad vial y acceso a servicios de salud y saneamiento. Lewis señaló que la falta de recursos, sumada a la ineficiencia administrativa, retrasa las mejoras en la calidad de vida de los arequipeños. Ante este panorama, el especialista enfatizó la urgencia de optimizar el manejo de los fondos públicos existentes y fomentar la generación de empleo formal como mecanismos para mitigar el impacto del recorte en el desarrollo social y económico de la región.
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La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero realizó un operativo para retirar propaganda política instalada de manera indebida en la berma central de la avenida Vidaurrázaga, espacio donde se encuentra prohibida este tipo de colocación.
El alcalde de Bustamante y Rivero, Crnl. PNP Fredy Zegarra Black, del distrito señaló que estas acciones responden al compromiso de su gestión con el respeto a las normas y el cuidado de los espacios públicos.
La intervención se efectuó tras una alerta en la intersección de la avenida Vidaurrázaga cerca al cruce con la avenida Los Incas, donde se constató la presencia de un grupo de personas colocando afiches en la vía pública, los cuales correspondían a una candidata y a un partido político.
El personal municipal procedió al retiro inmediato del material publicitario y exhortó al grupo de militantes a respetar las normas vigentes sobre uso de espacios públicos, con el fin de preservar el ornato.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente de la comuna para garantizar una ciudad limpia, segura y ordenada para todos los vecinos.
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El impacto de las leyes aprobadas por el actual Congreso de la República afectará a los diferentes sectores del país, debido al grave perjuicio que generan a la economía nacional y a la sostenibilidad de los servicios públicos. El Consejo Fiscal advirtió que el Perú podría perder alrededor de 35 mil millones de soles cada año como consecuencia de estas normas.
Sobre el tema, el presidente de la Federación Médica, Jaime Mendoza, cuestionó estas decisiones legislativas y advirtió que estos actos se sentirán con mayor impacto en el sector salud que de por sí ya se encuentra en crisis por la falta de medicinas y personal.
“Debemos de cambiar funcionarios y tener los adecuados para que se gestione y se tenga un verdadero proyecto de salud. Sabemos que a nivel nacional el presupuesto para salud es bajo porque la mayoría de los recursos se van para sueldos del Estado”, indicó.
Desde agosto del 2021 el Congreso saliente ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo, una cifra que triplica el promedio registrado en los tres periodos parlamentarios anteriores. Además, el 44 % de estas normas fue aprobado por insistencia, pese a las observaciones técnicas realizadas por el Poder Ejecutivo, lo que evidencia una preocupante falta de responsabilidad fiscal.
Mendoza puso como ejemplo la frustrada adquisición de un tomógrafo para un hospital Honorio Delgado, un proceso que se vio paralizado por constantes cambios de funcionarios y una deficiente administración que se suma a la problemática de recursos públicos.
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El aumento de instituciones educativas que operan al margen de la ley viene generando preocupación en el sector privado de la educación, debido a su impacto directo en la calidad del servicio y en la falta de regulación. En Arequipa, representantes de colegios formales advierten que la informalidad se ha incrementado en los últimos meses, especialmente por academias que cambian de rubro y funcionan irregularmente como colegios.
El presidente de la Asociación de Colegios Particulares, Rutbel Begazo, señaló que varias instituciones estarían abriendo sus puertas sin contar con la documentación básica exigida por ley, como la autorización de la Gerencia Regional de Educación, el certificado de Defensa Civil y la licencia municipal. “Hacemos un llamado a los padres de familia para que exijan estos tres documentos antes de matricular a sus hijos y no se dejen sorprender por instituciones que no están legalmente constituidas”, advirtió.
Begazo explicó que solo en el Cercado de Arequipa se ha identificado al menos 14 academias que operan en viviendas o casonas sin cumplir la normativa vigente, muchas de ellas bajo la modalidad de “vientre de alquiler”, donde los estudiantes son matriculados en colegios autorizados, pero reciben clases en locales informales. “Estas academias no tienen permiso para funcionar como colegios y, sin embargo, ya están brindando el servicio educativo, lo cual es ilegal y riesgoso para los menores”, sostuvo.
Según el representante gremial, esta situación se ha incrementado en aproximadamente un 20% en comparación con el año pasado, afectando principalmente a distritos como Cerro Colorado, Miraflores, Cayma, Alto Selva Alegre y zonas como Melgar y Goyeneche.
El dirigente saludó los operativos que vienen realizando el Ministerio de Educación, la Fiscalía de Prevención del Delito y otras entidades fiscalizadoras, y pidió que las intervenciones se intensifiquen antes del inicio del año escolar.
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El Ejecutivo oficializó la declaratoria de estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones del país ante el alto riesgo generado por las intensas lluvias, deslizamientos e inundaciones. Mediante el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM, se dispuso la movilización de diez carteras ministeriales para ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas, que incluyen localidades en la sierra, selva y costa. Esta medida excepcional faculta a los gobiernos regionales y locales a reorientar recursos y contratar bienes de manera directa para agilizar la atención de las poblaciones vulnerables.
La intervención multisectorial involucra a sectores clave como Salud, Educación, Transportes, Vivienda y Desarrollo Agrario, con el fin de atender desde emergencias sanitarias hasta la rehabilitación de vías de comunicación interrumpidas. Según el Gobierno, la intervención articulada permitirá agilizar la atención de emergencias, canalizar recursos y ejecutar medidas excepcionales sin los procedimientos administrativos habituales. El objetivo principal es mitigar las amenazas meteorológicas y reducir el nivel de riesgo en provincias como Chachapoyas, Huaraz, Trujillo, Chiclayo e Ica, donde se reportan daños en infraestructura y servicios básicos.
De acuerdo con los reportes oficiales del Indeci, las precipitaciones de las últimas semanas han incrementado su intensidad, dejando a su paso víctimas mortales, damnificados y miles de hectáreas de cultivos afectadas. La declaratoria permite que las autoridades subnacionales actúen bajo la coordinación técnica y supervisión directa del Indeci. El Ejecutivo informó que el organismo realizará un seguimiento permanente de las acciones ejecutadas durante el estado de emergencia, con el fin de evaluar su impacto y adoptar nuevas medidas si la situación lo requiere.
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El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, denunció la grave situación de aislamiento que enfrenta el distrito de Cahuacho —ubicado en la provincia de Caravelí— tras más de quince días de emergencia, alertando que la población no recibe atención adecuada ni acceso a vías de evacuación.
La autoridad brindó declaraciones cerca de las 3:30 de la madrugada, mientras supervisaba la ruta AR-527 Caravelí–Cahuacho, la cual se mantiene totalmente bloqueada por derrumbes e intransitable para el traslado de ayuda.
“Estamos acá intentando llevar ayuda humanitaria a todo el aislado distrito de Cahuacho”, señaló el alcalde. “Lo que estamos viendo es que, a quince días de producirse la emergencia, todo el distrito está completamente incomunicado”.
Según precisó, la Municipalidad intentó trasladar plásticos, frazadas, kits de alimentos y bienes donados por Aduanas–Sunat, sin embargo, “no podemos atender” debido a la interrupción total de la vía.
Responsabiliza a autoridades por falta de atención
El alcalde responsabilizó directamente al COER Arequipa, al Gobierno Regional y a funcionarios nacionales por la falta de maquinaria pesada y combustible para rehabilitar las rutas.
“Responsabilizamos al COER Arequipa, al señor Rohel Sánchez, al señor Alvarado Portilla, al señor González Arias y al Consejo Regional de Arequipa”, declaró, cuestionando que “mientras ellos están festejando el aniversario del Consejo Regional, aquí la población adulta mayor está muy mal, con infecciones respiratorias agudas, y no puede ser evacuada”.
Asimismo, cuestionó al Director Ejecutivo de Provías Descentralizado y otros funcionarios por negar apoyo técnico. “Niegan la asistencia con maquinaria pesada, niegan la asistencia con petróleo, amparándose en burocracias e informalismos, como si las palabras valieran más que la vida de los adultos mayores”.
Poblaciones vulnerables en riesgo
El alcalde estimó que más de 2.000 habitantes de Cahuacho, Quicacha y otros anexos permanecen aislados sin atención médica y con riesgo sanitario.
“Acá claramente vemos cómo hay ciudadanos de primera clase y de segunda clase, lo cual no debería existir, es una aberración”, expresó. Añadió que mientras en las ciudades “la gente disfruta de frivolidades, acá la gente literalmente muere peor que en el cuarto mundo”.
Soto Riveros también cuestionó que, pese a haber enviado fichas EDA de emergencia, solo obtuvieron respuestas evasivas, cambios de funcionarios e incluso maltratos verbales.
Llamado urgente a la comunidad nacional e internacional
El alcalde hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para atender de inmediato la crisis humanitaria:
“Pedimos a la solidaridad nacional e internacional, que lo sepa la prensa regional, nacional e internacional, y les pedimos nuevamente a la comunidad internacional su apoyo humanitario, para estos más de 2.000 habitantes vulnerables”.
Finalmente, rechazó el accionar del Estado calificándolo como frívolo y alejado de las necesidades del país. “Rechazo enérgicamente este estado frívolo, lobista, dedicado a favorecer intereses de grupos económicos, mientras los más pobres están abandonados”, concluyó.
ackus lanzó oficialmente su aplicación de delivery TaDa en Arequipa este 11 de agosto, expandiendo su servicio de entrega de cervezas frías en menos de 30 minutos a los principales distritos de la ciudad, como parte de su estrategia de digitalización y acercamiento directo con los consumidores arequipeños.
La plataforma digital comercializa las marcas del portafolio de Backus como Arequipeña, Cusqueña, Pilsen, Cristal, Corona y Mike's, garantizando la temperatura fría de las bebidas y ofreciendo precios competitivos con promociones exclusivas. El servicio opera en los distritos de Cercado, Yanahuara, Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, y Cerro Colorado.
"Arequipa es una de las plazas más importantes del país y cuenta con una comunidad digital activa y exigente. Por eso, decidimos llevar a esta ciudad una propuesta innovadora como TaDa, que permite conectar mejor con nuestros consumidores y seguir fortaleciendo nuestro portafolio premium", señaló Carmen María Bell-Taylor, Founder & Venture Director de Backus.
TaDa opera mediante alianzas con licorerías y bodegas tradicionales de la ciudad, digitalizando sus procesos y ampliando su alcance comercial. El modelo incluye un sistema de retornabilidad de botellas como parte de su compromiso con la sostenibilidad, además de la optimización de rutas de entrega para reducir las emisiones de CO2. La aplicación está disponible para descarga en Google Play y App Store.
Como parte del lanzamiento, los usuarios pueden acceder a promociones especiales que incluyen delivery gratuito por tiempo limitado y sorteos. Coincidiendo con el aniversario de Arequipa, desde el 1 de agosto se ofrece una edición limitada de la cerveza Arequipeña.
Los usuarios pueden seguir las actualizaciones del servicio en Instagram como @tadaperu y en Facebook como TaDa Delivery Perú.