El secretario general del pueblo joven Ciudad Blanca en Paucarpata, Julio César Apaza, cuestionó el modelo de Estado empresario al considerar que no ha generado mejoras en la calidad de los servicios públicos, tal como ocurre con Sedapar que no da soluciones a la problemática, pese a contar con dinero de todos los arequipeños.

En ese sentido, sostuvo que la participación del sector privado en empresas estatales podría contribuir a una gestión más eficiente y permitir que haya un mejor servicio de agua y desagüe a nivel regional en beneficio de más de 1 millón de personas.

“Particularmente opinaría que Sedapar debería privatizarse al menos en un 50%, porque el personal que se tiene es ineficiente y las personas que laboran en las oficinas solo es para llenar espacios y no para que nos den un buen servicio. En nuestro sector hace dos años hemos pedido el cambio de la tubería matriz, pero la única respuesta que hemos tenido es que no hay plata, cuando en realidad no es así”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que la participación compartida entre el Estado y la empresa privada podría optimizar la gestión y responder de manera oportuna a las necesidades de los usuarios ante los cortes sin aviso, calidad de agua, entre otros.

Además, el dirigente aseguró que la falta de planificación y la demora en la atención de emergencias evidencian las deficiencias de la empresa prestadora del servicio de saneamiento que en los últimos años fue una de las principales que tuvo más quejas ante la Defensoría del Pueblo, por el mal servicio y maltrato a la población.

“El servicio está de mal en peor, siempre ha sido así. No hay una respuesta rápida, cuando tenemos emergencias aparecen después de 24 horas. No existe una buena administración. No existe un trabajo de planificación, los cortes son consecutivos y no entendemos por qué, si pagamos nuestros recibos. La administración pública no sirve”, finalizó.

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la contratación, uso y mantenimiento de los equipos biomédicos de mamografía y rayos X del Hospital Regional de Moquegua, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 2.35 millones, además de poner en riesgo la salud de los pacientes por la emisión de posibles diagnósticos erróneos.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 013-2026-2-0829, emitido el 30 de junio de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, funcionarios y servidores del Hospital Regional otorgaron la buena pro para el mantenimiento del mamógrafo a un postor cuya oferta no cumplía con los términos de referencia. Asimismo, el servicio contratado no habría cumplido con la finalidad para la cual fue requerido, generando un perjuicio económico de S/ 2 064 027,80.

El informe también advierte que, pese a que el mamógrafo presentaba "artefactos" (distorsiones o alteraciones en las imágenes diagnósticas) luego del mantenimiento, el equipo continuó siendo utilizado para atender pacientes. Según la auditoría, esta situación pudo generar falsos diagnósticos, afectando la calidad del servicio de salud brindado a la población.

Otra de las observaciones señala que el flat panel digital del equipo portátil de rayos X quedó inoperativo debido a una inadecuada manipulación por parte del personal responsable y a la inacción de la entidad, que dejó prescribir el procedimiento sancionador correspondiente. Esta situación ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 287 400 y afectó la prestación del servicio de radiología.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, disponer el procesamiento de los funcionarios involucrados y promover las acciones civiles y legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública de la Contraloría y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

En el informe se identifican 10 funcionarios y servidores públicos con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, entre ellos Edgar Julio Alférez Ramos, Dennis Israel Merino Carranza, Rainer Aranzamendi Quispe, José Ramos Supa y otros servidores vinculados a los hechos observados.

El Gobierno Regional de Moquegua anunció que el proyecto para la creación del nuevo Desembarcadero Pesquero Artesanal de Ilo obtuvo la declaratoria de viabilidad y será ejecutado mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión superior a S/ 181 millones.

La iniciativa, denominada "Creación de los Servicios Intermedios de Pesca Artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal Nuevo Ilo", contempla la construcción de una moderna infraestructura en el distrito de Pacocha, provincia de Ilo, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desembarque, conservación y comercialización de recursos hidrobiológicos.

El anuncio fue realizado por la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, durante su participación en el X Consejo de Estado Regional (CER), donde destacó que la viabilidad del proyecto permitirá impulsar una inversión estratégica para el desarrollo productivo de la región.

La obra será financiada bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, modalidad que permite ejecutar proyectos de inversión pública con participación del sector privado. El proyecto considera cerca de 29 mil metros cuadrados de obras en el mar y más de 35 mil metros cuadrados de infraestructura en tierra, además de equipamiento especializado, mobiliario y programas de capacitación para los pescadores artesanales.

Según el Gobierno Regional de Moquegua, la evaluación técnica y económica confirmó la rentabilidad y sostenibilidad del proyecto, que busca fortalecer la cadena pesquera regional y mejorar la competitividad del sector.

De acuerdo con el cronograma previsto, la elaboración del expediente técnico se desarrollará entre 2027 y 2028, mientras que la ejecución de la obra está programada para el periodo comprendido entre 2028 y 2030.

Los vecinos del sector Bicentenario piden a la Municipalidad Provincial de Arequipa la instalación de señalética, rompemuelles y una mejor iluminación en el intercambio vial Bicentenario, al advertir que las deficiencias en la infraestructura habrían provocado constantes accidentes de tránsito desde su puesta en funcionamiento.

La representante de los vecinos, Gaby Rodríguez, señaló que el problema persiste desde hace dos años y que pese a los pedidos presentados a las autoridades, no se han ejecutado las mejoras comprometidas. 

"Pasa de 20 a 30 accidentes que se han dado en este sector por la falta de señalética y de los compromisos asumidos. Esto atenta contra la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona", afirmó.

Rodríguez explicó que los puntos más críticos se ubican entre las calles Londres y París, así como entre las vías 30 de Agosto y la calle París, donde la ausencia de rompemuelles, señalización y semaforización dificulta la circulación vehicular.

La dirigente recordó que el pedido fue presentado formalmente durante la gestión del exalcalde Victor Hugo Rivera, quien se comprometió a implementar las medidas de seguridad, sin embargo, las obras no se ejecutaron.

Los vecinos anunciaron que volverán a presentar el pedido ante la actual gestión municipal con la finalidad de obtener una pronta solución. Advirtieron que la falta de intervención continúa poniendo en riesgo la integridad de residentes, conductores y peatones que circulan diariamente por el intercambio vial Bicentenario.

Un megaoperativo ejecutado desde la madrugada de este sábado en la urbanización Villa Campo Ferial, en el distrito de Socabaya, permitió desarticular al presunto clan familiar ”Mamani Ccosi", una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilícito de drogas bajo la modalidad de menudeo y al abastecimiento de estupefacientes al penal de Socabaya.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional, Divincri y otras unidades especializadas, quienes allanaron dos viviendas. Uno de los inmuebles intervenidos operaba con la fachada de una funeraria y una tienda de productos alimenticios para ocultar las presuntas actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, fueron detenidas nueve personas, entre ellas una adolescente de 17 años y ciudadanos extranjeros. Además, la Policía incautó más de mil ketes de pasta básica de cocaína, marihuana, más de S/ 5 mil en efectivo, dos vehículos y varias motocicletas.

Las investigaciones preliminares señalan que uno de los presuntos integrantes de la organización permanece recluido en el penal de Socabaya, desde donde sería el contacto encargado de coordinar el ingreso de droga al establecimiento penitenciario.

Las diligencias continúan para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y establecer el alcance de las actividades de esta presunta organización criminal, considerada por la Policía como un clan familiar dedicado al tráfico de drogas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó la segunda transferencia de recursos provenientes del canon minero correspondiente al presente año. Con este nuevo desembolso, el Gobierno Regional de Moquegua acumula S/183 millones 821 mil 225.54, cifra que supera en 14.3 % el total recibido durante todo el 2025.

La primera transferencia del presente año se efectuó en enero por S/46 millones 372 mil 039.50, mientras que la segunda, realizada en julio, asciende a S/137 millones 449 mil 186.04. En conjunto, ambos desembolsos representan S/22 millones 941 mil 140.23 más que lo transferido al Gobierno Regional durante el año pasado.

En el 2025, el Gobierno Regional de Moquegua recibió tres transferencias por concepto de canon minero. La primera, en enero, fue de S/29 millones 564 mil 153.00; la segunda, en junio, alcanzó los S/131 millones 303 mil 859.10; y una tercera transferencia por S/12 mil 073.21, correspondiente a un ajuste en la distribución de los recursos. En total, ese año la entidad regional recibió S/160 millones 880 mil 085.31.

El canon minero corresponde al 50 % del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras al Estado y constituye una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos regionales y locales. Estos recursos deben destinarse principalmente a la ejecución de proyectos de inversión pública orientados al cierre de brechas en infraestructura y servicios para la población.

Con la segunda transferencia efectuada por el MEF, el Gobierno Regional de Moquegua dispone de un mayor presupuesto para financiar obras e inversiones durante el presente ejercicio fiscal. 

Cabe precisar que, en años anteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado ajustes posteriores mediante transferencias complementarias, por lo que los montos asignados aún podrían variar en lo que resta del año.

La Municipalidad Provincial de Arequipa impulsa espacios para acercar a los visitantes, especialmente a los turistas locales, a destinos poco visitados y al trabajo de los artesanos de la región, con el objetivo de dinamizar la economía y generar mayores oportunidades de ingreso para este sector.

El subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la comuna provincial, Carlos Enrique Sánchez Salinas, señaló que gran cantidad de arequipeños aún desconocen lugares atractivos y productos elaborados en distintos distritos de la región, por lo que se busca fortalecer el turismo interno mediante actividades que promuevan el patrimonio cultural y artesanal.

"Lo que queremos es interrelacionar al visitante interno, al arequipeño, en estos espacios que están abiertos al público. La municipalidad hace los esfuerzos para brindarles comodidad y difusión para que los artesanos puedan compartir directamente su trabajo con el visitante y generar ingresos para sus asociaciones", afirmó.

El funcionario indicó que estas iniciativas cobran mayor importancia durante la temporada alta de turismo, al convertirse en una oportunidad para fortalecer la economía de los artesanos y promover el consumo de productos de elaboración tradicional en localidades como San Juan de Tarucani, Mariano Melgar y Pampa Cañahuas.

"Lo interesante de estos espacios es que hay una vinculación directa con el artesano. No queremos que se pierda la raíz ni el trabajo que ellos vienen desarrollando; buscamos que esta tradición pase de generación en generación y que estas iniciativas contribuyan a preservar nuestra identidad", concluyó Sánchez.

La Contraloría General de la República identificó una serie de situaciones adversas en la ejecución del proyecto de puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Baúl, en el distrito de Torata, las cuales podrían afectar la calidad de la infraestructura, el patrimonio arqueológico y generar mayores costos para la Municipalidad Distrital de Torata.

Según el Informe de Hito de Control N.° 010-2026-OCI/2362-SCC, emitido por el Órgano de Control Institucional de la comuna torateña, durante las inspecciones realizadas en junio se detectó la presencia de vacíos o "cangrejeras" en vigas, muros y elementos de concreto del futuro Centro de Interpretación Cultural, componente que forma parte del proyecto turístico. La Contraloría advirtió que estas deficiencias podrían comprometer la durabilidad y la calidad constructiva de la obra.

El informe también revela la aparición de eflorescencias —manchas blanquecinas asociadas a la humedad y sales minerales— en siete paños de muros de albañilería de la Sala de Exhibiciones. El organismo de control señaló que, si esta situación no es tratada antes de ejecutar los acabados finales, podría ocasionar desprendimientos, deterioro prematuro y la necesidad de realizar retrabajos que incrementen los costos del proyecto.

Otra observación está relacionada con la demora en la implementación de coberturas definitivas para proteger los recintos arqueológicos intervenidos en Cerro Baúl. Durante la inspección se verificó que varias estructuras continúan protegidas de manera temporal con geomembranas, calaminas y coberturas de madera e ichu, pese a que esta situación ya había sido advertida por la Contraloría en noviembre de 2025. El ente de control alertó que la exposición a lluvias podría generar daños en el patrimonio arqueológico y mayores gastos generales para la obra.

El proyecto "Puesta en Valor del Sitio Arqueológico Cerro Baúl" fue declarado viable en 2016 y actualmente es ejecutado por la Municipalidad Distrital de Torata. La inversión total supera los S/ 23,4 millones y contempla, entre otros componentes, la construcción del Centro de Interpretación Cultural, trabajos de conservación arqueológica e iniciativas de fortalecimiento turístico en la zona.

Dato

Además, el informe señala que la construcción del Centro de Interpretación Cultural acumula tres ampliaciones de plazo y dos modificaciones presupuestales. La última ampliación extendió la culminación de la obra hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que el presupuesto del componente fue actualizado a S/ 9,45 millones. Pese a ello, al cierre de abril de este año registraba un avance financiero de 65,12 %, pero un avance físico de apenas 45,77 %, evidenciando una brecha entre el gasto ejecutado y el progreso real de los trabajos.

Las regiones llegarán a las elecciones regionales y municipales de octubre con una economía en crecimiento, pero enfrentarán el reto de mantener ese dinamismo durante el cambio de autoridades. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), 21 de las 24 regiones crecieron en el primer trimestre de 2026. 

"Sostener este avance dependerá de actuar oportunamente frente al Fenómeno El Niño Costero, impulsar entornos que garanticen la continuidad de las inversiones y contar con autoridades subnacionales capaces de ejecutar obras públicas de calidad", señala el IPE.

El informe destaca que el norte lideró el crecimiento económico con un avance de 4.5 %, impulsado por la construcción, el agro, el comercio y los servicios. Sin embargo, advierte que esa tendencia podría debilitarse por el impacto del FEN Costero sobre la pesca y la agroexportación. 

"Las actividades más expuestas son la pesca y el agro, sobre todo en la costa norte y centro", precisa el IPE e indica que las condiciones climáticas ya afectaron la captura de anchoveta y la producción agrícola.

El IPE también alerta que el cambio de autoridades podría ralentizar la ejecución de obras públicas durante el primer año de gestión como ha ocurrido en procesos anteriores. "Evitar una caída abrupta será clave para sostener el crecimiento en las regiones", sostiene la institución al referirse al desafío de mantener el ritmo de inversión pública tras las elecciones.

Para Paola Herrera, economista senior del IPE, las nuevas gestiones asumirán regiones con una economía en expansión, pero con desafíos que requerirán decisiones oportunas. La especialista afirma que será necesario atender los riesgos climáticos, recuperar la capacidad para atraer inversiones y fortalecer la ejecución de proyectos para consolidar el crecimiento regional durante los próximos años.

Indecopi declaró ilegales diversos cobros y requisitos exigidos por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en trámites vinculados con estudios de postgrado y con la obtención de los grados académicos de maestro y doctor.

Mediante la Resolución 0145-2026/SEL-INDECOPI, la Sala confirmó que la universidad no acreditó que determinados cobros, entre ellos el monto de S/ 1404 para tramitar el grado académico de maestro o doctor, hayan sido calculados conforme a la metodología legalmente exigida ni en función del costo real del servicio.

El Indecopi también declaró ilegales algunas exigencias documentales, como presentar constancias de no adeudar material bibliográfico, bienes o servicios a la universidad; certificados de antecedentes penales y judiciales; cinco ejemplares impresos de la tesis; y el certificado oficial de estudios completos en original.

La Sala explicó que las entidades no pueden trasladar a los estudiantes la carga de presentar información que ellas mismas poseen o pueden verificar directamente. Asimismo, precisó que los requisitos exigidos en un procedimiento administrativo deben ser indispensables y guardar relación con el trámite solicitado.

La decisión no desconoce la autonomía universitaria ni la facultad de las universidades para regular sus procedimientos internos. Sin embargo, cuando otorgan grados académicos a nombre de la Nación o realizan trámites administrativos, deben respetar las reglas de simplificación administrativa y las normas aplicables a las entidades públicas.

La inaplicación de las barreras burocráticas ilegales tendrá efectos generales respecto de las medidas contenidas en el TUPA de la UNSA, por lo que beneficiará a los administrados afectados por su imposición, conforme a lo dispuesto en la resolución.