Flying Fish, la marca de cerveza saborizada de Backus, lanzó una campaña por Halloween que llevará a cuatro consumidores peruanos al Castillo de Bran en Transilvania, Rumanía, el destino que inspiró el mito de Drácula. La iniciativa, vigente del 1 de septiembre al 31 de octubre, se activó primero con un episodio viral: cámaras de seguridad de una tienda Tambo, aliada estratégica de la campaña, registraron una supuesta actividad paranormal que se difundió en TikTok.

El premio mayor contempla pasajes aéreos para cuatro personas —dos ganadores con un acompañante cada uno—, alojamiento, traslados, alimentación y una visita al Castillo de Bran. Para participar, los consumidores deben adquirir una botella o lata de Flying Fish, ingresar a la plataforma digital de la marca y registrar su compra escaneando el producto o comprobante correspondiente. Cada registro habilita la participación en sorteos semanales que incluyen mini refrigeradoras personalizadas y entradas a experiencias de Halloween, además del sorteo del viaje como premio final.

"En Flying Fish creemos que la innovación no solo ocurre en el producto, sino también en la manera en que construimos una conexión con nuestros consumidores. Buscamos sorprender y encontrar nuevas formas de conectar con una generación que valora vivir momentos únicos", señaló Cecilia Mircin, Beyond Core Senior Manager de Backus.

Flying Fish es la primera cerveza saborizada de Backus en el Perú, con sabor cítrico a lima-limón y un perfil ligero y fácil de tomar. Bajo el concepto "Sabor Inesperado", la marca busca reinventar los códigos tradicionales de la categoría cervecera con propuestas dirigidas a consumidores jóvenes que buscan romper esquemas y compartir experiencias diferentes.

El retiro de un vendedor ambulante de café en el Centro Histórico terminó en un forcejeo con policías municipales y con el deterioro del carrito que utilizaba para ofrecer sus productos. Las imágenes del operativo fueron difundidas en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre la forma en que actuaron los efectivos.

Frente a ello, el gerente municipal de Arequipa, Alejandro Maldonado, defendió la intervención y sostuvo que el vendedor ya había sido exhortado en reiteradas ocasiones a retirarse. Según explicó, el comerciante no contaba con autorización para realizar esta actividad en el Cercado y habría persistido pese a las indicaciones de la autoridad.

En ese sentido, indicó que la resistencia del comerciante habría provocado el forcejeo durante la intervención y señaló que las ordenanzas municipales N.° 704 y N.° 449 contemplan la incautación de los bienes utilizados para ejercer el comercio sin autorización.

“Las normas municipales nos permite a nosotros aplicar el principio de autoridad ante una infraccion, tenemos toda la potestad de intervenir con mecanismos que lamentablemente pueden llegar a la fuerza, porque debemos hacer cumplir un principio de autoriodad y eso es lo que los policías municipales han realizado”, explicó el gerente Maldonado.

El gerente municipal anunció además que las próximas intervenciones tendrán como punto de partida la identificación de los vendedores ambulantes. Para ello, la MPA trabajará con la Policía Nacional, debido a que según Maldonado, una de las principales dificultades para iniciar procedimientos sancionadores era no contar con los datos de los comerciantes intervenidos.

Una vez identificados, los ambulantes serán exhortados a dejar de ejercer esta actividad en el Centro Histórico, pero si persisten, la municipalidad iniciará el procedimiento sancionador correspondiente y comunicará el caso al Ministerio Público para evaluar una denuncia por desobediencia a la autoridad. Maldonado indicó que este mecanismo ya se aplica a comerciantes que utilizan camiones para vender frutas y otros productos en el centro.

En esa línea, el funcionario señaló que estas acciones continuarán debido al incremento del comercio ambulatorio en el Cercado. “Yo les exhorto a los ambulantes que se eviten tener una denuncia penal y no ejerzan el comercio ambulatorio, al menos en el cercado de Arequipa”, sostuvo. La municipalidad busca que los operativos permitan identificar a los infractores y aplicar las medidas administrativas y legales previstas.

Entre enero y agosto de 2026, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un récord de 594 intervenciones adjudicadas por S/7737 millones a nivel nacional. Este dinamismo permite resolver en meses lo que por la vía tradicional tardaría años, financiando proyectos emblemáticos como la vía regional La Joya–Tramo III en Arequipa (S/409 millones), el Colegio de Alto Rendimiento de Arequipa (S/107 millones) y el sistema de protección contra inundaciones del río Tucsamayo en Espinar, Cusco (S/65 millones). Ante la cercanía de los comicios del 4 de octubre, la ciudadanía enfrenta el reto de elegir autoridades con la capacidad necesaria para dar continuidad a estas inversiones prioritarias.

Para hacer frente a las contingencias climáticas, la normativa se fortaleció con el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que habilita el régimen OxI Exprés para agilizar obras de prevención y protección de servicios esenciales ante el Fenómeno El Niño. Esta herramienta busca dotar de celeridad al Estado en la atención de emergencias regionales. Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, subrayó que “el objetivo es que la inversión llegue más rápido a las personas y contribuya a cerrar brechas sociales y de infraestructura en todo el país”.

En la distribución geográfica de los recursos, los gobiernos regionales han tomado un rol protagónico en la ejecución de inversiones. La Libertad lidera el ranking nacional con S/1349 millones adjudicados, seguida por Áncash con S/1317 millones y Cusco con S/1189 millones. Sobre este avance en el interior del país, el gerente regional de Promoción de la Inversión Privada de La Libertad afirmó que “estamos demostrando que el mecanismo de Obras por Impuestos resulta clave en el cierre de brechas”.

De cara al periodo municipal y regional 2027-2030, lo que se juega en las urnas este 4 de octubre es decisivo para el desarrollo local. Actualmente, existe una capacidad disponible de S/69 000 millones para Obras por Impuestos a nivel nacional. Sin embargo, este techo presupuestal solo se traducirá en beneficios reales si los nuevos gobernantes cuentan con equipos técnicos preparados, pues como advirtió el especialista en economía Raúl Vegas Morales, “muchas veces se realizan proyectos que, llegado a determinado nivel, no pasan porque no han sido elaborados coherentemente o les falta incorporar mayores datos”.

En Arequipa, el avance de las Obras por Impuestos representa una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que ya tienen impacto en la región, como la vía regional La Joya–Tramo III y el Colegio de Alto Rendimiento. De cara al periodo 2027-2030, el reto para las nuevas autoridades será dar continuidad a estas inversiones y aprovechar el mayor margen disponible para impulsar obras en infraestructura, educación, salud y prevención.

La Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) propuso adelantar al 11 de diciembre la culminación del año escolar 2026, como medida preventiva ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño 2026-2027. La propuesta busca evitar que las lluvias intensas pongan en riesgo la integridad de los estudiantes, así como el acceso y las condiciones de los locales educativos.

El gerente regional de Educación, Marco Choque Manrique, explicó que la medida fue evaluada con las diferentes UGELES de la región y cuenta con una aprobación a nivel regional. Sin embargo, todavía debe ser sustentada técnica, pedagógica y legalmente ante el Ministerio de Educación (Minedu), entidad que deberá autorizar el cambio. “La propuesta es bastante concreta: solamente podríamos adelantar el año escolar, en el mejor de las posibilidades, hasta el 11 de diciembre”, señaló Choque. 

Precisó que el adelanto sería de aproximadamente una semana y media. Para lograrlo, la semana de gestión prevista para octubre se trasladaría al final del año y se cumpliría con normalidad. Este periodo corresponde al descanso de los estudiantes y a labores de planificación de los docentes entre semestres, por lo que no se perderían días ni horas de clases. 

Asimismo, la autoridad educativa indicó que la medida se aplicaría en toda la región Arequipa, debido a que las provincias de la parte alta tampoco están alejadas de posibles afectaciones. Explicó que la desición responde a una evaluación realizada de manera coordinada con las UGELES.

La decisión definitiva remitida al Minedu, se conocería “entre esta semana y la próxima”, según el gerente regional. El calendario escolar regular contempla la culminación de las actividades después del 18 de diciembre, pero la GREA busca adelantarla para reducir la exposición de los estudiantes ante eventuales emergencias por lluvias.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, entregó el último fin de semana la carretera de la Comunidad Campesina de Chilata, en el distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro. La obra fue presentada como culminada luego de una ejecución que se extendió muy por encima del plazo inicialmente previsto.

El proyecto comenzó el 20 de mayo de 2024, bajo la modalidad de administración directa, con un presupuesto de S/3 millones y un plazo de apenas 90 días. Sin embargo, los registros oficiales muestran que terminó acumulando 12 ampliaciones de plazo y alcanzó 825 días de ejecución.

En términos presupuestales, el proyecto también terminó alejándose de su previsión inicial. La obra registró ocho modificaciones presupuestales y su costo llegó a aproximadamente S/10.2 millones, más de tres veces el monto con el que fue programada.

Durante la inauguración, Gutiérrez justificó las variaciones señalando que el expediente técnico tuvo que ser reformulado por modificaciones surgidas durante la ejecución. Entre ellas mencionó un mayor ancho de la vía y la incorporación de canaletas.

Así, una carretera de 6 kilómetros que debía estar terminada en tres meses terminó demandando más de dos años, además de un presupuesto que pasó de S/3 millones a S/10.2 millones. El caso deja como principal dato de seguimiento la diferencia entre las condiciones con las que fue planteado el proyecto y aquellas con las que finalmente fue entregado.

La ceremonia de entrega contó con la participación de funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua y estuvo acompañada de bailes, cánticos y serpentinas.

A más de cinco meses de la muerte de Rebeca Llacho Ccahuana, de 32 años, sus familiares, amigos y vecinos exigen justicia y piden a la Fiscalía acelerar las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. La joven madre perdió la vida tras someterse a una intervención estética en la clínica Florez Salud, ubicada en el distrito de Cayma y sus seres queridos denuncian que hasta la fecha no se registran avances en el proceso.

El hecho ocurrió la noche del viernes 17 de abril, cuando Rebeca presentó complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Ante la emergencia, fue trasladada al hospital regional Honorio Delgado, donde se confirmó su fallecimiento minutos después. 

La intervención estuvo a cargo del médico José David Molina Barreto, a quien la familia señala como presunto responsable de una negligencia médica, por lo que espera que las investigaciones determinen las responsabilidades correspondientes.

Rebeca dejó en la orfandad a sus dos hijas, de 14 y 10 años. Sus familiares sostienen que la falta de avances prolonga la incertidumbre y reclaman que el caso no quede sin esclarecer. Por ello, solicitan al Ministerio Público que acelere las diligencias y determine qué ocurrió durante la intervención que terminó con la vida de la joven madre.

Los familiares también anunciaron que continuarán exigiendo justicia hasta obtener resultados en la investigación. Su principal pedido es que la Fiscalía avance con el proceso y establezca las responsabilidades que correspondan, a fin de que la muerte de Rebeca Llacho no quede impune.

La recaudación de la Autoridad Autónoma del Colca y Anexos (Autocolca) superó los S/5 millones en lo que va del año, pese a las dificultades que enfrenta el sector turístico por el estado de las carreteras y las recientes emergencias registradas en la región.

La gerente general de Autocolca, Silvia Farfán Molina, señaló que el flujo de visitantes extranjeros ha disminuido debido a las restricciones en la vía Atico-Ocoña. Explicó que parte de estos turistas realiza la ruta Ica-Nazca-Arequipa, pero ante los problemas en la carretera decide cambiar su itinerario y continuar directamente hacia Cusco.

Este escenario habría provocado que cerca de 3 mil 500 turistas dejen de llegar al Valle del Colca. La funcionaria explicó que las restricciones en las vías generan cambios en los recorridos y afectan principalmente al turismo extranjero que llega mediante circuitos terrestres. “Al saber que hay una restricción, ellos deciden ir directamente a Cusco o modificar un día, día y medio; entonces a veces, eso nos perjudica”, indicó Farfán.

A ello se suman las emergencias vinculadas al fenómeno de El Niño, que podrían afectar nuevamente el flujo de visitantes hacia el valle. Autocolca proyecta una reducción de entre 8% y 15% en la llegada de turistas si persisten las dificultades en las principales vías de acceso.

Farfán señaló que Autocolca viene coordinando con Defensa Civil y la Municipalidad Provincial de Caylloma para intervenir en los tramos afectados y garantizar el tránsito. Destacó que la conservación de estas rutas es clave debido al movimiento diario de vehículos hacia el destino turístico, que puede alcanzar entre 50 y 150 movilidades en algunos sectores.

La tarde del sábado 12 de septiembre, un artefacto explosivo detonó frente a una vivienda ubicada en la urbanización La Rinconada, en Mariano Melgar. La fuerte explosión provocó que los vidrios de la casa quedaran destruidos y alertó a los vecinos y transeúntes de la zona.

Los ocupantes de la vivienda, de nacionalidad venezolana y dedicados a la carpintería, señalaron que no recibieron amenazas o intimidaciones que pudieran haber originado el ataque. Tras realizar la denuncia ante la Policía Nacional de la comisaría Jerusalén, los agentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la presencia de un artefacto explosivo.

El caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, cuyos agentes vienen recabando información y revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar si el hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Este hecho cobra relevancia debido a que sería la tercera detonación de un artefacto explosivo registrada en un establecimiento o vivienda en poco más de un mes. El caso más reciente ocurrió en Chapi Chico, Miraflores, donde dos personas encapuchadas arrojaron un explosivo contra la puerta de una vivienda, causando daños materiales.

Semanas atrás, también se reportó la detonación de un artefacto explosivo en un local comercial ubicado en el sector 2 de Casimiro Cuadros, en Cayma, que igualmente dejó solo daños materiales.

Los tres casos tienen como elemento común el uso de explosivos para causar daños y, presuntamente, amedrentar a los propietarios. La Divincri continúa con las investigaciones para determinar si los ataques estarían vinculados a extorsiones y quiénes serían los responsables de estos delitos.

A casi dos semanas de que el Ejecutivo presentó al Congreso su pedido de facultades legislativas, las críticas aumentan por considerar que la solicitud incluye demasiados temas y no precisa con claridad las materias sobre las que busca legislar. Hasta el momento, seis comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado la delegación solicitada por el Gobierno.

Ante este escenario, las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación plantearon al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto, limitado a asuntos prioritarios. Los parlamentarios pidieron que la propuesta se concentre en seguridad ciudadana, prevención de desastres y medidas frente al Fenómeno El Niño.

Los legisladores sostienen que reducir el alcance del pedido permitiría atender con mayor rapidez los temas que generan mayor consenso y evitaría incluir materias controversiales. Los rechazos en las comisiones se sustentan, entre otros argumentos, en el presunto incumplimiento de la precisión material exigida por el artículo 104 de la Constitución.

La propuesta también cuestiona una eventual intervención del Senado para reincorporar temas que sean rechazados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que la cámara revisora no debería incluir materias que hayan sido excluidas por la cámara de origen.

Por ello, los voceros pidieron al Ejecutivo presentar un nuevo texto que respete las competencias de ambas cámaras, precise las materias de delegación y evite cuestionamientos durante el trámite legislativo.

Hasta el momento, 52 diputados han votado en contra del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, durante las discusiones en ocho comisiones de la Cámara de Diputados. Los votos corresponden a las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras, aunque estas dos últimas han registrado posiciones disidentes.

En la Comisión de Defensa, los diputados del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor de otorgar facultades al Ejecutivo. Por su parte, los integrantes de Obras Máximo Peralta y Andrea Medina se abstuvieron. Medina también se abstuvo en la Comisión de Medio Ambiente, mientras que su colega Jeeny Samanez votó a favor del informe favorable al Ejecutivo.

El rechazo definitivo requiere 66 votos, por lo que a la oposición aún le faltan 14 votos para impedir que el Ejecutivo obtenga las facultades solicitadas. De este grupo, ocho votos corresponderían a diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, que ya han definido su posición en contra.

Los seis votos restantes deberán salir de las bancadas de Obras y Buen Gobierno, cuyos integrantes no han mantenido una posición unificada frente al pedido. Las votaciones pendientes en las comisiones de Obras y Buen Gobierno serán determinantes para definir el futuro de la solicitud del Ejecutivo.