La falta de equipos médicos en el hospital Honorio Delgado Espinoza ha ocasionado que los especialistas pidan una mayor participación de la empresa privada para cubrir las necesidades del principal nosocomio de Arequipa. El médico gastroenterólogo Edgar Zela, advirtió que la limitada capacidad de respuesta de las autoridades impide atender oportunamente diversas emergencias, poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

El galeno evidenció que actualmente el hospital no cuenta con equipos de gastroenterología que sirven para extraer cuerpos extraños alojados en el aparato digestivo. El dispositivo dejó de funcionar hace tres días, por lo que actualmente no pueden atender este tipo de emergencias.

“Esta situación es muy desilusionante para nosotros; como médicos si podemos solucionarlo, pero no contamos con equipos. La solución es que alguna empresa nos done un endoscopio, porque esperar que la gestión lo compre, va a pasar años; esta gestión no comprará equipos porque ya está de salida”, sostuvo.

Informa que son cerca de 20 menores que ingresan cada mes al área de emergencia tras haber ingerido monedas u otros objetos. Sin embargo, debido a la falta del equipo, estos pacientes ya no pueden recibir el tratamiento y deberán ser derivados al hospital Goyeneche.

Según explicó el galeno, la adquisición de un nuevo endoscopio puede llegar a costar 50 mil dólares; ante la falta de voluntad política y recursos, hizo un llamado al sector privado para que contribuyan con la compra del equipo.

Asimismo, cuestionó la falta de capacidad de respuesta de las autoridades y recordó que anteriormente se planteó ejecutar algunos proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, pero las iniciativas no se ejecutaron. “Hemos tenido varias conversaciones y nos han prometido muchas cosas. Las autoridades deben colocar gente que sepa de su rubro, gerentes con capacidad resolutiva”, finalizó.

El presidente de la Central Multisectorial de Organizaciones de Base de Mariano Melgar, Wilfredo Salcedo, cuestionó el rol que cumple el estado como empresario porque no genera avances positivos al estar mal administrada. Evidenció el mal manejo por las obras inconclusas que aún se desarrollan en el distrito.

“Para nosotros Sedapar es la empresa más negativa que existe, no cumplen sus funciones, pero para cobrar el servicio de agua sí lo hacen de forma inmediata o si no te cortan; pero el servicio que dan no es positivo, no corresponde pese al presupuesto que manejan”, sostuvo.

Uno de los proyectos más cuestionados es la instalación de nuevas redes de agua potable, valorizada en más de 71 millones de soles, que busca beneficiar a más de veinte pueblos jóvenes que aún no cuentan con este servicio básico. La obra es ejecutada desde el 2024; sin embargo, hasta la fecha presenta retrasos y aún no se ha completado en sectores como el pueblo joven Jerusalén.

Ante la lentitud en los trabajos, esto impedirá llevar agua potable a otros distritos como Characato, Socabaya y Sabandía, pese a que existe presupuesto asignado, “todos tenemos derecho a contar con agua. No es posible que una obra de esta magnitud continúe retrasándose mientras miles de familias siguen esperando este servicio”, lamentó.

Otra obra que cuenta con presupuesto es la construcción del reservorio R-10; este proyecto inició en el año 2023 y luego de tres años, todavía no ha sido culminado pese a la necesidad urgente de los vecinos.

Salcedo cuestionó la eficiencia de las empresas estatales en el país, al considerar que no solo presentan deficiencias en la prestación de servicios, sino también tienen serias limitaciones para ejecutar obras fundamentales para el desarrollo de la población. Consideró que el principal problema radica en la falta de capacidad de gestión.

Las mujeres conducen el 31,2% de las unidades agropecuarias del país, según los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025 difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque mantienen una importante presencia en el sector, su participación registra una ligera caída respecto a años anteriores, cuando alcanzó el 31,5% en 2024 y el 32,0% en 2023.

De acuerdo con el estudio, las productoras agropecuarias tienen una edad promedio de 55,2 años, superior incluso al promedio nacional del sector. Además, el 64,3% cuenta con educación primaria o no posee nivel educativo, reflejando las brechas que aún enfrentan las mujeres en las zonas rurales.

La encuesta revela que el 95,7% de las mujeres dedicadas a esta actividad desarrolla agricultura familiar, es decir, trabaja en unidades agropecuarias de pequeña escala. Este segmento constituye la base de la producción agrícola en gran parte del país y es clave para el abastecimiento de alimentos.

Asimismo, el 81,9% de las productoras combina la agricultura con la crianza de animales, mientras que el 60,9% se dedica exclusivamente a actividades agropecuarias. El informe también señala que el 46,7% tiene hasta 25 años de experiencia en la conducción de sus unidades productivas.

Los resultados de la ENA 2025 evidencian el papel fundamental que cumplen las mujeres en el desarrollo del agro peruano, aunque también muestran la necesidad de fortalecer las oportunidades de capacitación, educación y acceso a recursos para incrementar su participación y liderazgo dentro del sector.

La Contraloría General de la República advirtió que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la adquisición de equipamiento médico en el Hospital Regional de Moquegua se realiza sin la respectiva licencia de edificación, lo que podría ocasionar multas y la paralización de la obra cuya inversión pública asciende a 19 millones 177 mil 968 soles.

El Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC señala que, en diciembre de 2024, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto declaró improcedente la solicitud de licencia presentada por la entidad regional debido a errores técnicos sustanciales en el expediente técnico.

Estos comprenden consignar un número de predio incorrecto y presentar áreas techadas que no cuadraban con los registros oficiales. A pesar de esta denegatoria, los trabajos continuaron y tienen ahora un avance del 50%.

Posibles consecuencias

La institución alertó que esta omisión expone al Estado al pago de costosas multas y al peligro inminente de una paralización total. Ello postergaría la puesta en funcionamiento de los servicios médicos, afectando directamente la salud y calidad de vida de los pacientes renales de la región que aguardan por su tratamiento.

El periodo de evaluación que comprende este informe va del 20 de mayo al 26 de mayo de 2026. En este también se identificó que la obra se ejecuta sin un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y sin extintores, poniendo en riesgo la integridad del personal y de terceros.

De igual forma, se detectaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado las órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT del periodo 2026, lo que, a juicio de la Contraloría, limita la transparencia pública.

A nivel nacional, la seguridad y salud en el trabajo mantiene retos importantes. Durante el 2025, el Perú registró 44,602 accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, frente a los 38,900 reportados en 2024, lo que representa un incremento de 14.7 %, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En este contexto, Arequipa presenta una realidad que requiere especial atención. Hasta marzo de 2026, la región registró 1,379 accidentes laborales formales y 8 trabajadores fallecidos, de acuerdo con la Gerencia Regional de Trabajo y el CORSSAT. Cerca del 50 % de estos casos se concentra en minería y construcción, actividades clave para la economía regional y con alta exposición a riesgos operativos.

“Hoy el principal desafío no es solo contar con protocolos, sino lograr que la prevención forme parte de la cultura diaria en las operaciones. En sectores como minería y construcción, donde los riesgos son permanentes, es clave fortalecer la capacitación continua, identificar puntos críticos y anticiparse a los incidentes antes de que ocurran”, señaló Víctor Lavalle, Gerente Adjunto de Riesgos Laborales y Prevención de La Positiva Seguros.

Según el especialista, uno de los principales retos es asegurar que la gestión del riesgo evolucione al mismo ritmo que las operaciones. Es importante que las matrices de riesgo reflejen oportunamente los cambios en campo, contribuyendo con la identificación de puntos críticos y la aplicación de controles según el nivel de exposición.

La gestión de contratistas y subcontratistas también representa un aspecto clave, especialmente en operaciones donde participan múltiples equipos y tareas de alto riesgo. Mantener estándares de seguridad alineados entre todos los actores permite fortalecer la prevención y reducir la exposición a incidentes.

Otro punto clave es el aprendizaje preventivo. Los incidentes menores pueden convertirse en una fuente valiosa de información para fortalecer medidas de seguridad y evitar eventos de mayor gravedad, contribuyendo a una mejora continua en las operaciones.

En paralelo, las empresas vienen incorporando herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención, como inteligencia artificial para identificar riesgos en zonas restringidas, sensores en áreas críticas y sistemas de monitoreo en tiempo real. No obstante, Lavalle destaca que la tecnología debe complementar la toma de decisiones y el liderazgo en seguridad dentro de las operaciones.

“Hoy las aseguradoras cumplimos un rol cada vez más activo en la prevención. No solo acompañamos la cobertura de riesgos mediante el SCTR, sino también fortaleciendo capacidades, promoviendo vigilancia ocupacional y ayudando a construir entornos laborales más saludables”, agregó Lavalle.

Como parte de esta estrategia, La Positiva Seguros incorporó este año soluciones basadas en inteligencia artificial a su Programa de Prevención de Riesgos Laborales y realizó talleres dirigidos a clientes SCTR en Arequipa sobre trabajo seguro en altura, operación segura de montacargas y manejo seguro. 

Estas acciones refuerzan su compromiso con una cultura preventiva sostenible, respaldada por su incorporación como miembro titular de la International Social Security Association (ISSA) y su adhesión a la filosofía Visión Zero.

La calificadora Fitch Ratings advirtió que el panorama político continuará siendo complejo hasta la segunda vuelta electoral en el Perú, lo que podría causar efectos de incertidumbre sobre la política macroeconómica, la inversión y la estabilidad institucional del país.

Frente a este escenario, el regidor de Arequipa, Rolando Bedregal, sostuvo que el próximo gobierno que asuma en julio del 2026 debe enfocarse en el crecimiento económico para atraer nuevas inversiones, las cuales representan una de las principales fuentes de desarrollo para el Estado.

“El futuro del Perú es con inversión, pero con una inversión justa y que sea en beneficio de la sociedad. Aún estamos a la espera de estos grandes proyectos en Arequipa como Majes que hasta el momento no se ejecuta. Gracias a esta inversión se podría generar una gran cantidad de trabajo”, señaló.

Asimismo, evidenció que el Perú y sobre todo Arequipa cuenta con importantes proyectos que continúan paralizados de ejecución, en tema de agricultura, minería, entre otros; cuya puesta en marcha permitiría generar miles de puestos de trabajo.

“Si atraemos más inversiones se generará trabajo directo e indirecto para potenciar la economía; requerimos del Puerto Corío, nuevas obras en transporte, vías, que deben ser considerados por las nuevas autoridades”, dijo.

Solo en el proyecto del Puerto Corío, se estima que una vez iniciada su construcción se proyecta la creación de más de 50,000 empleos directos y hasta 150,000 indirectos.

Asimismo, indicó que es necesario priorizar obras de infraestructura que contribuyan a la competitividad y al desarrollo regional como nuevas obras de transporte y vías de comunicación que deberán ser tomadas en cuenta por las próximas autoridades para impulsar el crecimiento económico de la región.

La PCM anunció S/ 25 millones para iniciar obras de mitigación y otros compromisos, pero los acuerdos se suscriben cuando al Gobierno nacional le restan apenas 42 días de gestión y las autoridades regionales y municipales ingresan a la recta final de sus mandatos.

Las principales autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado, se reunieron este lunes con la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, alcaldes provinciales y distritales, además de representantes de la sociedad civil, para evaluar la problemática de la contaminación de la cuenca del río Coralaque y presentar nuevos compromisos orientados a su atención.

Ya no hay confianza

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, uno de los momentos más significativos de la reunión fue la intervención de la gobernadora regional, quien reconoció públicamente el profundo nivel de desconfianza que existe entre la población hacia este tipo de mesas de diálogo.

"La población ya no confía en ustedes (los ministros), tampoco confía en nosotros (las autoridades). Piensan que hemos venido a estas mesas solo para la foto", expresó Gilia Gutiérrez durante su intervención, reflejando el escepticismo que existe en las comunidades afectadas después de años de reuniones y compromisos que no siempre llegaron a concretarse.

Más compromisos

Pese a ese escenario, la reunión concluyó con una nueva relación de compromisos. El Ministerio de Energía y Minas informó que ya fueron aprobados dos expedientes relacionados con las obras de conducción de aguas de no contacto y anunció que cuenta con S/ 25 millones asegurados para iniciar la ejecución del proyecto de mitigación. Asimismo, se comprometió a impulsar, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, una norma excepcional para agilizar los procedimientos y acelerar la ejecución de las obras.

Entre los acuerdos también figura la continuidad de las acciones de fiscalización ambiental por parte del OEFA en la unidad minera Florencia Tucari, una reunión programada para el 23 de junio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abordar los proyectos Yanapuquio y Paltuture, el financiamiento para proyectos agrarios en la cuenca del Coralaque y una inversión de S/ 4 millones mediante el programa Llamkasun Perú para diversos distritos de la región. Además, el Ministerio de Transportes informó que priorizó el espigón rompeolas de Ilo mediante Obras por Impuestos y anunció la entrega, en julio, del expediente técnico de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa.

Pero, ya están de salida

No obstante, estos nuevos compromisos se producen en un contexto político particular. Al gobierno del presidente José María Balcázar le restan apenas 42 días para concluir su mandato, por lo que será la próxima administración la que deberá decidir si mantiene o acelera los proyectos anunciados durante esta reunión.

A ello se suma que la gobernadora regional y los alcaldes que participaron en la mesa de diálogo también se encuentran en el último tramo de sus gestiones, con menos de siete meses para culminar sus mandatos. Este escenario deja abierta la interrogante sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados y alimenta la desconfianza expresada por la propia gobernadora: que, una vez más, las promesas queden registradas en un acta, pero no lleguen a traducirse en resultados concretos para las poblaciones afectadas por la contaminación del río Coralaque.

Más de 30 empresas de la provincia de Islay participaron en el Encuentro Empresarial organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, actividad que tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del sector empresarial sobre las oportunidades de inversión, contratación laboral y cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el próximo desarrollo de importantes proyectos en la zona.

Durante la jornada, especialistas de la SUNAT y SUNAFIL brindaron información sobre las modalidades de contratación laboral, los regímenes tributarios vigentes y las responsabilidades que deben asumir las empresas para garantizar un crecimiento ordenado y dentro del marco legal.

Por su parte, la gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abg. Catherine Rodríguez Torreblanca, expuso sobre los principales proyectos que se ejecutarán en la provincia de Islay y que demandarán una importante cantidad de mano de obra, resaltando la necesidad de que las empresas prioricen la generación de empleo formal para beneficio de los trabajadores y el desarrollo sostenible de la provincia.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de la política de descentralización impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa, que busca acercar los servicios del Estado a las provincias y fortalecer las capacidades de los empresarios locales para que puedan aprovechar las oportunidades económicas que se generarán en los próximos años.

El Encuentro Empresarial permitió además absolver consultas de los participantes y promover una mayor articulación entre el sector público y privado, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de más puestos de trabajo formales en la provincia de Islay.

Mientras en Moquegua continúan los cuestionamientos sobre prioridades presupuestales y limitada ejecución en algunos sectores, la vecina región de Arequipa viene intensificando su estrategia para captar nuevas inversiones privadas en minería, agroindustria, energía y logística.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presentó recientemente una cartera de oportunidades de negocio y proyectos estratégicos durante el taller “Inversión privada y desarrollo económico territorial”, donde se expusieron iniciativas orientadas a consolidar a Arequipa como uno de los principales polos económicos del sur del país.

Entre los proyectos destacados figuran Majes Siguas II, la Central Fotovoltaica Las Joyas, el sistema SITGAS, el Megapuerto de las Américas Corío y una futura ciudad logística vinculada a esta infraestructura. Según PROINVERSIÓN, estas iniciativas buscan atraer capitales y dinamizar distintos sectores productivos de la región.

La estrategia arequipeña también apunta a fortalecer actividades con alto potencial de crecimiento. En minería, por ejemplo, se promueven oportunidades para empresas de ingeniería, automatización industrial y soluciones ambientales. En paralelo, Arequipa busca expandir su agroindustria, impulsar proyectos de energías renovables y potenciar la industria textil ligada a la fibra de alpaca.

Además, las autoridades resaltaron el rol estratégico del Puerto de Matarani como eje logístico del sur peruano, así como mecanismos para incentivar inversiones privadas, como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para proyectos superiores a los 5 millones de dólares.

El dirigente del pueblo joven Ciudad Blanca, en el distrito de Paucarpata, Julio César Apaza, sostuvo que hablar de la propuesta que consiste en el cambio de la Constitución, no sería beneficioso para el país y advirtió que esta medida podría generar desempleo, incertidumbre económica y el alejamiento de las inversiones privadas.

“El presupuesto está, solo falta la voluntad política de priorizar las obras que se tengan que hacer; entre ellas está el tema salud, educación e inseguridad; eso no tiene que ver con un cambio de Constitución, no veo la necesidad urgente en cambiarla porque muchos artículos ya se cambiaron”, indicó.

Asimismo, explicó que una nueva Carta Magna generaría desconfianza entre los inversionistas, quienes buscan estabilidad jurídica y reglas claras para desarrollar sus proyectos en el país. Según dijo, la incertidumbre económica terminaría afectando directamente a la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Si hablamos de cambio de Constitución, los inversionistas no podrían invertir en un lugar donde las cosas no estén establecidas ni claras en temas de contratos ley y de forma económica; eso nos causaría un daño notable. Si se cambia el capítulo económico, vamos a ocasionar que el capital privado se vaya”, lamentó.

Entre los aspectos más negativos, Apaza evidenció que un cambio constitucional tendría consecuencias para los trabajadores, debido a que podría provocar una reducción de las inversiones y, por ende, un incremento del desempleo.

El vocero precisó que, en lugar de promover una nueva Constitución, las autoridades deberían fortalecer el actual capítulo económico, que podría permitir una mayor estabilidad y atraer inversiones en diversos sectores productivos del país.