A más de cinco meses de la muerte de Rebeca Llacho Ccahuana, de 32 años, sus familiares, amigos y vecinos exigen justicia y piden a la Fiscalía acelerar las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. La joven madre perdió la vida tras someterse a una intervención estética en la clínica Florez Salud, ubicada en el distrito de Cayma y sus seres queridos denuncian que hasta la fecha no se registran avances en el proceso.

El hecho ocurrió la noche del viernes 17 de abril, cuando Rebeca presentó complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. Ante la emergencia, fue trasladada al hospital regional Honorio Delgado, donde se confirmó su fallecimiento minutos después. 

La intervención estuvo a cargo del médico José David Molina Barreto, a quien la familia señala como presunto responsable de una negligencia médica, por lo que espera que las investigaciones determinen las responsabilidades correspondientes.

Rebeca dejó en la orfandad a sus dos hijas, de 14 y 10 años. Sus familiares sostienen que la falta de avances prolonga la incertidumbre y reclaman que el caso no quede sin esclarecer. Por ello, solicitan al Ministerio Público que acelere las diligencias y determine qué ocurrió durante la intervención que terminó con la vida de la joven madre.

Los familiares también anunciaron que continuarán exigiendo justicia hasta obtener resultados en la investigación. Su principal pedido es que la Fiscalía avance con el proceso y establezca las responsabilidades que correspondan, a fin de que la muerte de Rebeca Llacho no quede impune.

La tarde del sábado 12 de septiembre, un artefacto explosivo detonó frente a una vivienda ubicada en la urbanización La Rinconada, en Mariano Melgar. La fuerte explosión provocó que los vidrios de la casa quedaran destruidos y alertó a los vecinos y transeúntes de la zona.

Los ocupantes de la vivienda, de nacionalidad venezolana y dedicados a la carpintería, señalaron que no recibieron amenazas o intimidaciones que pudieran haber originado el ataque. Tras realizar la denuncia ante la Policía Nacional de la comisaría Jerusalén, los agentes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y confirmar la presencia de un artefacto explosivo.

El caso fue derivado a la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa, cuyos agentes vienen recabando información y revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar si el hecho estaría relacionado con un presunto caso de extorsión.

Este hecho cobra relevancia debido a que sería la tercera detonación de un artefacto explosivo registrada en un establecimiento o vivienda en poco más de un mes. El caso más reciente ocurrió en Chapi Chico, Miraflores, donde dos personas encapuchadas arrojaron un explosivo contra la puerta de una vivienda, causando daños materiales.

Semanas atrás, también se reportó la detonación de un artefacto explosivo en un local comercial ubicado en el sector 2 de Casimiro Cuadros, en Cayma, que igualmente dejó solo daños materiales.

Los tres casos tienen como elemento común el uso de explosivos para causar daños y, presuntamente, amedrentar a los propietarios. La Divincri continúa con las investigaciones para determinar si los ataques estarían vinculados a extorsiones y quiénes serían los responsables de estos delitos.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, respaldó la propuesta del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, de reforzar el control y establecer un cerco en los penales como parte de las medidas para combatir la inseguridad, el crimen organizado y el sicariato. Sostuvo que las cárceles no pueden convertirse en centros de operaciones para delincuentes que continúan cometiendo ilícitos desde su interior.

La autoridad destacó el caso de El Salvador, donde, según señaló, las medidas de regulación y control de los centros penitenciarios contribuyeron a mejorar la seguridad. “No me parece justo que, desde un penal, donde un reo está cumpliendo una condena por un hecho ilícito cometido, tenga la logística, tenga la estructura, tenga los teléfonos, es decir, esté como en una oficina pagada por el Estado para promover la delincuencia”, cuestionó.

Frente a la percepción de lentitud en la lucha contra la delincuencia, el prefecto pidió considerar los procedimientos que debe seguir el Gobierno para implementar nuevas medidas. “A veces hay la percepción de que esto debe hacerse en un tronar de dedos, pero lamentablemente hay pasos que se deben cumplir, hay autorizaciones, solicitudes al Congreso y que se otorguen facultades”, sostuvo.

El prefecto también se refirió al asesinato de cuatro personas en Trujillo y señaló que este hecho evidencia la gravedad de la inseguridad que atraviesa el país. En ese sentido, destacó la necesidad de que el Gobierno fortalezca las acciones contra las organizaciones criminales y pidió a la población confiar en las medidas que se vienen adoptando para reducir este flagelo y generar mejores condiciones para el desarrollo del país.

Un megaoperativo ejecutado desde la madrugada de este sábado en la urbanización Villa Campo Ferial, en el distrito de Socabaya, permitió desarticular al presunto clan familiar ”Mamani Ccosi", una organización criminal que se dedicaría al tráfico ilícito de drogas bajo la modalidad de menudeo y al abastecimiento de estupefacientes al penal de Socabaya.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional, Divincri y otras unidades especializadas, quienes allanaron dos viviendas. Uno de los inmuebles intervenidos operaba con la fachada de una funeraria y una tienda de productos alimenticios para ocultar las presuntas actividades ilícitas.

Como resultado del operativo, fueron detenidas nueve personas, entre ellas una adolescente de 17 años y ciudadanos extranjeros. Además, la Policía incautó más de mil ketes de pasta básica de cocaína, marihuana, más de S/ 5 mil en efectivo, dos vehículos y varias motocicletas.

Las investigaciones preliminares señalan que uno de los presuntos integrantes de la organización permanece recluido en el penal de Socabaya, desde donde sería el contacto encargado de coordinar el ingreso de droga al establecimiento penitenciario.

Las diligencias continúan para determinar la participación de cada uno de los intervenidos y establecer el alcance de las actividades de esta presunta organización criminal, considerada por la Policía como un clan familiar dedicado al tráfico de drogas.

Un estudio del Centro de Gobierno de la Universidad Católica San Pablo sobre percepción de seguridad, reveló que Cerro Colorado, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero son los distritos donde se registra la mayor cantidad de víctimas de delitos. Además, la victimización pasó de afectar a uno de cada cuatro arequipeños a uno de cada tres durante el último año.

Según el director del Centro de Gobierno de la UCSP, señaló que  las modalidades de robo más frecuentes son el hurto en el transporte público y el robo en la vía pública. También se detectó un incremento significativo en los casos de hurto a viviendas y robo de autopartes y vehículos. Asimismo, la extorsión ya aparece entre los delitos reportados por la población.

“De la proporción de otros tipos de delitos ya salió la extorsión, que todavía marca un dígito pero ya salió del otros con un 6%, entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque la extorsión da mucho miedo y la gente no señala que es víctima de extorsión, pero nos puede mostrar que es como la punta del iceberg de lo que podría estar pasando en la ciudad”, expresó el especialista.

El estudio también mostró que Jacobo Hunter es el distrito que los ciudadanos prefieren evitar por temor a ser víctimas de la delincuencia, pese a que no figura entre las jurisdicciones con más casos reportados. En contraste, el Cercado registró una importante reducción en los niveles de victimización respecto a años anteriores.

Respecto al trabajo de las autoridades, la percepción ciudadana continúa siendo desfavorable. El 44% de los encuestados calificó como regular el desempeño de la Policía Nacional, mientras que un 25% lo consideró malo y un 8% pésimo. Ante ello, Timaná exhortó a las autoridades a reforzar las estrategias de seguridad para recuperar la confianza de la población.

Este sábado a las 2 de la tarde se desarrollará la audiencia de prisión preventiva contra Juan Gabriel Aguirre C., investigado por el atropello que acabó con la vida del periodista gráfico Heiner Aparicio Ojeda y dejó herido al comunicador José Mamani Zamata en el distrito de Paucarpata. El Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

La diligencia estará a cargo del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Paucarpata, presidido por el magistrado Gean Pool Mendoza. El hecho ocurrió la noche del último jueves 7 de mayo en la avenida Túpac Amaru, cuando ambos hombres de prensa se encontraban cambiando la llanta de su vehículo tras sufrir un desperfecto mecánico.

Según las investigaciones preliminares, un automóvil Volkswagen rojo de placa CIH-046 impactó violentamente contra los periodistas y luego huyó del lugar sin prestar ayuda a las víctimas. Horas después, Juan Gabriel Aguirre C. acudió a una dependencia policial indicando ser el conductor del vehículo involucrado en el accidente.

El fiscal adjunto Richard López Torres informó que la investigación se sigue por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y fuga del lugar del accidente. Asimismo, el dosaje etílico realizado al investigado arrojó 0.96 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite permitido de 0.50 g/l.

La muerte de Heiner Aparicio generó consternación entre colegas y familiares, quienes exigieron justicia y una sanción ejemplar para el responsable del accidente. Entretanto, el periodista José Mamani continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el impacto.

La inseguridad ciudadana en distintas regiones del país se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población. Manuel Gutiérrez, coordinador de las Juntas Vecinales de Alto Selva Alegre, señaló que las autoridades en funciones, y las nuevas que sean elegidas, deben priorizar resolver esta necesidad que está perjudicando a todos los sectores.

Solo hasta marzo del 2026 se registraron 128 muertes por asesinato; del total de crímenes, 89 fueron provocados por proyectiles de armas de fuego relacionados a bandas criminales de extorsión o préstamos "gota a gota" que operan a nivel nacional.

“Existen diversos problemas como el alcoholismo, violencia familiar, venta de drogas; además existen hurtos. La policía no cuenta con los patrulleros necesarios. Requerimos enfrentar la delincuencia que está creciendo”, dijo.

Frente a esta situación, las juntas vecinales en Alto Selva Alegre se han incrementado para apoyar en la lucha contra la inseguridad que sigue en aumento. Una de las principales acciones es la instalación de cerca de 300 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del distrito con el objetivo de disuadir actos delictivos y fortalecer la seguridad.

“Cada junta vecinal que creamos se les entrega una cámara que ayuda a combatir la delincuencia. Sin embargo, hace falta más apoyo de las autoridades”, sostuvo.

Actualmente, en el sector de Apurímac existen alrededor de 120 juntas vecinales, cada una integrada por aproximadamente 10 personas, quienes trabajan de manera coordinada para hacer frente a la inseguridad. Esta labor permitió recuperar zonas altamente peligrosas, además de concientizar a los más jóvenes.

Un trágico accidente de tránsito ocurrido en el ingreso al distrito de Subtanjalla, en la región Ica, dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas las hermanas Ariana Pumarino Ortiz y Betzaida Pumarino Ortiz. Las jóvenes, naturales de la provincia de Caravelí, viajaban en un automóvil tipo taxi que fue impactado por un bus interprovincial de la empresa Reyna en la carretera Panamericana Sur.

Tras conocerse el hecho, la Municipalidad Provincial de Caravelí expresó sus condolencias a la familia de las víctimas. A través de un pronunciamiento, el alcalde Roberto Soto, junto al cuerpo de regidores y trabajadores, manifestó su pesar por la muerte de las jóvenes, señalando que este lamentable suceso enluta a toda la provincia.

De acuerdo con las imágenes de cámaras de vigilancia, el taxi ingresó de manera intempestiva a la vía, siendo embestido por el bus. La Policía Nacional informó que, producto del fuerte impacto, las hermanas fallecieron de manera instantánea, al igual que el conductor del vehículo, identificado como Jorge Vásquez Castro.

Se conoció que las hermanas Pumarino Ortiz se encontraban de visita en Ica. En tanto, el conductor del taxi era un reconocido deportista de la zona y deja a un menor de edad en la orfandad.

La Policía Nacional del Perú, iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Ica. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar responsabilidades en este hecho que ha causado conmoción.

Familiares piden justicia para Carla Chiguay, una joven que estaba en estado de gestación cuando fue víctima de un presunto feminicidio en manos de su expareja Nicanor Vilca Flores. El hecho ocurrió el pasado mes de julio del 2025, cuando se reportó el cuerpo de una persona en un costal en una carretera del distrito de Chiguata.

Por culminar la pena preventiva de nueve meses del agresor, los familiares piden que se dicte cadena perpetua, al considerar que el responsable debe enfrentar la máxima sanción por la muerte de la joven quien tenía cuatro meses de gestación al momento del crimen. Asimismo, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el delito haya sido mal tipificado y que ello pueda favorecer al presunto autor.

En ese sentido, realizaron una protesta para exigir una sanción ejemplar, al sostener inicialmente que el caso había sido considerado como homicidio y no como feminicidio. Sin embargo, desde el Ministerio Público se informó que la investigación fue calificada como feminicidio agravado, lo que implica una mayor pena. De acuerdo con la Fiscalía, al formular la acusación se solicitó una condena de 20 años y 4 meses de prisión.

La hermana de la víctima, Pilar Chacón, manifestó que el acusado debería recibir cadena perpetua al tratarse de la muerte de dos personas, la joven y el hijo que esperaba. La familia reiteró su pedido de justicia y solicitó que el proceso se desarrolle con celeridad y transparencia

Arequipa 8 de julio

Tras una rápida intervención policial, efectivos de la comisaría de Jerusalén lograron la captura de cuatro ciudadanos extranjeros presuntamente integrantes de la banda delictiva “Martillo Negro”, dedicada a extorsionar a comerciantes locales mediante la modalidad de préstamos conocidos como “gota a gota”.

La operación se inició luego de que una comerciante de abarrotes denunciara ser víctima de constantes amenazas por parte de prestamistas ilegales. La mujer señaló haber solicitado un pequeño préstamo, el cual se transformó en una deuda impagable debido a los altos intereses y amenazas constantes.

Gracias a la denuncia, que incluyó la placa de vehículos y motocicletas utilizadas por los extorsionadores, la Policía activó un plan cerco e informó a todas las unidades del 105, logrando así la ubicación y captura de los implicados en distintas zonas del distrito de Mariano Melgar.

Los detenidos, dos colombianos, un venezolano y un ecuatoriano se encontraban en situación migratoria irregular en algunos casos. Durante la intervención, se les incautaron:

• Seis celulares (uno con denuncia por receptación)
• Dos automóviles y dos motocicletas
• Tarjetas de préstamo utilizadas para el cobro diario
• Dinero en efectivo
• Tarjetas bancarias
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Además, se comprobó que la víctima realizó múltiples depósitos a través de aplicaciones móviles, como Yape, cuyos destinatarios coincidían con los números telefónicos de los intervenidos. También se cuenta con material audiovisual de las cámaras de vigilancia del local afectado, que demostraría visitas constantes y amenazas por parte de los implicados.

El coronel PNP Giuliano Arguedas confirmó que estos préstamos ilegales se están convirtiendo en una fuente de financiamiento de organizaciones criminales, al igual que otras actividades clandestinas como prostíbulos ilegales. Señaló que este tipo de delitos “atrapa a las víctimas en un círculo del cual no pueden salir”, convirtiéndolas prácticamente en “trabajadoras esclavizadas”.

Los sujetos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Divincri) y se encuentran en calidad de detenidos, a disposición del Ministerio Público, mientras se continúa la investigación para determinar la participación de otros cómplices o nuevas víctimas.

Por: Daniel Huayto Ruiz