El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Germán Vega, advirtió que Piura presenta deficiencias en la ejecución de los recursos destinados a prevenir los efectos del Fenómeno El Niño (FEN), pese a ser una de las regiones más vulnerables. El Programa Presupuestal 0068 financia acciones como defensas ribereñas, estudios de riesgo y equipamiento para emergencias. Sin embargo, la región ocupa el puesto 22 en ejecución presupuestal. “Entre tantas entidades tenemos ejecuciones desiguales”, señaló Vega, al advertir que varios organismos mantienen proyectos importantes sin avances significativos.
A esta situación se suma la reducción de los recursos destinados a la prevención. Según el economista, el presupuesto del programa ha disminuido desde 2023 y este año representa apenas la mitad de lo asignado en aquel periodo. Además, de cada S/100 disponibles, S/68 se destinan a gastos corrientes, como sueldos y bienes y servicios, lo que reduce el margen para financiar nuevas obras. Uno de los casos más preocupantes es el del Midagri, que registra una ejecución de 0% de los S/71 millones asignados.
Vega también alertó que, durante los últimos 10 años, quedaron sin utilizar S/1500 millones del presupuesto destinado a enfrentar emergencias, recursos que pudieron financiar obras de prevención. “Esos S/1500 millones son ocho veces el presupuesto que tendríamos en 2026. Imagínate todas las obras que podríamos haber hecho”, afirmó. Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el economista enfatizó la importancia de acelerar la ejecución de los proyectos pendientes, especialmente las defensas ribereñas, para reducir la vulnerabilidad de la población.
En Arequipa, la prevención frente a desastres también representa un desafío para las próximas autoridades, especialmente ante la necesidad de contar con recursos suficientes y ejecutarlos de manera oportuna. La población deberá prestar atención no solo al presupuesto asignado para prevención, sino también a cuánto de esos recursos se convierte efectivamente en obras, equipamiento y acciones para reducir riesgos.
El 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para elegir a 13 148 autoridades regionales y municipales. Al cierre de las urnas, los miembros de mesa registrarán en las actas los votos de cada agrupación, además de los nulos y blancos. Si se detectan errores o inconsistencias, el acta será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente y no se incorporará de inmediato al cómputo de la ONPE.
La mayoría de observaciones se resolverá mediante la comparación de los ejemplares del acta. La abogada en derecho electoral Silvia Guevara explicó que “el recuento de votos es un mecanismo que sirve para salvaguardar el voto (…). Es realizado en un acto público (…). De esa forma se brinda mayor transparencia”.
Cuando el cotejo no permite aclarar una observación, el JEE puede solicitar a la ONPE las cédulas que permanecen bajo custodia y ordenar un recuento de votos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que los jurados electorales especiales fueron capacitados para aplicar esta metodología: “Hemos capacitado acá en Lima a todos los miembros de los jurados electorales especiales (…) con esta nueva metodología (…) a efecto de dar los resultados oportunamente”.
El vocero del JNE, Jorge Valdivia, estimó que las primeras actas observadas llegarían el 7 de octubre y que las audiencias de recuento comenzarían entre el 12 y el 15 de octubre. "Es un aproximado porque todo depende de la fecha en que nos remitan las actas observadas por parte de la ONPE", precisó. Conocer este proceso permite a la ciudadanía entender que los resultados definitivos pueden tardar días y que cada observación tiene un mecanismo formal de resolución.
En Arequipa, conocer cómo se procesan las actas electorales será importante para que la ciudadanía pueda comprender el desarrollo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las actas que presenten errores o inconsistencias seguirán un procedimiento de revisión ante los organismos electorales, y cuando sea necesario se podrá recurrir al recuento de votos para resolver las observaciones.
PROINVERSIÓN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) suscribieron un convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la finalidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria como parte de las acciones frente a la criminalidad.
La alianza también permitirá identificar y promover otras iniciativas de inversión pública con participación del sector privado. Para ello, PROINVERSIÓN brindará capacitación y orientación técnica al personal del MINJUSDH sobre los procedimientos y alcances de las modalidades de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo, la agencia promoverá entre las empresas privadas los proyectos que sean identificados en el marco del convenio. Por su parte, el MINJUSDH facilitará el trabajo del personal de PROINVERSIÓN, coordinará las actividades de capacitación y articulará con las distintas instancias públicas y privadas el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó la importancia de sumar las capacidades del sector público y privado para atender las necesidades de infraestructura. “Nos toca sumarnos con este importante acuerdo para el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la criminalidad”, señaló.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el sector requiere acelerar la ejecución de infraestructura penitenciaria. “Necesitamos que una entidad de prestigio y de mucha envergadura, como PROINVERSIÓN, impulse la ejecución de la infraestructura penitenciaria que el MINJUSDH requiere de manera rápida y eficiente”, afirmó.
Según PROINVERSIÓN, desde 2009 las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado, con asistencia técnica de la agencia, 1 746 intervenciones mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 26 208 millones. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten infraestructura y servicios públicos con cargo a sus impuestos. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado mediante una adenda.
La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, anunció una reestructuración de la institución para reducir las brechas en consultas, cirugías y abastecimiento de medicamentos. La funcionaria reconoció que la entidad atraviesa una situación compleja y señaló que su gestión priorizará una atención oportuna y digna para los asegurados.
Sobre la reducción de contratos de locadores administrativos, la titular de EsSalud descartó que se trate de despidos masivos, más bien se evaluará caso por caso para identificar posibles duplicidades de funciones y optimizar los recursos. Cuestionó que algunas áreas administrativas concentren un número elevado de asesores mientras persisten necesidades en los servicios médicos.
“No es un despido masivo, tiene que ser consensuado y evaluado. Los locadores de servicio suplen a veces las funciones de otro personal, por eso hay duplicidad de funciones”, sostuvo en entrevista con Canal N.
Entre los principales problemas identificados se encuentran las extensas listas de espera para consultas y cirugías, además de las dificultades en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La funcionaria señaló que ya se vienen ejecutando acciones para descongestionar hospitales de las regiones.
Como parte de las mejoras, anunció el fortalecimiento de herramientas digitales, como la historia clínica electrónica y la recuperación del sistema de citas por call center, con el objetivo de reducir las colas y facilitar el acceso a consultas médicas. La reducción de los tiempos de espera y la disponibilidad oportuna de medicamentos serán algunos de los indicadores que su gestión seguirá.
En el ámbito financiero, informó que EsSalud afronta un déficit de aproximadamente S/4.500 millones y deudas cercanas a S/5.000 millones. Además, indicó que alrededor del 56 % de los deudores serían gobiernos regionales y municipalidades, por lo que se enviaron requerimientos para solicitar el cumplimiento de sus obligaciones.
Flying Fish, la marca de cerveza saborizada de Backus, lanzó una campaña por Halloween que llevará a cuatro consumidores peruanos al Castillo de Bran en Transilvania, Rumanía, el destino que inspiró el mito de Drácula. La iniciativa, vigente del 1 de septiembre al 31 de octubre, se activó primero con un episodio viral: cámaras de seguridad de una tienda Tambo, aliada estratégica de la campaña, registraron una supuesta actividad paranormal que se difundió en TikTok.
El premio mayor contempla pasajes aéreos para cuatro personas —dos ganadores con un acompañante cada uno—, alojamiento, traslados, alimentación y una visita al Castillo de Bran. Para participar, los consumidores deben adquirir una botella o lata de Flying Fish, ingresar a la plataforma digital de la marca y registrar su compra escaneando el producto o comprobante correspondiente. Cada registro habilita la participación en sorteos semanales que incluyen mini refrigeradoras personalizadas y entradas a experiencias de Halloween, además del sorteo del viaje como premio final.
"En Flying Fish creemos que la innovación no solo ocurre en el producto, sino también en la manera en que construimos una conexión con nuestros consumidores. Buscamos sorprender y encontrar nuevas formas de conectar con una generación que valora vivir momentos únicos", señaló Cecilia Mircin, Beyond Core Senior Manager de Backus.
Flying Fish es la primera cerveza saborizada de Backus en el Perú, con sabor cítrico a lima-limón y un perfil ligero y fácil de tomar. Bajo el concepto "Sabor Inesperado", la marca busca reinventar los códigos tradicionales de la categoría cervecera con propuestas dirigidas a consumidores jóvenes que buscan romper esquemas y compartir experiencias diferentes.
El Gobierno Regional de Moquegua aprobó una ficha de emergencia por S/ 1 millón 687 mil 44,25 para la adquisición de productos veterinarios y pacas de alfalfa destinadas a camélidos afectados por el déficit hídrico y las bajas temperaturas en nueve distritos de la región.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Gerencial Regional N.° 030-2026-GRM/GGR-GRGRD, fechada el 8 de septiembre de 2026, y contempla un plazo de ejecución de 60 días calendario bajo la modalidad de administración directa.
La intervención comprende los distritos de San Cristóbal y Carumas, en la provincia de Mariscal Nieto, y Chojata, Yunga, Ichuña, Lloque, Coalaque, Ubinas y Puquina, en General Sánchez Cerro.
El documento justifica la intervención señalando que busca reducir la vulnerabilidad de la población de camélidos sudamericanos frente a los efectos del déficit hídrico y las bajas temperaturas. Para ello, se ha previsto la compra de insumos veterinarios y alimento.
Sin embargo, el monto aprobado también merece atención. Del presupuesto total, S/ 1 460 644,38 corresponden al costo directo, mientras que otros S/ 226 399,87 corresponden a costos indirectos, entre ellos gastos generales, supervisión, liquidación, seguridad y salud y gestión administrativa.
La emergencia, por tanto, ya tiene presupuesto y procedimiento aprobado. Ahora corresponde verificar que los S/ 1,68 millones no se queden en expedientes, compras y trámites administrativos, sino que se traduzcan en alimento y atención veterinaria para los productores que enfrentan el problema en el territorio.
El ingreso de extranjeros al Perú registró una caída de 5,5% durante el segundo trimestre de 2026, al contabilizarse 996 mil 218 movimientos de entrada, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), con información de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Del total, el 52,2% correspondió a hombres y el 47,8% a mujeres.
Chile se mantiene como el principal país de procedencia de los extranjeros que ingresaron al territorio nacional, con el 31,9% del total. Le siguieron Estados Unidos (14,3%), Ecuador (8,9%), Colombia (8,8%), Brasil (6%), España (5,8%), Panamá (5,2%) y Bolivia (5,1%). Estos ocho países concentraron el 86% de las entradas registradas.
El principal punto de ingreso fue el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que concentró 617 mil 666 movimientos, seguido del puesto de control fronterizo de Santa Rosa, en Tacna, con 233 mil 050. Ambos puntos representaron el 85,4% del total de entradas de extranjeros al país.
Por grupos de edad, el 55,2% de los extranjeros que ingresaron al Perú tenía entre 30 y 59 años, mientras que el 20% correspondió a adultos mayores de 60 años, el 18,7% a personas de 15 a 29 años y el 6,1% a menores de 15 años. En tanto, el ingreso de ciudadanos venezolanos disminuyó 3,9% respecto al mismo periodo de 2025.
El descenso también se reflejó en las salidas de peruanos al exterior, que sumaron 914 mil 504 movimientos, 1,8% menos que un año antes. En total, el flujo migratorio del país alcanzó 3 791 972 movimientos de entradas y salidas de peruanos y extranjeros, cifra que representó una reducción de 3,5% frente al segundo trimestre de 2025.
Elvis Córdova Nina, candidato de Progresemos a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y actual alcalde de Torata, presentó ante el JNE un plan de gobierno que reproduce extensos contenidos del documento con el que el actual alcalde de esta jurisdicción John Larry Coayla postuló por Alianza para el Progreso en las elecciones municipales de 2022.
La coincidencia no se limita a ideas generales. La revisión comparativa identifica párrafos, diagnósticos, indicadores, propuestas y estructuras prácticamente iguales. En varios pasajes, el cambio visible consiste en reemplazar “Alianza para el Progreso” por “Progresemos”. También se mantienen errores de redacción y referencias que pertenecían al plan anterior.
EL DATO QUE LO EVIDENCIA: Aunque el nuevo plan corresponde al periodo 2027-2030, todavía lo define como un documento para 2023-2026. Además, conserva metas programadas para 2024, un año ya concluido.
Esto no es un detalle meramente formal. Si el diagnóstico no fue actualizado, las prioridades, indicadores y soluciones propuestas pueden no responder a la situación que deberá enfrentar la provincia desde 2027.
El plan de 2022 afirmaba haber sido construido mediante diálogo, reuniones técnicas, recopilación de estadísticas y participación de organizaciones sociales, actores económicos e instituciones. El documento de Córdova reproduce esa explicación con la misma secuencia argumentativa y cambia únicamente la referencia partidaria.
La consecuencia es importante: si la metodología también fue copiada, el nuevo documento no permite comprobar que se haya realizado un proceso propio de diagnóstico y participación para el periodo 2027-2030.
En el diagnóstico juvenil se mantienen las cifras del plan de 2022: 21 671 jóvenes, 56 % con empleo, 21 % que estudia y 18 % que no estudia ni trabaja. También reaparecen porcentajes sobre educación superior y afiliación a seguros de salud, sin que el documento explique si fueron actualizados o contrastados.
La Casa de la Juventud, los programas de emprendimiento y voluntariado, los convenios y otras medidas se trasladan al nuevo plan. El problema no es que una propuesta pueda repetirse, sino que se presente nuevamente sin demostrar si la población objetivo, sus necesidades y las condiciones del empleo juvenil siguen siendo las mismas.
El apartado de seguridad repite el diagnóstico sobre delincuencia, consumo de alcohol, venta de drogas, violencia familiar y limitada vigilancia. También conserva el indicador de 66,67 % de sectores sin determinados medios de vigilancia y una proyección de reducción para 2024.
¿POR QUÉ IMPORTA? Una meta vencida no permite saber cuál es la línea de base actual, qué resultado se alcanzó ni qué objetivo deberá cumplir una eventual gestión a partir de 2027.
La reproducción continúa en propuestas específicas. Ambos planes plantean poner en operación un relleno sanitario, recuperar áreas degradadas y reforestar el botadero municipal. En el vivero aparecen los mismos componentes: plantones florales, arbustos y árboles; compost y humus de lombriz; riego tecnificado; paneles solares y parques temáticos.
Nuevamente, la coincidencia no invalida por sí sola las propuestas. Lo que debilita el plan es la ausencia de una explicación actualizada: qué problemas persisten, qué cambió desde 2022, qué intervenciones ya ejecutó la actual gestión provincial y por qué estas medidas siguen siendo pertinentes.
¿Qué consecuencias traería presentar un plan desactualizado?
* Debilita el diagnóstico. No ofrece certeza de que las cifras y los problemas descritos correspondan a la realidad de 2026.
* Reduce la credibilidad de las propuestas. Si no existe una línea de base vigente, no se puede evaluar si las metas son necesarias, suficientes o viables.
* Impide medir resultados. Las referencias a 2023-2026 y 2024 vuelven incoherente el seguimiento de compromisos para 2027-2030.
* Pone en duda la elaboración participativa. La reproducción de la metodología anterior no demuestra que el nuevo plan haya recogido aportes propios de ciudadanos, especialistas e instituciones.
* Afecta la confianza del elector. Un plan de gobierno es el principal documento mediante el cual una candidatura explica qué conoce, qué propone y cómo pretende gobernar.
Los documentos comparados permiten sostener que hubo reproducción extensa de contenido y una actualización insuficiente. Esto evidencia falta de rigor técnico y profesional en la preparación y revisión del plan, y genera dudas razonables sobre cuánto conoce la candidatura de la situación actual de Mariscal Nieto.
Sin embargo, el documento por sí solo no permite afirmar como hecho que exista desinterés ni determinar una falta ética intencional. Esas son valoraciones que exigirían conocer cómo se elaboró el plan, quiénes participaron, si se reconocieron las fuentes y qué explicación ofrece la candidatura.
Más que un requisito electoral, el plan de gobierno debe ser una hoja de ruta basada en información vigente, metas verificables y propuestas propias. Corresponde a Elvis Córdova explicar por qué su documento conserva contenidos y plazos del plan de 2022, identificar qué información fue actualizada y demostrar que sus compromisos para 2027-2030 responden realmente a las necesidades actuales de Mariscal Nieto.
Dato: Puede revisar y comparar los planes de gobierno en los siguientes links:
1.- Plan de gobierno de Elvis Cordova (Progresemos) para gestión 2027- 2023
https://drive.google.com/file/d/12ZfMhHoaqvfJ04dsQIDOXvPjfyl539li/view?usp=sharing
2.- Plan de gobierno de Jhon Larry (Alianza para el Progreso) para gestión 2023- 2026
https://drive.google.com/file/d/1TrxBj56uWD3BVRPAbfRj5Q3uA41XwUyj/view?usp=sharing
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aprobó, mediante Resolución Jefatural N.º 000108-2026-ANIN/JEF, su Plan de Implementación BIM 2026-2028, hoja de ruta con la que la entidad busca estandarizar la gestión de información bajo la metodología Building Information Modeling (BIM) en toda su cartera de proyectos de infraestructura.
La ANIN viene transformando la manera en que se diseñan y ejecutan las obras públicas en el país mediante la implementación de la metodología BIM, que permite integrar información, optimizar procesos y mejorar la gestión de los proyectos desde su planificación hasta su construcción y mantenimiento, mediante herramientas digitales. Gracias a ello, es posible reducir riesgos, anticipar interferencias y desarrollar infraestructura de mayor calidad en beneficio de la población.
Actualmente, la ANIN aplica esta metodología en 248 proyectos de infraestructura vinculados a salud, transporte, riego, infraestructura deportiva, infraestructura turística y soluciones integrales de prevención frente a desastres naturales, consolidando una gestión más eficiente, colaborativa y transparente de la inversión pública.
BIM permite integrar en una sola plataforma toda la información técnica de una obra, desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento. Esto facilita el trabajo coordinado entre arquitectos, ingenieros y especialistas desde las etapas iniciales del proyecto, mejorando la planificación y fortaleciendo la toma de decisiones.
A diferencia de los métodos tradicionales, esta metodología permite detectar interferencias antes del inicio de la construcción, anticipar riesgos y mantener un mayor control técnico y operativo durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.
Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de desarrollar de manera articulada los procesos de diseño y construcción, optimizando plazos y mejorando el seguimiento de los proyectos. Asimismo, promueve entornos de trabajo colaborativo que permiten identificar y resolver observaciones técnicas antes de su ejecución en campo.
La implementación de BIM en la ANIN se desarrolla bajo lineamientos técnicos y procedimientos estandarizados alineados con estándares internacionales para la gestión de infraestructura. Como resultado de este trabajo, la entidad alcanzó un 88% de madurez organizacional BIM en 2025, de acuerdo a los lineamientos de adopción progresiva de BIM dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, consolidándose entre las instituciones públicas líderes en la adopción de esta metodología.
Además, la entidad cuenta con librerías digitales que reúnen más de 600 elementos prediseñados para hospitales y colegios, lo que permite estandarizar componentes, agilizar procesos de diseño y generar mayores eficiencias en la planificación de los proyectos.
Entre las principales intervenciones gestionadas bajo esta metodología destacan el IREN Sur en Arequipa, el Hospital La Caleta, los establecimientos de salud de Máncora, Sechura y Talara, la carretera Yungay–Yanama, el canal de riego Miguel Checa y las intervenciones de control de inundaciones en el río Rímac.
De esta manera, la ANIN reafirma su compromiso con la modernización de la inversión pública mediante el uso de tecnologías innovadoras que contribuyen al desarrollo de infraestructura más eficiente, sostenible y de calidad
La Contraloría advirtió una situación adversa en la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua”, ubicada en la sede Mariscal Nieto. El informe corresponde al hito de control realizado en agosto de 2026.
Según el documento, el proyecto fue declarado viable en diciembre de 2016 con un monto de inversión de S/4.3 millones. Posteriormente, el expediente técnico fue actualizado y el presupuesto llegó a S/15.8 millones antes del inicio de la ejecución, en octubre de 2022.
Durante la ejecución se aprobaron siete modificaciones presupuestales, con lo que el presupuesto modificado de la obra alcanzó los S/34 millones 530 mil 571.84. Es decir, el monto casi se duplicó respecto al presupuesto de S/17.5 millones aprobado antes del inicio de los trabajos.
El plazo también se extendió de manera significativa. El proyecto tenía inicialmente 365 días calendario, pero acumuló siete ampliaciones que elevaron el plazo total a 1,428 días. La última ampliación estableció como nueva fecha de culminación el 15 de septiembre de 2026.
La situación detectada por la Contraloría está relacionada con un cronograma de ejecución desactualizado y retrasos en la ejecución física. Durante la inspección realizada el 21 de agosto, se verificó que algunas partidas cuyos plazos ya habían vencido continuaban en ejecución, mientras que otras todavía no habían comenzado.
El órgano de control señaló que esta situación dificulta el adecuado seguimiento y control del avance físico de la obra. Además, advirtió que podría afectar la culminación dentro del plazo previsto y generar mayores costos y nuevas ampliaciones de plazo.
Entre las partidas pendientes figuran trabajos de instalaciones eléctricas, arquitectura, equipamiento y mobiliario, sistemas de seguridad y otros componentes. El informe también registra bienes ya adquiridos que permanecían pendientes de instalación o puesta en funcionamiento.
En resumen: una obra que originalmente fue planteada con un presupuesto de S/4.3 millones, hoy tiene un presupuesto modificado de S/34.5 millones, mientras su plazo de ejecución pasó de 365 a 1,428 días. Ahora, a pocas semanas de la fecha prevista para su culminación, la Contraloría alerta que existen partidas retrasadas y pendientes de ejecución.
