En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó un 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.

La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño "podría ser utilizado con 'cálculo electoral' de cara a las próximas elecciones regionales y municipales", al tiempo que cuestionó con severidad que "se intenten mostrar 'soluciones maquilladas' en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta". 

Evaluar con criterio técnico es indispensable para la macrorregión norte, donde reside el 47% de los más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, y donde apenas el 13% de la población cuenta con acceso a agua segura.

Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por el diario El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro “mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención”. 

Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que “detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos”. El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.

Puno presenta el mayor índice de envejecimiento del Perú, con 87,7, muy por encima del promedio nacional de 65,1, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El indicador refleja la creciente presencia de adultos mayores frente a la población menor de 15 años.

La situación es aún más marcada en la provincia de Moho, que registra un índice de envejecimiento de 192,8. Esto significa que por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años existen alrededor de 193 personas de 60 años a más. En todo el departamento, los adultos mayores representan el 17,4% de la población, mientras que el 20,1% tiene entre 0 y 14 años.

El INEI informó que Puno cuenta con 1 millón 233 mil habitantes, de los cuales el 50,8% son mujeres y el 49,2% hombres. El 62,5% de la población tiene entre 15 y 59 años, mientras que la esperanza de vida al nacer alcanza los 74,8 años y la tasa global de fecundidad se ubica en dos hijos por mujer.

La población puneña, además, creció apenas 0,1% en promedio anual entre 2017 y 2025, equivalente a unas 750 personas adicionales por año. San Román es la provincia más poblada, con 299 mil habitantes, seguida de Puno con 208 mil y Azángaro con 115 mil; mientras que Juliaca y Puno son los distritos con mayor población.

Otro de los indicadores que evidencia las brechas sociales es la tasa de analfabetismo, que alcanza el 9,1% en la población de 15 años a más, frente al 5,1% nacional. La diferencia es mayor entre las mujeres (14,2%) y los hombres (3,7%), y se profundiza entre los adultos mayores de 60 años: 48,1% de las mujeres y 12,4% de los hombres no saben leer ni escribir.

La Contraloría General de la República advirtió una omisión en la Gerencia Sub Regional de Ilo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Moquegua, que terminó afectando un procedimiento sancionador seguido contra el Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta en un proceso de contratación pública.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 016-2026-2-5347-AOP, emitido el 10 de agosto de 2026, el entonces Tribunal de Contrataciones del Estado, hoy Tribunal de Contrataciones Públicas, solicitó a la entidad información necesaria para evaluar una denuncia contra el consorcio, integrado por D Martins EIRL, Servig y Comunicaciones EIRL.

El requerimiento correspondía al Expediente N.° 07675-2021-TCP, relacionado con el Concurso Público N.° 03-2021-CS-SRDI, primera convocatoria. El Tribunal pidió, entre otros documentos, un informe técnico-legal, copia de la oferta presentada por el postor y la documentación cuestionada, con el objetivo de contar con elementos para determinar si existía una infracción sancionable.

La solicitud fue recibida por la Gerencia Sub Regional de Ilo el 10 de febrero de 2025 y debía ser atendida en un plazo máximo de 10 días hábiles. Sin embargo, según la Contraloría, la información requerida no fue remitida a través de la Mesa de Partes Digital del entonces OSCE, por lo que el Tribunal no recibió los elementos que necesitaba para continuar con la evaluación del caso.

La revisión del SISGEDO realizada por el órgano de control permitió advertir que el trámite fue derivado a la Oficina Sub Regional de Administración y posteriormente a la Oficina de Logística y Abastecimientos. El expediente terminó archivado con las anotaciones “Atasco SISGEDO” y “Se tomó conocimiento”, según el informe.

Como consecuencia, el Tribunal no contó con medios probatorios suficientes para determinar si correspondía imponer una sanción al Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta. La Contraloría señala que esta situación limitó la labor de fiscalización de las contrataciones públicas y afectó la posibilidad de determinar responsabilidades en el procedimiento sancionador.

El informe también advierte que la Oficina de Logística y Abastecimientos habría archivado posteriormente en el SISGEDO un requerimiento de información formulado por el Órgano de Control Institucional, pese a que este había sido derivado con la indicación de atenderlo “bajo responsabilidad”.

Dato.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua adoptar las acciones correspondientes para superar la situación advertida y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades. La entidad deberá presentar al OCI un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles para implementar las recomendaciones 

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Moquegua constituye la mayor inversión en infraestructura educativa ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en la región y se encuentra entre las tres inversiones educativas más grandes del país realizadas bajo esta modalidad, de acuerdo con el registro de PROINVERSIÓN.

El proyecto demandó una inversión superior a S/102 millones y fue financiado por Southern Perú. La obra permitió construir un moderno complejo educativo de aproximadamente 33 mil 870 metros cuadrados, diseñado para atender a cerca de 300 estudiantes.

La magnitud de la inversión también le otorga una dimensión nacional. Dentro del conjunto de proyectos educativos ejecutados mediante Obras por Impuestos, el COAR Moquegua se ubica entre los de mayor monto de inversión del país, solo por debajo de otras dos iniciativas educativas de mayor envergadura.

Una infraestructura que ya está al servicio de los estudiantes

El nuevo COAR Moquegua inaugurado el 18 de febrero de 2025 con modernas aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, residencia, comedor y espacios deportivos no solo representa una mejora en las condiciones físicas para la enseñanza sino también espacios para desarrollar actividades de investigación, innovación, experimentación y tecnología, capacidades.

La inversión empieza a traducirse en innovación y proyectos estudiantiles

Y algunos de los resultados recientes de sus estudiantes permiten observar cómo esas oportunidades se vienen traduciendo en proyectos concretos. Uno de los casos más recientes es el del equipo “Rowan Rimay”, integrado por estudiantes del COAR Moquegua, que obtuvo el segundo lugar en una competencia nacional de innovación y tecnología desarrollada en el marco de la Olimpiada Internacional de Normalización.

Otro ejemplo es Aminoblood, iniciativa desarrollada por estudiantes del COAR Moquegua que planteó aprovechar la sangre descartada de camales para producir un fertilizante y convertir un residuo potencialmente contaminante en un recurso aprovechable para la agricultura.

Así, el COAR Moquegua ya no puede ser observado únicamente desde el tamaño de la obra que permitió construirlo. A poco más de un año de su inauguración, también empiezan a aparecer resultados que permiten observar qué pueden hacer los estudiantes cuando cuentan con condiciones adecuadas para desarrollar sus capacidades.

El ingeniero Juan Paredes Urviola, quien ejerce funciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres en el distrito de San Antonio informó que desde enero se vienen desarrollando actividades de emergencia y prevención para reducir los posibles impactos de eventos hidrometeorológicos. Entre las principales acciones se encuentran los trabajos de limpieza y descolmatación del río y del valle de San Antonio, así como la intervención de sectores identificados como vulnerables.

Paredes explicó que las labores de descolmatación se han concentrado en diferentes puntos del valle, tomando como referencia los sectores vulnerables identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El objetivo, señaló, es reducir la posibilidad de que un incremento del caudal provoque desbordes y afecte terrenos agrícolas y a los productores de la zona.

A estas intervenciones se suman trabajos de enrocado y protección de puntos vulnerables, contemplados en tres fichas. Según el responsable, aproximadamente S/ 4 millones corresponden a las labores de limpieza y descolmatación, mientras que otros S/ 4 millones están destinados a los trabajos de protección y enrocado.

El funcionario sostuvo que los recursos correspondientes a estas intervenciones se encuentran comprometidos y que los pagos se vienen realizando de acuerdo con el avance y los procedimientos administrativos. Su explicación se produjo luego de que la Contraloría General de la República advirtiera una baja ejecución presupuestal en los recursos destinados a reducir la vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

De acuerdo con el reporte del órgano de control, San Antonio había ejecutado 20,3 % de los S/ 10,17 millones asignados para este objetivo. Sin embargo, Paredes cuestionó la lectura de este porcentaje y señaló que existiría una diferencia entre lo que aparece registrado en la plataforma Consulta Amigable y el avance de las intervenciones que ya fueron ejecutadas, comprometidas o se encuentran en proceso de pago.

Más allá de la controversia sobre la ejecución presupuestal, el responsable de gestión de riesgos remarcó que el distrito mantiene activas sus labores preventivas debido a los escenarios que podrían presentarse durante los próximos meses. Explicó que existe información que contempla la posibilidad de lluvias extraordinarias durante diciembre, enero y febrero, aunque también se mantiene la posibilidad de un escenario de sequía.

“Puede que inicialmente ocurran lluvias extraordinarias, por eso hay que hacer prevención”, señaló Paredes, al explicar que las intervenciones buscan anticiparse a un eventual incremento de los caudales y evitar que los puntos vulnerables terminen afectando a la población y a las actividades agrícolas del valle.

La Libertad se mantuvo en el puesto 8 a nivel nacional del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), consolidándose como la región más competitiva del norte por tercer año consecutivo. La región avanzó en los pilares Infraestructura e Instituciones, e impulsada por el mayor uso de billeteras digitales, que pasó de 28.6 a 40.3 transacciones mensuales por persona. Sin embargo, en Instituciones persisten debilidades de fondo. 

El IPE señaló que "solo el 11.1% de los liberteños considera buena o muy buena la gestión del gobierno regional, el tercer valor más bajo del país". Añadió que "apenas el 26.4% de los expedientes judiciales fue resuelto en el último año, muy por debajo del promedio nacional (37.0%)".

El mayor retroceso se registró en Educación, en el que La Libertad cayó del puesto 12 al 14, su nivel más bajo desde 2016. El IPE explicó que ello se debe principalmente a un deterioro en la conectividad escolar, debido a que "el acceso a internet en escuelas bajó de 56.9% a 47.0%", además del bajo rendimiento en lectura y matemática entre estudiantes de cuarto grado de primaria, ambos por debajo del promedio nacional. 

En Salud, la región conservó el octavo lugar, con avances en vacunación infantil, aunque el embarazo adolescente se incrementó de 6.9 % a 9.4 %. En el pilar Laboral, la región descendió del puesto 8 al 9, afectada por el aumento de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo, de 24.6 % a 33.3 %.

Frente a este panorama, el IPE planteó que "impulsar la competitividad en La Libertad requiere un enfoque integral, con énfasis en los pilares más rezagados", priorizando la transparencia en la gestión pública, el combate a las economías ilegales y el fortalecimiento de la calidad educativa mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) o Asociaciones Público-Privadas (APP).

La inversión privada muestra un escenario favorable al cierre de julio de 2026. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento de 9.5% a 12.5%, impulsada por el mayor dinamismo de las importaciones de bienes de capital, el consumo interno de cemento y la reactivación de proyectos de infraestructura y minería, como Tía María.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó que la demanda interna continúa fortaleciéndose. "Todos esos indicadores muestran una demanda bastante fuerte. El caso del consumo interno de cemento y el volumen de importación de bienes de capital está dando una inversión privada realmente fuerte", señaló. Además, precisó que "la cifra de abril y mayo de importaciones de bienes de capital y construcción están mostrando que el crecimiento de abril-mayo sería más cercano al 15% en cuanto a la inversión privada".

El dinamismo también se refleja en la ejecución de proyectos. Entre enero y julio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó seis proyectos y dos adendas por US$2455 millones en transporte, saneamiento, salud, energía y logística. Además, mantiene una cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) superior a US$40 000 millones para el periodo 2026-2028. 

A ello se suma el récord alcanzado por el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que superó los S/5266 millones adjudicados entre enero y el 23 de junio de 2026, por encima de la meta prevista para todo el año.

Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que "este resultado no es solo una cifra récord; es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo". 

Arequipa lidera las adjudicaciones, mientras Cusco, Piura y Junín avanzan con proyectos en salud, educación, saneamiento, conectividad e infraestructura local. En paralelo, Loreto busca fortalecer su cartera de proyectos para aprovechar con mayor intensidad este mecanismo de inversión.

Hasta julio de este año, los gobiernos regionales recibieron más de 2 500 millones de soles por canon y regalías mineras, mientras que los municipios superaron los 9 000 millones. Todo indica que el superciclo de los precios de los minerales seguirá elevando estas transferencias durante los próximos años.

Las nuevas autoridades regionales y municipales, que asumirán en enero de 2027, administrarán más recursos. El reto será convertirlos en desarrollo sostenible. Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, sostiene que estos recursos deben formar parte de una estrategia regional de largo plazo que reduzca desigualdades y disminuya la dependencia de los precios de los minerales.

Para Castilla existe una contradicción evidente entre los ingresos que genera la minería y los beneficios que percibe la población. "Hay un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales", afirma.

Explica que la amplia autonomía de los gobiernos subnacionales permite que muchos destinen el canon a proyectos alejados de las necesidades más urgentes. Así, mientras algunos municipios reciben cientos de millones de soles por actividad minera, todavía existen comunidades sin agua potable, alcantarillado, servicios de salud o infraestructura educativa adecuada. 

En cambio, gran parte del presupuesto termina convertido en estadios, plazas, losas deportivas y otras obras de bajo impacto. A eso se suma la atomización del gasto. En lugar de concentrar recursos en proyectos que transformen una localidad, muchas municipalidades realizan pequeñas inversiones que consumen presupuesto sin mejorar las condiciones de vida de la población.

El riesgo del clientelismo

Castilla también cuestiona el uso excesivo de la administración directa. Bajo esta modalidad, los gobiernos locales ejecutan las obras sin procesos de licitación y actúan como empresas constructoras al contratar directamente personal, maquinaria y servicios.

Diversos estudios, señala Castilla, muestran que este mecanismo favorece el empleo temporal con fines políticos, alimenta redes de clientelismo y eleva los riesgos de corrupción. Para el exministro, el país también debe dejar atrás la idea de que el desarrollo depende únicamente del cemento. Carreteras, hospitales y colegios siguen siendo indispensables, pero ya no bastan. 

Las inversiones con mejores resultados sociales son las que mejoran la vida y fortalecen las capacidades de la población: agua potable y saneamiento, salud y nutrición infantil, educación de calidad, conectividad vial y digital, electrificación y otras que impulsen la producción regional y generen empleo privado.

Castilla también propone ampliar el uso del canon a proyectos productivos que mejoren la competitividad regional y fortalezcan las cadenas agrícolas, industriales y de servicios, siempre que no generen gastos permanentes para el Estado. Advierte que sería un error utilizar estos recursos para financiar burocracia o crear nuevas plazas laborales. "Los ingresos volátiles deben financiar inversiones temporales y no gastos permanentes".

Según el economista, el nuevo ciclo de ingresos mineros exige revisar la Ley del Canon para que estos recursos ayuden al cierre de brechas y al desarrollo productivo, y fortalecer el planeamiento regional para impedir que cada nueva gestión abandone proyectos estratégicos y priorice obras de corto plazo.

Castilla sostiene que el próximo quinquenio ofrece una oportunidad difícil de repetir. Si el canon se invierte con visión de largo plazo, se traducirá en mejor educación, salud y desarrollo productivo. Si no, la bonanza minera volverá a dejar miles de millones de soles en obras que no mejoran la vida de la población.

Más de 35 mil personas en Moquegua aprendieron quechua o aimara durante su niñez, reflejando la vigencia de las lenguas originarias en la región. Así lo dio a conocer el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con base en información de los Censos Nacionales 2017, difundida en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

De acuerdo con la entidad, 14 388 personas aprendieron quechua como primera lengua durante su infancia, mientras que 21 438 hicieron lo propio con el aimara, sumando un total de 35 826 moqueguanos que crecieron hablando alguno de estos idiomas ancestrales.

La información forma parte de una publicación del Reniec sobre la riqueza de los nombres de origen quechua y aimara que aún se conservan en el país. Entre los nombres de raíz quechua figuran Illari (resplandor), Amaru (serpiente mítica andina), Chaska (lucero de la mañana), Inti (Sol) y Killa (Luna). 

En tanto, entre los nombres vinculados al aimara destacan Naira, Kori, Saywa, Willka y Jaylli, todos relacionados con elementos de la naturaleza, la espiritualidad y la cultura andina.

A nivel nacional, los Censos Nacionales 2017 registran que 3 millones 805 mil 531 personas aprendieron quechua durante su niñez y 450 mil 10 aprendieron aimara. En el sur del país, Puno concentra la mayor cantidad de hablantes de ambas lenguas, seguido por regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Tacna y Moquegua.

Reniec destacó que estas cifras reflejan la permanencia de las lenguas originarias como parte del patrimonio cultural del Perú y de la identidad de miles de familias que continúan transmitiéndolas de generación en generación.

Las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal permitieron incautar bienes valorizados entre S/ 450 y S/ 500 millones, informó el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Los resultados corresponden a las intervenciones realizadas para combatir el crimen organizado, principalmente en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El titular del sector señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer el marco legal que respalda las intervenciones militares frente a las organizaciones criminales, con el fin de brindar mayores garantías al personal que participa en estos operativos.

“Hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho", explicó el ministro.

El titular de la cartera, indicó que su gestión impulsó modificaciones normativas para que la próxima administración continúe evaluando medidas que refuercen la protección legal de los efectivos de las Fuerzas Armadas durante las operaciones contra el crimen organizado.

Además, destacó otras acciones desarrolladas por el sector, como el incremento del 50 % de la asignación para el Servicio Militar Acuartelado, la entrega de un bono de S/ 300 al personal militar, el cuarto tramo del aumento de remuneraciones y pensiones, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres naturales mediante una mayor articulación con los distintos niveles de gobierno.

Fuente: Andina