Indecopi declaró ilegales diversos cobros y requisitos exigidos por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en trámites vinculados con estudios de postgrado y con la obtención de los grados académicos de maestro y doctor.

Mediante la Resolución 0145-2026/SEL-INDECOPI, la Sala confirmó que la universidad no acreditó que determinados cobros, entre ellos el monto de S/ 1404 para tramitar el grado académico de maestro o doctor, hayan sido calculados conforme a la metodología legalmente exigida ni en función del costo real del servicio.

El Indecopi también declaró ilegales algunas exigencias documentales, como presentar constancias de no adeudar material bibliográfico, bienes o servicios a la universidad; certificados de antecedentes penales y judiciales; cinco ejemplares impresos de la tesis; y el certificado oficial de estudios completos en original.

La Sala explicó que las entidades no pueden trasladar a los estudiantes la carga de presentar información que ellas mismas poseen o pueden verificar directamente. Asimismo, precisó que los requisitos exigidos en un procedimiento administrativo deben ser indispensables y guardar relación con el trámite solicitado.

La decisión no desconoce la autonomía universitaria ni la facultad de las universidades para regular sus procedimientos internos. Sin embargo, cuando otorgan grados académicos a nombre de la Nación o realizan trámites administrativos, deben respetar las reglas de simplificación administrativa y las normas aplicables a las entidades públicas.

La inaplicación de las barreras burocráticas ilegales tendrá efectos generales respecto de las medidas contenidas en el TUPA de la UNSA, por lo que beneficiará a los administrados afectados por su imposición, conforme a lo dispuesto en la resolución.

Juan Ordóñez aseguró que la norma delimita únicamente las provincias de Jorge Basadre y Candarave. Además, pidió restablecer el diálogo y advirtió que las protestas vienen afectando la economía de ambas regiones.

El alcalde distrital de Ilabaya, Juan Ordóñez Miranda, afirmó que la delimitación territorial aprobada por el Congreso no afecta territorio de Moquegua, al sostener que se trata de un proceso interno entre las provincias tacneñas de Jorge Basadre y Candarave.

En declaraciones brindadas a un medio de Tacna, la autoridad señaló que las actas de límites suscritas corresponden únicamente a la delimitación entre ambas provincias, por lo que descartó que exista una modificación de los límites con la región Moquegua. "No existe ningún perjuicio territorial a nuestros hermanos de Moquegua", manifestó.

Respecto a las medidas de protesta registradas en el distrito de Torata, donde se restringió el tránsito de trabajadores vinculados a operaciones mineras, Ordóñez recordó que toda persona tiene derecho al libre tránsito en el territorio nacional e invocó a las autoridades y a la población a privilegiar el diálogo para superar la controversia.

Asimismo, consideró que corresponde al Gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esclarecer los alcances de la norma que aún se encuentra pendiente de promulgación, a fin de evitar interpretaciones contrapuestas entre ambas regiones.

Finalmente, el burgomaestre hizo un llamado a preservar la relación de hermandad entre Tacna y Moquegua, al advertir que las medidas de fuerza vienen generando perjuicios económicos en ambos departamentos. En ese sentido, pidió restablecer las vías de comunicación y priorizar el desarrollo regional.

Las declaraciones del alcalde de Ilabaya se producen en un contexto en el que autoridades, organizaciones y diversos sectores de Moquegua sostienen que la autógrafa de ley de delimitación territorial podría afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la zona de Quebrada Honda, donde se desarrolla actividad minera.

Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo observar la norma antes de su promulgación, al considerar que tendría implicancias para el territorio y los recursos de la región.

La medida rige hasta nuevo aviso en la sede Moquegua y la filial Ilo. La universidad expresó su respaldo a la defensa de la integridad territorial de la región y exhortó a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) anunció la suspensión de las actividades académicas presenciales en su sede de Moquegua y en la filial Ilo, como medida preventiva ante las movilizaciones y el paro regional que se desarrolla en la región.

A través de un comunicado emitido este martes 30 de junio, la casa superior de estudios informó que las clases continuarán en modalidad virtual hasta nuevo aviso, con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad y bienestar de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad universitaria.

La institución precisó que durante este periodo las facultades, departamentos académicos y direcciones de escuela profesional adoptarán las acciones académicas y administrativas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo mediante el uso de las plataformas institucionales.

Asimismo, la UNAM exhortó a toda la comunidad universitaria a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto al Estado Constitucional de Derecho, priorizando la protección de la vida, la integridad de las personas y la convivencia pacífica.

En el mismo pronunciamiento, la universidad expresó su compromiso con el desarrollo de la región y manifestó su respaldo a la legítima preocupación de la población moqueguana por la defensa de la integridad territorial de Moquegua.

En ese contexto, reafirmó su compromiso con la protección de los intereses regionales, promoviendo que toda expresión ciudadana se desarrolle de manera pacífica, con respeto al diálogo y a la convivencia democrática.

El consejero regional Pedro Noguera expresó su preocupación por los incrementos presupuestales y las ampliaciones de plazo registradas en la ejecución del Centro de Hemodiálisis que construye el Gobierno Regional de Moquegua, al considerar que estas modificaciones vienen afectando tanto el costo como el tiempo previsto para la entrega de la obra.

“La obra ya debió haberse entregado o estar próxima a culminarse. Las famosas adendas e incrementos de plazo están perjudicando el tiempo y el presupuesto”, manifestó. Noguera observó que, pese a la fuerte inversión realizada, aún no se concreta la culminación del proyecto. En ese sentido, señaló que la población es la principal afectada por los retrasos y exhortó al Ejecutivo Regional a adoptar medidas para acelerar la ejecución.

De acuerdo con documentos del Gobierno Regional de Moquegua, la inversión del proyecto IOARR con CUI N.° 2508244 se incrementó de S/ 14 millones 127 mil 966,81 a S/ 19 millones 177 mil 968,17, luego de aprobarse modificaciones presupuestales relacionadas con mayores metrados, nuevas partidas y costos indirectos. La propia entidad regional reconoce que estos cambios se originaron por deficiencias y errores detectados en el expediente técnico.

Asimismo, el plazo de ejecución pasó de 210 a 911 días calendario debido a retrasos en el abastecimiento de materiales, paralizaciones y limitaciones financieras, lo que ha postergado significativamente la culminación del proyecto.

El consejero remarcó que la puesta en funcionamiento del centro de hemodiálisis es una necesidad urgente para la región, debido a que numerosos pacientes moqueguanos deben trasladarse constantemente a Arequipa o Tacna para recibir tratamiento.

“La decisión política es muy importante. El centro de hemodiálisis ya debería estar funcionando porque hay muchos pacientes que tienen que movilizarse hacia Arequipa o Tacna para realizarse las diálisis, teniendo Moquegua la capacidad suficiente para contar con este servicio operativo lo más pronto posible”, indicó.

Respecto a las recientes observaciones formuladas por la Contraloría a la ejecución del proyecto, entre ellas la presunta ejecución de trabajos sin la respectiva licencia de edificación, situación que podría derivar en multas o incluso en la paralización de la obra valorizada en más de S/ 19 millones, Noguera señaló que corresponde al Gobierno Regional subsanar las deficiencias detectadas.

En el marco del Día del Campesino, diversas iniciativas vienen contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura en el distrito de Torata, mediante mejoras en la gestión del agua, recuperación de infraestructura y capacitación a productores. Estas acciones buscan impulsar una de las principales actividades económicas de la provincia de Mariscal Nieto.

Durante el último año, la empresa Southern Perú Copper Corporation, en coordinación con organizaciones de productores, juntas de usuarios y autoridades locales, ha impulsado sistemas de riego tecnificado, recuperación de andenes, instalación de invernaderos, asistencia técnica y financiamiento de proyectos productivos.

En el sector Ilubaya, la Asociación de Productores de Paltos El Chalso implementó riego tecnificado con geotanques, beneficiando a más de 60 agricultores. La intervención incluyó la entrega de 10 geotanques, mangueras y otros implementos para mejorar el uso eficiente del recurso hídrico.

Asimismo, se instaló infraestructura de riego con siete compuertas de acero inoxidable y una válvula de alta precisión en sectores como Coplay, Alegoma, Cala Cala, Torata Alta, Ilubaya y Paralaque, beneficiando a cuatro comisiones de regantes. También se entregaron equipos valorizados en más de S/ 70 mil para mejorar la gestión del agua.

Uno de los principales apoyos fue para la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Torata, que recibió implementos agrícolas valorizados en más de S/ 50 mil, entre ellos una rastra hidráulica de discos y un arado de tres discos reversibles, beneficiando a más de 700 agricultores del distrito.

Finalmente, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, se impulsa la recuperación de 80 hectáreas de andenes en Pocata, Coscore, Tala y Tumilaca, además de capacitaciones a más de 100 productores de palto y damasco para mejorar la productividad y competitividad agrícola.

La PCM anunció S/ 25 millones para iniciar obras de mitigación y otros compromisos, pero los acuerdos se suscriben cuando al Gobierno nacional le restan apenas 42 días de gestión y las autoridades regionales y municipales ingresan a la recta final de sus mandatos.

Las principales autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado, se reunieron este lunes con la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, alcaldes provinciales y distritales, además de representantes de la sociedad civil, para evaluar la problemática de la contaminación de la cuenca del río Coralaque y presentar nuevos compromisos orientados a su atención.

Ya no hay confianza

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, uno de los momentos más significativos de la reunión fue la intervención de la gobernadora regional, quien reconoció públicamente el profundo nivel de desconfianza que existe entre la población hacia este tipo de mesas de diálogo.

"La población ya no confía en ustedes (los ministros), tampoco confía en nosotros (las autoridades). Piensan que hemos venido a estas mesas solo para la foto", expresó Gilia Gutiérrez durante su intervención, reflejando el escepticismo que existe en las comunidades afectadas después de años de reuniones y compromisos que no siempre llegaron a concretarse.

Más compromisos

Pese a ese escenario, la reunión concluyó con una nueva relación de compromisos. El Ministerio de Energía y Minas informó que ya fueron aprobados dos expedientes relacionados con las obras de conducción de aguas de no contacto y anunció que cuenta con S/ 25 millones asegurados para iniciar la ejecución del proyecto de mitigación. Asimismo, se comprometió a impulsar, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, una norma excepcional para agilizar los procedimientos y acelerar la ejecución de las obras.

Entre los acuerdos también figura la continuidad de las acciones de fiscalización ambiental por parte del OEFA en la unidad minera Florencia Tucari, una reunión programada para el 23 de junio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abordar los proyectos Yanapuquio y Paltuture, el financiamiento para proyectos agrarios en la cuenca del Coralaque y una inversión de S/ 4 millones mediante el programa Llamkasun Perú para diversos distritos de la región. Además, el Ministerio de Transportes informó que priorizó el espigón rompeolas de Ilo mediante Obras por Impuestos y anunció la entrega, en julio, del expediente técnico de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa.

Pero, ya están de salida

No obstante, estos nuevos compromisos se producen en un contexto político particular. Al gobierno del presidente José María Balcázar le restan apenas 42 días para concluir su mandato, por lo que será la próxima administración la que deberá decidir si mantiene o acelera los proyectos anunciados durante esta reunión.

A ello se suma que la gobernadora regional y los alcaldes que participaron en la mesa de diálogo también se encuentran en el último tramo de sus gestiones, con menos de siete meses para culminar sus mandatos. Este escenario deja abierta la interrogante sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados y alimenta la desconfianza expresada por la propia gobernadora: que, una vez más, las promesas queden registradas en un acta, pero no lleguen a traducirse en resultados concretos para las poblaciones afectadas por la contaminación del río Coralaque.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Henry Porras, señaló la necesidad que el próximo gobierno debe enfocarse en atender las principales necesidades de la población, especialmente en los sectores de educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre las prioridades está el fortalecimiento de las universidades públicas a nivel nacional mediante una mayor asignación presupuestal que permitirá mejorar los laboratorios, contratar mejores docentes y dotar de una buena infraestructura.

“Se requiere más presupuesto para las universidades, de esta forma se podría generar una verdadera investigación para que de esta manera podamos competir con universidades de México y Brasil”, dijo.

Asimismo, destacó que no se debe vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, y pidió que se pueda mejorar los convenios colectivos para garantizar un adecuado clima laboral y servicio.

En otro momento, sostuvo que la inseguridad es otro de los problemas que las autoridades del país deberán atender con urgencia. Consideró que, con políticas cero populistas y reales, podrían impulsar medidas urgentes para resolver este problema social, “otra de las necesidades es que reduzcan el problema de violencia e inseguridad que perjudica al país. A su vez se necesita que luchen contra la corrupción institucionalizada”, dijo.

Por último, Porras destacó que, para lograr estos objetivos, el próximo gobierno debe contar con funcionarios capacitados para atender las demandas de la ciudadanía. Agregó que una adecuada remuneración para servidores, asesores y profesionales del Estado permitiría atraer talento y reducir actos de corrupción.

Aunque Perú ha retomado el crecimiento económico, la reducción de la pobreza sigue siendo limitada y permanece cinco puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia. Para diversos especialistas, uno de los principales desafíos de la pobreza es que ha cambiado de características y hoy se concentra principalmente en zonas urbanas, lo que exige nuevas respuestas por parte del Estado.

La investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, indicó que las estrategias aplicadas actualmente no responden a esta nueva realidad. “Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el 2014 y la pobreza es otra. (...) Estamos teniendo un problema distinto que atacamos con las mismas herramientas con las que atacamos otro problema”, afirmó. 

Según explicó, esta situación se refleja en la falta de atención a necesidades urgentes en las ciudades, como la seguridad alimentaria y el acceso a capital de trabajo para familias que perdieron sus medios de sustento durante las recientes crisis.

La exministra advirtió, además, la pérdida de enfoque en las políticas orientadas a reducir la pobreza. “¿Cómo es posible que, siendo el ejemplo de cómo enfrentar el desafío de la reducción de pobreza con programas sociales, institucionalidad, política pública, infraestructura e inversión para mejorar la calidad de los servicios, eso lo hayamos perdido?”, cuestionó. “Hemos perdido la pertinencia de las políticas públicas”, sentenció.

Trivelli también señaló que la asistencia social, por sí sola, no puede generar cambios sostenibles si no está acompañada por políticas públicas eficaces y una mayor articulación entre sectores. “Nos conformamos con que el programa siga funcionando (...) como también ha pasado en salud y educación. El servicio sigue ofreciéndose, pero cada vez con peores condiciones y peores resultados. (...) Si las más altas autoridades no se compran el problema como parte de sus prioridades, el aparato no se mueve”, sostuvo. 

Para la investigadora, revertir esta situación requiere que la lucha contra la pobreza vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública y que las políticas se adapten a las nuevas condiciones de una población cada vez más urbana.

La Contraloría General de la República advirtió una presunta irregularidad en el pago del concepto de “movilidad local” a trabajadores administrativos del Hospital Regional de Moquegua bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, beneficio que podría contravenir la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 012-2026-OCI0829-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, entre enero y abril de este año se otorgó dicho beneficio a 16 servidores administrativos, en aplicación de la Directiva N.° 001-2025-DIRESA-HRM-ADM.

La directiva establece el pago de 20 soles por día laborado, hasta un máximo de 22 días mensuales, sujeto a disponibilidad financiera. De acuerdo con la información revisada por la Contraloría, los montos entregados oscilaron entre 240 y 440 soles por trabajador. El gasto total alcanzó los 5 220 soles en enero, 5 260 en febrero, 6 420 en marzo y 5 820 en abril.

El OCI señala que la propia directiva define la movilidad local como el traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores y viceversa. Sin embargo, advierte que este concepto no calificaría como una “condición de trabajo”, sino como un posible incremento remunerativo de libre disposición, al representar una ventaja económica para el servidor.

En ese contexto, la Contraloría indica que el beneficio podría vulnerar el artículo 6 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que prohíbe crear o incrementar remuneraciones, bonificaciones o beneficios que impliquen mayores ingresos para trabajadores del Estado, independientemente del régimen laboral.

Asimismo, recuerda que cualquier modificación remunerativa en el sector público debe aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa presupuestaria vigente.

El informe también menciona disposiciones relacionadas con la certificación presupuestaria y la legalidad del gasto público, señalando que los pagos fueron realizados mediante Órdenes de Pago Electrónicas registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizando recursos directamente recaudados por el hospital.

El consejero regional Pedro Noguera cuestionó el discurso de la actual gestión del Gobierno Regional de Moquegua respecto al incremento de la inversión pública en la provincia de Ilo. Según sostuvo, el aumento que hoy se muestra en cifras no necesariamente representa más obras ni mayor cantidad de beneficiarios, sino el encarecimiento de los proyectos ejecutados.

“Disculpa que me sonría, pero la verdad se ha incrementado ( la inversión) porque las obras que ejecuta el Gobierno Regional se han encarecido. (Por ejemplo).Una obra que se aprobó en 4 millones y medio en el perfil, se reduce al iniciar en S/3 millones y a la hora que se entrega el proyecto cuesta 13 millones y medio; ahí se ha incrementado”, declaró el consejero.

Noguera remarcó que este incremento presupuestal no se traduce en proyectos de gran impacto social. “Es una obra pequeñita que beneficia a 75 niños: 25 de 3 años, 25 de 4 y 25 de 5 años. Una obra que se inició con 3 millones terminó costando 11 millones y medio”, señaló, en referencia al proyecto “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. N.° 231 Bello Horizonte”, en la provincia de Ilo.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la obra —ejecutada bajo la modalidad de administración directa— se inició a fines del 2022 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El proyecto comenzó con un presupuesto aproximado de S/ 3.6 millones y terminó alcanzando un costo cercano a los S/ 11.8 millones.

Durante su ejecución, la obra fue observada en dos informes de la Contraloría General de la República, donde se advirtieron incumplimientos de especificaciones técnicas, modificación del diseño y confección de sillas fuera de norma, uso de cemento caducado, acero con signos de corrosión, deficiente almacenamiento de materiales y problemas en algunas partidas constructivas. Los informes N.° 027-2023 y N.° 095-2023 figuran en el portal institucional de la Contraloría.