La Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras. Recoge propuestas promovidas por congresistas y partidos vinculados a la defensa de la minería informal. Especialistas advierten que esos cambios podrán afectar la estabilidad jurídica del sector.

En medio de la campaña electoral, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que está de salida, aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y altera reglas que durante décadas definieron la estabilidad jurídica del sector. Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, aceleró su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en ese régimen.

El dictamen recoge propuestas contenidas en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha defendido públicamente a los mineros informales. En ese documento se plantea establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería y la minería artesanal, mediante la organización de los trabajadores en cooperativas. 

En esa línea, se propone que las concesiones extinguidas pasen al control del Estado y sean entregadas a pequeños mineros asociados bajo ese modelo organizativo. 

Sánchez plantea también reducir el plazo de caducidad de las concesiones, que actualmente puede extenderse hasta 30 años, a periodos de cuatro o cinco años. Sostiene que no deberían existir concesiones ociosas: aquellas que permanezcan sin actividad serían reasignadas a pequeños mineros y mineros artesanales organizados en cooperativas.

Pero el dictamen consolida iniciativas presentadas por Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Renovación, Perú Libre y Podemos también tienen propuestas favorables la minería ilegal e informal o no proponen ninguna medida para enfrentarlas.

Los cambios

El texto sustitutorio busca obligar a las empresas mineras a suscribir acuerdos de participación en beneficios con comunidades del área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o incluso participación en instrumentos financieros.

El cambio abre un debate jurídico. Diversos especialistas advierten que, en la práctica, obligaría a transferir parte del patrimonio empresarial sin indemnización, lo que podría configurar una expropiación indirecta.

Otro cambio elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas. Según el dictamen, la medida abre la puerta a que la autoridad administrativa pueda revocarla de forma discrecional.

También eleva hasta en 300 % el derecho de vigencia de las concesiones y aumenta en 400 % las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima. Al mismo tiempo, reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción.

Ese plazo, según especialistas del sector, desconoce la complejidad de desarrollar un proyecto minero, proceso que suele tomar, en el mejor de los casos, entre 25 y 45 años. Solo la etapa exploratoria puede superar los 18 años.

La norma también obliga a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras etapas de exploración, cuando todavía no existen certezas geológicas suficientes para proyectar inversiones con precisión.

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, cuestionó un presunto direccionamiento en la agenda por parte de la bancada de Juntos por el Perú, lo que generó un debate tenso durante la sesión. “Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.

El Congreso también pretende aplicar retroactivamente nuevos costos a concesiones ya otorgadas, lo que podría entrar en conflicto con el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

Un Congreso a favor de la minería informal

Mientras el Congreso de la coalición discute medidas que endurecen las condiciones para la minería formal, la minería ilegal continúa expandiéndose. Diversos estudios muestran que esta economía ilegal mueve miles de millones de dólares al año y ya supera a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido ampliado en varias ocasiones y aún no se tramita una nueva Ley MAPE. Creado en 2016, el Reinfo acumula miles de inscritos, de los cuales apenas unos 2.000 mineros lograron formalizarse, lo que representa alrededor del 2,6 % del total.

El dictamen aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación.

Aeropuertos Andinos del Perú invertirá más de US$ 470 millones para modernizar infraestructura aeroportuaria en Arequipa y el sur del país

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) suscribió una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá impulsar una cartera de proyectos orientados a mejorar la infraestructura y los servicios en los aeropuertos del sur del país.

Esta modificación contractual, que no contempla la ampliación del plazo de la concesión vigente hasta el 2036, permitirá ejecutar inversiones para del Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de  Arequipa por más de US$ 65 millones que contemplan: 

• Ampliación del terminal aéreo, que duplicará su capacidad de atención, con una inversión superior a US$35 millones, mejorando significativamente la experiencia de los usuarios.
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• Construcción de un nuevo cerco perimétrico, con una inversión aproximada de US$32 millones, orientada a reforzar la seguridad operacional del aeropuerto.

“Invertiremos más de US$470 millones para transformar la infraestructura aeroportuaria del sur del país. Solo en Arequipa, ejecutaremos en los próximos meses más de US$67 millones en obras que fortalecerán la capacidad operativa y elevarán significativamente la experiencia de los usuarios“, declaró Alberto Huby, Gerente General de Aeropuertos Andinos del Perú.

 Más pasajeros 

Una gestión eficiente ha permitido que el Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón haya movilizado a más de 23 millones de pasajeros desde el inicio de la concesión en el año 2011, consolidándose como el segundo aeropuerto regional más importante del país, después de Cusco.

Solo en el año 2025, el terminal aéreo superó los 2.4 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento de 4.4% respecto al año anterior. Para el 2026, se proyecta alcanzar cerca de 2.6 millones de pasajeros.

Este crecimiento sostenido del tráfico aéreo en el sur del país confirma la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura aeroportuaria. 

Sobre Aeropuertos Andinos del Perú (AAP)

AAP, una empresa subsidiaria de Andino, es el concesionario encargado de la operación y gestión del Segundo Grupo de Aeropuertos en las principales ciudades del sur del país: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. 

El Perú volvió a caer en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional. El país obtuvo 30 puntos sobre 100 y se ubicó en el puesto 130 de 182 países, lo que confirma una tendencia negativa en los últimos años. “En el rango de los últimos cinco años, el Perú baja del puesto 127 al puesto 130 y baja en el puntaje del 38 al 30”, señaló José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética. “Venimos en una bajada feroz”, agregó.

El deterioro se relaciona con la debilidad de las instituciones y la creciente desconfianza de la población. “Instituciones como el Congreso y el Ministerio Público son siempre las catalogadas como las más corruptas”, indicó Gargurevich. También advirtió que el Congreso registra un nivel de rechazo cerca al 84 %, lo que refleja un fuerte descrédito ciudadano. Este contexto muestra problemas en el control del poder y en la capacidad de las instituciones para responder a la ciudadanía.

El impacto de la corrupción también se traslada a los servicios públicos. “La salud aparece como el sector que, sin duda, en los servicios finales se vulnera más a través de la corrupción”, señaló el especialista. En esa línea, Transparencia Internacional advierte que en el país existen investigaciones fiscales por presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para evadir controles sanitarios, un caso que habría puesto en riesgo la salud de niños con la posible distribución de alimentos contaminados.

Para los especialistas, el problema no solo afecta la gestión pública, sino también el funcionamiento del sistema democrático. “Hay un vínculo directo con la vulneración de la democracia”, sostuvo Gargurevich. En este escenario, la corrupción no solo debilita al Estado, sino que también limita el uso de recursos públicos y reduce la capacidad de atender necesidades básicas, por lo que resulta clave fortalecer el control, la transparencia y la rendición de cuentas.

Con el fin de seguir reforzando la seguridad ciudadana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que en marzo se realizará el bloqueo de 300 000 celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo, es decir, que reinciden en el uso de celulares con el IMEI alterado o clonado producto del reflasheo.

El reflasheo es una práctica ilegal que consiste en alterar el código IMEI de un celular para ocultar su origen y volver a poner en circulación equipos robados que han sido bloqueados.

De acuerdo con el organismo regulador, este nuevo bloqueo se realizará en tres etapas de 100 000 equipos cada una: el 17, 24 y 31 de marzo. Con este nuevo grupo, se alcanzarán 600 000 celulares bloqueados durante 2026 y más 3.1 millones desde abril de 2025.

PROCEDIMIENTO 

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, enviará a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos, que están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados o clonados. Las operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará dentro de ese mismo periodo, y que deben tramitar el registro de su equipo.

Si el equipo fue adquirido en el país, el usuario deberá exigir a la empresa que les vendió el dispositivo que lo registre en la lista blanca del Renteseg a través del Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

En caso el celular haya sido adquirido en el extranjero para uso personal, los abonados deberán acudir a la empresa operadora que les brinda el servicio móvil para ingresarlo en esta lista de equipos válidos.

Como parte del procedimiento, el personal de la empresa verificará la coincidencia entre el IMEI físico del equipo (inscrito en la bandeja del chip o detrás de la batería) y el IMEI lógico, que se obtiene al digitar *#06# en el celular. Tras las validaciones, los usuarios deberán firmar una declaración jurada. El trámite es gratuito.

El fenómeno El Niño, previsto hasta noviembre con intensidad moderada, ya genera impacto en la economía y en la vida cotidiana de millones de peruanos. Las lluvias intensas registradas en distintas regiones han provocado daños en infraestructura, afectación de servicios básicos y vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales. María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió “que 3 de cada 10 peruanos estarían en riesgo de inundaciones en el país”. Según estimaciones citadas por el instituto, más de 11 millones de personas están expuestas, junto con 35 mil instituciones educativas, 7 mil establecimientos de salud y 3.6 millones de viviendas.

El impacto también alcanza al sector agrícola, uno de los principales motores de empleo y exportación. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y análisis del IPE, cerca de 2 millones de hectáreas se encuentran en riesgo, con regiones donde más del 40 % de la superficie cultivable podría verse afectada. “De los 10 productos que más exportamos, 7 se vieron afectados en el anterior fenómeno El Niño”, recordó Ormeño, en referencia a cultivos como espárragos, mango y café.

La especialista del IPE alertó que las emergencias por lluvias muestran una tendencia creciente en las últimas dos décadas, mientras el presupuesto para la gestión de desastres no registra incrementos proporcionales. “Las autoridades tienen que tener programas de prevención y, luego, de gestión del riesgo”, afirmó, al subrayar que no solo importa el monto asignado, sino la eficiencia en su ejecución. Por eso, insistió en la necesidad de fortalecer la planificación y el control del gasto público en prevención. “Es muy importante estar alertas”, enfatizó Ormeño.

A semanas de las elecciones 2026, el debate sobre empleo se intensifica, pero la calidad de las propuestas no acompaña la urgencia del problema. La organización Horizonte Laboral analizó 35 planes de gobierno —de 36 organizaciones inscritas— y concluyó que “la agenda laboral es abundante en propuestas, pero pobre en diseño”. De un total de 655 iniciativas evaluadas, 360 fueron calificadas como parciales, 280 como superficiales y solo 15 como sólidas, lo que representa apenas el 2.3 %. El informe revela, además, una concentración temática limitada: 216 propuestas se enfocan en crecimiento empresarial y generación de empleo, mientras asuntos críticos como seguridad y salud en el trabajo (3 propuestas) e inestabilidad contractual (5) reciben escasa atención.

La brecha entre el discurso político y la realidad del mercado laboral también se refleja en la percepción ciudadana. En entrevistas realizadas por Horizonte Laboral, los peruanos declararon que acceder a un trabajo digno es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes. “Creo que es difícil encontrar un empleo digno en el Perú”, afirmó uno de los consultados, al describir un entorno marcado por la informalidad y la precariedad. La falta de beneficios sociales y los bajos ingresos agravan el panorama. Una trabajadora entrevistada sostuvo: “Yo creo que el 90 % no tenemos beneficios sociales”, y relató que labora hasta 10 horas diarias para ganar S/100 y sostener a su hija.

Ante este escenario, la ciudadanía espera propuestas que vayan más allá de promesas generales y apunten a medidas viables: mayor formalización, estabilidad contractual, protección social y generación sostenida de empleo con derechos. La distancia entre lo que demandan los trabajadores y lo que plantean los planes de gobierno será uno de los principales retos del próximo quinquenio.

En enero, el promedio ponderado a nivel nacional de todos los indicadores de internet móvil para redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura) fue de 79.47 %, lo que significó una mejora respecto a al promedio de enero de 2025 (77.09 %), informó el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

De acuerdo a la información publicada en el Panel de Monitoreo de Internet Móvil, Entel tuvo el mejor promedio ponderado de todos los indicadores evaluados (80.99 %), seguida de Claro (79.93 %), Bitel (78.59 %) y Movistar (78.02 %).

Las regiones Tumbes (83.21 %), Callao (81.88 %) y Lima (81.09 %) tuvieron los mejores rendimientos, mientras que los departamentos con los menores promedios ponderados fueron Cajamarca (77.03 %), Huancavelica (77 %) y Loreto (72.29 %).

El ranking de indicadores de internet móvil se elabora en base al promedio de los indicadores de velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura, lo que permite contar con una visión integral del desempeño del servicio de internet móvil ofrecido por las principales empresas operadoras a nivel nacional desde la calidad de experiencia del usuario.

INDICADOR POR INDICADOR 
En el desagregado por indicadores, en enero, la velocidad de descarga (bajada de archivos, fotos, videos, etc.) para redes 4G promedió 12.78 megabits por segundo (Mbps). De esta manera, los usuarios pudieron conectarse a sus redes sociales, participar en videollamadas, acceder a la banca electrónica, emplear aplicativos, entre otros, en condiciones adecuadas.

En lo que se refiere al tiempo de latencia tuvo un promedio nacional de 54.06 ms (milisegundos). Muchas veces confundida con la velocidad, la latencia hace que el video que reprodujeron los usuarios en el celular o la videollamada a la que se conectaron para clases en línea, fuese recepcionada con mayor o menor retardo.

Respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.79 %. Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.70 % a nivel nacional.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.06 Mbps en el primer mes de 2026.

Para conocer a detalle los resultados del Panel de monitoreo de internet móvil pueden ingresar a: https://sociedadtelecom.pe/2026/02/18/panel-de-monitoreo-de-internet-movil-analisis-de-indicadores-a-nivel-departamental-enero-2026/#popup

También pueden verificar los indicadores de internet móvil en el portal Checa tu internet móvil: https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/

El mercado laboral en el Perú enfrenta un escenario crítico caracterizado por una informalidad persistente que, al cierre de 2025, sigue dominando la estructura económica del país. Según el análisis del economista Jorge Baca Campodónico, aunque el empleo total ha superado ligeramente los niveles prepandemia, la calidad de los puestos de trabajo ha retrocedido drásticamente. Sectores como el comercio minorista y los servicios personales han absorbido gran parte de la mano de obra, pero en condiciones de baja productividad y sin seguridad social. Respecto a la evolución de estas cifras, Jorge Baca Campodónico puntualizó: “A partir de este año el número de empleados equivalentes del sector informal viene aumentado considerablemente”.

La desigualdad territorial y productiva es cada vez más evidente, con un sector moderno exportador que eleva su eficiencia frente a una agricultura de subsistencia y una minería ilegal que operan al margen de la ley. El autor sostiene que los programas sociales han mitigado la pobreza extrema, pero no han transformado la estructura productiva ni generado empleo formal masivo. Para romper este ciclo, se propone al sector forestal como un nuevo motor de desarrollo capaz de integrar a las comunidades rurales en cadenas de valor sostenibles. Sobre la insuficiencia de la recuperación económica actual, Jorge Baca Campodónico señaló: “El empleo formal crece, pero no lo suficiente para cambiar la composición del mercado laboral”.

El declive del sector secundario, especialmente la manufactura, ha sido identificado como un síntoma de la "enfermedad holandesa", donde la dependencia de los minerales encarece la producción nacional. El desafío para 2026 radica en implementar políticas que eleven la productividad de los sectores rezagados y combatan las economías ilícitas que distorsionan los incentivos laborales. Sin un cambio estructural, el país corre el riesgo de mantener un modelo dual que alimenta la conflictividad social y la inseguridad. Analizando el cierre del periodo, Jorge Baca Campodónico concluyó: “Para 2025, el empleo total ha superado ligeramente los niveles previos a la pandemia pero existe todavía una brecha respecto a la tendencia observada previa a la pandemia”.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que las transferencias de recursos a los gobiernos regionales y locales provenientes de la actividad minera sumaron S/ 9,936 millones durante el año 2025. Este monto total se compone principalmente por el Canon Minero, que alcanzó los S/ 6,992 millones, seguido por las Regalías Mineras y los derechos de vigencia. Estos recursos tienen como objetivo central financiar obras de impacto social y proyectos de inversión pública que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

En el análisis por departamentos, Áncash se consolidó nuevamente como el principal beneficiario al recibir S/ 1,780 millones, cifra que representa el 17.9 % del total nacional. Otros departamentos con ingresos significativos fueron Arequipa, Moquegua y Tacna, los cuales en conjunto con Áncash concentran más de la mitad de los recursos distribuidos por el sector. El MINEM reafirmó que la minería continúa siendo el motor del crecimiento económico nacional, destacando que el sector busca promover una actividad moderna y responsable que sea articulada con las demandas de la ciudadanía y los departamentos.

La recaudación por regalías, que superó los S/ 2,687 millones, refleja la importancia de los acuerdos contractuales y legales vinculados al valor de la producción minera. El MINEM subrayó que la transferencia de estos fondos es una herramienta clave para el desarrollo sostenible y equilibrado del país a través de la gestión de los tres niveles de gobierno. Respecto al compromiso del sector con el crecimiento del país, la entidad detalló: “La minería ratifica su papel como motor del crecimiento económico nacional, por ello el sector reafirma su compromiso de seguir promoviendo una actividad minera moderna, responsable y articulada con los departamentos”.

En los últimos cinco años, el Perú ha enfrentado una sucesión de eventos climáticos extremos que han dejado pérdidas humanas y económicas devastadoras. El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Patricio Lewis, recordó que solo el ciclón Yaku, en 2023, ocasionó daños superiores a los US$ 4,000 millones y más de 60 fallecidos. Esta situación ha golpeado severamente la economía nacional, desestructurando sistemas productivos en la agricultura, bloqueando rutas de transporte estratégicas y provocando una drástica caída en el turismo debido a cancelaciones masivas.

Según Lewis, pese a este escenario, regiones altamente vulnerables como Piura e Ica han ejecutado menos del 2 % de los recursos asignados para prevención en 2025. “Existe una fragilidad estructural que impide prevenir, responder y reconstruir con eficacia”, advirtió, al señalar que el presupuesto destinado a prevención este año es 45 % menor al asignado en 2023. Y subrayó que esta brecha no es solo presupuestal, sino también de gestión. La falta de planificación, de equipos técnicos fortalecidos y de continuidad en los proyectos provoca que los gobiernos reaccionen cuando el desastre ya ocurrió, en lugar de anticiparse. 

Para reducir esta vulnerabilidad, Lewis propuso cinco líneas de acción: invertir en infraestructura resiliente, fortalecer capacidades locales, ampliar los sistemas de alerta temprana, impulsar mecanismos de protección social adaptativa y ordenar el territorio con enfoque de riesgo. “Cada dólar que invertimos en prevención nos puede evitar hasta $4 de pérdidas futuras”, sostuvo. Sin un giro hacia la prevención, concluyó, el país seguirá atrapado en un ciclo de emergencia, reconstrucción y nuevos desastres.