La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 104 772 en el proyecto del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto debido a la aprobación, trámite y pago de un adicional de obra para la adquisición de sistemas de elevación hidráulica de contenedores de basura que resultaron inviables y que están actualmente almacenados y en abandono, sin cumplir ninguna finalidad pública.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2026-2-0446-AC (periodo de evaluación del 6 de julio de 2018 al 30 de octubre de 2023) se señala que la entidad aprobó el Expediente de Prestación Adicional de Obra N° 06 para instalar brazos mecánicos "alza contenedores" en dos camiones compactadores nuevos. Sin embargo, los técnicos y servidores omitieron evaluar que dichas unidades, por su capacidad y diseño, no soportaban el peso de la estructura hidráulica.

Al ser instalados, los sistemas generaron una sobrecarga crítica que hizo descender la parte posterior de los camiones comprometiendo gravemente su estabilidad, lo que deformó de manera permanente los muelles y ballestas parabólicas de la suspensión y redujo la altura del vehículo al punto de chocar con el pavimento y rompemuelles de las vías urbanas de Moquegua.

A los pocos meses de su puesta en marcha, las unidades presentaron severos desperfectos mecánicos e hidráulicos. Los sistemas fueron desmontados ante la inviabilidad operativa y los riesgos de seguridad laboral para los trabajadores.

Durante las visitas de inspección realizadas por la comisión auditora, se constató que los brazos mecánicos se encuentran en el taller municipal, yacen en el suelo, desprotegidos y en avanzado estado de deterioro, mientras que el personal de limpieza pública se ve obligado a realizar el vaciado y levantamiento de los contenedores de basura de forma manual.

Por estos hechos, la CGR determinó la presunta responsabilidad civil de cinco exservidores de las subgerencias de Estudios de Inversión, Inspección de Obra y de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes emitieron opiniones favorables y tramitaron los adicionales careciendo de sustento técnico y vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado.

El informe de auditoría fue notificado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones civiles correspondientes contra los implicados. Asimismo, recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto implementar las recomendaciones técnicas y actualizar las directivas de control interno de la entidad.

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la contratación, uso y mantenimiento de los equipos biomédicos de mamografía y rayos X del Hospital Regional de Moquegua, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 2.35 millones, además de poner en riesgo la salud de los pacientes por la emisión de posibles diagnósticos erróneos.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 013-2026-2-0829, emitido el 30 de junio de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, funcionarios y servidores del Hospital Regional otorgaron la buena pro para el mantenimiento del mamógrafo a un postor cuya oferta no cumplía con los términos de referencia. Asimismo, el servicio contratado no habría cumplido con la finalidad para la cual fue requerido, generando un perjuicio económico de S/ 2 064 027,80.

El informe también advierte que, pese a que el mamógrafo presentaba "artefactos" (distorsiones o alteraciones en las imágenes diagnósticas) luego del mantenimiento, el equipo continuó siendo utilizado para atender pacientes. Según la auditoría, esta situación pudo generar falsos diagnósticos, afectando la calidad del servicio de salud brindado a la población.

Otra de las observaciones señala que el flat panel digital del equipo portátil de rayos X quedó inoperativo debido a una inadecuada manipulación por parte del personal responsable y a la inacción de la entidad, que dejó prescribir el procedimiento sancionador correspondiente. Esta situación ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 287 400 y afectó la prestación del servicio de radiología.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, disponer el procesamiento de los funcionarios involucrados y promover las acciones civiles y legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública de la Contraloría y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

En el informe se identifican 10 funcionarios y servidores públicos con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, entre ellos Edgar Julio Alférez Ramos, Dennis Israel Merino Carranza, Rainer Aranzamendi Quispe, José Ramos Supa y otros servidores vinculados a los hechos observados.

La Contraloría General de la República identificó una serie de situaciones adversas en la ejecución del proyecto de puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Baúl, en el distrito de Torata, las cuales podrían afectar la calidad de la infraestructura, el patrimonio arqueológico y generar mayores costos para la Municipalidad Distrital de Torata.

Según el Informe de Hito de Control N.° 010-2026-OCI/2362-SCC, emitido por el Órgano de Control Institucional de la comuna torateña, durante las inspecciones realizadas en junio se detectó la presencia de vacíos o "cangrejeras" en vigas, muros y elementos de concreto del futuro Centro de Interpretación Cultural, componente que forma parte del proyecto turístico. La Contraloría advirtió que estas deficiencias podrían comprometer la durabilidad y la calidad constructiva de la obra.

El informe también revela la aparición de eflorescencias —manchas blanquecinas asociadas a la humedad y sales minerales— en siete paños de muros de albañilería de la Sala de Exhibiciones. El organismo de control señaló que, si esta situación no es tratada antes de ejecutar los acabados finales, podría ocasionar desprendimientos, deterioro prematuro y la necesidad de realizar retrabajos que incrementen los costos del proyecto.

Otra observación está relacionada con la demora en la implementación de coberturas definitivas para proteger los recintos arqueológicos intervenidos en Cerro Baúl. Durante la inspección se verificó que varias estructuras continúan protegidas de manera temporal con geomembranas, calaminas y coberturas de madera e ichu, pese a que esta situación ya había sido advertida por la Contraloría en noviembre de 2025. El ente de control alertó que la exposición a lluvias podría generar daños en el patrimonio arqueológico y mayores gastos generales para la obra.

El proyecto "Puesta en Valor del Sitio Arqueológico Cerro Baúl" fue declarado viable en 2016 y actualmente es ejecutado por la Municipalidad Distrital de Torata. La inversión total supera los S/ 23,4 millones y contempla, entre otros componentes, la construcción del Centro de Interpretación Cultural, trabajos de conservación arqueológica e iniciativas de fortalecimiento turístico en la zona.

Dato

Además, el informe señala que la construcción del Centro de Interpretación Cultural acumula tres ampliaciones de plazo y dos modificaciones presupuestales. La última ampliación extendió la culminación de la obra hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que el presupuesto del componente fue actualizado a S/ 9,45 millones. Pese a ello, al cierre de abril de este año registraba un avance financiero de 65,12 %, pero un avance físico de apenas 45,77 %, evidenciando una brecha entre el gasto ejecutado y el progreso real de los trabajos.

Indecopi declaró ilegales diversos cobros y requisitos exigidos por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en trámites vinculados con estudios de postgrado y con la obtención de los grados académicos de maestro y doctor.

Mediante la Resolución 0145-2026/SEL-INDECOPI, la Sala confirmó que la universidad no acreditó que determinados cobros, entre ellos el monto de S/ 1404 para tramitar el grado académico de maestro o doctor, hayan sido calculados conforme a la metodología legalmente exigida ni en función del costo real del servicio.

El Indecopi también declaró ilegales algunas exigencias documentales, como presentar constancias de no adeudar material bibliográfico, bienes o servicios a la universidad; certificados de antecedentes penales y judiciales; cinco ejemplares impresos de la tesis; y el certificado oficial de estudios completos en original.

La Sala explicó que las entidades no pueden trasladar a los estudiantes la carga de presentar información que ellas mismas poseen o pueden verificar directamente. Asimismo, precisó que los requisitos exigidos en un procedimiento administrativo deben ser indispensables y guardar relación con el trámite solicitado.

La decisión no desconoce la autonomía universitaria ni la facultad de las universidades para regular sus procedimientos internos. Sin embargo, cuando otorgan grados académicos a nombre de la Nación o realizan trámites administrativos, deben respetar las reglas de simplificación administrativa y las normas aplicables a las entidades públicas.

La inaplicación de las barreras burocráticas ilegales tendrá efectos generales respecto de las medidas contenidas en el TUPA de la UNSA, por lo que beneficiará a los administrados afectados por su imposición, conforme a lo dispuesto en la resolución.

Juan Ordóñez aseguró que la norma delimita únicamente las provincias de Jorge Basadre y Candarave. Además, pidió restablecer el diálogo y advirtió que las protestas vienen afectando la economía de ambas regiones.

El alcalde distrital de Ilabaya, Juan Ordóñez Miranda, afirmó que la delimitación territorial aprobada por el Congreso no afecta territorio de Moquegua, al sostener que se trata de un proceso interno entre las provincias tacneñas de Jorge Basadre y Candarave.

En declaraciones brindadas a un medio de Tacna, la autoridad señaló que las actas de límites suscritas corresponden únicamente a la delimitación entre ambas provincias, por lo que descartó que exista una modificación de los límites con la región Moquegua. "No existe ningún perjuicio territorial a nuestros hermanos de Moquegua", manifestó.

Respecto a las medidas de protesta registradas en el distrito de Torata, donde se restringió el tránsito de trabajadores vinculados a operaciones mineras, Ordóñez recordó que toda persona tiene derecho al libre tránsito en el territorio nacional e invocó a las autoridades y a la población a privilegiar el diálogo para superar la controversia.

Asimismo, consideró que corresponde al Gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esclarecer los alcances de la norma que aún se encuentra pendiente de promulgación, a fin de evitar interpretaciones contrapuestas entre ambas regiones.

Finalmente, el burgomaestre hizo un llamado a preservar la relación de hermandad entre Tacna y Moquegua, al advertir que las medidas de fuerza vienen generando perjuicios económicos en ambos departamentos. En ese sentido, pidió restablecer las vías de comunicación y priorizar el desarrollo regional.

Las declaraciones del alcalde de Ilabaya se producen en un contexto en el que autoridades, organizaciones y diversos sectores de Moquegua sostienen que la autógrafa de ley de delimitación territorial podría afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la zona de Quebrada Honda, donde se desarrolla actividad minera.

Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo observar la norma antes de su promulgación, al considerar que tendría implicancias para el territorio y los recursos de la región.

La medida rige hasta nuevo aviso en la sede Moquegua y la filial Ilo. La universidad expresó su respaldo a la defensa de la integridad territorial de la región y exhortó a que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica.

La Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) anunció la suspensión de las actividades académicas presenciales en su sede de Moquegua y en la filial Ilo, como medida preventiva ante las movilizaciones y el paro regional que se desarrolla en la región.

A través de un comunicado emitido este martes 30 de junio, la casa superior de estudios informó que las clases continuarán en modalidad virtual hasta nuevo aviso, con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad y bienestar de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad universitaria.

La institución precisó que durante este periodo las facultades, departamentos académicos y direcciones de escuela profesional adoptarán las acciones académicas y administrativas necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo mediante el uso de las plataformas institucionales.

Asimismo, la UNAM exhortó a toda la comunidad universitaria a actuar con responsabilidad, prudencia y respeto al Estado Constitucional de Derecho, priorizando la protección de la vida, la integridad de las personas y la convivencia pacífica.

En el mismo pronunciamiento, la universidad expresó su compromiso con el desarrollo de la región y manifestó su respaldo a la legítima preocupación de la población moqueguana por la defensa de la integridad territorial de Moquegua.

En ese contexto, reafirmó su compromiso con la protección de los intereses regionales, promoviendo que toda expresión ciudadana se desarrolle de manera pacífica, con respeto al diálogo y a la convivencia democrática.

El consejero regional Pedro Noguera expresó su preocupación por los incrementos presupuestales y las ampliaciones de plazo registradas en la ejecución del Centro de Hemodiálisis que construye el Gobierno Regional de Moquegua, al considerar que estas modificaciones vienen afectando tanto el costo como el tiempo previsto para la entrega de la obra.

“La obra ya debió haberse entregado o estar próxima a culminarse. Las famosas adendas e incrementos de plazo están perjudicando el tiempo y el presupuesto”, manifestó. Noguera observó que, pese a la fuerte inversión realizada, aún no se concreta la culminación del proyecto. En ese sentido, señaló que la población es la principal afectada por los retrasos y exhortó al Ejecutivo Regional a adoptar medidas para acelerar la ejecución.

De acuerdo con documentos del Gobierno Regional de Moquegua, la inversión del proyecto IOARR con CUI N.° 2508244 se incrementó de S/ 14 millones 127 mil 966,81 a S/ 19 millones 177 mil 968,17, luego de aprobarse modificaciones presupuestales relacionadas con mayores metrados, nuevas partidas y costos indirectos. La propia entidad regional reconoce que estos cambios se originaron por deficiencias y errores detectados en el expediente técnico.

Asimismo, el plazo de ejecución pasó de 210 a 911 días calendario debido a retrasos en el abastecimiento de materiales, paralizaciones y limitaciones financieras, lo que ha postergado significativamente la culminación del proyecto.

El consejero remarcó que la puesta en funcionamiento del centro de hemodiálisis es una necesidad urgente para la región, debido a que numerosos pacientes moqueguanos deben trasladarse constantemente a Arequipa o Tacna para recibir tratamiento.

“La decisión política es muy importante. El centro de hemodiálisis ya debería estar funcionando porque hay muchos pacientes que tienen que movilizarse hacia Arequipa o Tacna para realizarse las diálisis, teniendo Moquegua la capacidad suficiente para contar con este servicio operativo lo más pronto posible”, indicó.

Respecto a las recientes observaciones formuladas por la Contraloría a la ejecución del proyecto, entre ellas la presunta ejecución de trabajos sin la respectiva licencia de edificación, situación que podría derivar en multas o incluso en la paralización de la obra valorizada en más de S/ 19 millones, Noguera señaló que corresponde al Gobierno Regional subsanar las deficiencias detectadas.

En el marco del Día del Campesino, diversas iniciativas vienen contribuyendo al fortalecimiento de la agricultura en el distrito de Torata, mediante mejoras en la gestión del agua, recuperación de infraestructura y capacitación a productores. Estas acciones buscan impulsar una de las principales actividades económicas de la provincia de Mariscal Nieto.

Durante el último año, la empresa Southern Perú Copper Corporation, en coordinación con organizaciones de productores, juntas de usuarios y autoridades locales, ha impulsado sistemas de riego tecnificado, recuperación de andenes, instalación de invernaderos, asistencia técnica y financiamiento de proyectos productivos.

En el sector Ilubaya, la Asociación de Productores de Paltos El Chalso implementó riego tecnificado con geotanques, beneficiando a más de 60 agricultores. La intervención incluyó la entrega de 10 geotanques, mangueras y otros implementos para mejorar el uso eficiente del recurso hídrico.

Asimismo, se instaló infraestructura de riego con siete compuertas de acero inoxidable y una válvula de alta precisión en sectores como Coplay, Alegoma, Cala Cala, Torata Alta, Ilubaya y Paralaque, beneficiando a cuatro comisiones de regantes. También se entregaron equipos valorizados en más de S/ 70 mil para mejorar la gestión del agua.

Uno de los principales apoyos fue para la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico de Torata, que recibió implementos agrícolas valorizados en más de S/ 50 mil, entre ellos una rastra hidráulica de discos y un arado de tres discos reversibles, beneficiando a más de 700 agricultores del distrito.

Finalmente, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, se impulsa la recuperación de 80 hectáreas de andenes en Pocata, Coscore, Tala y Tumilaca, además de capacitaciones a más de 100 productores de palto y damasco para mejorar la productividad y competitividad agrícola.

La PCM anunció S/ 25 millones para iniciar obras de mitigación y otros compromisos, pero los acuerdos se suscriben cuando al Gobierno nacional le restan apenas 42 días de gestión y las autoridades regionales y municipales ingresan a la recta final de sus mandatos.

Las principales autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado, se reunieron este lunes con la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, alcaldes provinciales y distritales, además de representantes de la sociedad civil, para evaluar la problemática de la contaminación de la cuenca del río Coralaque y presentar nuevos compromisos orientados a su atención.

Ya no hay confianza

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, uno de los momentos más significativos de la reunión fue la intervención de la gobernadora regional, quien reconoció públicamente el profundo nivel de desconfianza que existe entre la población hacia este tipo de mesas de diálogo.

"La población ya no confía en ustedes (los ministros), tampoco confía en nosotros (las autoridades). Piensan que hemos venido a estas mesas solo para la foto", expresó Gilia Gutiérrez durante su intervención, reflejando el escepticismo que existe en las comunidades afectadas después de años de reuniones y compromisos que no siempre llegaron a concretarse.

Más compromisos

Pese a ese escenario, la reunión concluyó con una nueva relación de compromisos. El Ministerio de Energía y Minas informó que ya fueron aprobados dos expedientes relacionados con las obras de conducción de aguas de no contacto y anunció que cuenta con S/ 25 millones asegurados para iniciar la ejecución del proyecto de mitigación. Asimismo, se comprometió a impulsar, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, una norma excepcional para agilizar los procedimientos y acelerar la ejecución de las obras.

Entre los acuerdos también figura la continuidad de las acciones de fiscalización ambiental por parte del OEFA en la unidad minera Florencia Tucari, una reunión programada para el 23 de junio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abordar los proyectos Yanapuquio y Paltuture, el financiamiento para proyectos agrarios en la cuenca del Coralaque y una inversión de S/ 4 millones mediante el programa Llamkasun Perú para diversos distritos de la región. Además, el Ministerio de Transportes informó que priorizó el espigón rompeolas de Ilo mediante Obras por Impuestos y anunció la entrega, en julio, del expediente técnico de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa.

Pero, ya están de salida

No obstante, estos nuevos compromisos se producen en un contexto político particular. Al gobierno del presidente José María Balcázar le restan apenas 42 días para concluir su mandato, por lo que será la próxima administración la que deberá decidir si mantiene o acelera los proyectos anunciados durante esta reunión.

A ello se suma que la gobernadora regional y los alcaldes que participaron en la mesa de diálogo también se encuentran en el último tramo de sus gestiones, con menos de siete meses para culminar sus mandatos. Este escenario deja abierta la interrogante sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados y alimenta la desconfianza expresada por la propia gobernadora: que, una vez más, las promesas queden registradas en un acta, pero no lleguen a traducirse en resultados concretos para las poblaciones afectadas por la contaminación del río Coralaque.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Henry Porras, señaló la necesidad que el próximo gobierno debe enfocarse en atender las principales necesidades de la población, especialmente en los sectores de educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre las prioridades está el fortalecimiento de las universidades públicas a nivel nacional mediante una mayor asignación presupuestal que permitirá mejorar los laboratorios, contratar mejores docentes y dotar de una buena infraestructura.

“Se requiere más presupuesto para las universidades, de esta forma se podría generar una verdadera investigación para que de esta manera podamos competir con universidades de México y Brasil”, dijo.

Asimismo, destacó que no se debe vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, y pidió que se pueda mejorar los convenios colectivos para garantizar un adecuado clima laboral y servicio.

En otro momento, sostuvo que la inseguridad es otro de los problemas que las autoridades del país deberán atender con urgencia. Consideró que, con políticas cero populistas y reales, podrían impulsar medidas urgentes para resolver este problema social, “otra de las necesidades es que reduzcan el problema de violencia e inseguridad que perjudica al país. A su vez se necesita que luchen contra la corrupción institucionalizada”, dijo.

Por último, Porras destacó que, para lograr estos objetivos, el próximo gobierno debe contar con funcionarios capacitados para atender las demandas de la ciudadanía. Agregó que una adecuada remuneración para servidores, asesores y profesionales del Estado permitiría atraer talento y reducir actos de corrupción.