La confirmación de un segundo caso de sarampión en la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) encendió las alertas sanitarias en la región y llevó a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) a reforzar la estrategia de vacunación dentro del campus universitario, donde aún existe una importante cantidad de estudiantes que no cuentan con la protección contra esta enfermedad.

De acuerdo con la información proporcionada por la DIRESA, hasta la fecha se han aplicado 984 dosis de la vacuna contra el sarampión a estudiantes de la UNAM; sin embargo, la población universitaria supera las 3 mil personas, por lo que las autoridades sanitarias buscan cerrar esta brecha de inmunización para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Ante esta situación, brigadas de salud incrementarán su presencia en la universidad para realizar vacunaciones dentro de las instalaciones, además de campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes, docentes y trabajadores administrativos sobre la importancia de completar la protección contra el virus.

La intervención se definió luego de una reunión entre los equipos técnicos de la DIRESA y autoridades universitarias, quienes acordaron facilitar el ingreso del personal de salud a las aulas y espacios del campus para ampliar la cobertura de vacunación.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse rápidamente en espacios con alta concentración de personas, como una universidad. Por ello, las autoridades sanitarias recomendaron a la población verificar su esquema de vacunación y acudir a los puntos habilitados para recibir la dosis correspondiente.

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en las adquisiciones de bienes y servicios para la obra de mejoramiento de la biblioteca central de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), ejecutada entre 2022 y 2025. La auditoría de cumplimiento identificó tres observaciones que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a S/ 94 mil, además de vulnerar la normativa de contrataciones del Estado.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 007-2026-2-5573, la primera observación corresponde a la compra de 960 bolsas de pegamento para porcelanato en cantidades superiores a las previstas en el expediente técnico y sin sustento técnico, lo que generó un perjuicio económico de S/ 41 347,20.

La Contraloría también determinó que funcionarios y servidores de la universidad aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento técnico ni legal, lo que impidió aplicar penalidades por mora al contratista por un monto de S/ 42 100. 

Asimismo, advirtió un trato diferenciado a postores en dos procesos de selección, al declarar inadmisibles ofertas con observaciones subsanables y admitir otra que incumplía las bases, situación que ocasionó un perjuicio económico de S/ 10 734,40 y afectó la legalidad del proceso de contratación.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría recomendó a la Universidad Nacional de Moquegua iniciar las acciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados, fortalecer los controles en la formulación de requerimientos, la evaluación de ampliaciones de plazo y los procesos de selección, además de promover acciones civiles por los hechos relacionados con la compra excesiva de materiales.

El informe también identifica a siete funcionarios y servidores con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, según corresponda, por su participación en los hechos observados durante la ejecución de la obra valorizada en S/ 14,8 millones.

El informe de la Contraloría comprende a siete funcionarios y servidores de la Universidad Nacional de Moquegua. Entre ellos, José Roberth Vásquez Bustamante y Milagros Paola Mamani Cuayla fueron comprendidos con presuntas responsabilidades civiles y administrativas, mientras que Abraham Mario Ponce Sosa, Edgar Freddy Cusirramos Tejada, Juan Carlos Choquegonza Choquegonza, Gianmarco Gonzales Reyes y Andy Jhonson's Asencio Ramos afrontan presuntas responsabilidades administrativas, de acuerdo con el apéndice del informe de auditoría.

• La expansión de esta actividad en Arequipa, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali amenaza fuentes de agua, bosques, territorios indígenas, etc. Desde Cotahuasi hasta el Nanay, la extracción ilegal de oro no se detiene.
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• La minería ilegal avanza sobre reservas naturales, áreas de conservación y cuencas hídricas. Se han identificado casos de ecosistemas bajo amenaza en Arequipa, Puno, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali. Varios informes, intervenciones fiscales y periodísticas, y monitoreos satelitales muestran que la presión de esta actividad ilegal golpea estas áreas frágiles.
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• Sucede en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa. En los últimos años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó operativos contra campamentos y bocaminas dentro del área natural protegida. Según reportes oficiales, esa actividad obligó intervenciones a minería ilegal de socavón instalada en sectores de la reserva, que ponen en riesgo ecosistemas altoandinos y recursos hídricos. 
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• - Documento sobre minería ilegal en áreas naturales protegidas 
• - Minería ilegal destruye áreas protegidas en Perú
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• En Puno, La Rinconada continúa operando uno de los más grandes enclaves de minería ilegal. Miles de mineros extraen oro en condiciones precarias, mientras las autoridades tienen dificultades para controlar una actividad que contamina, explota a obreros y se vincula con el crimen. Aunque la actividad se hace fuera de un área natural protegida específica, su impacto alcanza cabeceras de cuenca y ecosistemas de montaña.
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• La Reserva Comunal El Sira, ubicada entre Huánuco, Ucayali y Pasco, es una de las áreas protegidas con mucha presencia de mineros ilegales. Dentro de la reserva y su zona de amortiguamiento se desarrollan actividades aluviales y operaciones clandestinas. No solo hay minería ilegal de oro; también cultivos ilícitos, tala ilegal e invasión de bosques en territorios indígenas amazónicos. 
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• - Informe sobre minería ilegal en áreas protegidas
• - Operativos contra minería ilegal en El Sira
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• La Área de Conservación Privada Panguana, en Huánuco, también enfrenta actividades mineras ilegales. En la zona, reconocida por su biodiversidad amazónica, hubo intervenciones fiscales y alertas de organizaciones ambientales. Esa minería afecta el bosque y genera conflictos sociales y amenazas a quienes denuncian la destrucción ambiental.
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• - ACP Panguana está rodeada por minería ilegal en Perú
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• En Loreto, el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira se convirtió en uno de los principales focos de minería ilegal fluvial. Ahí detectaron infraestructuras mineras y dragas en la cuenca del Nanay, fuente de agua para la ciudad de Iquitos. Las autoridades realizaron operativos para destruir embarcaciones y maquinaria usada para extraer oro ilegal. A pesar de estos esfuerzos y los graves impactos evidentes, otras autoridades habrían admitido a trámite la solicitud de concesiones mineras sobre el río Nanay, una decisión incoherente con los esfuerzos por frenar la minería ilegal, que desconoce el daño ambiental ya existente en la zona y contraviene disposiciones normativas vigentes que prohíben el otorgamiento de concesiones en esta área.
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• - Monitoreo de minería ilegal en el Nanay
• - Alerta satelital sobre dragas en Loreto
• - MAAP: proliferación de minería ilegal en Loreto
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• Además de los casos críticos, existen territorios donde la presión minera aumenta y preocupa. El Parque Nacional Yaguas, en Loreto, es un área amazónica vulnerable a la minería aurífera aluvial. Informes oficiales incluyen a Yaguas como un territorio afectado por minería ilegal. 
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• - Informe SERNANP sobre minería ilegal en áreas protegidas 
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• En Junín, el Área de Conservación Regional Huaytapallana enfrenta la misma presión en zonas cercanas al ecosistema glaciar. El Gobierno Regional de Junín anunció que pedirá al Ministerio de Energía y Minas la exclusión de ocho registros mineros (Reinfo) sobre la microcuenca del río Yurayacu. Preocupación los posibles impactos a las fuentes de agua que abastecen al valle del Mantaro.
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• - Junín: pedirán sacar del Reinfo a mineras en Huaytapallana
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• Se sabe que la expansión de la minería ilegal ya alcanza a áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en distintas regiones, y que amenaza bosques y ríos, territorios indígenas y valiosos ecosistemas del Perú. Sin embargo, las autoridades hacen poco para enfrentarla.
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que la infancia peruana todavía enfrenta desafíos que limitan su desarrollo. En su Informe Anual 2025, la organización identificó como principales problemas la anemia infantil, las dificultades para acceder a servicios básicos, la salud mental, la violencia y la vinculación de adolescentes en actividades delictivas. También resaltó la necesidad de fortalecer la educación inclusiva y reducir las desigualdades que afectan a miles de familias.

En la presentación del reporte, el representante de UNICEF en Perú, Javier Álvarez, señaló que el 2025 “no ha sido un año fácil". Explicó que “a las buenas noticias de una economía estable se añadieron aquellas sobre la creciente percepción de inseguridad y su peligroso asocio con la participación de adolescentes en actividades en conflicto con la ley; los porcentajes de una anemia infantil que se resisten a retroceder mientras que, paradójicamente, la obesidad y el sobrepeso siguen en ascenso”.

Frente a este escenario, el documento apuntó que durante 2025 se impulsaron estrategias para mejorar los aprendizajes escolares, promover la alfabetización digital, fortalecer la inclusión de estudiantes con discapacidad y prevenir el embarazo en niñas y adolescentes. Asimismo, UNICEF mantuvo acciones para reforzar la respuesta ante sequías, lluvias y sismos, especialmente en Lima, Loreto, Huancavelica, Ucayali, Tumbes y Datem del Marañón.

Pese a los desafíos, UNICEF reafirmó que continuará trabajando con el Estado peruano y otros aliados para impulsar acciones en salud, educación, protección y atención de emergencias. “Nuestro quehacer apunta al desarrollo integral de la infancia mediante intervenciones que fomentan el cambio social, de normas y de comportamiento”, refirió el informe, que insiste en la necesidad de colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas.

En declaraciones a Informativo del Sur, el jefe de la Unidad de Infraestructura Rural de AGRO RURAL, ingeniero Raúl Abelardo Reyes, explicó que, el proyecto de la represa Callazas, tiene como objetivo mejorar el acceso al agua para riego en la provincia de Candarave, contemplando la creación del servicio de agua para riego en las comisiones de usuarios de Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave. La futura infraestructura permitirá almacenar aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de agua, fortaleciendo la disposición del recurso hídrico para uso agrícola.

Reyes destacó que uno de los principales beneficios será asegurar agua durante todo el año. "Se dispondrá del recurso hídrico durante todo el año, permitiendo desarrollar dos campañas agrícolas y orientando la producción hacia cultivos de alta rentabilidad, como orégano, ajos y otros productos exportables", afirmó. Esto permitirá incrementar la productividad y mejorar los ingresos de las familias agricultoras.

Asimismo, el proyecto beneficiará un área de riego de 3,392 hectáreas y favorecerá directamente a 2,888 usuarios de las comisiones de regantes de Huanuara, Cairani, Quilahuani y Candarave, además de generar impactos positivos para otras actividades vinculadas a la economía local.

Finalmente, el funcionario remarcó que la futura infraestructura contribuirá a garantizar la disponibilidad de agua en épocas de estiaje y sequía, fortaleciendo la seguridad hídrica y el desarrollo agropecuario de Candarave frente a los efectos del cambio climático.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 104 772 en el proyecto del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto debido a la aprobación, trámite y pago de un adicional de obra para la adquisición de sistemas de elevación hidráulica de contenedores de basura que resultaron inviables y que están actualmente almacenados y en abandono, sin cumplir ninguna finalidad pública.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2026-2-0446-AC (periodo de evaluación del 6 de julio de 2018 al 30 de octubre de 2023) se señala que la entidad aprobó el Expediente de Prestación Adicional de Obra N° 06 para instalar brazos mecánicos "alza contenedores" en dos camiones compactadores nuevos. Sin embargo, los técnicos y servidores omitieron evaluar que dichas unidades, por su capacidad y diseño, no soportaban el peso de la estructura hidráulica.

Al ser instalados, los sistemas generaron una sobrecarga crítica que hizo descender la parte posterior de los camiones comprometiendo gravemente su estabilidad, lo que deformó de manera permanente los muelles y ballestas parabólicas de la suspensión y redujo la altura del vehículo al punto de chocar con el pavimento y rompemuelles de las vías urbanas de Moquegua.

A los pocos meses de su puesta en marcha, las unidades presentaron severos desperfectos mecánicos e hidráulicos. Los sistemas fueron desmontados ante la inviabilidad operativa y los riesgos de seguridad laboral para los trabajadores.

Durante las visitas de inspección realizadas por la comisión auditora, se constató que los brazos mecánicos se encuentran en el taller municipal, yacen en el suelo, desprotegidos y en avanzado estado de deterioro, mientras que el personal de limpieza pública se ve obligado a realizar el vaciado y levantamiento de los contenedores de basura de forma manual.

Por estos hechos, la CGR determinó la presunta responsabilidad civil de cinco exservidores de las subgerencias de Estudios de Inversión, Inspección de Obra y de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes emitieron opiniones favorables y tramitaron los adicionales careciendo de sustento técnico y vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado.

El informe de auditoría fue notificado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones civiles correspondientes contra los implicados. Asimismo, recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto implementar las recomendaciones técnicas y actualizar las directivas de control interno de la entidad.

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la contratación, uso y mantenimiento de los equipos biomédicos de mamografía y rayos X del Hospital Regional de Moquegua, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 2.35 millones, además de poner en riesgo la salud de los pacientes por la emisión de posibles diagnósticos erróneos.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 013-2026-2-0829, emitido el 30 de junio de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, funcionarios y servidores del Hospital Regional otorgaron la buena pro para el mantenimiento del mamógrafo a un postor cuya oferta no cumplía con los términos de referencia. Asimismo, el servicio contratado no habría cumplido con la finalidad para la cual fue requerido, generando un perjuicio económico de S/ 2 064 027,80.

El informe también advierte que, pese a que el mamógrafo presentaba "artefactos" (distorsiones o alteraciones en las imágenes diagnósticas) luego del mantenimiento, el equipo continuó siendo utilizado para atender pacientes. Según la auditoría, esta situación pudo generar falsos diagnósticos, afectando la calidad del servicio de salud brindado a la población.

Otra de las observaciones señala que el flat panel digital del equipo portátil de rayos X quedó inoperativo debido a una inadecuada manipulación por parte del personal responsable y a la inacción de la entidad, que dejó prescribir el procedimiento sancionador correspondiente. Esta situación ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 287 400 y afectó la prestación del servicio de radiología.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, disponer el procesamiento de los funcionarios involucrados y promover las acciones civiles y legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública de la Contraloría y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

En el informe se identifican 10 funcionarios y servidores públicos con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, entre ellos Edgar Julio Alférez Ramos, Dennis Israel Merino Carranza, Rainer Aranzamendi Quispe, José Ramos Supa y otros servidores vinculados a los hechos observados.

La Contraloría General de la República identificó una serie de situaciones adversas en la ejecución del proyecto de puesta en valor del sitio arqueológico Cerro Baúl, en el distrito de Torata, las cuales podrían afectar la calidad de la infraestructura, el patrimonio arqueológico y generar mayores costos para la Municipalidad Distrital de Torata.

Según el Informe de Hito de Control N.° 010-2026-OCI/2362-SCC, emitido por el Órgano de Control Institucional de la comuna torateña, durante las inspecciones realizadas en junio se detectó la presencia de vacíos o "cangrejeras" en vigas, muros y elementos de concreto del futuro Centro de Interpretación Cultural, componente que forma parte del proyecto turístico. La Contraloría advirtió que estas deficiencias podrían comprometer la durabilidad y la calidad constructiva de la obra.

El informe también revela la aparición de eflorescencias —manchas blanquecinas asociadas a la humedad y sales minerales— en siete paños de muros de albañilería de la Sala de Exhibiciones. El organismo de control señaló que, si esta situación no es tratada antes de ejecutar los acabados finales, podría ocasionar desprendimientos, deterioro prematuro y la necesidad de realizar retrabajos que incrementen los costos del proyecto.

Otra observación está relacionada con la demora en la implementación de coberturas definitivas para proteger los recintos arqueológicos intervenidos en Cerro Baúl. Durante la inspección se verificó que varias estructuras continúan protegidas de manera temporal con geomembranas, calaminas y coberturas de madera e ichu, pese a que esta situación ya había sido advertida por la Contraloría en noviembre de 2025. El ente de control alertó que la exposición a lluvias podría generar daños en el patrimonio arqueológico y mayores gastos generales para la obra.

El proyecto "Puesta en Valor del Sitio Arqueológico Cerro Baúl" fue declarado viable en 2016 y actualmente es ejecutado por la Municipalidad Distrital de Torata. La inversión total supera los S/ 23,4 millones y contempla, entre otros componentes, la construcción del Centro de Interpretación Cultural, trabajos de conservación arqueológica e iniciativas de fortalecimiento turístico en la zona.

Dato

Además, el informe señala que la construcción del Centro de Interpretación Cultural acumula tres ampliaciones de plazo y dos modificaciones presupuestales. La última ampliación extendió la culminación de la obra hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que el presupuesto del componente fue actualizado a S/ 9,45 millones. Pese a ello, al cierre de abril de este año registraba un avance financiero de 65,12 %, pero un avance físico de apenas 45,77 %, evidenciando una brecha entre el gasto ejecutado y el progreso real de los trabajos.

Indecopi declaró ilegales diversos cobros y requisitos exigidos por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) en trámites vinculados con estudios de postgrado y con la obtención de los grados académicos de maestro y doctor.

Mediante la Resolución 0145-2026/SEL-INDECOPI, la Sala confirmó que la universidad no acreditó que determinados cobros, entre ellos el monto de S/ 1404 para tramitar el grado académico de maestro o doctor, hayan sido calculados conforme a la metodología legalmente exigida ni en función del costo real del servicio.

El Indecopi también declaró ilegales algunas exigencias documentales, como presentar constancias de no adeudar material bibliográfico, bienes o servicios a la universidad; certificados de antecedentes penales y judiciales; cinco ejemplares impresos de la tesis; y el certificado oficial de estudios completos en original.

La Sala explicó que las entidades no pueden trasladar a los estudiantes la carga de presentar información que ellas mismas poseen o pueden verificar directamente. Asimismo, precisó que los requisitos exigidos en un procedimiento administrativo deben ser indispensables y guardar relación con el trámite solicitado.

La decisión no desconoce la autonomía universitaria ni la facultad de las universidades para regular sus procedimientos internos. Sin embargo, cuando otorgan grados académicos a nombre de la Nación o realizan trámites administrativos, deben respetar las reglas de simplificación administrativa y las normas aplicables a las entidades públicas.

La inaplicación de las barreras burocráticas ilegales tendrá efectos generales respecto de las medidas contenidas en el TUPA de la UNSA, por lo que beneficiará a los administrados afectados por su imposición, conforme a lo dispuesto en la resolución.

Juan Ordóñez aseguró que la norma delimita únicamente las provincias de Jorge Basadre y Candarave. Además, pidió restablecer el diálogo y advirtió que las protestas vienen afectando la economía de ambas regiones.

El alcalde distrital de Ilabaya, Juan Ordóñez Miranda, afirmó que la delimitación territorial aprobada por el Congreso no afecta territorio de Moquegua, al sostener que se trata de un proceso interno entre las provincias tacneñas de Jorge Basadre y Candarave.

En declaraciones brindadas a un medio de Tacna, la autoridad señaló que las actas de límites suscritas corresponden únicamente a la delimitación entre ambas provincias, por lo que descartó que exista una modificación de los límites con la región Moquegua. "No existe ningún perjuicio territorial a nuestros hermanos de Moquegua", manifestó.

Respecto a las medidas de protesta registradas en el distrito de Torata, donde se restringió el tránsito de trabajadores vinculados a operaciones mineras, Ordóñez recordó que toda persona tiene derecho al libre tránsito en el territorio nacional e invocó a las autoridades y a la población a privilegiar el diálogo para superar la controversia.

Asimismo, consideró que corresponde al Gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esclarecer los alcances de la norma que aún se encuentra pendiente de promulgación, a fin de evitar interpretaciones contrapuestas entre ambas regiones.

Finalmente, el burgomaestre hizo un llamado a preservar la relación de hermandad entre Tacna y Moquegua, al advertir que las medidas de fuerza vienen generando perjuicios económicos en ambos departamentos. En ese sentido, pidió restablecer las vías de comunicación y priorizar el desarrollo regional.

Las declaraciones del alcalde de Ilabaya se producen en un contexto en el que autoridades, organizaciones y diversos sectores de Moquegua sostienen que la autógrafa de ley de delimitación territorial podría afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la zona de Quebrada Honda, donde se desarrolla actividad minera.

Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo observar la norma antes de su promulgación, al considerar que tendría implicancias para el territorio y los recursos de la región.