Arequipa, 26 de junio de 2025 

En respuesta al preocupante aumento de enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y el hígado graso metabólico, el hospital regional ha anunciado la apertura oficial de su nueva unidad funcional de hígado, que formará parte del servicio de gastroenterología.

Esta unidad entrará en funcionamiento desde julio, con atención en consulta externa y un enfoque preventivo y especializado. Según el Dr. Rubén Rodríguez, responsable de esta nueva área, el objetivo es detectar de forma temprana a pacientes jóvenes, entre los 20 y 30 años, con factores de riesgo metabólico, para evitar que lleguen avanzados como la cirrosis hepática.

“Hoy enfrentamos una nueva pandemia: no solo el COVID-19, sino también la diabetes y la hipertensión. Estas enfermedades están llevando a muchos pacientes a complicaciones graves como el hígado graso, que ya es una de las principales causas de trasplante hepático en el mundo”, explicó el médico.

La unidad atenderá seis pacientes por día, brindando consultas extendidas de hasta 30 minutos, casi el doble del tiempo promedio. Esto permitirá un abordaje más completo que incluirá no solo tratamiento farmacológico, sino también cambios en estilo de vida, nutrición, actividad física y educación al paciente.

Entre las principales enfermedades que tratará la unidad figuran:

• Hígado graso de origen metabólico
• Consumo crónico de alcohol
• Hepatitis virales (B y C)
• Hepatopatías autoinmunes
•  

El hígado graso metabólico es actualmente la mayor preocupación. Hace una década, las principales causas de trasplante hepático eran los virus, pero gracias a la vacunación y antivirales, estas han disminuido. Sin embargo, la obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación han hecho que el hígado graso avance rápidamente, muchas veces sin síntomas.

“Muchos pacientes llegan a consulta ya en etapa de cirrosis y sin haber consumido una gota de alcohol. No sabían que el sobrepeso y la carga genética también son factores que dañan gravemente el hígado”, detalló el Dr. Rodríguez.

La unidad funcional busca convertirse en un modelo de atención preventiva y personalizada, destacando la necesidad de mayor equipamiento tecnológico y trabajo multidisciplinario para enfrentar estas enfermedades que se han convertido en una amenaza silenciosa para la salud pública.

Por: Daniel Huayto Ruiz

Arequipa, 25 de junio de 2025 

La decana del Colegio de Enfermeros del Perú – Consejo Regional V, Mgtr. Luz Marina Valdivia, brindó declaraciones públicas luego de que una enfermera fuera intervenida por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, acusada de presuntamente cobrar a colegas para facilitar el acceso a puestos laborales en el sector salud.

Valdivia confirmó que la profesional ya había sido sancionada anteriormente por el colegio debido a una denuncia similar recibida en enero de 2024. Tras un proceso ético-disciplinario que incluyó la evaluación de los comités de Ética y Asuntos Contenciosos, se determinó una inhabilitación de un año para el ejercicio profesional, vigente desde el 21 de noviembre de 2024 hasta el 20 de noviembre de 2025.

“La resolución fue refrendada por el Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros en Lima. La sanción está en curso y se encuentra en cumplimiento”, indicó la decana.

Asimismo, aclaró que la profesional sancionada no se encuentra habilitada para ejercer actualmente, y que, de confirmarse nuevos hechos delictivos, se podrían abrir procesos adicionales que incluso podrían conllevar a la expulsión definitiva del gremio.

Sobre posibles sanciones adicionales, Valdivia precisó que la institución está a la espera de los resultados de las investigaciones penales. En caso de una sentencia condenatoria, la enfermera no podría reincorporarse al colegio.

La decana también informó que actualmente no existen otros procesos disciplinarios activos dentro del consejo regional, y destacó que el comportamiento ético de los profesionales de enfermería es una prioridad para la institución. De los 7,000 colegiados registrados, aproximadamente 4,000 a 4,500 se encuentran habilitados y activos.

“Queremos recordar a la población que, aunque hay casos aislados que empañan la imagen institucional, la gran mayoría de nuestros profesionales cumplen con su labor con ética, vocación y compromiso por la salud pública”, señaló Valdivia.

En respuesta a los hechos, el Colegio de Enfermeros reforzará la formación en ética y deontología en sus actividades académicas. Además, se mantienen abiertos a recibir y tramitar nuevas denuncias que involucren el ejercicio indebido de la profesión.

Por: Daniel Huayto Ruiz

Arellano Consultoría Para Crecer presenta “¿Cómo vota el Perú?”, el primer estudio nacional que ofrece una radiografía completa del comportamiento electoral de los peruanos, basado en una muestra representativa tanto de zonas urbanas como rurales.

La investigación realizada a partir de encuestas domiciliarias a 1,234 personas en todo el país revela patrones de decisión, niveles de involucramiento y actitudes frente al acto de votar. Entre los hallazgos más reveladores, destaca que el 89% de los peruanos considera que las autoridades son de mala calidad porque no sabemos elegir bien.

Aunque el 44% de los encuestados considera importante acudir a votar en las elecciones presidenciales, solo el 24% asume responsabilidad por los resultados. En contraste, el 76% deslinda responsabilidad si su candidato no resulta electo.

Por regiones, la selva muestra el mayor nivel de compromiso con el proceso electoral, con un 46% de ciudadanos que consideran "muy importante" ejercer su voto, seguida de la costa (40%) y la sierra (33%).

“El problema es un círculo vicioso: como elegimos mal, los buenos candidatos ya no quieren postular, y terminamos con opciones que no nos convencen”, afirma el Dr. Rolando Arellano Cueva, presidente del Directorio de Arellano Consultoría Para Crecer.

Por su parte, Rolando José Arellano Bahamonde, Director Ejecutivo de la firma, precisó que más del 50% de los ciudadanos vota por obligación, lo que genera decisiones de último minuto, con información superficial y sin mayor reflexión. Este comportamiento se traduce en la baja calidad de nuestras autoridades y alimenta el mismo ciclo en cada proceso electoral.

Para Arellano Cueva, el diagnóstico es claro: “El primer paso para cambiar es entender qué está fallando. Con este estudio, ya lo sabemos. Ahora podemos actuar”. Destacó que esta investigación representa una oportunidad para generar mayor conciencia ciudadana y repensar la forma en que ejercemos nuestro derecho al voto.

El objetivo del estudio es contribuir al fortalecimiento de la democracia, promoviendo un voto más consciente, informado y responsable.

Colectivo PAS. La guerra por el oro en Atico empezó como un conflicto menor por el control de socavones, pero hoy muestra un escenario de guerra no declarada entre bandas de mineros ilegales que se disputan el oro. A menudo ocurren enfrentamientos o ataques sorpresivos, como el registrado en el 2022, cuando asesinaron a 14 “mineros”. Una realidad parecida a la reciente masacre ocurrida en Pataz (La Libertad), o a las ya conocidas en La Rinconada (Puno).

El 2 de junio de 2022, un enfrentamiento en la unidad minera Calpa, entre la asociación informal Calpa Renace y el grupo Atico Calpa, vinculados a la empresa Intigold Mining y a varios mineros artesanales, dejó 14 muertos, varios heridos y 13 desaparecidos.

Esa violencia volvió a ocurrir entre marzo y junio de este año: al menos dos enfrentamientos dejaron a ocho personas con contusiones y una creciente sensación de inseguridad.

Además, el 10 de marzo, unos 200 pobladores fueron desalojados arbitrariamente de sus tierras. Regresaban de un evento público cuando encontraron el acceso a sus propiedades bloqueado por hombres armados.

El presidente de la Asociación de Vivienda Social y Cultural de Atico, Manuel Ismael Alca Casimiro, denunció: “Nosotros hemos sido despojados de manera arbitraria el 10 de marzo… Aquí hay una tranquera que hace el control diario de las personas”, dijo.

En las disputas se usan armas de guerra, explosivos, drones de vigilancia y sicarios apostados en los cerros, mientras la población de Atico vive aterrorizada. Aunque todo empezó hace tres años o algo más, en cualquier momento puede ocurrir lo que pasó en Pataz, pero multiplicado.

La espiral de violencia no se detiene desde 2020. Policías y fiscales tienen dificultades para entrar a esa zona. Los operativos se frustran porque los mineros se enteran antes de que estos se hagan efectivos. Se sospecha que los mineros ilegales tienen soplones en algunas instituciones que se encargan de filtrar información sobre las acciones policiales y fiscales.

Hasta el propio comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, fue acusado de favorecer a mineros ilegales, encubrir delitos y manipular información clave para garantizar impunidad, cuando era jefe de la Región Policial Arequipa. Habría sido parte de una red que operaba en favor de intereses privados. Entrelazaba a la fuerza pública con grupos de extracción ilegal de oro, según un reportaje del dominical Panorama.

Un colaborador eficaz —un sicario— acusó a Zanabria de arreglos con los mineros ilegales: “Antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”, contó.

Y un testigo policial dijo que la Policía intervenía solo para simular seguridad o establecer un supuesto orden. Zanabria Angulo negó tales vínculos con mineros ilegales. Dijo en RPP Noticias que todas las denuncias fueron archivadas. Este caso sigue en investigación.

Atico inseguro
Atico se encuentra en la provincia de Caravelí, a ocho horas de Arequipa. Según el censo de 2017, el distrito tiene 5 753 habitantes. Muchas de estas familias dependen exclusivamente de la minería artesanal —informal o ilegal— como fuente de ingresos, pese al riesgo constante.

Este distrito costero, con vastas playas, es también una zona por donde circula el oro ilegal en un camino de muerte que ya cobró la vida de decenas de personas. Es un lugar donde los mineros ilegales se imponen con violencia y sangre. Están armados o cuentan con seguridad armada.

El precio del oro (entre S/ 210 y S/ 220 por gramo en el 2023), casi el doble que, en años pasados, atrajo a trabajadores sin oportunidades y alimentó los conflictos.

Reinfo avala ilegalidad 

El distrito de Atico cuenta con 550 registros en Reinfo, entre suspendidos y vigentes, de personas naturales y jurídicas, según la página del Ministerio de Energía y Minas. En 2022, la Gerencia Regional de Energía y Minas registró más de 2 000 mineros informales en la zona. Como, en otras zonas del país con presencia de minería informal e ilegal, el Reinfo es una especie de “carta blanca” para que, con sus aliados o socios delincuentes, impongan el caos y destruyan ecosistemas.

Quizá por eso, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pidió la intervención del Poder Ejecutivo para que se aplique el mismo marco legal que se impuso en Pataz: Estado de Emergencia ante la ola de inseguridad provocada por las operaciones de minería ilegal. Pero no hubo respuesta.

El Estado parece haber renunciado a hacer primar el principio de autoridad en la zona, o, quizás, simplemente se corrompieron: No hace nada, o hace muy poco, para enfrentar a los mineros ilegales.

Actualmente, Atico vive en un ambiente de inseguridad, con bloqueos, presencia de sicarios, mientras la minería ilegal se convirtió en su principal actividad económica. Desde este distrito se transportan hasta 15 toneladas de mineral por vehículo hacia plantas de procesamiento en Chala, otro de los distritos de la provincia costera.

Mesa de trabajo
Ante la ola de violencia, el último 2 de junio la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa de trabajo multisectorial para abordar el problema. Sin embargo, solo una semana después se registraron nuevos enfrentamientos.

Nuevamente, la indiferencia del Estado y las acciones de los mineros atemorizaron a los pobladores de Atico. El alcalde distrital, Julio Candia Ramos, denunció que ni el Gobierno Regional de Arequipa, ni el Ejecutivo nacional los incluyeron en las mesas de diálogo. Esa situación obligaría al pueblo a tomar las calles, con el riesgo de que se pierdan vidas.

Aaron Maldonado López, consejero regional por Caravelí, cuestionó el trabajo de la Policía y acusó al actual general, Óscar Benavides, de una completa inacción para recuperar la seguridad en el lugar. En su momento reclamó la presencia de unidades especializadas para desarticular la violencia y las extorsiones.

Arequipa, 19 de junio de 2025 

Diversos grupos de motociclistas de Arequipa, incluyendo tanto a miembros de colectivos como a moteros independientes y trabajadores que utilizan motocicleta como medio de transporte, se manifestaron este jueves en contra de la reciente normativa que obliga a los conductores a portar un chaleco con la placa del vehículo visible en la espalda.

Según los organizadores, se esperaba la participación de al menos 500 personas en diferentes puntos de la ciudad, como Cerro Colorado y Bustamante, desde donde se concentrarían para movilizarse hacia el centro de la ciudad, una vez culminada otra actividad en la Plaza de Armas para evitar interferencias.

La medida, que comenzará a regir a nivel nacional este sábado, ha generado el rechazo de la comunidad motera por considerarla injusta, discriminatoria y poco efectiva. “No estamos de acuerdo con esta nueva ley que nos obliga a llevar una prenda específica y la placa en la espalda. Es un gasto adicional y una forma de estigmatización”, expresó una de las moteras de la protesta.

Una ciudadana de nacionalidad alemana, que también participó de esta movilización, comparó esta normativa con prácticas históricas de segregación, como la imposición de símbolos a grupos perseguidos. Además, cuestionó la eficacia de la ley al señalar que los delincuentes pueden fácilmente falsificar chalecos y evadir controles, mientras que los ciudadanos honestos son penalizados.

Otro de los puntos de disconformidad es el costo que implica cumplir con la disposición, estimado en alrededor de 60 soles por chaleco, sin contar otros implementos exigidos. “No todos tenemos ese dinero presupuestado, y si uno se olvida la prenda, puede ser multado o incluso se le puede decomisar la moto”, reclamó una de las participantes.

Los manifestantes recordaron que, en Lima, donde ya se aplica esta medida en distritos en estado de emergencia, no se ha registrado una disminución significativa en la delincuencia vinculada al uso de motocicletas. Por ello, solicitan al Estado adoptar estrategias más eficaces y respetuosas con los derechos de los ciudadanos.

Si bien afirmaron que acatarán la ley, insistieron en su rechazo y en que ya se han presentado medidas judiciales para cuestionar la norma por considerarla anticonstitucional. “Ningún civil debería ser obligado a vestir una prenda determinada. Eso atenta contra nuestros derechos fundamentales”, añadieron.

El recorrido de la movilización incluyó zonas como la avenida La Marina, en dirección al centro histórico de Arequipa. Se prevé que este tipo de protestas se repliquen en otras regiones del país en los próximos días.

Apurímac, 18 de junio de 2025 

El alcalde distrital de Selva Alegre, Alfredo Benavente, expresó su preocupación por la crítica situación del Centro de Salud Apurímac, cuyas instalaciones sufrieron graves daños durante la temporada de lluvias, dejando inhabilitados varios ambientes e interrumpiendo la atención médica a la población.

A pesar de que existe un acta de compromiso firmada entre el gobierno regional y las autoridades locales desde fines de febrero, el mantenimiento comprometido aún no ha comenzado. El alcalde señaló que hace más de diez días sostuvo una reunión directa con el gobernador regional, a quien pidió que se aceleren los trabajos. Sin embargo, aún no se ha recibido una respuesta concreta por parte del área de mantenimiento correspondiente.

“Han pasado más de cuatro meses desde el compromiso inicial y seguimos esperando. No se trata de una vía colapsada que puede ser desviada, se trata de salud, de vidas humanas”, manifestó.

Debido a la emergencia, la municipalidad ha habilitado módulos temporales para que el centro de salud pueda continuar brindando atención, aunque en condiciones limitadas. Parte del techo de uno de los ambientes llegó a desplomarse, evidenciando el deterioro progresivo de la infraestructura. Algunos espacios están totalmente inhabilitados desde antes de la temporada de lluvias debido a fallas estructurales previas.

El alcalde también indicó que, si bien la municipalidad está dispuesta a asumir responsabilidades, la normativa vigente no le permite realizar mantenimiento directo en instalaciones del sector salud. No obstante, anunció que ya se trabaja en la elaboración de un perfil técnico y expediente para proyectar la construcción de nuevas instalaciones en el mediano plazo.

“Lo importante es no desatender a la población. Se han habilitado módulos y estamos haciendo todo lo posible para mantener la atención, pero la respuesta del gobierno regional debe ser inmediata”, agregó.

Hasta el momento, no se ha logrado una reunión formal con el nuevo gerente del sector salud, aunque las autoridades locales continúan presionando para obtener una solución definitiva lo antes posible.

Arequipa, 18 de junio de 2025 

Norma Ortega, consejera por la provincia de Camaná alzó su voz una vez más para exigir atención urgente al deteriorado sistema de salud de la provincia, afectado por infraestructura deficiente, falta de personal, escasez de ambulancias y un hospital cuya construcción permanece paralizada desde 2016.

En declaraciones recientes, la representante regional destacó los esfuerzos realizados para visibilizar esta problemática ante las autoridades regionales y nacionales. “Los centros de salud de Camaná se encuentran en condiciones alarmantes, algunos funcionando en locales comunales sin servicios adecuados”, expresó.

La paralización del Hospital de Camaná desde hace casi una década es el principal símbolo del abandono, pero no el único. Diversos puestos de salud en distritos como Pucchún, y Solidaridad de La Pampa enfrentan situaciones críticas: falta de servicios básicos, hacinamiento y ausencia de infraestructura apropiada para atender a la población.

Durante una reciente reunión con la Gerencia Regional de Salud y alcaldes locales, se acordó reimpulsar los estudios de preinversión necesarios para habilitar nuevos proyectos de infraestructura. Uno de los casos más urgentes es el del puesto de salud de Solidaridad, que fue arbitrariamente desactivado por el gobierno regional, pese a contar con un perfil viable en actualización.

La consejera también denunció que el retraso en estos procesos se debe en parte a constantes cambios de funcionarios desde 2023, lo que ha ralentizado el avance de expedientes técnicos. A pesar de ello, reiteró que “no se puede bajar la guardia”, ya que la gestión continúa hasta diciembre de 2026.

En cuanto a equipamiento, si bien Camaná ha recibido algunas ambulancias, las dos primeras en junio de 2024 para Ocoña y otras posteriores para Quilca y Urasqui el hospital principal de la provincia continúa sin unidades propias, dependiendo del préstamo de vehículos desde otros distritos. Se espera que en diciembre de este año lleguen dos ambulancias urbanas como parte de una licitación gestionada por el Ministerio de Salud y UNOPS (Naciones Unidas).

Finalmente, la representante hizo un llamado a priorizar el desarrollo de perfiles viables para permitir futuras inversiones, incluyendo modalidades como obras por impuestos, que algunas municipalidades ya estarían explorando.

“Sin estudios de preinversión adecuados, no se podrá cerrar la brecha en salud. La situación es crítica y no se puede seguir postergando”, concluyó.

Arequipa, 12 de junio de 2025 

El gerente regional de salud, Dr. Walter Oporto, confirmó que el plan de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) se ejecutará, en el mismo terreno del hospital, descartando así otras propuestas en el Cono Norte o Cono Sur de la ciudad.

Esta decisión fue tomada con base en los plazos establecidos para el proyecto, que no permiten mayores retrasos ni cambios de ubicación. “Si hubiera habido más tiempo, se habría podido mejorar incluso la ubicación, pero lamentablemente no ha sido así”, explicó una de las autoridades.

La ejecución del plan de contingencia es clave para garantizar la continuidad de los servicios oncológicos durante el proceso de construcción del nuevo Iren Sur. No obstante, uno de los principales obstáculos ha sido la dificultad para encontrar un médico que asuma la dirección del proyecto, debido a los altos requisitos exigidos por la ley de idoneidad. “Es muy complicado encontrar un profesional que cumpla con el perfil requerido, incluso dentro de los mismos colegas del Iren”, afirmaron.

En cuanto a la coordinación con el Hospital Honorio Delgado, se aclaró que no se contempla ejecutar el plan de contingencia en sus instalaciones. Sin embargo, se mantiene una comunicación constante, dado que ambos centros forman parte del mismo sistema regional de salud. “Ya tuvimos una primera reunión con los jefes del Honorio Delgado y se tiene prevista una segunda. Su rol ha sido plantear las necesidades de equipos y servicios, no definir la ubicación del proyecto”, precisaron.

Este jueves, a las 11 de la mañana, se programó una reunión clave en el Gobierno Regional para revisar y ajustar detalles del proyecto. El expediente técnico está a cargo del AMIN, mientras que la Gerencia Regional de Salud deberá garantizar la entrega del terreno y otras facilidades para iniciar la construcción.

Las autoridades insistieron en que no hay retrasos en el cronograma, y que todos los esfuerzos están enfocados en cumplir con los plazos para evitar afectaciones a los pacientes.

Por: Daniel Huayto Ruiz

15 de mayo del 2025

Personal médico y pacientes del IREN Sur protestan por decisión del Gobierno Regional que aleja la atención oncológica de los sectores más vulnerables.

Una mañana de reclamos y carteles marcó la jornada del martes en la sede de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Personal médico, pacientes oncológicos y sus familias protagonizaron una protesta pacífica contra una decisión que consideran arbitraria y perjudicial: el cambio de ubicación del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) a un terreno ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa – La Joya, en el Cono Norte de la ciudad.

La medida, anunciada sin consulta previa por el Gobierno Regional de Arequipa, ha generado rechazo unánime entre los profesionales de salud y usuarios del servicio, quienes denuncian que la nueva ubicación es lejana, inaccesible y no cumple con los requisitos técnicos para la construcción de un centro oncológico de alta especialización.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen los medios económicos ni la condición física para trasladarse tan lejos. Este cambio los condena a abandonar sus tratamientos”, declaró uno de los médicos manifestantes, visiblemente indignado por la falta de diálogo.

Un cambio sin sustento técnico ni legal

El proyecto del nuevo IREN Sur no es reciente. Desde el 2024, ya contaba con estudios técnicos aprobados, cronograma establecido y un terreno debidamente saneado de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y accesible para la mayoría de pacientes oncológicos que llegan desde distintas provincias del sur del país.

El presidente del frente de defensa IREN Sur, Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, denunció que la decisión del Gobierno Regional no solo es sorpresiva, sino también inconsistente y carente de respaldo técnico.

“El terreno actual fue validado legal y técnicamente. Ahora nos dicen que todo se trasladará al Cono Norte, sin estudios y sin accesos adecuados. Lo que es peor, se presenta como una simple ‘propuesta’, pero públicamente el gobernador ya actúa como si la decisión estuviera tomada”, explicó Palomino.

Durante una reciente reunión convocada por el propio Gobierno Regional para abordar el tema, no asistieron figuras clave como el gobernador Rohel Sánchez, el gerente general regional ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), lo que impidió que se resolvieran las dudas y se generó aún más incertidumbre.

Un golpe para la atención oncológica del sur del país

El IREN Sur no es un hospital común. Se trata de un centro oncológico de nivel 3, el único en la macroregión sur del Perú, dedicado exclusivamente a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su rol es fundamental para miles de pacientes provenientes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.

La comunidad médica ha alertado que el nuevo terreno en el Cono Norte no cumple con los requerimientos técnicos mínimos para un centro de alta especialización: ni acceso a servicios básicos inmediatos, ni buena conectividad vial, ni condiciones óptimas de infraestructura.

“Esto no es un simple cambio de terreno. Es poner en riesgo todo un proyecto que podría salvar miles de vidas. No se puede improvisar con algo tan delicado como el tratamiento del cáncer”, agregó el Dr. Palomino.

Rechazo y posible vía legal

La protesta no solo tuvo carácter simbólico. Los profesionales de salud informaron que han solicitado asesoramiento a instituciones especializadas como la Red Oncológica Nacional, el City Cancer Challenge y a diversos congresistas, quienes ya evalúan posibles acciones legales para frenar el cambio y asegurar que el proyecto se desarrolle en condiciones óptimas.

“El diálogo está abierto, pero tiene que darse con criterios técnicos y respeto por la salud pública. No aceptaremos decisiones unilaterales que vayan en contra de los intereses de los pacientes”, sostuvo el presidente del frente de defensa.

Exigen respeto a los avances logrados

El terreno en la Avenida de la Salud fue asignado oficialmente en agosto de 2024, luego de un proceso largo de evaluación y saneamiento legal. Su elección respondía a la necesidad de que el nuevo instituto esté ubicado en una zona con infraestructura vial, accesibilidad para pacientes de bajos recursos y cercanía a otros servicios hospitalarios complementarios.

Cambiar esa decisión, sin explicación pública clara y sin el consenso de los especialistas, ha generado una sensación de retroceso y de falta de respeto por el trabajo técnico realizado hasta ahora.

“Sentimos que se están tomando decisiones políticas y no técnicas. Y eso, cuando hablamos de cáncer, puede costar vidas”, expresó una representante del personal técnico del IREN Sur.

una decisión que puede marcar vidas

El cáncer no espera. Tampoco da tregua. Cada día de retraso, cada barrera de acceso, cada decisión improvisada, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de pacientes oncológicos en el sur del país.

La comunidad médica y los usuarios del IREN Sur han alzado la voz, no por capricho, sino por convicción: la salud no puede decidirse sin los técnicos, sin los pacientes y sin pensar en el largo plazo.

Por ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno Regional. El futuro del nuevo centro oncológico, y de muchos que luchan contra el cáncer, depende de que escuchen a quienes están del otro lado del escritorio. Y del bisturí.

Por: Daniel Huayto Ruiz

El sol apenas trepa los muros grises de la Gerencia Regional de Salud cuando comienzan a llegar. Algunos caminan lento, otros avanzan con la ayuda de una silla de ruedas, y unos pocos, con batas blancas y ojos cansados, empujan su rabia contenida en cada paso. No hay pancartas ruidosas ni arengas violentas. Hay silencio, preocupación, y un grito ahogado que pide lo más básico, acceso a la salud sin barreras.

La escena parece rutinaria, pero no lo es. Son médicos, pacientes oncológicos y familiares del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), y han decidido dejar el hospital por unas horas para defender algo más que un terreno: la posibilidad de seguir viviendo cerca del tratamiento que necesitan.

El motivo de su protesta es el reciente anuncio del Gobierno Regional de trasladar la construcción del nuevo centro oncológico al kilómetro 16 de la vía Arequipa – La Joya, en el Cono Norte. Una decisión que cayó como una bomba silenciosa en los pasillos del IREN.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen ni para el pasaje. Algunos apenas pueden levantarse de la cama después de una quimioterapia. ¿Cómo esperan que se trasladen hasta allá?”, dice una enfermera mientras sostiene del brazo a una mujer con pañuelo celeste en la cabeza. No dice su nombre. Solo repite: “No es justo. No es humano”.

En agosto de 2024, el proyecto para el nuevo IREN Sur parecía avanzar. Se había saneado un terreno de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y cercana a hospitales, laboratorios y farmacias. Los estudios técnicos estaban aprobados. Había ilusión. Pero en los primeros meses del 2025, sin aviso ni consulta previa, todo cambió.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que la nueva sede se construirá en un terreno más alejado, en el Cono Norte. Sin estudios nuevos. Sin sustento legal. Sin la presencia del personal médico que debía opinar. Una decisión unilateral que, según los especialistas, pone en riesgo la ejecución del proyecto y, más grave aún, el tratamiento de miles de personas.

“No se puede improvisar con el cáncer”, dice el Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, presidente del frente de defensa del IREN Sur. Su voz es firme, aunque se le nota cansado. No es la primera vez que sale a exigir algo que, en teoría, ya estaba asegurado. “Este instituto es de nivel 3, no se puede reemplazar por un hospital general ni ubicar en cualquier parte. El nuevo terreno no tiene ni accesos adecuados”.

Días antes de la protesta, hubo una reunión convocada por el propio Gobierno Regional. Pero los rostros que más se esperaban no aparecieron: ni el gobernador, ni el gerente general, ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Solo quedaron los médicos, técnicos, y algunos representantes sindicales que se miraban entre sí esperando respuestas que nunca llegaron.

Mientras tanto, los pacientes siguen llegando al actual IREN Sur con diagnósticos duros y miradas frágiles. Muchos de ellos vienen desde provincias alejadas como Puno, Moquegua o Tacna. Algunos madrugan, otros se endeudan para pagar pasajes. La idea de tener que desplazarse aún más lejos no es solo una incomodidad: es una sentencia anticipada.

“¿Y si no llego? ¿Y si no me da el cuerpo para tomar dos buses?”, pregunta con voz temblorosa una mujer de 52 años que no quiso dar su nombre. Ha superado dos ciclos de quimioterapia, pero siente que no podría soportar una tercera si le alejan su centro de atención.

El personal médico no está solo. Detrás de ellos hay organizaciones como la Red Oncológica Nacional y el City Cancer Challenge que ya han empezado a brindar asesoría legal y técnica. Incluso algunos congresistas han mostrado interés en frenar lo que ya consideran un atropello a la salud pública.

“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete lo avanzado, que se escuche a quienes saben. Esto no es política, es oncología”, sentencia el Dr. Palomino.

Por: Daniel Huayto Ruiz