Elvis Córdova Nina, candidato de Progresemos a la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y actual alcalde de Torata, presentó ante el JNE un plan de gobierno que reproduce extensos contenidos del documento con el que el actual alcalde de esta jurisdicción John Larry Coayla postuló por Alianza para el Progreso en las elecciones municipales de 2022.

La coincidencia no se limita a ideas generales. La revisión comparativa identifica párrafos, diagnósticos, indicadores, propuestas y estructuras prácticamente iguales. En varios pasajes, el cambio visible consiste en reemplazar “Alianza para el Progreso” por “Progresemos”. También se mantienen errores de redacción y referencias que pertenecían al plan anterior.

EL DATO QUE LO EVIDENCIA: Aunque el nuevo plan corresponde al periodo 2027-2030, todavía lo define como un documento para 2023-2026. Además, conserva metas programadas para 2024, un año ya concluido.

Esto no es un detalle meramente formal. Si el diagnóstico no fue actualizado, las prioridades, indicadores y soluciones propuestas pueden no responder a la situación que deberá enfrentar la provincia desde 2027.

El plan de 2022 afirmaba haber sido construido mediante diálogo, reuniones técnicas, recopilación de estadísticas y participación de organizaciones sociales, actores económicos e instituciones. El documento de Córdova reproduce esa explicación con la misma secuencia argumentativa y cambia únicamente la referencia partidaria.

La consecuencia es importante: si la metodología también fue copiada, el nuevo documento no permite comprobar que se haya realizado un proceso propio de diagnóstico y participación para el periodo 2027-2030.

En el diagnóstico juvenil se mantienen las cifras del plan de 2022: 21 671 jóvenes, 56 % con empleo, 21 % que estudia y 18 % que no estudia ni trabaja. También reaparecen porcentajes sobre educación superior y afiliación a seguros de salud, sin que el documento explique si fueron actualizados o contrastados.

La Casa de la Juventud, los programas de emprendimiento y voluntariado, los convenios y otras medidas se trasladan al nuevo plan. El problema no es que una propuesta pueda repetirse, sino que se presente nuevamente sin demostrar si la población objetivo, sus necesidades y las condiciones del empleo juvenil siguen siendo las mismas.

El apartado de seguridad repite el diagnóstico sobre delincuencia, consumo de alcohol, venta de drogas, violencia familiar y limitada vigilancia. También conserva el indicador de 66,67 % de sectores sin determinados medios de vigilancia y una proyección de reducción para 2024.     

¿POR QUÉ IMPORTA? Una meta vencida no permite saber cuál es la línea de base actual, qué resultado se alcanzó ni qué objetivo deberá cumplir una eventual gestión a partir de 2027.

La reproducción continúa en propuestas específicas. Ambos planes plantean poner en operación un relleno sanitario, recuperar áreas degradadas y reforestar el botadero municipal. En el vivero aparecen los mismos componentes: plantones florales, arbustos y árboles; compost y humus de lombriz; riego tecnificado; paneles solares y parques temáticos.

Nuevamente, la coincidencia no invalida por sí sola las propuestas. Lo que debilita el plan es la ausencia de una explicación actualizada: qué problemas persisten, qué cambió desde 2022, qué intervenciones ya ejecutó la actual gestión provincial y por qué estas medidas siguen siendo pertinentes.

¿Qué consecuencias traería presentar un plan desactualizado?

* Debilita el diagnóstico. No ofrece certeza de que las cifras y los problemas descritos correspondan a la realidad de 2026.
* Reduce la credibilidad de las propuestas. Si no existe una línea de base vigente, no se puede evaluar si las metas son necesarias, suficientes o viables.
* Impide medir resultados. Las referencias a 2023-2026 y 2024 vuelven incoherente el seguimiento de compromisos para 2027-2030.
* Pone en duda la elaboración participativa. La reproducción de la metodología anterior no demuestra que el nuevo plan haya recogido aportes propios de ciudadanos, especialistas e instituciones.
* Afecta la confianza del elector. Un plan de gobierno es el principal documento mediante el cual una candidatura explica qué conoce, qué propone y cómo pretende gobernar.

Los documentos comparados permiten sostener que hubo reproducción extensa de contenido y una actualización insuficiente. Esto evidencia falta de rigor técnico y profesional en la preparación y revisión del plan, y genera dudas razonables sobre cuánto conoce la candidatura de la situación actual de Mariscal Nieto.

Sin embargo, el documento por sí solo no permite afirmar como hecho que exista desinterés ni determinar una falta ética intencional. Esas son valoraciones que exigirían conocer cómo se elaboró el plan, quiénes participaron, si se reconocieron las fuentes y qué explicación ofrece la candidatura.

Más que un requisito electoral, el plan de gobierno debe ser una hoja de ruta basada en información vigente, metas verificables y propuestas propias. Corresponde a Elvis Córdova explicar por qué su documento conserva contenidos y plazos del plan de 2022, identificar qué información fue actualizada y demostrar que sus compromisos para 2027-2030 responden realmente a las necesidades actuales de Mariscal Nieto.

Dato: Puede revisar y comparar los planes de gobierno en los siguientes links: 

1.- Plan de gobierno de Elvis Cordova (Progresemos) para gestión 2027- 2023
https://drive.google.com/file/d/12ZfMhHoaqvfJ04dsQIDOXvPjfyl539li/view?usp=sharing

2.- Plan de gobierno de Jhon Larry (Alianza para el Progreso) para gestión 2023- 2026
https://drive.google.com/file/d/1TrxBj56uWD3BVRPAbfRj5Q3uA41XwUyj/view?usp=sharing

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aprobó, mediante Resolución Jefatural N.º 000108-2026-ANIN/JEF, su Plan de Implementación BIM 2026-2028, hoja de ruta con la que la entidad busca estandarizar la gestión de información bajo la metodología Building Information Modeling (BIM) en toda su cartera de proyectos de infraestructura.

La ANIN viene transformando la manera en que se diseñan y ejecutan las obras públicas en el país mediante la implementación de la metodología BIM, que permite integrar información, optimizar procesos y mejorar la gestión de los proyectos desde su planificación hasta su construcción y mantenimiento, mediante herramientas digitales. Gracias a ello, es posible reducir riesgos, anticipar interferencias y desarrollar infraestructura de mayor calidad en beneficio de la población.

Actualmente, la ANIN aplica esta metodología en 248 proyectos de infraestructura vinculados a salud, transporte, riego, infraestructura deportiva, infraestructura turística y soluciones integrales de prevención frente a desastres naturales, consolidando una gestión más eficiente, colaborativa y transparente de la inversión pública.

BIM permite integrar en una sola plataforma toda la información técnica de una obra, desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento. Esto facilita el trabajo coordinado entre arquitectos, ingenieros y especialistas desde las etapas iniciales del proyecto, mejorando la planificación y fortaleciendo la toma de decisiones.

A diferencia de los métodos tradicionales, esta metodología permite detectar interferencias antes del inicio de la construcción, anticipar riesgos y mantener un mayor control técnico y operativo durante todo el ciclo de vida de la infraestructura.

Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de desarrollar de manera articulada los procesos de diseño y construcción, optimizando plazos y mejorando el seguimiento de los proyectos. Asimismo, promueve entornos de trabajo colaborativo que permiten identificar y resolver observaciones técnicas antes de su ejecución en campo.

La implementación de BIM en la ANIN se desarrolla bajo lineamientos técnicos y procedimientos estandarizados alineados con estándares internacionales para la gestión de infraestructura. Como resultado de este trabajo, la entidad alcanzó un 88% de madurez organizacional BIM en 2025, de acuerdo a los lineamientos de adopción progresiva de BIM dispuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, consolidándose entre las instituciones públicas líderes en la adopción de esta metodología.

Además, la entidad cuenta con librerías digitales que reúnen más de 600 elementos prediseñados para hospitales y colegios, lo que permite estandarizar componentes, agilizar procesos de diseño y generar mayores eficiencias en la planificación de los proyectos.

Entre las principales intervenciones gestionadas bajo esta metodología destacan el IREN Sur en Arequipa, el Hospital La Caleta, los establecimientos de salud de Máncora, Sechura y Talara, la carretera Yungay–Yanama, el canal de riego Miguel Checa y las intervenciones de control de inundaciones en el río Rímac.

De esta manera, la ANIN reafirma su compromiso con la modernización de la inversión pública mediante el uso de tecnologías innovadoras que contribuyen al desarrollo de infraestructura más eficiente, sostenible y de calidad

La Contraloría advirtió una situación adversa en la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua”, ubicada en la sede Mariscal Nieto. El informe corresponde al hito de control realizado en agosto de 2026.

Según el documento, el proyecto fue declarado viable en diciembre de 2016 con un monto de inversión de S/4.3 millones. Posteriormente, el expediente técnico fue actualizado y el presupuesto llegó a S/15.8 millones antes del inicio de la ejecución, en octubre de 2022.

Durante la ejecución se aprobaron siete modificaciones presupuestales, con lo que el presupuesto modificado de la obra alcanzó los S/34 millones 530 mil 571.84. Es decir, el monto casi se duplicó respecto al presupuesto de S/17.5 millones aprobado antes del inicio de los trabajos.

El plazo también se extendió de manera significativa. El proyecto tenía inicialmente 365 días calendario, pero acumuló siete ampliaciones que elevaron el plazo total a 1,428 días. La última ampliación estableció como nueva fecha de culminación el 15 de septiembre de 2026.

La situación detectada por la Contraloría está relacionada con un cronograma de ejecución desactualizado y retrasos en la ejecución física. Durante la inspección realizada el 21 de agosto, se verificó que algunas partidas cuyos plazos ya habían vencido continuaban en ejecución, mientras que otras todavía no habían comenzado.

El órgano de control señaló que esta situación dificulta el adecuado seguimiento y control del avance físico de la obra. Además, advirtió que podría afectar la culminación dentro del plazo previsto y generar mayores costos y nuevas ampliaciones de plazo.

Entre las partidas pendientes figuran trabajos de instalaciones eléctricas, arquitectura, equipamiento y mobiliario, sistemas de seguridad y otros componentes. El informe también registra bienes ya adquiridos que permanecían pendientes de instalación o puesta en funcionamiento.

En resumen: una obra que originalmente fue planteada con un presupuesto de S/4.3 millones, hoy tiene un presupuesto modificado de S/34.5 millones, mientras su plazo de ejecución pasó de 365 a 1,428 días. Ahora, a pocas semanas de la fecha prevista para su culminación, la Contraloría alerta que existen partidas retrasadas y pendientes de ejecución.

En un contexto en el que las comunidades enfrentan desafíos cada vez más diversos, la innovación social adquiere un rol relevante para encontrar nuevas formas de responder a las necesidades de las personas y generar cambios en sus entornos. En distintas regiones del Perú, estas respuestas surgen desde el uso de nuevas tecnologías, la educación, el conocimiento local y la participación comunitaria, demostrando que innovar no solo implica desarrollar nuevos productos o servicios, sino también transformar la manera en que se abordan problemas que afectan a la sociedad.

Bajo esta mirada, Protagonistas del Cambio UPC por los ODS reconoció a los 10 jóvenes ganadores de su edición 2026, cuyas iniciativas abordan distintos desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión, el medio ambiente, la cultura y la generación de oportunidades. Los proyectos, provenientes de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno, muestran distintas formas de entender la innovación social y de generar respuestas desde los propios territorios. A continuación, conoce las iniciativas que forman parte de esta edición:

• José Carlos Manchego (Arequipa) – Hem.IA: plataforma que convierte un celular en un microscopio inteligente mediante IA y un adaptador de bajo costo para detectar anemia, malaria y enfermedad de Chagas en menos de cinco minutos y sin internet.
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• Cristopher Vargas (Cusco) – Rimay Sonqoykiwan: iniciativa cultural dedicada al doblaje, adaptación y creación de contenido audiovisual en quechua para acercar el idioma a las nuevas generaciones y promover la identidad cultural. 
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• Fernando Peñaranda (Cusco) – Fundación Sinkumunchis: trabaja con jóvenes de comunidades campesinas quechuahablantes mediante deporte, acompañamiento socioemocional y fortalecimiento de la identidad cultural.
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• César Huaroto (Junín) – Wiñaq – Red de Mentoría para Comunidades Mineras: brinda acompañamiento académico, personal y vocacional a jóvenes de comunidades mineras de Yauli-La Oroya, fortaleciendo su salud mental y proyectos de vida.
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• Carla Torre (Lima) – STEM Futuras: conecta a jóvenes, principalmente mujeres, con carreras STEM mediante orientación, talleres y mentorías. Ha impactado a más de 1,250 jóvenes en seis regiones del país.
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• Jashira Meza (Lima) – Oportunidades con Impacto: facilita el acceso de jóvenes a becas, voluntariados y programas de formación. Ha alcanzado a más de 50,000 jóvenes y cuenta con CAUSE, una plataforma gratuita que brinda orientación de acuerdo con el perfil y objetivos de cada usuario.
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• Maria Stephany Calisaya (Lima) – Paisajes Educativos: Semillas para mi Parque: transforma espacios públicos de Lima, Cusco y Amazonas en entornos de aprendizaje y cuidado para la niñez, mediante proyectos ambientales y participación comunitaria.
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• Ariana Dongo (Loreto) – Ikua4Change: desarrolla una metodología de aprendizaje basada en el juego para fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en niños de 6 a 10 años de la Amazonía.
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• Ivo Almeida (Loreto) – Cuadra inclusiva: promueve la recuperación de áreas verdes en Iquitos e incorpora materiales de educación ambiental accesibles en Lengua de Señas Peruana.
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• Milagros Espinoza (Puno) – T'IKARY: impulsa la siembra de agua y el cultivo de cushuro junto a estudiantes de colegios agropecuarios para contribuir a la seguridad alimentaria y combatir la anemia infantil

Estas iniciativas muestran que el impacto social puede surgir desde distintos ámbitos y territorios, combinando conocimiento, creatividad, tecnología y trabajo colaborativo para responder a necesidades concretas. Desde soluciones aplicadas a la salud hasta propuestas educativas, ambientales y de inclusión, los proyectos reconocidos buscan generar cambios sostenibles en sus comunidades.

“Cada edición de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS nos permite conocer de cerca a jóvenes que están encontrando nuevas formas de responder a los desafíos de sus comunidades. Este año vemos propuestas que destacan no solo por las problemáticas que abordan, sino también por su capacidad de movilizar conocimiento, innovación y colaboración para generar soluciones con impacto”, señaló Javier García-Blásquez, coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS.

Como parte del programa, los 10 ganadores recibirán acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social, además de oportunidades para fortalecer sus iniciativas y ampliar sus redes de colaboración. Asimismo, en el caso de los ganadores provenientes de regiones fuera de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) asumirá su traslado a la capital para que puedan participar en un bootcamp orientado al fortalecimiento y desarrollo de sus proyectos.

Sobre la UPC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació como una institución educativa basada en la exigencia, orientada a formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. La institución está comprometida con brindar una formación que re-evoluciona la educación superior en el país con un modelo de enseñanza que desafía lo convencional bajo una mirada global. Actualmente, es la primera y única universidad peruana con una acreditación institucional otorgada por WASC Senior College and University Commission, entidad acreditadora reconocida por SINEACE. Además, ha sido reconocida por quinto año consecutivo como la universidad con mayor reputación en el Perú según el ranking MERCO 2025. Para conocer más sobre la UPC, ingresa a upc.edu.pe o las redes sociales institucionales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Ayacucho escaló del puesto 17 al 15 en el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), lo que la posiciona entre las regiones con mayor avance junto con Puno y Madre de Dios. Este resultado respondió a mejoras en los pilares Laboral, Infraestructura y Entorno Económico, pese a registrar un retroceso en el pilar Salud. En el ámbito laboral, la región subió de la posición 17 a la 12 impulsada por el incremento de la fuerza laboral con educación superior completa de 12.3% a 19.7%. "El porcentaje de trabajadores ocupados en empresas grandes aumentó de 8.7% a 12.7%, con lo que la región dejó el último lugar", destacó el IPE sobre el avance en el pilar Entorno Económico, en el que Ayacucho pasó del puesto 20 al 17.

En el pilar Infraestructura, la región escaló del décimo al séptimo lugar. El acceso a agua con nivel adecuado de cloro residual creció de 30.8% a 41.2%, mientras que la tarifa eléctrica promedio para hogares y pequeños comercios cayó un 7.7%, registrando la sexta mayor reducción del país. Sin embargo, la región cayó de la posición 13 a la 15 en el pilar Salud, afectada por el alza de la tasa de embarazo adolescente de 8.4% a 10.7% en mujeres de 15 a 19 años, nivel superior al promedio nacional de 7.4%. A esto se sumó la reducción en la disponibilidad de médicos en el sector público de 10.3 a 9.9 por cada 10 mil habitantes. "Si bien la prevalencia de anemia infantil disminuyó del 45.7% al 44.1% de niños entre 6 y 35 meses, la región continúa registrando la cuarta tasa más alta del país", detalló el informe del IPE.

Por otro lado, la región mantuvo sus posiciones en Educación (puesto 10) e Instituciones (puesto 24). En el pilar Institucional, Ayacucho figura como la tercera región con mayor atomización en sus proyectos de inversión pública y la séptima con mayor victimización por hechos delictivos, afectando al 27% de la población urbana de 15 años a más. Para sostener su avance competitivo, el IPE recomendó priorizar el fortalecimiento del sistema de salud mediante la Educación Sexual Integral (ESI), ampliar la atención preventiva frente a la anemia y mejorar la calidad de la inversión pública impulsando la participación del sector privado.

En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó un 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.

La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño "podría ser utilizado con 'cálculo electoral' de cara a las próximas elecciones regionales y municipales", al tiempo que cuestionó con severidad que "se intenten mostrar 'soluciones maquilladas' en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta". 

Evaluar con criterio técnico es indispensable para la macrorregión norte, donde reside el 47% de los más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, y donde apenas el 13% de la población cuenta con acceso a agua segura.

Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por el diario El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro “mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención”. 

Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que “detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos”. El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.

Puno presenta el mayor índice de envejecimiento del Perú, con 87,7, muy por encima del promedio nacional de 65,1, según los resultados de los Censos Nacionales 2025 presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El indicador refleja la creciente presencia de adultos mayores frente a la población menor de 15 años.

La situación es aún más marcada en la provincia de Moho, que registra un índice de envejecimiento de 192,8. Esto significa que por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años existen alrededor de 193 personas de 60 años a más. En todo el departamento, los adultos mayores representan el 17,4% de la población, mientras que el 20,1% tiene entre 0 y 14 años.

El INEI informó que Puno cuenta con 1 millón 233 mil habitantes, de los cuales el 50,8% son mujeres y el 49,2% hombres. El 62,5% de la población tiene entre 15 y 59 años, mientras que la esperanza de vida al nacer alcanza los 74,8 años y la tasa global de fecundidad se ubica en dos hijos por mujer.

La población puneña, además, creció apenas 0,1% en promedio anual entre 2017 y 2025, equivalente a unas 750 personas adicionales por año. San Román es la provincia más poblada, con 299 mil habitantes, seguida de Puno con 208 mil y Azángaro con 115 mil; mientras que Juliaca y Puno son los distritos con mayor población.

Otro de los indicadores que evidencia las brechas sociales es la tasa de analfabetismo, que alcanza el 9,1% en la población de 15 años a más, frente al 5,1% nacional. La diferencia es mayor entre las mujeres (14,2%) y los hombres (3,7%), y se profundiza entre los adultos mayores de 60 años: 48,1% de las mujeres y 12,4% de los hombres no saben leer ni escribir.

La Contraloría General de la República advirtió una omisión en la Gerencia Sub Regional de Ilo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Moquegua, que terminó afectando un procedimiento sancionador seguido contra el Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta en un proceso de contratación pública.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 016-2026-2-5347-AOP, emitido el 10 de agosto de 2026, el entonces Tribunal de Contrataciones del Estado, hoy Tribunal de Contrataciones Públicas, solicitó a la entidad información necesaria para evaluar una denuncia contra el consorcio, integrado por D Martins EIRL, Servig y Comunicaciones EIRL.

El requerimiento correspondía al Expediente N.° 07675-2021-TCP, relacionado con el Concurso Público N.° 03-2021-CS-SRDI, primera convocatoria. El Tribunal pidió, entre otros documentos, un informe técnico-legal, copia de la oferta presentada por el postor y la documentación cuestionada, con el objetivo de contar con elementos para determinar si existía una infracción sancionable.

La solicitud fue recibida por la Gerencia Sub Regional de Ilo el 10 de febrero de 2025 y debía ser atendida en un plazo máximo de 10 días hábiles. Sin embargo, según la Contraloría, la información requerida no fue remitida a través de la Mesa de Partes Digital del entonces OSCE, por lo que el Tribunal no recibió los elementos que necesitaba para continuar con la evaluación del caso.

La revisión del SISGEDO realizada por el órgano de control permitió advertir que el trámite fue derivado a la Oficina Sub Regional de Administración y posteriormente a la Oficina de Logística y Abastecimientos. El expediente terminó archivado con las anotaciones “Atasco SISGEDO” y “Se tomó conocimiento”, según el informe.

Como consecuencia, el Tribunal no contó con medios probatorios suficientes para determinar si correspondía imponer una sanción al Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta. La Contraloría señala que esta situación limitó la labor de fiscalización de las contrataciones públicas y afectó la posibilidad de determinar responsabilidades en el procedimiento sancionador.

El informe también advierte que la Oficina de Logística y Abastecimientos habría archivado posteriormente en el SISGEDO un requerimiento de información formulado por el Órgano de Control Institucional, pese a que este había sido derivado con la indicación de atenderlo “bajo responsabilidad”.

Dato.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua adoptar las acciones correspondientes para superar la situación advertida y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades. La entidad deberá presentar al OCI un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles para implementar las recomendaciones 

El Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Moquegua constituye la mayor inversión en infraestructura educativa ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) en la región y se encuentra entre las tres inversiones educativas más grandes del país realizadas bajo esta modalidad, de acuerdo con el registro de PROINVERSIÓN.

El proyecto demandó una inversión superior a S/102 millones y fue financiado por Southern Perú. La obra permitió construir un moderno complejo educativo de aproximadamente 33 mil 870 metros cuadrados, diseñado para atender a cerca de 300 estudiantes.

La magnitud de la inversión también le otorga una dimensión nacional. Dentro del conjunto de proyectos educativos ejecutados mediante Obras por Impuestos, el COAR Moquegua se ubica entre los de mayor monto de inversión del país, solo por debajo de otras dos iniciativas educativas de mayor envergadura.

Una infraestructura que ya está al servicio de los estudiantes

El nuevo COAR Moquegua inaugurado el 18 de febrero de 2025 con modernas aulas, laboratorios, talleres, biblioteca, residencia, comedor y espacios deportivos no solo representa una mejora en las condiciones físicas para la enseñanza sino también espacios para desarrollar actividades de investigación, innovación, experimentación y tecnología, capacidades.

La inversión empieza a traducirse en innovación y proyectos estudiantiles

Y algunos de los resultados recientes de sus estudiantes permiten observar cómo esas oportunidades se vienen traduciendo en proyectos concretos. Uno de los casos más recientes es el del equipo “Rowan Rimay”, integrado por estudiantes del COAR Moquegua, que obtuvo el segundo lugar en una competencia nacional de innovación y tecnología desarrollada en el marco de la Olimpiada Internacional de Normalización.

Otro ejemplo es Aminoblood, iniciativa desarrollada por estudiantes del COAR Moquegua que planteó aprovechar la sangre descartada de camales para producir un fertilizante y convertir un residuo potencialmente contaminante en un recurso aprovechable para la agricultura.

Así, el COAR Moquegua ya no puede ser observado únicamente desde el tamaño de la obra que permitió construirlo. A poco más de un año de su inauguración, también empiezan a aparecer resultados que permiten observar qué pueden hacer los estudiantes cuando cuentan con condiciones adecuadas para desarrollar sus capacidades.

El ingeniero Juan Paredes Urviola, quien ejerce funciones vinculadas a la gestión del riesgo de desastres en el distrito de San Antonio informó que desde enero se vienen desarrollando actividades de emergencia y prevención para reducir los posibles impactos de eventos hidrometeorológicos. Entre las principales acciones se encuentran los trabajos de limpieza y descolmatación del río y del valle de San Antonio, así como la intervención de sectores identificados como vulnerables.

Paredes explicó que las labores de descolmatación se han concentrado en diferentes puntos del valle, tomando como referencia los sectores vulnerables identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). El objetivo, señaló, es reducir la posibilidad de que un incremento del caudal provoque desbordes y afecte terrenos agrícolas y a los productores de la zona.

A estas intervenciones se suman trabajos de enrocado y protección de puntos vulnerables, contemplados en tres fichas. Según el responsable, aproximadamente S/ 4 millones corresponden a las labores de limpieza y descolmatación, mientras que otros S/ 4 millones están destinados a los trabajos de protección y enrocado.

El funcionario sostuvo que los recursos correspondientes a estas intervenciones se encuentran comprometidos y que los pagos se vienen realizando de acuerdo con el avance y los procedimientos administrativos. Su explicación se produjo luego de que la Contraloría General de la República advirtiera una baja ejecución presupuestal en los recursos destinados a reducir la vulnerabilidad frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

De acuerdo con el reporte del órgano de control, San Antonio había ejecutado 20,3 % de los S/ 10,17 millones asignados para este objetivo. Sin embargo, Paredes cuestionó la lectura de este porcentaje y señaló que existiría una diferencia entre lo que aparece registrado en la plataforma Consulta Amigable y el avance de las intervenciones que ya fueron ejecutadas, comprometidas o se encuentran en proceso de pago.

Más allá de la controversia sobre la ejecución presupuestal, el responsable de gestión de riesgos remarcó que el distrito mantiene activas sus labores preventivas debido a los escenarios que podrían presentarse durante los próximos meses. Explicó que existe información que contempla la posibilidad de lluvias extraordinarias durante diciembre, enero y febrero, aunque también se mantiene la posibilidad de un escenario de sequía.

“Puede que inicialmente ocurran lluvias extraordinarias, por eso hay que hacer prevención”, señaló Paredes, al explicar que las intervenciones buscan anticiparse a un eventual incremento de los caudales y evitar que los puntos vulnerables terminen afectando a la población y a las actividades agrícolas del valle.