El Gobierno habilitó el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para financiar servicios de protección a poblaciones vulnerables ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida permitirá garantizar la atención de niñas, niños, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y personas con discapacidad durante las emergencias climáticas.
La iniciativa es impulsada por PROINVERSIÓN y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) e incluye cinco servicios: alimentación, acondicionamiento y conservación de establecimientos, recuperación de infraestructura dañada, seguridad y vigilancia, y preparación ante emergencias.
Uno de los principales componentes permitirá asegurar la compra, el suministro, la preparación y la entrega de alimentos a las personas atendidas por el MIMP. Asimismo, se considera preparar los establecimientos antes de la llegada de eventos climátologicos y recuperar aquellos que resulten dañados por las lluvias, además de dotarlos de equipos, medicamentos y sistemas informáticos para su funcionamiento.
La disposición fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 523-2026-MIMP, en aplicación del Decreto de Urgencia N° 010-2026. Los servicios podrán ejecutarse en zonas declaradas en emergencia por peligro inminente o por acciones de respuesta frente al fenómeno climático.
“A partir de ahora podremos utilizar Obras por Impuestos para garantizar alimentos, mantener seguros los establecimientos y recuperar los servicios que atienden a niñas, niños, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”, señaló Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN. La entidad brindará asistencia técnica y promoverá la participación de empresas privadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante las emergencias.
El turismo recreativo sería la principal fuente potencial de basura plástica en tres playas de Ilo, con una participación estimada de entre el 70 % y el 80 % de los residuos identificados. Así lo señala el monitoreo científico realizado por el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) en Boca del Río, Pozo de Lisas Norte y Pozo de Lisas Sur, en la provincia de Ilo, región Moquegua.
La evaluación se desarrolló del 18 al 22 de setiembre de 2026 y forma parte de un estudio que busca determinar la cantidad y las características de los residuos plásticos, identificar sus posibles fuentes y conocer cómo varían a lo largo del año. El monitoreo se realiza de manera estacional desde el verano de 2025.
Entre los residuos más frecuentes figuran botellas, bolsas, tapas y envases de alimentos. Sin embargo, el problema no termina con los plásticos que quedan visibles sobre la playa. La exposición al sol, los cambios de temperatura y el movimiento de las olas favorecen su fragmentación en piezas menores de 2,5 centímetros, denominadas mesoplásticos, que pueden quedar enterradas y mezclarse con la arena.
La actividad pesquera artesanal también aparece entre las fuentes potenciales de contaminación, con una participación estimada de entre el 20 % y el 30 %, principalmente por restos de redes y aparejos en desuso. Además, evaluaciones anteriores identificaron acumulaciones de pequeños fragmentos plásticos, similares a confeti, en Pozo de Lisas Norte y Sur, así como puntos con presencia de colillas de cigarrillos en Boca del Río.
El impacto va más allá de la apariencia de las playas. La acumulación de residuos representa una amenaza para los ecosistemas marinos que albergan especies como el pingüino de Humboldt, los lobos marinos y las aves guaneras. Por ello, la información recogida por el Imarpe busca contribuir a la gestión y conservación de las zonas marino-costeras de Moquegua.
En la provincia de Mariscal Nieto, los comicios se realizarán en nueve centros poblados para elegir a sus nuevas autoridades. Los centros poblados que participarán en la elección son San Francisco, Chen Chen, Los Ángeles, Yacango, Títire, Cambrune, Sacuaya, San Cristóbal (Pueblo Nuevo) y Muylaque.
A nivel nacional, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que 3 millones 382.774 ciudadanos están habilitados para votar. Para este proceso, remitió 3.398 padrones electorales a 180 municipalidades provinciales.
Los ciudadanos deberán acudir a las urnas portando su Documento Nacional de Identidad (DNI). En cada municipalidad de centro poblado se elegirá a un alcalde y cinco regidores, quienes representarán a sus comunidades y tendrán a su cargo la atención de sus principales necesidades.
Por primera vez, el Reniec elaboró los padrones electorales para estos comicios, en coordinación con las municipalidades provinciales. La organización de las elecciones corresponde a estas municipalidades, en coordinación con las distritales involucradas y con el apoyo de los organismos del sistema electoral.
La Universidad Privada del Norte (UPN) obtuvo el tercer lugar entre las universidades peruanas participantes en el UI GreenMetric World University Rankings 2026, una medición que evaluó a 2016 instituciones de 110 países. A nivel mundial, la casa de estudios alcanzó el puesto 765.
La edición de este año incorporó dimensiones inéditas como gobernanza y digitalización, con el fin de determinar qué centros académicos aplican políticas reales de sostenibilidad y eficiencia de recursos. El ranking se presenta en un contexto en el que la urgencia por mitigar el impacto del cambio climático ha transformado la gestión de los campus universitarios en todo el mundo.
Según la universidad, el resultado se debe a su trabajo continuo en la integración de prácticas ambientales dentro de su infraestructura operativa y su modelo educativo.
“Formar profesionales verdaderamente competitivos exige que las universidades asuman un liderazgo activo frente a la crisis climática. Nuestro avance en esta medición internacional refleja una estrategia estructural diseñada para que los estudiantes interactúen diariamente con infraestructura ecológica y adquieran las competencias necesarias para liderar iniciativas sostenibles que hoy demanda el sector empresarial”, afirmó Mercedes Cáceres, gerente de Sostenibilidad de la UPN.
El posicionamiento responde a la puesta en marcha de una estrategia de Gestión Ambiental proyectada para el periodo 2026-2030. El plan busca fortalecer la resiliencia climática de la institución mediante la instalación y ampliación de sistemas fotovoltaicos en diversos campus, lo que permitirá el uso intensivo de energías renovables y la reducción progresiva de la huella de carbono de sus operaciones diarias.
Con estas políticas de gestión, la universidad plantea que su rol trasciende las aulas y apunta a formar líderes capaces de diseñar organizaciones, ciudades y comunidades preparadas para los desafíos del futuro.
La Coordinadora Nacional de Padres de Familia y APAFAS del Perú (COORDINAPAFAS-PERÚ) cuestionó el proyecto de nuevos lineamientos de disciplina escolar del Ministerio de Educación (Minedu), que contempla la expulsión de estudiantes que acumulen tres suspensiones durante un año. La organización advirtió que sancionar a los menores por tardanzas reiteradas podría ponerlos en riesgo fuera de los colegios.
Según el proyecto, un estudiante podría acumular tres suspensiones por registrar nueve tardanzas injustificadas en un mismo bimestre y ser expulsado a partir de mayo. Frente a ello, los padres señalaron que esta medida no resuelve los problemas de violencia escolar. “Expulsar masivamente a menores por acumular tardanzas no soluciona la violencia; solo traslada el peligro a la vía pública”, manifestaron.
La organización saludó la inclusión de la justicia restaurativa, que busca que los estudiantes asuman la responsabilidad por sus actos y reparen el daño causado. Sin embargo, rechazó que la distracción reiterada en clase pueda considerarse una falta grave, pues advirtió que esto podría perjudicar a escolares con dificultades de aprendizaje o condiciones como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
Por ello, COORDINAPAFAS-PERÚ pidió que las sanciones sean proporcionales y que la norma diferencie las conductas deliberadamente desobedientes de las necesidades educativas especiales. “Demandamos que la norma distinga claramente entre una conducta desobediente deliberada y una necesidad educativa especial”, sostuvo la organización, al recordar que debe protegerse el derecho de los menores a la educación.
Por último, el colectivo cuestionó la falta de participación de los padres en las decisiones escolares y afirmó que se han perdido espacios como las Escuelas de Padres, las asambleas generales y los mecanismos de fiscalización familiar. A su juicio, recuperar estas instancias permitiría fortalecer la prevención de la violencia y mejorar la convivencia en los colegios.
Antes de que sus turrones se agotaran en las ferias de Moquegua, Joyce Pais recorría las calles ofreciendo sus dulces de puerta en puerta. Caminaba desde la calle Ilo hasta la avenida Balta, llevando sus preparaciones a casas de conocidos y clientes que, poco a poco, comenzaron a reconocer su trabajo. No tenía una tienda ni un local propio. Tenía sus recetas, sus manos y una tradición familiar que se negaba a dejar atrás.
La historia comenzó mucho antes, con su abuela Pilar C. de Delgado, una reconocida dulcera que participaba en las antiguas ferias del colegio Simón Bolívar, conocidas como El Gramadal, y también en las celebraciones del Señor de Locumba. Allí preparaba grandes cantidades de dulces tradicionales. Con los años, la buscaban directamente en su casa por sus alfajores de penco, su manjar blanco y su miel. Después, su hija continuó con el oficio y ahora Joyce recoge ese legado.
Hoy, sus turrones son uno de los productos más solicitados. El secreto, asegura, está en respetar las recetas antiguas y no abaratar los ingredientes. Para prepararlos utiliza entre 15 y 18 yemas de huevo, además de una miel elaborada con frutas como piña, higo y naranja, cuyo punto de cocción es fundamental para que se adhiera a la masa sin derramarse. El coco y el maní completan una preparación que conserva el sabor de antaño.
Pero su oferta va mucho más allá de los turrones. Joyce prepara alfajores de manteca, miel y manjar; empanadas de carnaval rellenas de membrillo; cocadas; zango; empanadas fritas de queso y pan de queso, entre otras delicias. En las fiestas de Santa Fortunata, sus dulces vuelven a encontrarse con quienes llegan a Moquegua y reconocen en cada bocado los sabores de su infancia. «Esto hacía mi mamá», le dicen algunos clientes al probarlos.
Su emprendimiento funciona principalmente por pedidos y mediante su página de Facebook. Participar en ferias le ha permitido ampliar su clientela, aunque el trabajo sigue dependiendo de sus propias manos. Con los años, reconoce que preparar grandes cantidades resulta cada vez más agotador. Incluso pensó en retirarse de las ferias, pero sus clientes la buscaron y terminó regresando. Ahora espera transmitir sus conocimientos a sus hijos y nietos para que la tradición no desaparezca.
Joyce sabe que emprender cuesta. Por eso, su consejo para quienes recién empiezan es sencillo: esforzarse y no rendirse, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Mientras tanto, ella continúa preparando sus dulces con las mismas recetas que heredó de su familia, convencida de que cambiar los ingredientes sería perder aquello que la distingue. En Moquegua, cada turrón suyo lleva algo más que miel, coco y maní: guarda la memoria de una abuela, el trabajo de una familia y una tradición que todavía tiene mucho por contar.
Cinco de las seis regiones que concentran la mayor cantidad de recursos provenientes de la actividad minera aún deben definir quiénes serán sus próximos gobernadores regionales. Áncash, Arequipa, Cajamarca, Moquegua y Tacna tienen escenarios electorales pendientes de confirmación o segunda vuelta, según los resultados preliminares citados por Rumbo Minero.
En conjunto, estas regiones forman parte del grupo que concentra el 66% de los S/13.223 millones en transferencias mineras registradas en el país durante 2026, recursos que incluyen canon minero, regalías y derechos de vigencia y penalidad. Estos fondos son distribuidos entre gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades beneficiarias.
Áncash encabeza el grupo con más de S/2.229 millones recibidos. Las cifras preliminares ubican a Antonio Casana Alencastre con 21,2%, seguido por Betto Barrionuevo con 16% y Enrique Alejandro Ocrospoma con 15,8%, por lo que el resultado oficial será determinante para establecer quiénes pasan a la siguiente etapa electoral.
Arequipa recibió más de S/1.499 millones. Los resultados preliminares citados colocan a Florentino Zegarra Tejada con 25,3% y a Jenry Federico Huisa Calapuja con 14,5%, escenario que apunta a una segunda vuelta, sujeto a la confirmación oficial.
En Cajamarca, las transferencias superaron los S/1.251 millones. Edison Carrasco Olivera registra preliminarmente 29,7%, frente al 22,9% de Moisés González Cruz. En Moquegua, Abraham Alejandro Cárdenas Romero alcanza 26% y Juan Luis Herrera Chejo, 25,2%; mientras que en Tacna, Segundo Mario Ruiz Rubio registra 29,3% y Walter Anchapuri Zapata, 17,6%.
La importancia de estos resultados trasciende la elección de una nueva autoridad. Los próximos gobernadores asumirán entre 2027 y 2030 la responsabilidad de administrar recursos que constituyen una fuente importante de financiamiento para la inversión pública en sus respectivas regiones.
El canon minero representa el principal componente de estas transferencias, con S/9.588 millones registrados en 2026. A ello se suman más de S/3.327 millones correspondientes a regalías mineras legales y contractuales y otros S/307 millones por derechos de vigencia y penalidad, según los distintos periodos de referencia consignados en el reporte.
El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Germán Vega, advirtió que Piura presenta deficiencias en la ejecución de los recursos destinados a prevenir los efectos del Fenómeno El Niño (FEN), pese a ser una de las regiones más vulnerables. El Programa Presupuestal 0068 financia acciones como defensas ribereñas, estudios de riesgo y equipamiento para emergencias. Sin embargo, la región ocupa el puesto 22 en ejecución presupuestal. “Entre tantas entidades tenemos ejecuciones desiguales”, señaló Vega, al advertir que varios organismos mantienen proyectos importantes sin avances significativos.
A esta situación se suma la reducción de los recursos destinados a la prevención. Según el economista, el presupuesto del programa ha disminuido desde 2023 y este año representa apenas la mitad de lo asignado en aquel periodo. Además, de cada S/100 disponibles, S/68 se destinan a gastos corrientes, como sueldos y bienes y servicios, lo que reduce el margen para financiar nuevas obras. Uno de los casos más preocupantes es el del Midagri, que registra una ejecución de 0% de los S/71 millones asignados.
Vega también alertó que, durante los últimos 10 años, quedaron sin utilizar S/1500 millones del presupuesto destinado a enfrentar emergencias, recursos que pudieron financiar obras de prevención. “Esos S/1500 millones son ocho veces el presupuesto que tendríamos en 2026. Imagínate todas las obras que podríamos haber hecho”, afirmó. Ante la proximidad de la temporada de lluvias, el economista enfatizó la importancia de acelerar la ejecución de los proyectos pendientes, especialmente las defensas ribereñas, para reducir la vulnerabilidad de la población.
En Arequipa, la prevención frente a desastres también representa un desafío para las próximas autoridades, especialmente ante la necesidad de contar con recursos suficientes y ejecutarlos de manera oportuna. La población deberá prestar atención no solo al presupuesto asignado para prevención, sino también a cuánto de esos recursos se convierte efectivamente en obras, equipamiento y acciones para reducir riesgos.
El 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para elegir a 13 148 autoridades regionales y municipales. Al cierre de las urnas, los miembros de mesa registrarán en las actas los votos de cada agrupación, además de los nulos y blancos. Si se detectan errores o inconsistencias, el acta será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente y no se incorporará de inmediato al cómputo de la ONPE.
La mayoría de observaciones se resolverá mediante la comparación de los ejemplares del acta. La abogada en derecho electoral Silvia Guevara explicó que “el recuento de votos es un mecanismo que sirve para salvaguardar el voto (…). Es realizado en un acto público (…). De esa forma se brinda mayor transparencia”.
Cuando el cotejo no permite aclarar una observación, el JEE puede solicitar a la ONPE las cédulas que permanecen bajo custodia y ordenar un recuento de votos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que los jurados electorales especiales fueron capacitados para aplicar esta metodología: “Hemos capacitado acá en Lima a todos los miembros de los jurados electorales especiales (…) con esta nueva metodología (…) a efecto de dar los resultados oportunamente”.
El vocero del JNE, Jorge Valdivia, estimó que las primeras actas observadas llegarían el 7 de octubre y que las audiencias de recuento comenzarían entre el 12 y el 15 de octubre. "Es un aproximado porque todo depende de la fecha en que nos remitan las actas observadas por parte de la ONPE", precisó. Conocer este proceso permite a la ciudadanía entender que los resultados definitivos pueden tardar días y que cada observación tiene un mecanismo formal de resolución.
En Arequipa, conocer cómo se procesan las actas electorales será importante para que la ciudadanía pueda comprender el desarrollo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las actas que presenten errores o inconsistencias seguirán un procedimiento de revisión ante los organismos electorales, y cuando sea necesario se podrá recurrir al recuento de votos para resolver las observaciones.
PROINVERSIÓN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) suscribieron un convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la finalidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria como parte de las acciones frente a la criminalidad.
La alianza también permitirá identificar y promover otras iniciativas de inversión pública con participación del sector privado. Para ello, PROINVERSIÓN brindará capacitación y orientación técnica al personal del MINJUSDH sobre los procedimientos y alcances de las modalidades de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, de acuerdo con la normativa vigente.
Asimismo, la agencia promoverá entre las empresas privadas los proyectos que sean identificados en el marco del convenio. Por su parte, el MINJUSDH facilitará el trabajo del personal de PROINVERSIÓN, coordinará las actividades de capacitación y articulará con las distintas instancias públicas y privadas el cumplimiento de los objetivos establecidos.
El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó la importancia de sumar las capacidades del sector público y privado para atender las necesidades de infraestructura. “Nos toca sumarnos con este importante acuerdo para el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la criminalidad”, señaló.
En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el sector requiere acelerar la ejecución de infraestructura penitenciaria. “Necesitamos que una entidad de prestigio y de mucha envergadura, como PROINVERSIÓN, impulse la ejecución de la infraestructura penitenciaria que el MINJUSDH requiere de manera rápida y eficiente”, afirmó.
Según PROINVERSIÓN, desde 2009 las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado, con asistencia técnica de la agencia, 1 746 intervenciones mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 26 208 millones. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten infraestructura y servicios públicos con cargo a sus impuestos. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado mediante una adenda.
