Nacional
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La Dirección Regional de Educación (DRE) Moquegua informó que no se realizará el acto público de adjudicación de plazas para la modalidad de Educación Técnico Productiva (CETPRO), debido a la ausencia de postulantes en el proceso de nombramiento correspondiente al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026.

 

A través de un comunicado, el comité de adjudicación de la DRE Moquegua precisó que la medida se adopta en el marco de la norma técnica que regula el concurso público para profesores de la modalidad de Educación Técnico Productiva, contemplado en la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

 

Según la entidad educativa, al no registrarse postulantes aptos para la adjudicación de nombramiento en CETPRO dentro de la jurisdicción regional, quedó suspendida la realización del acto público previsto para este proceso.

 

El concurso forma parte del proceso nacional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, mediante el cual se busca incorporar docentes nombrados a diversas modalidades educativas del país.

 

La DRE Moquegua no brindó mayores detalles sobre las razones de la falta de postulantes, aunque el comunicado fue difundido para conocimiento de la comunidad educativa y público en general.

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La minería ilegal se ha convertido en el principal problema económico, ambiental y de seguridad que enfrenta actualmente el Perú. Así lo advirtió el regidor de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Rodríguez, quien cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades frente al crecimiento de esta actividad ilícita.

 

“Hasta ahora funcionarios, congresistas y el Gobierno no hicieron nada contra este problema; actualmente continúa creciendo la minería ilegal que le hace un gran daño a la población que está en las zonas de influencia donde solo genera mayor contaminación”, precisó.

 

Actualmente, la minería ilegal es considerada la economía ilícita más rentable del Perú, incluso por encima del narcotráfico. Solo el año pasado, las exportaciones vinculadas a esta actividad alcanzaron los 11 mil millones de dólares.

 

Rodríguez sostuvo que el impacto económico es grave debido a que las actividades ilegales no tributan ni generan recursos para el Estado, “económicamente afecta demasiado porque no pagan impuestos en beneficio del país; pese a este problema, el Gobierno actual más se va en contra de la minería formal, un claro ejemplo es Tía María”, cuestionó.

 

En ese sentido, el regidor remarcó que combatir la minería ilegal debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno, donde se debe aplicar medidas urgentes desde el ámbito político, policial y judicial, “hace muchos años debió resolverse este problema porque genera más delincuencia y se pierden millones y millones de soles”, afirmó.

 

Sobre el tema, la minería ilegal se expandió en diversas zonas amazónicas, afectando a 73 comunidades nativas y contaminando más de 250 cuerpos de agua. La región más golpeada continúa siendo Madre de Dios, donde se reportaron más de 11 mil 500 hectáreas deforestadas durante el último año.

 

Por último, Rodríguez advirtió que, si el próximo gobierno no adopta estrategias y acciones inmediatas, el problema continuará agravándose. Consideró que endurecer las sanciones, mejorar los sistemas de fiscalización y respaldar a la minería formal ayudará a que el Perú no siga perdiendo millones de soles en impuestos.

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El próximo Gobierno heredará una economía con señales positivas, como la recuperación de la inversión privada y del empleo formal a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el principal desafío estará en el deterioro de las finanzas públicas. Así lo advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, quien cuestionó las decisiones de gasto adoptadas en los últimos años. 

 

“Este Congreso ha sido bastante irresponsable con las cuentas públicas. Este populismo fiscal va a pasar factura porque el siguiente gobierno va a quedar sin caja”, afirmó.

 

Según explicó, el aumento del gasto aprobado por el Legislativo ha reducido la capacidad de respuesta del Estado y obliga a reorientar recursos desde áreas clave. “El MEF ha sido muy claro en que, para hacer frente a mayores gastos en salarios y pensiones, tendrá que sacrificar presupuesto de la obra pública”, sostuvo. 

 

Esta situación resulta especialmente crítica en un país que aún enfrenta importantes brechas en infraestructura, salud, educación y acceso a servicios básicos, sobre todo en las zonas altoandinas y amazónicas.

 

Castilla también advirtió sobre los riesgos de propuestas que plantean modificar o revertir los tratados de libre comercio, al considerar que han sido fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo. “Cuando teníamos una economía cerrada y una industria protegida artificialmente por subsidios, no teníamos acceso a productos de calidad”, recordó. 

 

Asimismo, señaló que la incertidumbre política y electoral afecta la inversión y el consumo, ya que “una empresa no arriesga capital si no sabe cuáles son las reglas del juego”.

 

Finalmente, el exministro cuestionó las propuestas de incrementos significativos del sueldo mínimo sin sustento técnico. Advirtió que, en un contexto donde la productividad laboral ha caído en los últimos años, este tipo de medidas podría encarecer la contratación formal y agravar la informalidad. “No hay respaldo técnico para un incremento de esa envergadura. […] Eso básicamente aumenta la informalidad en el país”, concluyó.

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La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según el informe, estas acciones afectaron el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.

 

El informe de control señala que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para el traslado de material electoral, lo que habría favorecido indebidamente a una empresa de transporte. La buena pro fue adjudicada por más de S/ 6.3 millones a una propuesta económica superior a otras ofertas presentadas.

 

La Contraloría detectó además que evaluadores aplicaron criterios no contemplados en las bases del proceso para reducir el puntaje de otro postor. También se consignó información inexacta sobre la capacidad de carga de vehículos de la empresa ganadora, permitiendo que obtuviera un puntaje que no le correspondía.

 

El organismo de control indicó que la empresa adjudicada realizó el servicio principalmente con vehículos de terceros, pese a que se conocía la necesidad mínima de unidades propias para garantizar el traslado del material electoral. Asimismo, se advirtió que funcionarios no corrigieron ni actualizaron los requerimientos técnicos pese a conocer las deficiencias del proceso.

 

Otro de los hechos observados fue la reprogramación de rutas de distribución de equipos informáticos y material electoral un día antes de las elecciones. La Contraloría señaló que los tiempos asignados para las entregas eran insuficientes, lo que provocó retrasos en 3605 mesas de sufragio y que 187 mesas no llegaran a instalarse el día de la votación.

 

Finalmente, el informe también cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil para el servicio de transporte, sin sustento técnico ni legal. Ante ello, la Contraloría recomendó a la ONPE iniciar acciones administrativas contra los involucrados y pidió a la Procuraduría Anticorrupción evaluar denuncias penales por los presuntos actos irregulares.

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La inversión privada en el Perú creció 13,2 % durante el primer trimestre de 2026, acumulando nueve trimestres consecutivos de expansión, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El avance estuvo impulsado por el incremento de inversiones mineras y no mineras, consolidándose como uno de los principales motores de la economía nacional.

 

El MEF señaló que este crecimiento permitió fortalecer la demanda interna, dinamizar el consumo de los hogares y generar mayores oportunidades de empleo. En ese contexto, la demanda interna registró un incremento de 6,6 %, su mayor expansión en casi cinco años, mientras que el gasto privado avanzó 5,7 % durante los primeros meses del año.

 

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que el comportamiento de la inversión privada demuestra la confianza del sector empresarial en el país. 

 

“Este resultado es importante porque la inversión privada mantiene una trayectoria favorable y sigue acompañando el dinamismo de la demanda interna. Ello refleja que, aun en un contexto electoral, el sector privado continúa apostando por el Perú y por las oportunidades de crecimiento que ofrece nuestra economía”, señaló.

 

Asimismo, el consumo privado creció 3,5 % y acumuló diez trimestres consecutivos de expansión, favorecido por la mejora del empleo, mayores ingresos y la recuperación del crédito de consumo. Con estos resultados, la economía peruana alcanzó un crecimiento de 3,5 % en el primer trimestre de 2026, manteniendo una trayectoria sostenida de recuperación.

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La regidora del distrito de Characato, Lisset Oré, evidenció que las propuestas populistas planteadas por algunos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio, solo buscan llegar al ciudadano y obtener su voto; cuestionó que detrás de estas propuestas no existen planteamientos teóricos ni técnicos para que se hagan realidad.

 

“Las propuestas que realizan y que son catalogadas como populistas sirven solo para ganar votos, pero la realidad es distinta, ellos deberían decir la verdad de las cosas”, sostuvo.

 

Entre las iniciativas cuestionadas se encuentran por ejemplo lo anunciado por Roberto Sánchez, quien hace poco propuso elevar la remuneración mínima vital de mil 130 soles a no menos de mil 500 soles desde el 28 de julio de 2026. Además, planteó duplicar el subsidio de Pensión 65, pasando de 250 a 500 soles, y universalizar este beneficio para todos los adultos mayores de 65 años.

 

Para la regidora, este tipo de promesas son utilizadas principalmente como estrategia para captar votos durante la campaña electoral, sin importar el cómo se hará realidad, “para lanzar este tipo de propuestas populistas se requiere al menos que se haga un estudio con estadísticas para hacer realidad estas propuestas”, dijo.

 

Asimismo, Oré consideró que, los más de 27 millones de peruanos que votarán deben analizar el perfil y antecedentes de cada candidato antes de emitir su voto, ya que de esa decisión dependerá el futuro económico y social del Perú.


También cuestionó la propuesta de cambiar al presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, sin sustento alguno, “está equivocada esa idea de ingresar al cargo y retirar de frente a una persona que mantuvo la economía estable en el país; no habría forma que hagan eso con el presidente del BCR”, lamentó.

 

Por otro lado, consideró que el país necesita propuestas responsables y concretas, especialmente en sectores fundamentales como salud y educación; además remarcó que los candidatos deben presentar planes reales y sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población.

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Diversos economistas han expresado su preocupación por las propuestas de cara a la segunda vuelta electoral. En un contexto de bajo crecimiento y deterioro de las finanzas públicas, medidas como cuestionar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP), convocar a una Asamblea Constituyente o reducir drásticamente los plazos de las concesiones mineras son vistas como amenazas directas a la estabilidad macroeconómica. Estas iniciativas, según los especialistas, generarían una incertidumbre que frenaría la inversión y el empleo, afectando los ingresos de miles de familias peruanas.

 

Uno de los puntos más críticos es la propuesta de intervenir en el BCRP y retirar a su directiva. Al respecto, el economista Raúl Vegas Morales alertó que “si se afecta la autonomía del Banco Central de Reserva, podríamos enfrentar inflación, caída del riesgo país y consecuencias negativas para la economía familiar”

 

Asimismo, la revisión de contratos-ley y el planteamiento de reducir las concesiones de 30 a 5 años, sumado a una mayor intervención estatal en sectores estratégicos, son percibidos como retrocesos que ahuyentan la inversión privada. 

 

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que estas propuestas disruptivas ya han fracasado en otros países de la región, remarcando que “muchas de las cosas que se están postulando ya se intentaron en el pasado con resultados nefastos para la economía”. Según el especialista, estas medidas “petardean” la predictibilidad y la seguridad jurídica necesarias para atraer capitales y generar trabajo formal.

 

Por último, expertos alertan sobre la falta de sostenibilidad fiscal en los planes de gobierno, que prometen un incremento masivo del gasto público sin fuentes de financiamiento claras. El uso de reservas o el endeudamiento irresponsable reduciría la capacidad del Estado para financiar servicios básicos como salud y educación. 

 

El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, indicó que el próximo gobierno manejará una "billetera agujereada", advirtiendo que “si uno costea lo que están ofreciendo, simplemente, no encaja” y que el nuevo mandatario “va a tener la menor disposición de dinero en los últimos 30 años”.

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Tras la crisis energética registrada hace dos meses que dejó sin gas y gasolina a varias regiones del país, el Gremio de Transportistas se unieron para anunciar una paralización indefinida a nivel nacional. Piden que el gobierno promulgue un decreto supremo que otorgue un subsidio de 4 soles por galón, conforme al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 14 de abril, compromiso que hasta la fecha no se ha materializado.

 

“El día que veamos esta medida promulgada en el Diario Oficial El Peruano, su ejecución sería inmediata al día siguiente, y hasta ahora no existe nada oficial. No estamos yendo a una paralización por capricho; en todo momento estamos agotando las vías de diálogo”, advirtieron los representantes gremiales.

 

Los dirigentes indicaron que ante la falta de respuesta, iniciaron una primera paralización en la primera semana de abril, tras la cual el gobierno se comprometió verbalmente a emitir el subsidio. Sin embargo, señalaron que ningún documento oficial respalda dicho acuerdo, lo que califican como una falta de voluntad política.

 

Los gremios precisaron que la suba del combustible afecta transversalmente a todos los sectores del transporte, impactando la economía de los trabajadores y el abastecimiento de productos a nivel nacional. Subrayaron que el diálogo está agotado y que la paralización es una medida de fuerza ante el incumplimiento del gobierno.

 

Los representantes exigieron el cumplimiento del acta del 14 de abril y advirtieron que de no recibir una respuesta concreta antes del 2 de junio, la medida se extenderá a todas las modalidades de transporte a nivel nacional, incluyendo transporte urbano y sectores de taxi.

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Los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y Junín culminaron con éxito un programa de asistencia técnica diseñado para fortalecer la planificación y ejecución de sus proyectos de inversión pública. Durante siete meses, equipos especializados trabajaron con los funcionarios regionales en el monitoreo y cierre de obras, utilizando herramientas modernas como tableros de control con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

 

El objetivo central fue asegurar que el dinero público se transforme en obras concretas que beneficien a los ciudadanos. Al respecto, el instituto a cargo del proyecto destacó que la intervención deja capacidades instaladas con el fin de "sostener la mejora en la ejecución de la inversión pública más allá del período de acompañamiento".

 

En el evento de cierre, que contó con la presencia del Ministro de Economía, se detallaron los logros específicos por cada región. Cusco destacó por alcanzar el primer puesto en el índice de gestión del MEF, mientras que Junín logró cerrar 132 inversiones que se encontraban rezagadas. Por su parte, Arequipa mejoró sus mecanismos de control para tomar mejores decisiones sobre su cartera de proyectos

 

Esta iniciativa buscó que los gobiernos regionales no solo gasten su presupuesto, sino que lo hagan con mayor calidad y transparencia. Según los organizadores, el acompañamiento técnico permitió a los funcionarios regionales "planificar, ejecutar, monitorear y cerrar sus inversiones públicas de manera más eficiente".

 

A pesar de los avances, los gobernadores regionales coincidieron en que el reto es mantener este ritmo de trabajo para evitar que las obras se paralicen por falta de seguimiento técnico. La alianza entre instituciones privadas y el sector público ha permitido identificar cuellos de botella que antes retrasaban el desarrollo regional.

 

Durante el panel de discusión, se resaltó que la mejora en la gestión es clave para la reactivación económica del país. Como balance final del proyecto, se resaltó que el fortalecimiento de los equipos técnicos es fundamental, puntualizando que "la intervención deja capacidades instaladas, instrumentos de gestión y equipos fortalecidos en las tres regiones".

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Con el propósito de consolidar la gestión escolar en la Macro Región Sur, la Universidad Continental organizó el “VI Encuentro Internacional de Líderes Educativos 2026”, un espacio que logró reunir a más de 230  líderes educativos de diversas instituciones públicas y privadas.

 

El evento se desarrolló en las ciudades de Arequipa, Ilo, Juliaca, Moquegua y Puno , con el objetivo de brindar herramientas clave para una gestión innovadora que contribuya a transformar los procesos de enseñanza en sus respectivas instituciones.

 

En la “Ciudad Blanca” uno de los momentos centrales fue la participación de Erika Cedeño (Ecuador), experta en educación con más de 20 años de experiencia en relaciones institucionales y representante del Tecnológico de Monterrey en Guayaquil desde 2002, quien presentó la ponencia, “Educación con propósito: evolucionando con la IA”.

 

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Asimismo, se contó con Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú y exministra del sector, quien abordó el tema “Tecnología y educación: entre la promesa y la responsabilidad”.

 

Mientras que, en ciudades como Ilo, Juliaca, Moquegua y Puno, las jornadas tuvieron la presencia de Gonzalo Galdós, destacado especialista en  liderazgo transformador y  propuestas de alto valor en el sector, quien tuvo a su cargo la disertación “Transformarnos para trascender, un nuevo paradigma educativo”.

 

De esta manera, Continental International Education (CIE) a través de la Universidad Continental, busca consolidar la mayor red educativa del Perú, acercando a los educadores las tendencias globales e innovaciones que permitan potenciar  el sistema educativo.

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