La regidora del distrito de Characato, Lisset Oré, evidenció que las propuestas populistas planteadas por algunos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral programada para el próximo 7 de junio, solo buscan llegar al ciudadano y obtener su voto; cuestionó que detrás de estas propuestas no existen planteamientos teóricos ni técnicos para que se hagan realidad.
“Las propuestas que realizan y que son catalogadas como populistas sirven solo para ganar votos, pero la realidad es distinta, ellos deberían decir la verdad de las cosas”, sostuvo.
Entre las iniciativas cuestionadas se encuentran por ejemplo lo anunciado por Roberto Sánchez, quien hace poco propuso elevar la remuneración mínima vital de mil 130 soles a no menos de mil 500 soles desde el 28 de julio de 2026. Además, planteó duplicar el subsidio de Pensión 65, pasando de 250 a 500 soles, y universalizar este beneficio para todos los adultos mayores de 65 años.
Para la regidora, este tipo de promesas son utilizadas principalmente como estrategia para captar votos durante la campaña electoral, sin importar el cómo se hará realidad, “para lanzar este tipo de propuestas populistas se requiere al menos que se haga un estudio con estadísticas para hacer realidad estas propuestas”, dijo.
Asimismo, Oré consideró que, los más de 27 millones de peruanos que votarán deben analizar el perfil y antecedentes de cada candidato antes de emitir su voto, ya que de esa decisión dependerá el futuro económico y social del Perú.
También cuestionó la propuesta de cambiar al presidente del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde Flores, sin sustento alguno, “está equivocada esa idea de ingresar al cargo y retirar de frente a una persona que mantuvo la economía estable en el país; no habría forma que hagan eso con el presidente del BCR”, lamentó.
Por otro lado, consideró que el país necesita propuestas responsables y concretas, especialmente en sectores fundamentales como salud y educación; además remarcó que los candidatos deben presentar planes reales y sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
Diversos economistas han expresado su preocupación por las propuestas de cara a la segunda vuelta electoral. En un contexto de bajo crecimiento y deterioro de las finanzas públicas, medidas como cuestionar la autonomía del Banco Central de Reserva (BCRP), convocar a una Asamblea Constituyente o reducir drásticamente los plazos de las concesiones mineras son vistas como amenazas directas a la estabilidad macroeconómica. Estas iniciativas, según los especialistas, generarían una incertidumbre que frenaría la inversión y el empleo, afectando los ingresos de miles de familias peruanas.
Uno de los puntos más críticos es la propuesta de intervenir en el BCRP y retirar a su directiva. Al respecto, el economista Raúl Vegas Morales alertó que “si se afecta la autonomía del Banco Central de Reserva, podríamos enfrentar inflación, caída del riesgo país y consecuencias negativas para la economía familiar”.
Asimismo, la revisión de contratos-ley y el planteamiento de reducir las concesiones de 30 a 5 años, sumado a una mayor intervención estatal en sectores estratégicos, son percibidos como retrocesos que ahuyentan la inversión privada.
El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que estas propuestas disruptivas ya han fracasado en otros países de la región, remarcando que “muchas de las cosas que se están postulando ya se intentaron en el pasado con resultados nefastos para la economía”. Según el especialista, estas medidas “petardean” la predictibilidad y la seguridad jurídica necesarias para atraer capitales y generar trabajo formal.
Por último, expertos alertan sobre la falta de sostenibilidad fiscal en los planes de gobierno, que prometen un incremento masivo del gasto público sin fuentes de financiamiento claras. El uso de reservas o el endeudamiento irresponsable reduciría la capacidad del Estado para financiar servicios básicos como salud y educación.
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, indicó que el próximo gobierno manejará una "billetera agujereada", advirtiendo que “si uno costea lo que están ofreciendo, simplemente, no encaja” y que el nuevo mandatario “va a tener la menor disposición de dinero en los últimos 30 años”.
Tras la crisis energética registrada hace dos meses que dejó sin gas y gasolina a varias regiones del país, el Gremio de Transportistas se unieron para anunciar una paralización indefinida a nivel nacional. Piden que el gobierno promulgue un decreto supremo que otorgue un subsidio de 4 soles por galón, conforme al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el 14 de abril, compromiso que hasta la fecha no se ha materializado.
“El día que veamos esta medida promulgada en el Diario Oficial El Peruano, su ejecución sería inmediata al día siguiente, y hasta ahora no existe nada oficial. No estamos yendo a una paralización por capricho; en todo momento estamos agotando las vías de diálogo”, advirtieron los representantes gremiales.
Los dirigentes indicaron que ante la falta de respuesta, iniciaron una primera paralización en la primera semana de abril, tras la cual el gobierno se comprometió verbalmente a emitir el subsidio. Sin embargo, señalaron que ningún documento oficial respalda dicho acuerdo, lo que califican como una falta de voluntad política.
Los gremios precisaron que la suba del combustible afecta transversalmente a todos los sectores del transporte, impactando la economía de los trabajadores y el abastecimiento de productos a nivel nacional. Subrayaron que el diálogo está agotado y que la paralización es una medida de fuerza ante el incumplimiento del gobierno.
Los representantes exigieron el cumplimiento del acta del 14 de abril y advirtieron que de no recibir una respuesta concreta antes del 2 de junio, la medida se extenderá a todas las modalidades de transporte a nivel nacional, incluyendo transporte urbano y sectores de taxi.
Los gobiernos regionales de Arequipa, Cusco y Junín culminaron con éxito un programa de asistencia técnica diseñado para fortalecer la planificación y ejecución de sus proyectos de inversión pública. Durante siete meses, equipos especializados trabajaron con los funcionarios regionales en el monitoreo y cierre de obras, utilizando herramientas modernas como tableros de control con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El objetivo central fue asegurar que el dinero público se transforme en obras concretas que beneficien a los ciudadanos. Al respecto, el instituto a cargo del proyecto destacó que la intervención deja capacidades instaladas con el fin de "sostener la mejora en la ejecución de la inversión pública más allá del período de acompañamiento".
En el evento de cierre, que contó con la presencia del Ministro de Economía, se detallaron los logros específicos por cada región. Cusco destacó por alcanzar el primer puesto en el índice de gestión del MEF, mientras que Junín logró cerrar 132 inversiones que se encontraban rezagadas. Por su parte, Arequipa mejoró sus mecanismos de control para tomar mejores decisiones sobre su cartera de proyectos.
Esta iniciativa buscó que los gobiernos regionales no solo gasten su presupuesto, sino que lo hagan con mayor calidad y transparencia. Según los organizadores, el acompañamiento técnico permitió a los funcionarios regionales "planificar, ejecutar, monitorear y cerrar sus inversiones públicas de manera más eficiente".
A pesar de los avances, los gobernadores regionales coincidieron en que el reto es mantener este ritmo de trabajo para evitar que las obras se paralicen por falta de seguimiento técnico. La alianza entre instituciones privadas y el sector público ha permitido identificar cuellos de botella que antes retrasaban el desarrollo regional.
Durante el panel de discusión, se resaltó que la mejora en la gestión es clave para la reactivación económica del país. Como balance final del proyecto, se resaltó que el fortalecimiento de los equipos técnicos es fundamental, puntualizando que "la intervención deja capacidades instaladas, instrumentos de gestión y equipos fortalecidos en las tres regiones".
Con el propósito de consolidar la gestión escolar en la Macro Región Sur, la Universidad Continental organizó el “VI Encuentro Internacional de Líderes Educativos 2026”, un espacio que logró reunir a más de 230 líderes educativos de diversas instituciones públicas y privadas.
El evento se desarrolló en las ciudades de Arequipa, Ilo, Juliaca, Moquegua y Puno , con el objetivo de brindar herramientas clave para una gestión innovadora que contribuya a transformar los procesos de enseñanza en sus respectivas instituciones.
En la “Ciudad Blanca” uno de los momentos centrales fue la participación de Erika Cedeño (Ecuador), experta en educación con más de 20 años de experiencia en relaciones institucionales y representante del Tecnológico de Monterrey en Guayaquil desde 2002, quien presentó la ponencia, “Educación con propósito: evolucionando con la IA”.
Asimismo, se contó con Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú y exministra del sector, quien abordó el tema “Tecnología y educación: entre la promesa y la responsabilidad”.
Mientras que, en ciudades como Ilo, Juliaca, Moquegua y Puno, las jornadas tuvieron la presencia de Gonzalo Galdós, destacado especialista en liderazgo transformador y propuestas de alto valor en el sector, quien tuvo a su cargo la disertación “Transformarnos para trascender, un nuevo paradigma educativo”.
De esta manera, Continental International Education (CIE) a través de la Universidad Continental, busca consolidar la mayor red educativa del Perú, acercando a los educadores las tendencias globales e innovaciones que permitan potenciar el sistema educativo.
Indecopi sancionó con S/10.432,50 a un funcionario de la Municipalidad Distrital de Sachaca por incumplir un mandato que le ordenaba dejar de aplicar una barrera burocrática declarada ilegal. Según confirmó la entidad, se trata de la primera sanción directa de este tipo contra un funcionario municipal en Arequipa.
El caso se originó cuando el funcionario, gerente de Administración Tributaria, emitió una resolución para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento de un restaurante. La decisión se sustentó en criterios que Indecopi ya había evaluado y considerado ilegales tanto en primera como en segunda instancia.
Al persistir en la aplicación de esos criterios, el funcionario desobedeció el mandato de inaplicación emitido por Indecopi, cuyas resoluciones sobre barreras burocráticas son de cumplimiento inmediato y obligatorio. Esta conducta fue calificada como infracción muy grave según la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas.
La multa equivale a 1,95 UIT y deberá ser asumida con el patrimonio personal del funcionario, no con fondos de la municipalidad. Esta distinción es relevante, ya que la norma busca responsabilizar directamente a quienes toman decisiones que afectan el acceso de los ciudadanos a trámites y servicios.
El caso pone en evidencia el mecanismo de Indecopi para combatir las trabas administrativas que obstaculizan el desarrollo de actividades económicas. La sanción personal busca disuadir a otros funcionarios de ignorar las resoluciones de la entidad y refuerza el principio de que ningún servidor público está por encima de los mandatos legalmente establecidos.
El Gobierno peruano declaró el 27 de julio como día no laborable compensable para el sector público, lo que generará un fin de semana extendido de cuatro días en el marco de las Fiestas Patrias. La medida fue formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, y forma parte de una estrategia del Ejecutivo para promover el turismo interno.
Las horas no trabajadas ese día deberán ser recuperadas por los servidores públicos dentro de los diez días calendario posteriores, o en la fecha que cada entidad determine de acuerdo a sus necesidades institucionales.
La norma precisa además que el 27 de julio mantendrá la condición de día hábil para efectos tributarios, por lo que las obligaciones fiscales con el Estado no se ven afectadas.
La disposición alcanza directamente al sector público. Las empresas privadas podrán acogerse a ella siempre que exista un acuerdo previo entre empleadores y trabajadores sobre la forma de compensar las horas no laboradas. En caso de no llegarse a un consenso, la decisión corresponderá al empleador.
Quedan excluidos del día no laborable los sectores considerados esenciales, entre ellos salud, transporte, electricidad, agua, telecomunicaciones, seguridad, puertos, aeropuertos, restaurantes, hospedajes y el sistema financiero. Las entidades públicas también deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de sus servicios indispensables durante esa fecha.
El Ejecutivo señaló que la medida busca fortalecer el turismo interno aprovechando el período de Fiestas Patrias, con el fin de promover el desplazamiento de visitantes hacia distintos destinos del país y dinamizar las economías locales vinculadas al sector.
Algunas normas laborales implementadas en el Perú podrían estar generando efectos contrarios a los esperados en el mercado laboral formal. Así lo advierte Horizonte Laboral, cuyo análisis señala que, pese a buscar una mayor protección para los trabajadores, varias regulaciones han terminado elevando las barreras para el empleo formal.
A diciembre de 2025, alrededor de 2.9 millones de trabajadores del sector privado formal —equivalentes al 70.1 %— laboraban bajo contratos a plazo fijo, mientras que solo 1.26 millones contaban con contratos indefinidos. “Hoy, siete de cada diez trabajadores formales no cuentan con estabilidad contractual”, indicó la organización.
Horizonte Laboral sostuvo que esta situación responde a cambios acumulados desde finales de los años noventa. Mientras en esa época predominaban los contratos indefinidos, desde los años 2000 se reforzaron mecanismos como mayores costos de despido, reposición judicial y restricciones a la intermediación y tercerización. Según el organismo, frente al aumento de riesgos y costos potenciales, muchas empresas optaron por esquemas temporales como una forma de reducir exposición laboral y administrativa.
El análisis también advierte que el impacto se observa con más fuerza entre jóvenes y obreros: el 82 % de trabajadores menores de 29 años tiene contratos temporales, porcentaje que asciende a 83 % en el caso de los obreros. Además, cerca del 70 % de trabajadores en el Perú permanece en la informalidad, fuera de cualquier sistema de protección laboral. “No es que accedan a menos derechos: es que están completamente fuera del sistema que los reconoce”, advirtió Horizonte Laboral.
Por eso, la organización plantea que el debate laboral no debería centrarse únicamente en ampliar derechos, sino también en diseñar reglas que faciliten el ingreso a la formalidad y no terminen precarizando el empleo. Según el informe, el reto es equilibrar protección laboral con incentivos que permitan generar más puestos formales y sostenibles.
Para alinear el marco normativo a las nuevas condiciones de mercado y garantizar su eficiencia y sostenibilidad en el tiempo, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) inició un proceso de consulta temprana sobre la modificación del Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión.
Esta iniciativa cobra relevancia si se considera que han transcurrido más de 13 años desde la última actualización significativa de estas normas, en un sector donde los cambios tecnológicos, la digitalización de redes y la innovación en los servicios avanzan a gran velocidad. En este contexto, la interconexión, que permite que distintas redes de telecomunicaciones se comuniquen entre sí, sigue siendo un elemento importante para garantizar competencia, eficiencia y continuidad de los servicios para los usuarios.
Con esta consulta temprana, el OSIPTEL busca recoger del mercado insumos para la formulación de una propuesta normativa que se adecue mejor a la realidad actual, a la simplificación administrativa y a los desafíos futuros del sector, donde sobresalen el uso creciente de redes full IP, la adopción del protocolo SIP (mecanismo de señalización más moderno, utilizado para establecer, gestionar y finalizar comunicaciones multimedia más eficientes y con una gama más amplia), nuevos retos en seguridad y trazabilidad, y la prestación de servicios acorde con las demandas del ecosistema digital.
En esa línea, el OSIPTEL plantea seis preguntas orientadoras, abiertas a discusión, cuyas respuestas deberán ser remitidas, debidamente sustentadas, al correo electrónico gestion-dprc@osiptel.gob.pe consignando el asunto “Consulta Temprana – TUO de las Normas de Interconexión”, hasta el viernes 15 de mayo de 2026.
Para revisar el documento soporte de la consulta temprana, los interesados pueden ingresar a:
La digitalización de servicios en Perú sigue avanzando a gran velocidad, pero con ella también crecen los riesgos. Hoy, uno de los principales desafíos para empresas y emprendedores no es solo operar en entornos digitales, sino proteger sus plataformas frente al fraude y la suplantación de identidad.
Según la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, durante enero y septiembre del 2025, se registraron 31,028 denuncias por delitos informáticos. De ese total, el 68.88% (21,371 casos) corresponde a fraude informático, y dentro de esta categoría, una proporción significativa está vinculada a suplantación de identidad (7,507 casos).
El problema, además, evoluciona con la tecnología. Hoy los ciberdelincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear deepfakes, es decir, videos o audios generados que imitan voces o rostros reales con el objetivo de engañar, estafar o difamar.
En este contexto, la validación de identidad se ha convertido en un punto crítico dentro de la estrategia de las organizaciones. Especialmente en sectores como fintech, banca, retail o telecomunicaciones, donde los procesos son cada vez más rápidos y completamente digitales. “Este escenario marca un problema directo para las empresas, que deben asumir pérdidas económicas, riesgos reputacionales, sanciones regulatorias y fallas en sus procesos de validación. Estas necesitan controles que les permitan validar la identidad de sus clientes en tiempo real, reduciendo el riesgo de fraude sin afectar la experiencia digital”, menciona Enrique Mejía, Gerente de Ventas Corporativas de Equifax- Infocorp.
Confianza digital: el nuevo activo
A medida que la economía digital peruana crece, también lo hace la necesidad de generar confianza. En ese escenario, la validación de identidad remota deja de ser un complemento y se convierte en un componente estratégico para el crecimiento sostenible de los negocios digitales.
Frente a esta necesidad, surgen soluciones como IRIS (Ignite Remote Identity Solution) de Equifax, diseñada para ayudar a validar identidades de forma remota y segura. La herramienta combina preguntas de conocimiento personal, basadas en información.
La implementación de este tipo de soluciones impacta directamente en la operación del negocio:
● Prevención de fraude: detecta intentos de suplantación antes de que se concreten
● Onboarding más seguro: permite incorporar clientes con mayor confianza
● Protección reputacional: evita incidentes que afectan la credibilidad de la marca
● Mejor experiencia del usuario legítimo: menos fricción para clientes reales
Esto resulta especialmente relevante para startups y emprendimientos digitales, que necesitan escalar sin perder control sobre la seguridad.
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