El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Henry Porras, señaló la necesidad que el próximo gobierno debe enfocarse en atender las principales necesidades de la población, especialmente en los sectores de educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre las prioridades está el fortalecimiento de las universidades públicas a nivel nacional mediante una mayor asignación presupuestal que permitirá mejorar los laboratorios, contratar mejores docentes y dotar de una buena infraestructura.

“Se requiere más presupuesto para las universidades, de esta forma se podría generar una verdadera investigación para que de esta manera podamos competir con universidades de México y Brasil”, dijo.

Asimismo, destacó que no se debe vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, y pidió que se pueda mejorar los convenios colectivos para garantizar un adecuado clima laboral y servicio.

En otro momento, sostuvo que la inseguridad es otro de los problemas que las autoridades del país deberán atender con urgencia. Consideró que, con políticas cero populistas y reales, podrían impulsar medidas urgentes para resolver este problema social, “otra de las necesidades es que reduzcan el problema de violencia e inseguridad que perjudica al país. A su vez se necesita que luchen contra la corrupción institucionalizada”, dijo.

Por último, Porras destacó que, para lograr estos objetivos, el próximo gobierno debe contar con funcionarios capacitados para atender las demandas de la ciudadanía. Agregó que una adecuada remuneración para servidores, asesores y profesionales del Estado permitiría atraer talento y reducir actos de corrupción.

Aunque Perú ha retomado el crecimiento económico, la reducción de la pobreza sigue siendo limitada y permanece cinco puntos porcentuales por encima de los niveles previos a la pandemia. Para diversos especialistas, uno de los principales desafíos de la pobreza es que ha cambiado de características y hoy se concentra principalmente en zonas urbanas, lo que exige nuevas respuestas por parte del Estado.

La investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, indicó que las estrategias aplicadas actualmente no responden a esta nueva realidad. “Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos en el 2014 y la pobreza es otra. (...) Estamos teniendo un problema distinto que atacamos con las mismas herramientas con las que atacamos otro problema”, afirmó. 

Según explicó, esta situación se refleja en la falta de atención a necesidades urgentes en las ciudades, como la seguridad alimentaria y el acceso a capital de trabajo para familias que perdieron sus medios de sustento durante las recientes crisis.

La exministra advirtió, además, la pérdida de enfoque en las políticas orientadas a reducir la pobreza. “¿Cómo es posible que, siendo el ejemplo de cómo enfrentar el desafío de la reducción de pobreza con programas sociales, institucionalidad, política pública, infraestructura e inversión para mejorar la calidad de los servicios, eso lo hayamos perdido?”, cuestionó. “Hemos perdido la pertinencia de las políticas públicas”, sentenció.

Trivelli también señaló que la asistencia social, por sí sola, no puede generar cambios sostenibles si no está acompañada por políticas públicas eficaces y una mayor articulación entre sectores. “Nos conformamos con que el programa siga funcionando (...) como también ha pasado en salud y educación. El servicio sigue ofreciéndose, pero cada vez con peores condiciones y peores resultados. (...) Si las más altas autoridades no se compran el problema como parte de sus prioridades, el aparato no se mueve”, sostuvo. 

Para la investigadora, revertir esta situación requiere que la lucha contra la pobreza vuelva a ocupar un lugar prioritario en la agenda pública y que las políticas se adapten a las nuevas condiciones de una población cada vez más urbana.

La Contraloría General de la República advirtió una presunta irregularidad en el pago del concepto de “movilidad local” a trabajadores administrativos del Hospital Regional de Moquegua bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, beneficio que podría contravenir la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 012-2026-OCI0829-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, entre enero y abril de este año se otorgó dicho beneficio a 16 servidores administrativos, en aplicación de la Directiva N.° 001-2025-DIRESA-HRM-ADM.

La directiva establece el pago de 20 soles por día laborado, hasta un máximo de 22 días mensuales, sujeto a disponibilidad financiera. De acuerdo con la información revisada por la Contraloría, los montos entregados oscilaron entre 240 y 440 soles por trabajador. El gasto total alcanzó los 5 220 soles en enero, 5 260 en febrero, 6 420 en marzo y 5 820 en abril.

El OCI señala que la propia directiva define la movilidad local como el traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores y viceversa. Sin embargo, advierte que este concepto no calificaría como una “condición de trabajo”, sino como un posible incremento remunerativo de libre disposición, al representar una ventaja económica para el servidor.

En ese contexto, la Contraloría indica que el beneficio podría vulnerar el artículo 6 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que prohíbe crear o incrementar remuneraciones, bonificaciones o beneficios que impliquen mayores ingresos para trabajadores del Estado, independientemente del régimen laboral.

Asimismo, recuerda que cualquier modificación remunerativa en el sector público debe aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa presupuestaria vigente.

El informe también menciona disposiciones relacionadas con la certificación presupuestaria y la legalidad del gasto público, señalando que los pagos fueron realizados mediante Órdenes de Pago Electrónicas registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizando recursos directamente recaudados por el hospital.

El consejero regional Pedro Noguera cuestionó el discurso de la actual gestión del Gobierno Regional de Moquegua respecto al incremento de la inversión pública en la provincia de Ilo. Según sostuvo, el aumento que hoy se muestra en cifras no necesariamente representa más obras ni mayor cantidad de beneficiarios, sino el encarecimiento de los proyectos ejecutados.

“Disculpa que me sonría, pero la verdad se ha incrementado ( la inversión) porque las obras que ejecuta el Gobierno Regional se han encarecido. (Por ejemplo).Una obra que se aprobó en 4 millones y medio en el perfil, se reduce al iniciar en S/3 millones y a la hora que se entrega el proyecto cuesta 13 millones y medio; ahí se ha incrementado”, declaró el consejero.

Noguera remarcó que este incremento presupuestal no se traduce en proyectos de gran impacto social. “Es una obra pequeñita que beneficia a 75 niños: 25 de 3 años, 25 de 4 y 25 de 5 años. Una obra que se inició con 3 millones terminó costando 11 millones y medio”, señaló, en referencia al proyecto “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. N.° 231 Bello Horizonte”, en la provincia de Ilo.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la obra —ejecutada bajo la modalidad de administración directa— se inició a fines del 2022 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El proyecto comenzó con un presupuesto aproximado de S/ 3.6 millones y terminó alcanzando un costo cercano a los S/ 11.8 millones.

Durante su ejecución, la obra fue observada en dos informes de la Contraloría General de la República, donde se advirtieron incumplimientos de especificaciones técnicas, modificación del diseño y confección de sillas fuera de norma, uso de cemento caducado, acero con signos de corrosión, deficiente almacenamiento de materiales y problemas en algunas partidas constructivas. Los informes N.° 027-2023 y N.° 095-2023 figuran en el portal institucional de la Contraloría.

El congresista de la República, Samuel Coayla Flores, advirtió que continúa latente el riesgo de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de límites territoriales de Tacna, el cual —según señaló— afectaría los intereses de Moquegua respecto a la pertenencia del sector Quebrada Honda. Ante ello, remarcó que “la pelota está en la cancha del Gobierno Regional”, al considerar que es la entidad responsable de defender técnicamente los límites territoriales de la región ante el Poder Ejecutivo.

El parlamentario explicó que el último miércoles el proyecto fue incluido en agenda para ser debatido en el Congreso de la República. Sin embargo, indicó que lograron evitar temporalmente su discusión tras presentar documentación relacionada con la acción de amparo y el proceso judicial existente por la superposición territorial.

“Hemos entregado los documentos de la acción de amparo porque hay un tema por resolver de superposición. Ayer se logró que no se toque el tema; ha sido compromiso del segundo vicepresidente del Congreso”, declaró.

Coayla aseguró que, de no haber sostenido reuniones directas con integrantes de la Mesa Directiva y otros congresistas, la propuesta habría sido debatida y eventualmente aprobada. “Si no hubiéramos ido nosotros a hablar directamente con algunos congresistas de la Mesa Directiva, indicándoles que el tema está judicializado y mostrando la documentación, ayer se hubiera tocado y hoy ya fuera ley”, afirmó.

No obstante, advirtió que el problema continúa latente debido a que no existe certeza sobre cuándo volverá a ser agendado el proyecto. En ese contexto, insistió en que el Gobierno Regional de Moquegua debe asumir un rol más activo y reunirse con el Poder Ejecutivo, ya que fue esta instancia la que presentó la iniciativa legislativa.

“Tiene que haber una reunión con el Ejecutivo. El Gobierno Regional tiene que reunirse con el Ejecutivo porque quien presenta estos proyectos de ley es el Ejecutivo. El Gobierno Regional tiene que ver el tema de límites, tienen una oficina que se encarga de eso. Nosotros desde el Legislativo tratamos de contener, pero el tema es del Gobierno Regional”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la Comisión de Saneamiento no modificará el proyecto de ley, por lo que consideró necesario que el Gobierno Regional sustente técnicamente la posición de Moquegua ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Agricultores del sector Chacane, en el distrito de Torata, exigieron la intervención inmediata de la Municipalidad Distrital de Torata tras el derrumbe de una vía que dejó sin agua a decenas de usuarios agrícolas y provocó además que aguas de desagüe discurran hacia las chacras de cultivo.

El colapso destruyó parte de la plataforma vial y arrasó con las tuberías de conducción de agua, generando preocupación entre los pobladores por las pérdidas que podría ocasionar en la producción agrícola.

Mario Manchego, poblador del sector, señaló que el problema se viene registrando desde hace varios días debido al constante deslizamiento del terreno. “Hace como una semana ha venido cayendo y en la noche de ayer, miércoles 9, se llevó todo. Se necesita maquinaria y reparación técnica, necesitamos el apoyo del municipio”, manifestó.

Asimismo, indicó que el tránsito constante de vehículos vinculados a la ejecución de la carretera Lambramani habría afectado la estabilidad de la vía. Según explicó, las vibraciones provocadas por el paso de maquinaria pesada ocasionaron que el terreno cediera progresivamente hasta producirse el colapso.

Los agricultores de la zona señalaron que al menos 82 usuarios se han visto perjudicados por la rotura de la línea de conducción de agua, situación que afectará directamente la producción de palta y otros cultivos. Hernán Juárez, otro agricultor afectado, recordó que anteriormente se registraron derrumbes menores que pudieron ser solucionados con apoyo de los propios agricultores; sin embargo, precisó que ahora el deslizamiento alcanza aproximadamente 180 metros lineales.

Juárez explicó además que la vía afectada conduce hacia la planta de tratamiento de agua de Torata y que el derrumbe también obstruyó la línea de desagüe proveniente del sector Labramane. “Todo el desagüe está discurriendo hacia la chacra. La gran mayoría de agricultores tenemos plantas menores y árboles frutales. Necesitamos intervención inmediata de la Municipalidad de Torata. Ya se ha comunicado el problema, pero no vienen a solucionarlo”, comentó.

Por su parte, Pompeyo Tarqui, especialista de la Junta de Usuarios de Torata, señaló que los agricultores afectados se encuentran sin acceso al agua y enfrentan una situación de estrés hídrico. Indicó que se requiere una declaratoria de emergencia y la instalación de un acueducto provisional para rehabilitar la tubería y restablecer el riego de los cultivos de manera urgente.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identificó a Moquegua entre las regiones del país que presentan distritos con riesgo muy alto frente a movimientos en masa ocasionados por lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño.

La información forma parte del “Estudio de escenarios de riesgo por inundaciones y movimientos en masa ante lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño”, elaborado por el organismo adscrito al sector Defensa con el objetivo de orientar la toma de decisiones y priorizar acciones de prevención y reducción de riesgos.

Según el estudio, a nivel nacional se identificaron 263 distritos en riesgo muy alto por movimientos en masa distribuidos en 18 departamentos, entre ellos Moquegua, Arequipa, Cusco, Piura, Puno y Áncash.

El informe advierte que estos escenarios podrían afectar población, viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud, vías de comunicación y áreas agrícolas.

Para la elaboración del documento se tomó como referencia las precipitaciones registradas durante los fenómenos El Niño de 1983, 1998, 2017 y 2023, considerados entre los eventos climáticos de mayor impacto en el país.

El CENEPRED exhortó a las autoridades regionales y locales a utilizar este estudio para planificar intervenciones, priorizar presupuesto y desarrollar evaluaciones de riesgo más detalladas en las zonas identificadas como de riesgo muy alto y alto.

A través de la estrategia de siembra y cosecha de agua, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ejecuta un paquete de 30 qochas diseñadas para captar y almacenar agua de lluvia, impulsando la producción agrícola y ganadera local.

Los trabajos, liderados por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, avanzan en dos frentes en los distritos de Carumas, Ubinas, Yunga, Ichuña y Lloque. Con una inversión global que supera los S/ 7.5 millones, esta intervención inyectará una recarga hídrica superior a los 700 mil metros cúbicos de agua en beneficio de más de 290 familias altoandinas.

La infraestructura hidráulica contempla la construcción de diques de tierra, instalación de geomembranas y obras complementarias. Estos componentes aceleran la infiltración natural del terreno y garantizan el suministro de agua en épocas de escasez.

Impacto en General Sánchez Cerro: 10 qochas listas

La provincia de General Sánchez Cerro ya cuenta con 10 qochas operativas en los distritos de Ichuña y Lloque, tras una inversión que superó los S/ 2.6 millones. Esta primera etapa atiende directamente a 83 familias productoras.

* Ichuña: Se habilitaron cinco qochas en las comunidades de Calaujata y Cachipascana, aportando una recarga de más de 314 mil metros cúbicos.
* Lloque: Se culminaron cinco infraestructuras que benefician a 50 familias de Chucapaca y Corire.

Como siguiente paso en esta provincia, el MIDAGRI iniciará la construcción de nuevos diques en los distritos de Ubinas y Yunga para expandir la cobertura de riego.

Expansión en Mariscal Nieto: 20 nuevos diques en marcha

En paralelo, arrancó la construcción de un segundo paquete de 20 qochas en la región, el cual beneficiará a 209 familias. Dentro de este grupo destaca el distrito de Carumas (provincia de Mariscal Nieto), donde se levantarás siete diques en las localidades de Aguas Termales, Ccaccachara, Pampa Putina, Aruntaya, Titire y Chilota. Estas obras incorporarán más de 167 mil metros cúbicos de agua a la subcuenca Coralaque.

A cuatro días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la distribución del material electoral hacia las provincias del país y Lima provincias se encuentra prácticamente concluida. 

El traslado se realizó desde el almacén central de la institución, ubicado en Lurín, como parte de las acciones previstas para garantizar el desarrollo de los próximos comicios.

La entidad precisó que el envío de los cargamentos fue supervisado por equipos técnicos y personal de fiscalización, quienes verificaron tanto la salida como la llegada del material a las diferentes sedes electorales. Estas labores buscan asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas durante el proceso electoral.

El vocero de fiscalización del JNE, Luis Ramos, señaló que coordinadores y fiscalizadores desplegados en distintas regiones del país constataron la recepción de los materiales en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Asimismo, indicó que los mecanismos de control continúan activos para reportar cualquier incidencia.

De cara a la jornada electoral, el organismo anunció que más de 28 mil fiscalizadores serán desplegados a nivel nacional para supervisar las distintas etapas de la votación. El personal verificará el cumplimiento de la normativa antes, durante y después del sufragio, con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25.7 % en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), este resultado refleja un avance importante, con cerca de un millón de personas que dejaron de ser pobres en el último año. 

Sin embargo, la especialista advirtió que la recuperación aún es incompleta. “Es una buena noticia, pero todavía estamos lejos de los niveles que teníamos en 2019”, señaló.

Antes de la pandemia, la pobreza se situaba alrededor del 20 %, lo que implica que el país mantiene todavía cerca de 2.5 millones de personas adicionales en esta condición respecto a hace seis años. Muñoz Nájar explicó que la mejora reciente responde principalmente al crecimiento económico, la inversión y la recuperación del empleo. Sin embargo, subrayó que “el reto grande va a ser seguir manteniendo el crecimiento económico y la inversión para que haya más empleo, porque eso es lo que verdaderamente reduce pobreza”.

La economista también destacó que el avance no ha sido uniforme a nivel territorial. Mientras regiones como Ica registran los menores niveles de pobreza, impulsadas por sectores como la agroexportación, la minería y la industria, otras como Cajamarca continúan rezagadas. 

Según el análisis de Redes, 19 de las 25 regiones lograron reducir sus niveles de pobreza, pero en seis se registraron incrementos, lo que evidencia brechas persistentes en el desarrollo regional.

En paralelo, la pobreza extrema se redujo y se ubicó por debajo del 5 %. Aun así, especialistas coinciden en que el desafío central será consolidar la recuperación económica y ampliar las oportunidades de empleo formal, sobre todo en las regiones con mayor vulnerabilidad.