El fenómeno El Niño, previsto hasta noviembre con intensidad moderada, ya genera impacto en la economía y en la vida cotidiana de millones de peruanos. Las lluvias intensas registradas en distintas regiones han provocado daños en infraestructura, afectación de servicios básicos y vulnerabilidad en zonas urbanas y rurales. María Alejandra Ormeño, jefa de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), advirtió “que 3 de cada 10 peruanos estarían en riesgo de inundaciones en el país”. Según estimaciones citadas por el instituto, más de 11 millones de personas están expuestas, junto con 35 mil instituciones educativas, 7 mil establecimientos de salud y 3.6 millones de viviendas.

El impacto también alcanza al sector agrícola, uno de los principales motores de empleo y exportación. De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y análisis del IPE, cerca de 2 millones de hectáreas se encuentran en riesgo, con regiones donde más del 40 % de la superficie cultivable podría verse afectada. “De los 10 productos que más exportamos, 7 se vieron afectados en el anterior fenómeno El Niño”, recordó Ormeño, en referencia a cultivos como espárragos, mango y café.

La especialista del IPE alertó que las emergencias por lluvias muestran una tendencia creciente en las últimas dos décadas, mientras el presupuesto para la gestión de desastres no registra incrementos proporcionales. “Las autoridades tienen que tener programas de prevención y, luego, de gestión del riesgo”, afirmó, al subrayar que no solo importa el monto asignado, sino la eficiencia en su ejecución. Por eso, insistió en la necesidad de fortalecer la planificación y el control del gasto público en prevención. “Es muy importante estar alertas”, enfatizó Ormeño.

A semanas de las elecciones 2026, el debate sobre empleo se intensifica, pero la calidad de las propuestas no acompaña la urgencia del problema. La organización Horizonte Laboral analizó 35 planes de gobierno —de 36 organizaciones inscritas— y concluyó que “la agenda laboral es abundante en propuestas, pero pobre en diseño”. De un total de 655 iniciativas evaluadas, 360 fueron calificadas como parciales, 280 como superficiales y solo 15 como sólidas, lo que representa apenas el 2.3 %. El informe revela, además, una concentración temática limitada: 216 propuestas se enfocan en crecimiento empresarial y generación de empleo, mientras asuntos críticos como seguridad y salud en el trabajo (3 propuestas) e inestabilidad contractual (5) reciben escasa atención.

La brecha entre el discurso político y la realidad del mercado laboral también se refleja en la percepción ciudadana. En entrevistas realizadas por Horizonte Laboral, los peruanos declararon que acceder a un trabajo digno es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes. “Creo que es difícil encontrar un empleo digno en el Perú”, afirmó uno de los consultados, al describir un entorno marcado por la informalidad y la precariedad. La falta de beneficios sociales y los bajos ingresos agravan el panorama. Una trabajadora entrevistada sostuvo: “Yo creo que el 90 % no tenemos beneficios sociales”, y relató que labora hasta 10 horas diarias para ganar S/100 y sostener a su hija.

Ante este escenario, la ciudadanía espera propuestas que vayan más allá de promesas generales y apunten a medidas viables: mayor formalización, estabilidad contractual, protección social y generación sostenida de empleo con derechos. La distancia entre lo que demandan los trabajadores y lo que plantean los planes de gobierno será uno de los principales retos del próximo quinquenio.

En enero, el promedio ponderado a nivel nacional de todos los indicadores de internet móvil para redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura) fue de 79.47 %, lo que significó una mejora respecto a al promedio de enero de 2025 (77.09 %), informó el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

De acuerdo a la información publicada en el Panel de Monitoreo de Internet Móvil, Entel tuvo el mejor promedio ponderado de todos los indicadores evaluados (80.99 %), seguida de Claro (79.93 %), Bitel (78.59 %) y Movistar (78.02 %).

Las regiones Tumbes (83.21 %), Callao (81.88 %) y Lima (81.09 %) tuvieron los mejores rendimientos, mientras que los departamentos con los menores promedios ponderados fueron Cajamarca (77.03 %), Huancavelica (77 %) y Loreto (72.29 %).

El ranking de indicadores de internet móvil se elabora en base al promedio de los indicadores de velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura, lo que permite contar con una visión integral del desempeño del servicio de internet móvil ofrecido por las principales empresas operadoras a nivel nacional desde la calidad de experiencia del usuario.

INDICADOR POR INDICADOR 
En el desagregado por indicadores, en enero, la velocidad de descarga (bajada de archivos, fotos, videos, etc.) para redes 4G promedió 12.78 megabits por segundo (Mbps). De esta manera, los usuarios pudieron conectarse a sus redes sociales, participar en videollamadas, acceder a la banca electrónica, emplear aplicativos, entre otros, en condiciones adecuadas.

En lo que se refiere al tiempo de latencia tuvo un promedio nacional de 54.06 ms (milisegundos). Muchas veces confundida con la velocidad, la latencia hace que el video que reprodujeron los usuarios en el celular o la videollamada a la que se conectaron para clases en línea, fuese recepcionada con mayor o menor retardo.

Respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.79 %. Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.70 % a nivel nacional.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.06 Mbps en el primer mes de 2026.

Para conocer a detalle los resultados del Panel de monitoreo de internet móvil pueden ingresar a: https://sociedadtelecom.pe/2026/02/18/panel-de-monitoreo-de-internet-movil-analisis-de-indicadores-a-nivel-departamental-enero-2026/#popup

También pueden verificar los indicadores de internet móvil en el portal Checa tu internet móvil: https://checatuinternetmovil.osiptel.gob.pe/

El mercado laboral en el Perú enfrenta un escenario crítico caracterizado por una informalidad persistente que, al cierre de 2025, sigue dominando la estructura económica del país. Según el análisis del economista Jorge Baca Campodónico, aunque el empleo total ha superado ligeramente los niveles prepandemia, la calidad de los puestos de trabajo ha retrocedido drásticamente. Sectores como el comercio minorista y los servicios personales han absorbido gran parte de la mano de obra, pero en condiciones de baja productividad y sin seguridad social. Respecto a la evolución de estas cifras, Jorge Baca Campodónico puntualizó: “A partir de este año el número de empleados equivalentes del sector informal viene aumentado considerablemente”.

La desigualdad territorial y productiva es cada vez más evidente, con un sector moderno exportador que eleva su eficiencia frente a una agricultura de subsistencia y una minería ilegal que operan al margen de la ley. El autor sostiene que los programas sociales han mitigado la pobreza extrema, pero no han transformado la estructura productiva ni generado empleo formal masivo. Para romper este ciclo, se propone al sector forestal como un nuevo motor de desarrollo capaz de integrar a las comunidades rurales en cadenas de valor sostenibles. Sobre la insuficiencia de la recuperación económica actual, Jorge Baca Campodónico señaló: “El empleo formal crece, pero no lo suficiente para cambiar la composición del mercado laboral”.

El declive del sector secundario, especialmente la manufactura, ha sido identificado como un síntoma de la "enfermedad holandesa", donde la dependencia de los minerales encarece la producción nacional. El desafío para 2026 radica en implementar políticas que eleven la productividad de los sectores rezagados y combatan las economías ilícitas que distorsionan los incentivos laborales. Sin un cambio estructural, el país corre el riesgo de mantener un modelo dual que alimenta la conflictividad social y la inseguridad. Analizando el cierre del periodo, Jorge Baca Campodónico concluyó: “Para 2025, el empleo total ha superado ligeramente los niveles previos a la pandemia pero existe todavía una brecha respecto a la tendencia observada previa a la pandemia”.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que las transferencias de recursos a los gobiernos regionales y locales provenientes de la actividad minera sumaron S/ 9,936 millones durante el año 2025. Este monto total se compone principalmente por el Canon Minero, que alcanzó los S/ 6,992 millones, seguido por las Regalías Mineras y los derechos de vigencia. Estos recursos tienen como objetivo central financiar obras de impacto social y proyectos de inversión pública que permitan elevar la calidad de vida de las poblaciones asentadas en las zonas de influencia de los proyectos extractivos.

En el análisis por departamentos, Áncash se consolidó nuevamente como el principal beneficiario al recibir S/ 1,780 millones, cifra que representa el 17.9 % del total nacional. Otros departamentos con ingresos significativos fueron Arequipa, Moquegua y Tacna, los cuales en conjunto con Áncash concentran más de la mitad de los recursos distribuidos por el sector. El MINEM reafirmó que la minería continúa siendo el motor del crecimiento económico nacional, destacando que el sector busca promover una actividad moderna y responsable que sea articulada con las demandas de la ciudadanía y los departamentos.

La recaudación por regalías, que superó los S/ 2,687 millones, refleja la importancia de los acuerdos contractuales y legales vinculados al valor de la producción minera. El MINEM subrayó que la transferencia de estos fondos es una herramienta clave para el desarrollo sostenible y equilibrado del país a través de la gestión de los tres niveles de gobierno. Respecto al compromiso del sector con el crecimiento del país, la entidad detalló: “La minería ratifica su papel como motor del crecimiento económico nacional, por ello el sector reafirma su compromiso de seguir promoviendo una actividad minera moderna, responsable y articulada con los departamentos”.

En los últimos cinco años, el Perú ha enfrentado una sucesión de eventos climáticos extremos que han dejado pérdidas humanas y económicas devastadoras. El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Patricio Lewis, recordó que solo el ciclón Yaku, en 2023, ocasionó daños superiores a los US$ 4,000 millones y más de 60 fallecidos. Esta situación ha golpeado severamente la economía nacional, desestructurando sistemas productivos en la agricultura, bloqueando rutas de transporte estratégicas y provocando una drástica caída en el turismo debido a cancelaciones masivas.

Según Lewis, pese a este escenario, regiones altamente vulnerables como Piura e Ica han ejecutado menos del 2 % de los recursos asignados para prevención en 2025. “Existe una fragilidad estructural que impide prevenir, responder y reconstruir con eficacia”, advirtió, al señalar que el presupuesto destinado a prevención este año es 45 % menor al asignado en 2023. Y subrayó que esta brecha no es solo presupuestal, sino también de gestión. La falta de planificación, de equipos técnicos fortalecidos y de continuidad en los proyectos provoca que los gobiernos reaccionen cuando el desastre ya ocurrió, en lugar de anticiparse. 

Para reducir esta vulnerabilidad, Lewis propuso cinco líneas de acción: invertir en infraestructura resiliente, fortalecer capacidades locales, ampliar los sistemas de alerta temprana, impulsar mecanismos de protección social adaptativa y ordenar el territorio con enfoque de riesgo. “Cada dólar que invertimos en prevención nos puede evitar hasta $4 de pérdidas futuras”, sostuvo. Sin un giro hacia la prevención, concluyó, el país seguirá atrapado en un ciclo de emergencia, reconstrucción y nuevos desastres.

La participación ciudadana se perfila como un elemento central para fortalecer la democracia peruana en un contexto de profunda desconfianza institucional. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83 % de los peruanos no se siente representado por ninguna autoridad, mientras que la desconfianza en instituciones como el Congreso alcanza el 92.4 %. Ante este escenario, la propia ciudadanía emerge como el actor con mayor legitimidad para impulsar cambios, ya que el 59 % de la población prefiere que los espacios de diálogo sean organizados por los mismos ciudadanos.

Uno de los principales retos es la concentración de los mecanismos de participación en las grandes ciudades. Esta centralización ha dejado fuera a amplios sectores del país y ha profundizado la brecha de conocimiento democrático entre el ámbito urbano y el rural. Mientras que, en las ciudades, el 61.4 % de las personas afirma conocer qué es la democracia, en las zonas rurales esta cifra desciende al 27.6 %, lo que limita la participación informada y sostenida de la población.

Ante esta realidad, organismos internacionales y civiles proponen descentralizar la participación ciudadana y fortalecer los espacios de diálogo en comunidades rurales y territorios alejados. Para la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica, “la participación no puede limitarse a las grandes ciudades. También debe estar presente en zonas rurales, comunidades periféricas y territorios donde las instituciones muchas veces tienen menor alcance”. En ese sentido, ampliar la escucha y reconocer las distintas realidades del país permitiría avanzar hacia democracias más sólidas y sostenibles, con una ciudadanía activa en la toma de decisiones públicas. "Las políticas públicas ganan legitimidad cuando consideran el territorio y sus desigualdades", aseguró IAP2 Latinoamérica.

A dos meses de las elecciones de 2026, el origen del financiamiento político genera creciente preocupación en las regiones. De acuerdo con un análisis exploratorio de economías ilegales del Instituto de Criminología y datos de la ONPE, las economías ilegales que operan en el país mueven montos tan elevados que, tomando como referencia el costo promedio de una campaña presidencial en 2016 (US$11.7 millones), podrían financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, además de 57,728 campañas congresales y 51,313 campañas para gobiernos regionales. Estas cifras ilustran la magnitud del riesgo que representa el ingreso de dinero ilícito a la política y su potencial para distorsionar la competencia electoral y condicionar futuras decisiones del Estado.

El analista político tacneño Frankie Kuong Delgado sostuvo que el problema no es solo la existencia de aportes irregulares, sino la dificultad para probar su origen ilícito. “Durante mucho tiempo, los aportes no eran considerados ilegales y hoy el reto es demostrar si provienen del narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Por eso, es fundamental bancarizar los aportes y seguir la ruta del dinero”, explicó. A su juicio, la falta de controles efectivos permite que estas actividades financien partidos y candidatos con el objetivo de evitar la formalización y frenar sanciones más severas.

Desde Cusco, el regidor Eulogio Tapia advirtió que la penetración de economías ilegales en la política no es un fenómeno nuevo y que ya ha tenido consecuencias concretas. Sin aludir a partidos específicos, afirmó que existen agrupaciones “altamente permeadas” por estos intereses y con agendas contrarias al desarrollo del país. “Lo hemos visto con leyes que no sancionan la minería ilegal, que se disfraza de minería informal, con normas que favorecen a sectores informales e ilegales”, señaló.

Un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos acudirán a las urnas el próximo 12 de abril para elegir a las nuevas autoridades del Gobierno. La principal novedad de este proceso electoral será el retorno de la bicameralidad, que dividirá al Congreso en una Cámara de Diputados con 130 integrantes, y un Senado conformado por 60 representantes, con el fin de mejorar la calidad de las decisiones políticas en el país.

Para este proceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha diseñado una cédula de votación de 44 centímetros de largo, que contará con cinco secciones diferenciadas. En ella, cada elector deberá marcar de manera independiente su opción para la Presidencia de la República, el Senado nacional y regional, la Cámara de Diputados y los representantes ante el Parlamento Andino, lo que convierte esta jornada en una de las más complejas de la historia electoral reciente.

Ante este escenario, el sistema electoral ha intensificado las campañas de capacitación en todo el país, con énfasis en explicar cómo votar correctamente y evitar errores que anulen el sufragio. Especialistas recomiendan, además, que las familias conversen sobre el proceso y la forma de votar, lo que permitirá agilizar la jornada electoral y asegurar que cada ciudadano ejerza plenamente su derecho al voto. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, destacó la importancia de que los votantes con más experiencia guíen a los menores. "Ustedes pueden dar el ejemplo a las nuevas generaciones de que no es en vano ir a votar [...], siguen creyendo que su voto es importante porque lo hacen con convicción", señaló.

Una nueva denuncia por conflicto de intereses pone en la mira al sistema de contrataciones públicas en Perú. La Adjudicación Simplificada N° 08-2025-PRONIS-1, destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, involucra a la empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING y al Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), encargado de resolver la legalidad del proceso.

De acuerdo con fuentes que han seguido el caso al interior del Ministerio de Salud (MINSA), la abogada designada por SUMEC, Fiorella Pérez Torres, quien figura en el Registro CAL N.° 56110, mantiene una relación estrecha de carácter profesional con Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la Tercera Sala del Tribunal del OECE, instancia que decidirá el futuro de la licitación.

El hospital Zacarías Valdivia enfrenta nuevos cuestionamientos

Ambos no solo compartieron la misma promoción universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que también coincidieron como especialistas legales en el antiguo Tribunal del OSCE, hoy OECE.

Fuentes de la entidad pública advierten que esta relación personal podría influir en la resolución del proceso, pese a que la empresa enfrenta observaciones por presentar documentación inexacta en su oferta.

La audiencia pública para debatir el caso quedó programada para el 13 de enero de 2026. La normativa vigente exige que los miembros de tribunales administrativos se abstengan de intervenir en casos donde existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad.

“El artículo 99° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece como causal de abstención la existencia de amistad íntima entre un miembro del tribunal y los representantes de las partes", refirió sobre las objeciones.

Alarmas por imparcialidad en tribunal decisor

La Resolución de Presidencia N.° 064-2016-OSCE/PRE señala que Pérez Torres y Arana Orellana ocuparon cargos equivalentes en el mismo periodo, reforzando la percepción de cercanía.

De acuerdo con la información difundida, el Principio de Imparcialidad exige que la administración pública “actúe sin sesgos ni favoritismos“, y la Ley de Contrataciones del Estado demanda transparencia y objetividad en todas las etapas del procedimiento.

“La presencia de vínculos personales en la etapa impugnativa agrava la preocupación, ya que allí se define la validez de las decisiones adoptadas en los procesos de selección”, indicó.

De acuerdo con otra de las partes involucradas, el impacto se acentúa por el alto monto de la licitación y las dudas sobre la documentación presentada por la empresa.

MINSA y el OECE deciden el futuro para miles de huancavelicanos

El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica constituye el principal centro de referencia en salud para toda la región. Catalogado como un hospital de nivel II-2, ofrece servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con atención especializada ambulatoria y hospitalaria.

Actualmente, la institución atraviesa una etapa de modernización, ya que se encuentra en proceso la construcción de una nueva infraestructura que incrementará su capacidad resolutiva, incorporando áreas de UCI, emergencia, centro quirúrgico, banco de sangre y diversas especialidades médicas.

La construcción del nuevo hospital muestra un avance físico significativo, con trabajos en tarrajeo, acabados y estructuras. El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) impulsan la culminación de esta obra, asegurando la adjudicación de contratos y la entrega oportuna del proyecto.

Según el propio Gobierno peruano, esta modernización convertirá al hospital en la columna vertebral de los servicios de salud en Huancavelica, mejorando la atención y el acceso a servicios de mayor complejidad para la población de la sierra central del país.

¿Qué es el OECE?

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es el organismo técnico del Estado Peruano, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reemplaza al OSCE para hacer las compras públicas más eficientes, transparentes e íntegras, brindando asistencia técnica, desarrollando directivas y formando profesionales, y gestionando sistemas como el SEACE para supervisar y facilitar los procesos de contratación estatal, combatiendo la corrupción y reduciendo la burocracia.

Fuente: Infobae