Arequipa, 12 de junio de 2025 

El gerente regional de salud, Dr. Walter Oporto, confirmó que el plan de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) se ejecutará, en el mismo terreno del hospital, descartando así otras propuestas en el Cono Norte o Cono Sur de la ciudad.

Esta decisión fue tomada con base en los plazos establecidos para el proyecto, que no permiten mayores retrasos ni cambios de ubicación. “Si hubiera habido más tiempo, se habría podido mejorar incluso la ubicación, pero lamentablemente no ha sido así”, explicó una de las autoridades.

La ejecución del plan de contingencia es clave para garantizar la continuidad de los servicios oncológicos durante el proceso de construcción del nuevo Iren Sur. No obstante, uno de los principales obstáculos ha sido la dificultad para encontrar un médico que asuma la dirección del proyecto, debido a los altos requisitos exigidos por la ley de idoneidad. “Es muy complicado encontrar un profesional que cumpla con el perfil requerido, incluso dentro de los mismos colegas del Iren”, afirmaron.

En cuanto a la coordinación con el Hospital Honorio Delgado, se aclaró que no se contempla ejecutar el plan de contingencia en sus instalaciones. Sin embargo, se mantiene una comunicación constante, dado que ambos centros forman parte del mismo sistema regional de salud. “Ya tuvimos una primera reunión con los jefes del Honorio Delgado y se tiene prevista una segunda. Su rol ha sido plantear las necesidades de equipos y servicios, no definir la ubicación del proyecto”, precisaron.

Este jueves, a las 11 de la mañana, se programó una reunión clave en el Gobierno Regional para revisar y ajustar detalles del proyecto. El expediente técnico está a cargo del AMIN, mientras que la Gerencia Regional de Salud deberá garantizar la entrega del terreno y otras facilidades para iniciar la construcción.

Las autoridades insistieron en que no hay retrasos en el cronograma, y que todos los esfuerzos están enfocados en cumplir con los plazos para evitar afectaciones a los pacientes.

Por: Daniel Huayto Ruiz

15 de mayo del 2025

Personal médico y pacientes del IREN Sur protestan por decisión del Gobierno Regional que aleja la atención oncológica de los sectores más vulnerables.

Una mañana de reclamos y carteles marcó la jornada del martes en la sede de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Personal médico, pacientes oncológicos y sus familias protagonizaron una protesta pacífica contra una decisión que consideran arbitraria y perjudicial: el cambio de ubicación del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) a un terreno ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa – La Joya, en el Cono Norte de la ciudad.

La medida, anunciada sin consulta previa por el Gobierno Regional de Arequipa, ha generado rechazo unánime entre los profesionales de salud y usuarios del servicio, quienes denuncian que la nueva ubicación es lejana, inaccesible y no cumple con los requisitos técnicos para la construcción de un centro oncológico de alta especialización.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen los medios económicos ni la condición física para trasladarse tan lejos. Este cambio los condena a abandonar sus tratamientos”, declaró uno de los médicos manifestantes, visiblemente indignado por la falta de diálogo.

Un cambio sin sustento técnico ni legal

El proyecto del nuevo IREN Sur no es reciente. Desde el 2024, ya contaba con estudios técnicos aprobados, cronograma establecido y un terreno debidamente saneado de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y accesible para la mayoría de pacientes oncológicos que llegan desde distintas provincias del sur del país.

El presidente del frente de defensa IREN Sur, Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, denunció que la decisión del Gobierno Regional no solo es sorpresiva, sino también inconsistente y carente de respaldo técnico.

“El terreno actual fue validado legal y técnicamente. Ahora nos dicen que todo se trasladará al Cono Norte, sin estudios y sin accesos adecuados. Lo que es peor, se presenta como una simple ‘propuesta’, pero públicamente el gobernador ya actúa como si la decisión estuviera tomada”, explicó Palomino.

Durante una reciente reunión convocada por el propio Gobierno Regional para abordar el tema, no asistieron figuras clave como el gobernador Rohel Sánchez, el gerente general regional ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), lo que impidió que se resolvieran las dudas y se generó aún más incertidumbre.

Un golpe para la atención oncológica del sur del país

El IREN Sur no es un hospital común. Se trata de un centro oncológico de nivel 3, el único en la macroregión sur del Perú, dedicado exclusivamente a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su rol es fundamental para miles de pacientes provenientes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.

La comunidad médica ha alertado que el nuevo terreno en el Cono Norte no cumple con los requerimientos técnicos mínimos para un centro de alta especialización: ni acceso a servicios básicos inmediatos, ni buena conectividad vial, ni condiciones óptimas de infraestructura.

“Esto no es un simple cambio de terreno. Es poner en riesgo todo un proyecto que podría salvar miles de vidas. No se puede improvisar con algo tan delicado como el tratamiento del cáncer”, agregó el Dr. Palomino.

Rechazo y posible vía legal

La protesta no solo tuvo carácter simbólico. Los profesionales de salud informaron que han solicitado asesoramiento a instituciones especializadas como la Red Oncológica Nacional, el City Cancer Challenge y a diversos congresistas, quienes ya evalúan posibles acciones legales para frenar el cambio y asegurar que el proyecto se desarrolle en condiciones óptimas.

“El diálogo está abierto, pero tiene que darse con criterios técnicos y respeto por la salud pública. No aceptaremos decisiones unilaterales que vayan en contra de los intereses de los pacientes”, sostuvo el presidente del frente de defensa.

Exigen respeto a los avances logrados

El terreno en la Avenida de la Salud fue asignado oficialmente en agosto de 2024, luego de un proceso largo de evaluación y saneamiento legal. Su elección respondía a la necesidad de que el nuevo instituto esté ubicado en una zona con infraestructura vial, accesibilidad para pacientes de bajos recursos y cercanía a otros servicios hospitalarios complementarios.

Cambiar esa decisión, sin explicación pública clara y sin el consenso de los especialistas, ha generado una sensación de retroceso y de falta de respeto por el trabajo técnico realizado hasta ahora.

“Sentimos que se están tomando decisiones políticas y no técnicas. Y eso, cuando hablamos de cáncer, puede costar vidas”, expresó una representante del personal técnico del IREN Sur.

una decisión que puede marcar vidas

El cáncer no espera. Tampoco da tregua. Cada día de retraso, cada barrera de acceso, cada decisión improvisada, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de pacientes oncológicos en el sur del país.

La comunidad médica y los usuarios del IREN Sur han alzado la voz, no por capricho, sino por convicción: la salud no puede decidirse sin los técnicos, sin los pacientes y sin pensar en el largo plazo.

Por ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno Regional. El futuro del nuevo centro oncológico, y de muchos que luchan contra el cáncer, depende de que escuchen a quienes están del otro lado del escritorio. Y del bisturí.

Por: Daniel Huayto Ruiz

El sol apenas trepa los muros grises de la Gerencia Regional de Salud cuando comienzan a llegar. Algunos caminan lento, otros avanzan con la ayuda de una silla de ruedas, y unos pocos, con batas blancas y ojos cansados, empujan su rabia contenida en cada paso. No hay pancartas ruidosas ni arengas violentas. Hay silencio, preocupación, y un grito ahogado que pide lo más básico, acceso a la salud sin barreras.

La escena parece rutinaria, pero no lo es. Son médicos, pacientes oncológicos y familiares del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), y han decidido dejar el hospital por unas horas para defender algo más que un terreno: la posibilidad de seguir viviendo cerca del tratamiento que necesitan.

El motivo de su protesta es el reciente anuncio del Gobierno Regional de trasladar la construcción del nuevo centro oncológico al kilómetro 16 de la vía Arequipa – La Joya, en el Cono Norte. Una decisión que cayó como una bomba silenciosa en los pasillos del IREN.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen ni para el pasaje. Algunos apenas pueden levantarse de la cama después de una quimioterapia. ¿Cómo esperan que se trasladen hasta allá?”, dice una enfermera mientras sostiene del brazo a una mujer con pañuelo celeste en la cabeza. No dice su nombre. Solo repite: “No es justo. No es humano”.

En agosto de 2024, el proyecto para el nuevo IREN Sur parecía avanzar. Se había saneado un terreno de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y cercana a hospitales, laboratorios y farmacias. Los estudios técnicos estaban aprobados. Había ilusión. Pero en los primeros meses del 2025, sin aviso ni consulta previa, todo cambió.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que la nueva sede se construirá en un terreno más alejado, en el Cono Norte. Sin estudios nuevos. Sin sustento legal. Sin la presencia del personal médico que debía opinar. Una decisión unilateral que, según los especialistas, pone en riesgo la ejecución del proyecto y, más grave aún, el tratamiento de miles de personas.

“No se puede improvisar con el cáncer”, dice el Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, presidente del frente de defensa del IREN Sur. Su voz es firme, aunque se le nota cansado. No es la primera vez que sale a exigir algo que, en teoría, ya estaba asegurado. “Este instituto es de nivel 3, no se puede reemplazar por un hospital general ni ubicar en cualquier parte. El nuevo terreno no tiene ni accesos adecuados”.

Días antes de la protesta, hubo una reunión convocada por el propio Gobierno Regional. Pero los rostros que más se esperaban no aparecieron: ni el gobernador, ni el gerente general, ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Solo quedaron los médicos, técnicos, y algunos representantes sindicales que se miraban entre sí esperando respuestas que nunca llegaron.

Mientras tanto, los pacientes siguen llegando al actual IREN Sur con diagnósticos duros y miradas frágiles. Muchos de ellos vienen desde provincias alejadas como Puno, Moquegua o Tacna. Algunos madrugan, otros se endeudan para pagar pasajes. La idea de tener que desplazarse aún más lejos no es solo una incomodidad: es una sentencia anticipada.

“¿Y si no llego? ¿Y si no me da el cuerpo para tomar dos buses?”, pregunta con voz temblorosa una mujer de 52 años que no quiso dar su nombre. Ha superado dos ciclos de quimioterapia, pero siente que no podría soportar una tercera si le alejan su centro de atención.

El personal médico no está solo. Detrás de ellos hay organizaciones como la Red Oncológica Nacional y el City Cancer Challenge que ya han empezado a brindar asesoría legal y técnica. Incluso algunos congresistas han mostrado interés en frenar lo que ya consideran un atropello a la salud pública.

“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete lo avanzado, que se escuche a quienes saben. Esto no es política, es oncología”, sentencia el Dr. Palomino.

Por: Daniel Huayto Ruiz

20 de mayo del 2025

A las cinco de la mañana, cuando el cielo todavía bosteza en tonos azules, Juana Mamani acomoda las últimas cajas de mandarinas en su puesto del Mercado Las Convenciones. El olor cítrico, que antes anunciaba un día de ventas, hoy solo le recuerda cuántos kilos se le malograron la semana pasada.

“Antes de las lluvias, esto estaba lleno desde las 4. Hoy parece feriado”, dice con una sonrisa resignada, mientras con la otra mano espanta las moscas. Las cajas de paltas, que llegaron hace tres días desde Moquegua, empiezan a mostrar manchas negras. Nadie quiere comprar palta madura si puede encontrarla fresca en otro lado. Pero el problema es que ya no llegan clientes. Ni camiones. Ni esperanza.

Todo empezó con la caída del puente Ernesto Ghunter, ese viaducto polvoriento que tal vez pocos notaban, pero que era el cordón umbilical entre el mercado y el resto de la ciudad. Una madrugada de febrero, las lluvias se lo tragaron. Desde entonces, los comerciantes están atrapados entre el agua que se fue y la burocracia que no llega.

“Ese puente era nuestra vida. Sin él, estamos muertos”, dice Luis Condori, de la sección de papas, sin levantar la vista del saco que trata de salvar del moho. “Nos prometieron arreglarlo en marzo. Luego en abril. Ahora dicen julio.”

La historia del puente tiene giros propios de una novela de realismo político: primero fue una reparación, luego una demolición, más tarde un expediente técnico que aún “está en evaluación” y finalmente, un proyecto que se ejecutaría —si todo sale bien— en pleno invierno. Julio, dicen las autoridades. Agosto, tal vez.

Mientras tanto, la fruta se pudre, las papas se fermentan, los clientes desaparecen y los comerciantes —algunos con más de dos décadas en el negocio— miran cómo sus vidas se vacían como cajas al final del día.

Obras sin plan, ventas sin rumbo

Pero el puente es solo una parte del problema. A pocas cuadras, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, otra obra se abre paso entre promesas incumplidas y montículos de tierra. Los trabajos viales, iniciados sin señalización ni desvíos adecuados, han convertido la zona en un laberinto de caos, bocinazos y polvo.

Marcelo Flores, presidente del Centro Comercial Gratersa, cuenta que hablaron con el alcalde hace meses. Les prometieron empezar las obras para el aniversario del distrito. “Pasó el aniversario, luego el verano, y de pronto llegaron con maquinaria sin decir nada. Un día vinimos y ya no había paso.”

“Sin señalización, sin rutas alternas, sin diálogo. Así no se hacen las cosas”, dice, señalando una fila de taxis que tocan el claxon sin moverse un centímetro. “La gente se cansa. Ya no viene. Nosotros nos quedamos con la mercadería.”

Flores, como muchos otros, no se opone a las obras. De hecho, reconoce que son necesarias. Pero exige planificación, algo que parece un lujo en la administración pública. “¿Tan difícil es avisar? ¿Tanto cuesta poner un cartel, hacer un plan de desvíos?”
 

Nueva Esperanza, es más que un mercado. Es una red viva de familias, estibadores, comerciantes, agricultores que traen productos desde la costa, la sierra y la selva. Aquí convergen historias de todo el Perú en forma de plátanos, papas, sandías, choclos. Es un lugar donde cada saco cuenta una travesía.

Pero ahora, todo está en pausa. En el silencio de los pasillos vacíos, se escucha el eco de una pregunta que nadie responde: ¿cuándo volverá la gente?

“Después de la pandemia pensábamos que lo peor había pasado”, dice Rosario Huamán, acomodando plátanos en una mesa que ya casi no necesita limpiar. “Pero esto es peor. Porque no es una enfermedad lo que nos mata. Es la desidia.”

Desde el municipio, el alcalde Víctor Hugo Rivera ha dicho que el financiamiento del nuevo puente ya está garantizado: S/ 1.8 millones. Que la obra comenzará en julio. Que será rápida. Que será segura. Que será.

También mencionó que evaluaban hacer un paso provisional con tubos y tierra. Algunos comerciantes se ofrecieron incluso a ayudar. Quieren trabajar, no pelear. Solo quieren que los escuchen.

En los días de más bronca, algunos recuerdan que durante campañas electorales los alcaldes recorrían el mercado como si fueran clientes. Hoy ni aparecen. El mercado ha quedado fuera del radar político. Como si vender fruta no contara. Como si el hambre no votara.

Por: Daniel Huayto Ruiz

La educación financiera es un pilar fundamental para el desarrollo de una ciudadanía informada, responsable y activa. Ante esa necesidad, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) desarrolla el programa Educación Financiera en tu Cole, iniciativa que ha permitido que más de cinco mil docentes y 200 mil estudiantes de escuelas públicas en Arequipa, Cajamarca, Cusco y Lima Metropolitana cuenten con herramientas y habilidades financieras para tomar decisiones económicas responsables y, así, construir un futuro financiero saludable.

A través del programa, los docentes y estudiantes integran las competencias financieras y de emprendimiento adquiridos en su vida cotidiana, que les permite tener éxito en su desarrollo personal y profesional. Gracias a un trabajo articulado con el Instituto APOYO, la Dirección Regional de Educación Cajamarca (DREC), la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana (DRELM), la Gerencia Regional de Educación Arequipa (GREA) y la Gerencia Regional de Educación Cusco (GEREDU), esta iniciativa ha logrado la mejora de conocimientos y comportamientos financieros en la comunidad educativa.

Concurso Educación Financiera en tu Cole

Este año, Asbanc y el ABC del BCP lanzan la tercera edición del Concurso Educación Financiera en tu Cole 2025 en Lima Metropolitana, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

Esta iniciativa tiene como fin incentivar el pensamiento crítico, resolución de conflictos y la creatividad en los estudiantes mediante el desarrollo de proyectos innovadores que aborden los desafíos financieros en sus comunidades y/o escuelas.

Asimismo, también participarán estudiantes y docentes de escuelas públicas rurales de Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Amazonas y Lima, del proyecto «Niñas con Oportunidades», en el marco de su estrategia de participación estudiantil en metodología STEAM: Idea & Emprende. Esto gracias a la alianza de Asbanc y CARE Perú.

Los docentes podrán obtener mayor información del concurso, inscribir sus proyectos y acceder a webinars y talleres con especialistas de educación financiera y gestión de proyectos a través de la página web educacionfinancieraentucole.pe  

Los proyectos ganadores recibirán recursos tecnológicos y económicos para implementar sus propuestas en sus escuelas, transformando así el aprendizaje en acciones concretas que beneficien a sus compañeros, familias y comunidades.

Las aerolíneas Sky Airline Perú, Star Perú, Latam Airlines Perú y ATSA fueron sancionadas por la Comisión de Protección al Consumidor N.º 3 del Indecopi por incluir cláusulas abusivas en los contratos de transporte aéreo publicados en sus páginas web, vulnerando así los derechos de los consumidores. Estas resoluciones, iniciadas de oficio, fueron confirmadas por la Sala Especializada en Protección al Consumidor, en última instancia administrativa.

En total, se eliminaron 17 cláusulas abusivas de los contratos. Asimismo, como parte de las medidas correctivas, Indecopi ordenó que las empresas adecuaran sus términos y condiciones, lo cual ya ha sido cumplido. Esta acción beneficia a más de ocho millones de pasajeros, según datos de tráfico aéreo del 2024 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Entre las cláusulas abusivas eliminadas figuran: Aerolínea Cláusula abusiva eliminada Artículo vulnerado del Código del Consumidor
Sky
(Resolución 0076-2025/SPC-INDECOPI)
Excluir su responsabilidad por la información brindada por sus trabajadores a los pasajeros.
Artículo 50, literal a) Star Perú (Resolución 3397-2024/SPC-INDECOPI) Cobrar penalidad si el pasajero no realiza el viaje completo (se queda en una escala).
Artículo 51, literal a) Excluir su responsabilidad por pérdida de vuelo de conexión no informado por el pasajero.
Artículo 50, literal a) Limitar el derecho al reembolso en caso de no prestar el servicio contratado.
Artículo 50, literal e) Cobrar penalidad de USD 11.80 por no usar alguno de los tramos del pasaje.
Artículo 50, literal e) Modificar tarifas y condiciones de servicio de manera unilateral.
Artículo 50, literal h) Limitar la responsabilidad por pérdida de equipaje al monto del seguro contratado.

Artículo 50, literal h) Latam (Resolución 0075-2025/SPC-INDECOPI) Modificar unilateralmente las condiciones del servicio de transporte.

Artículo 50, literal h) ATSA (Resolución N.º 004-2024/CC3) Excluir responsabilidad por demoras o cancelaciones por “razones operacionales”.
Artículo 50, literal a) Limitar el derecho al reembolso de pasajes y servicios adicionales.
Artículo 50, literal e) Restringir el derecho a presentar reclamos.
Artículo 50, literal e) Cobrar por selección de asientos cuando se agoten los incluidos en la tarifa.
Artículo 50, literal e) Modificar condiciones tarifarias de manera unilateral.
Artículo 50, literal h) No garantizar los horarios de salida y llegada publicados.
Artículo 50, literal h) Facultar al personal a denegar el embarque según criterio discrecional.
Artículo 50, literal h) Las cuatro aerolíneas fueron sancionadas con multas que suman 145.55 UIT, equivalentes a S/ 778 692.50. Estas sanciones tienen un carácter disuasivo y buscan prevenir futuras infracciones. Las resoluciones pueden ser visualizadas en el siguiente enlace https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/

Indecopi recuerda a todas las empresas del sector que deben revisar sus contratos para asegurar que no contengan disposiciones que afecten los derechos de los consumidores. En ese sentido, la institución continuará con las acciones de fiscalización a través de su Dirección de Fiscalización y su oficina en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Como parte de esta labor, Indecopi también estará presente durante la marcha blanca y la próxima inauguración del nuevo aeropuerto, con el objetivo de garantizar un servicio adecuado a los pasajeros.

Finalmente, los ciudadanos pueden hacer valer sus derechos a través de los siguientes canales:
Correo: sacreclamo@indecopi.gob.pe

Teléfonos: 224 7777 (Lima) y 0 800 4 4040 (regiones)

WhatsApp Aeropuerto (24h): 985 197 624

Plataforma Reclama Virtual: https://enlinea.indecopi.gob.pe/reclamavirtual/#/

Una profunda preocupación ha manifestado el equipo médico y representantes sindicales del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR) frente al cambio de ubicación del futuro centro oncológico, proyecto clave para la atención especializada en la macroregión sur del país.

Durante una reunión recientemente convocada por el Gobierno Regional de Arequipa, los asistentes, entre ellos representantes de sindicatos, médicos y personal técnico, señalaron la ausencia del gobernador regional, así como de autoridades clave como el gerente general y representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), lo que impidió obtener respuestas concretas sobre las decisiones que se están tomando en torno al proyecto.

El Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, Presidente del frente de defensa Iren Sur, expresó que el proyecto ya contaba con un cronograma definido, estudios técnicos aprobados y un terreno debidamente saneado de 27 mil metros cuadrados en la zona de la Avenida de la Salud, asignado desde agosto de 2024. Sin embargo, se ha propuesto de forma repentina trasladar la sede al Cono Norte de la ciudad, lo que genera incertidumbre sobre su viabilidad.

“El cambio carece de sustento técnico y legal, y fue presentado como una ‘propuesta’, mientras que públicamente el gobernador ya da por tomada la decisión. Esto pone en riesgo la ejecución del proyecto y demuestra una falta de coordinación entre sus propios asesores y su discurso público”, indicó el médico.

Los representantes también alertaron sobre las consecuencias de trasladar el instituto al Cono Norte, señalando que el terreno propuesto no cumple con los requisitos técnicos, lo cual podría afectar la accesibilidad y limitar el alcance del servicio especializado. Además, recordaron que el IREN SUR es un instituto oncológico de nivel 3, orientado exclusivamente a la atención de pacientes con enfermedades oncológicas, por lo que no puede ser reemplazado por un hospital general.

Frente a esta situación, los profesionales anunciaron que están siendo asesorados por instituciones como la Red Oncológica Nacional, el City Cancer Challenge y congresistas, que no descartan iniciar acciones legales para proteger el avance logrado hasta ahora.

“El diálogo está abierto, pero exigimos que se dé en un marco técnico, transparente y con base legal. No aceptaremos decisiones unilaterales que perjudiquen a la población oncológica del sur del país”, concluyó el Dr. Palomino

Agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú detuvieron a Ronald Loza Machicao, funcionario de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), acusado de estar involucrado en un presunto acto de corrupción vinculado a la intoxicación masiva de escolares en la región Puno.

El operativo incluyó el allanamiento de una vivienda ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Colonial, en el distrito arequipeño de Paucarpata. Aunque en dicho inmueble no se registraron detenciones adicionales, se recabó información relevante como parte de las diligencias. Según se conoció, el inmueble pertenece a la madre del detenido, y aunque está alquilado actualmente, Loza Machicao mantenía una habitación en el lugar que visitaba ocasionalmente.

De acuerdo con las investigaciones, Loza Machicao habría recibido pagos ilícitos por parte de representantes de la empresa proveedora Frigoinca S.A.C., con el propósito de alterar la versión oficial del incidente y atribuir la intoxicación al consumo de agua contaminada. Esta presunta maniobra buscaba proteger a la empresa de sanciones contractuales y administrativas, permitiéndole continuar como proveedora del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

El operativo incluyó además cuatro allanamientos simultáneos en las ciudades de Arequipa y Puno, en un esfuerzo por recabar más pruebas que sustenten la denuncia.

Cabe recordar que el caso se remonta a marzo de 2024, cuando 23 estudiantes del colegio Gamaliel Churata, en el distrito de Cabana, provincia de San Román (Puno), resultaron intoxicados tras consumir alimentos distribuidos por Qali Warma. El hecho encendió las alertas sobre presuntas irregularidades en la cadena de distribución, apuntando directamente a Frigoinca S.A.C., la empresa proveedora implicada.

Durante una audiencia descentralizada realizada en Arequipa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, se pronunció sobre la controversia generada por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte, que pasaría de S/16,000 a S/35,568. El titular del Ministerio justificó la medida afirmando que “se está cumpliendo con la Constitución Política del Estado” y advirtió que oponerse a esta decisión sería caer en “populismo”.

“La Constitución debe respetarse. Este aumento cumple un mandato legal y constitucional”, afirmó Maurate ante los asistentes a la audiencia, en medio de un ambiente de creciente malestar social por la situación económica y la inseguridad en diversas regiones del país, como el caso crítico de Pataz.

Consultado sobre la posibilidad de una interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el ministro consideró que "no es el momento" para acciones de confrontación política, y enfatizó que el foco debe estar en “seguir trabajando para mejorar la productividad y atraer más inversión”.

Las declaraciones del ministro se producen luego de que un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelara el polémico incremento salarial de la jefa de Estado, lo que ha generado reacciones adversas en el Congreso y en la opinión pública.

Diversas voces han cuestionado que se prioricen beneficios para altos funcionarios mientras millones de peruanos enfrentan precariedad laboral y escasos servicios públicos. El ministro Maurate, sin embargo, insistió en que el cumplimiento de la ley no debe someterse a percepciones políticas.

La audiencia descentralizada, que tenía como objetivo recoger demandas regionales, estuvo marcada por cuestionamientos al gobierno por la falta de atención a las necesidades urgentes de provincias como Caylloma y por la ausencia de medidas concretas para el desarrollo regional.

Durante la audiencia pública descentralizada de la comisión de trabajo y seguridad realizada en la Universidad Católica Santa María en Arequipa, se lanzaron duras críticas contra la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) por su supuesta pasividad ante los abusos laborales cometidos por empresas en distintas regiones del país, especialmente en Arequipa.

Los denunciantes sostienen que Sunafil mantiene un enfoque excesivamente burocrático y evade su responsabilidad sancionadora, a pesar de que la normativa vigente le otorga competencias para imponer sanciones. "Sunafil argumenta que solo fiscaliza y no sanciona, lo cual contradice sus propias funciones", afirmaron durante la intervención.

Según los testimonios, durante las inspecciones laborales se detectan incumplimientos y abusos hacia los trabajadores, pero no se aplican sanciones bajo el pretexto de que las empresas aún pueden adecuarse a los requisitos legales. Además, se habría sugerido a los trabajadores acudir al Poder Judicial para buscar justicia, lo que consideran una maniobra para dilatar los procesos y favorecer a las empresas con mayores recursos legales.

El problema, afirman, se agrava por la supuesta omisión de funciones de Sunafil en diversas regiones, lo que habría derivado en el despido de cientos de trabajadores por alzar la voz contra estos abusos. Denuncian también una vulneración sistemática de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad sindical y la negociación colectiva.

Los críticos responsabilizan a grupos de poder económico como la CONFIEP y la Asociación Nacional de Minería y Petróleo, acusándolos de tener una influencia directa en las decisiones del gobierno. Sostienen que estas entidades, con respaldo del Ejecutivo y del Congreso, están impulsando reformas regresivas que precarizan aún más las condiciones laborales.

Uno de los puntos más polémicos es la supuesta agenda ministerial para el año 2025, que contemplaría la eliminación de beneficios como la CTS, la fiscalización laboral y la negociación colectiva. Los trabajadores rechazaron enfáticamente esta propuesta y llamaron a la unidad de todos los sectores, públicos y privados, para defender los derechos laborales.

“Lo que hacen estas audiencias es una pantomima. No venimos a contar falsedades, venimos a decir la verdad”, enfatizaron, señalando que no se sienten representados por un gobierno que “vulnera derechos y guarda silencio ante la muerte de trabajadores”.

El llamado final fue a la organización colectiva para defender el bien común y evitar un futuro marcado por la explotación y la pérdida de derechos sociales fundamentales.