La aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa continúa pendiente y la Municipalidad Provincial espera que el Ministerio de Vivienda emita una respuesta durante noviembre. La alcaldesa Ruccy Oscco informó que, pese a la reunión técnica del último viernes, no se consiguió ampliar el convenio con el sector, aunque aseguró que el municipio entregó el documento el 31 de julio con las 1.800 observaciones levantadas.

La autoridad advirtió que quedan prácticamente dos meses para concretar este proceso y sostuvo que su gestión busca aprobar el instrumento de planificación antes de culminar el año. “Nosotros tenemos que aprobarlo en nuestra gestión. Estamos esperando que el Ministerio de Vivienda dé una respuesta”, señaló. De no conseguirlo, la siguiente administración tendría que decidir si continúa con el documento o inicia nuevamente el procedimiento.

En otros temas, la burgomaestre señaló que el proyecto del puente Umapalca se encuentra entre un 85% y 95% de avance en el levantamiento de observaciones. Indicó que este viernes se atenderán las últimas observaciones para dejar encaminada la iniciativa antes de finalizar su gestión.

Respecto al paro de 72 horas anunciado por transportistas, la alcaldesa confirmó que sostendrá una reunión con Promovilidad en Lima, a la que también fueron invitados los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Sobre un posible incremento del pasaje a S/1.50, precisó que los transportistas pueden plantear sus tarifas, pero la municipalidad debe evaluar el tema, considerando que los principales afectados por una paralización son los usuarios.

Tras cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) cuestionó la falta de resultados concretos y señaló que los principales compromisos del Ejecutivo todavía no se traducen en obras ni acciones efectivas. El secretario general del gremio, Mariano Nina, sostuvo que existe decepción entre los trabajadores por la falta de avances en educación, salud, seguridad ciudadana y empleo.

“Los trabajadores de la población todavía no ven resultados concretos por parte de la presidenta de la República, todo queda en anuncio, hasta ahorita todo se ha anunciado, se han dicho cinco mil colegios, tres mil colegios, hace poco se ha dicho 500 colegios al próximo año, pero nada concreto”, cuestionó el secretario.

Asimismo, señaló que no existe una respuesta efectiva frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño ni avances en proyectos anunciados para Arequipa, como la continuidad de Majes Siguas II, el proyecto Corío y la reactivación de hospitales paralizados. Asimismo, advirtió que la falta de obras públicas afecta al sector de construcción civil, en el cual los trabajadores esperan oportunidades laborales.

En materia económica, cuestionó que el incremento de 100 soles en la Remuneración Mínima Vital no compense el aumento del costo de vida. Explicó que el alza de los combustibles también encareció los productos de la canasta básica familiar, reduciendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Sobre seguridad ciudadana, consideró necesarios cambios en la Policía y el Ministerio del Interior ante la continuidad del sicariato.

El dirigente sindical pidió a la presidenta que pase de los anuncios a la ejecución de obras y medidas concretas. Sostuvo que se requiere una respuesta efectiva frente a la inseguridad, las emergencias por el fenómeno El Niño y los problemas que afectan a sectores como salud, educación y trabajo.

La gestión de la gobernadora regional Gilia Gutiérrez recibió una calificación de 08 sobre 20 en la provincia de Ilo. La nota fue otorgada por el consejero regional Angelo Quilco Flores, quien cuestionó que la administración regional no haya cumplido las expectativas generadas durante la campaña electoral. Al ser consultado por su evaluación, respondió: “Yo le pondría un 08”.

Entre sus principales cuestionamientos, Quilco señaló que obras importantes para Ilo continúan sin concluir y algunas podrían extenderse hasta la siguiente gestión regional. Mencionó, por ejemplo, el instituto Luis E. Valcárcel, el nuevo desembarcadero pesquero artesanal y la institución educativa Jorge Basadre, proyectos que, según indicó, siguen acumulando retrasos.

Sobre el instituto Luis E. Valcárcel, estimó que la infraestructura registra un avance de entre 67 % y 68 %, pero advirtió que todavía falta resolver el financiamiento de su equipamiento. Respecto al desembarcadero pesquero, cuestionó que los compromisos anunciados no se hayan traducido en avances concretos. “No tenemos un acuerdo claro, no tenemos financiamiento”, manifestó.

El consejero sostuvo que el Gobierno Regional debió priorizar y asegurar el presupuesto para culminar las obras durante los cuatro años de gestión. Advirtió que algunos proyectos podrían tardar entre seis y siete años en concretarse. “No se ha cumplido con las expectativas que teníamos”, señaló al explicar su calificación.

En la víspera, la gobernadora regional Gilia Gutiérrez ofreció una conferencia de prensa en Ilo, donde informó sobre el avance físico de cinco obras que ejecuta el Gobierno Regional: la institución educativa Jorge Basadre registra un 5 %, el mercado de productos hidrobiológicos un 45 %, el colegio Vista al Mar un 80 %, el centro de salud de Pampa Inalámbrica un 50 % y el instituto Luis E. Valcárcel poco más del 50 %.

Al ser consultada sobre qué obras inaugurará en Ilo antes de culminar su gestión, el próximo 31 de diciembre, la gobernadora Gilia Gutiérrez no pudo asegurar la entrega de ningún proyecto. «Habría que todavía sentarnos a ver», respondió. Como posibilidad, mencionó que la infraestructura de algunos pabellones del instituto Luis E. Valcárcel podría quedar en «casco blanco», pero aclaró que esto dependerá de una evaluación.

La regidora provincial de Arequipa, Rocío Mango, cuestionó el desempeño del gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), al señalar que no se evidencian resultados en la fiscalización del transporte público ni acciones sostenidas para ordenar el servicio. Sostuvo que, pese a la contratación de más personal, los operativos siguen siendo insuficientes y no permiten descongestionar las principales vías.

La concejal también advirtió que no se estaría cumpliendo con los turnos de fiscalización nocturna, pese a que fueron anunciados por la alcaldesa Ruccy Oscco y el propio gerente. Esta falta de control permitiría que continúen los cobros irregulares de pasajes, que en algunos casos llegan hasta S/3.

“Acá hay ineficiencia e incapacidad del propio gerente de Transportes y obviamente no hay un trabajo que se viene realizando a través de la propia alcaldía”, señaló Mango. 

Asimismo, agregó que la municipalidad estaría perdiendo autoridad tanto en el Sistema Integrado de Transporte (SIT) como frente al transporte informal. También, cuestionó que continúen los cobros por encima de las tarifas establecidas, el uso de megáfonos, el incumplimiento del aforo y las deficiencias en el servicio durante las horas punta. Indicó que los operativos se realizan de manera momentánea y luego se dejan de lado.

Ante esta situación, la regidora señaló que presentó un documento ante la alcaldía para solicitar que se retire la confianza al gerente de Transportes, por la falta de avances en su gestión y pidió que la próxima administración evalúe el funcionamiento de esta gerencia y considere una propuesta de gestión técnica, sin intereses políticos, para enfrentar la problemática del transporte en la ciudad de Arequipa.

El senador de la República, Iber Maraví, rechazó tener vínculos con la organización terrorista Sendero Luminoso y calificó de falsas las recientes acusaciones en su contra. Durante su visita a Arequipa, sostuvo que estos señalamientos responderían a una estrategia para desacreditar a figuras políticas que defienden a las víctimas del conflicto armado interno.

El senador de Juntos por el Perú, recordó que ya había respondido a estas imputaciones cuando fue ministro de Trabajo, durante su interpelación en el Congreso. Aseguró que no tiene investigaciones fiscales abiertas por presuntos vínculos con el terrorismo y que las menciones a su nombre en un antiguo atestado policial fueron posteriormente cuestionadas por los propios investigados durante el proceso judicial.

El legislador también presentó una manifestación policial de agosto de 1982, correspondiente a un ataque terrorista en Vilcashuamán, Ayacucho. Según explicó, el documento no contiene referencias a una supuesta identificación suya durante el atentado y contradice la versión de una persona que recientemente lo habría involucrado. Además, atribuyó estas acusaciones a presuntas maniobras coordinadas desde Palacio de Gobierno.

Por otro lado, cuestionó los resultados de los primeros 100 días de gestión y rechazó que el Ejecutivo destaque avances frente a gobiernos anteriores.

“Es desastroso y a mí me parece una desvergüenza monumental que representantes del Gobierno afirmen que estos primeros 100 días se ha avanzado más que los anteriores Gobiernos, el pueblo sabe que es un rotundo fracaso que lleva la señora Keiko Fujimori a descender estrepitosamente en las encuestas”, sostuvo.

Los conflictos de límites territoriales con regiones vecinas y entre jurisdicciones internas pueden frenar proyectos estratégicos y generar inseguridad jurídica en Moquegua. Así lo señala el plan de gobierno de Abraham Cárdenas, candidato de Acción Popular al Gobierno Regional, quien disputará la segunda vuelta electoral.

El documento identifica controversias limítrofes con Puno, Arequipa y Tacna, y advierte que estas dificultan la ejecución de proyectos de infraestructura y el aprovechamiento de los recursos del territorio. Sin embargo, no detalla cuáles son los proyectos afectados ni cuantifica las consecuencias económicas de estos problemas.

Frente a este escenario, el plan propone “impulsar la solución de controversias de límites territoriales con regiones vecinas y entre jurisdicciones internas, promoviendo la seguridad jurídica y la ejecución de proyectos estratégicos”. La propuesta apunta a avanzar en la definición de los límites, aunque no precisa plazos, prioridades ni una ruta específica para resolver cada controversia.

El planteamiento también contempla conformar y respaldar comisiones técnicas con asignación presupuestal para impulsar procedimientos de demarcación territorial ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Congreso. Estas instancias tendrían a su cargo las gestiones necesarias para atender los problemas de límites, de acuerdo con las competencias de cada entidad.

Además de los conflictos limítrofes, el plan propone promover la distritalización de zonas de crecimiento urbano y vecinal, como Pampa Inalámbrica, en Ilo, y Chen Chen, en Mariscal Nieto. La ejecución de estas medidas dependerá de los procedimientos legales y de la intervención de las entidades competentes.

La Contraloría advirtió que el control de calidad de los equipos de rayos X del Hospital Regional de Moquegua se realizó sin cumplir los requisitos técnicos y con personal no calificado, situación que, según el informe, puso en riesgo la salud de las pacientes atendidas.

El Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 023-2026-2-0829, emitido el 22 de octubre, señala que el servicio estuvo a cargo de la empresa Bioelectron SAC, pero los certificados e informes entregados no superaron las pruebas mínimas requeridas. Además, el trabajo fue realizado por personal que no contaba con la calificación del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

La Contraloría también detectó indicios de declaraciones falsas en la documentación presentada, lo que, según el informe, generaría la nulidad de esos documentos. Estas deficiencias ponen en cuestión la validez de los resultados del control de calidad que debía verificar las condiciones de los equipos.

El órgano de control identificó, además, un posible incumplimiento de las normas que regulan las contrataciones menores a ocho unidades impositivas tributarias (UIT). Aunque el perjuicio económico señalado asciende a S/ 3.700, la principal alerta está relacionada con el riesgo para la salud de las pacientes y la falta de garantías sobre la calidad del servicio realizado.

Ante estos hallazgos, la Contraloría recomendó a la Dirección Regional de Salud de Moquegua adoptar las medidas correspondientes y, de ser necesario, determinar las responsabilidades de los involucrados.

Ante la polémica por el uso de una camioneta de lujo valorizada en más de S/375 mil para el patrullaje de Serenazgo en Arequipa, la alcaldesa provincial Ruccy Oscco aclaró que la adquisición se realizó durante la gestión de su antecesor, Víctor Hugo Rivera. La autoridad aseguró que no pudo detener la compra porque el proceso ya estaba concluido cuando asumió el cargo.

La alcaldesa señaló que las dos camionetas fueron adquiridas inicialmente para uso de la Alcaldía y la Gerencia Municipal, pero decidió no utilizarlas y destinarlas a la seguridad ciudadana del Centro Histórico de Arequipa. Una de las unidades de color blanco, ya se encuentra operativa en la Plaza de Armas, mientras que la segunda de color negro será incorporada durante esta semana.

“Esas camionetas las compró el anterior alcalde, el ingeniero Víctor Hugo Rivera. (...) No había forma de parar la adquisición, ya estaba hecha la compra”, declaró la autoridad edil, quien sostuvo que actualmente cuenta con una camioneta municipal en buen estado e incluso utiliza su propio vehículo para movilizarse.

La alcaldesa reconoció que la unidad representa un lujo y cuestionó su necesidad para el uso municipal. “Yo creo que ha sido un capricho y un lujo”, cuestionó. Sin embargo, defendió su incorporación al Serenazgo de Turismo y afirmó que vehículos de marcas de alta gama también se utilizan para estas labores en otros países.

Respecto al precio de adquisición y a una posible sobrevaloración, la burgomaestre indicó que desconoce los detalles y señaló que corresponde al gerente municipal explicar si la compra cumplió con los requisitos legales. Añadió que la puesta en funcionamiento de la segunda camioneta depende de las coordinaciones para abastecerla con combustible premium.

El consejero regional de Arequipa, James Posso, denunció las limitaciones logísticas que enfrenta la supervisión de las actividades mineras en la región. Señaló, que no cuentan con los recursos logísticos para realizar sus funciones.

“Solo para evidenciar el problema, nosotros para supervisar las más de 300 empresas de actividades mineras, solo tenemos una movilidad, debemos pasar horas y horas en el vehículo para visitar estos establecimientos mineros. Esta es una gran deficiencia que el Estado debe mejorar”, lamentó.

Posso sostuvo que es necesario fortalecer la fiscalización minera tanto en Arequipa como a nivel nacional, mediante la asignación de presupuesto, vehículos y recursos logísticos que permitan realizar un trabajo óptimo en campo. Asimismo, remarcó que las autoridades nacionales y regionales deben coordinar mejores estrategias para impulsar la formalización y reducir las actividades mineras informales.

Está situación cobra aún más relevancia ante el próximo debate de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que busca atender a más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence en diciembre. Según las cifras, solo 2.300 mineros lograron formalizarse bajo el esquema actual, por lo que se plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de formalización.

Postes de alumbrado público en medio de la pista y viviendas que obstaculizan el tránsito mantienen inconclusa la avenida Italia, en el Cono Norte, a pesar de que la vía fue asfaltada hace dos años. Ante ello, el consejero regional César Huamantuma cuestionó que el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) ejecutara los trabajos sin retirar previamente estas interferencias, lo que impide habilitar este tramo de la vía de cuatro carriles.

El consejal señaló que durante una reunión realizada en 2024, el residente de la obra informó que se estaban tramitando las autorizaciones ante SEAL para retirar los postes. Sin embargo, dos años después, el problema persiste y no se ha precisado si los permisos fueron obtenidos. “Han pasado dos años y no han podido conseguir y la obra está abandonada, es decir, se han gastado recursos del Estado, se ha invertido en ese asfalto, pero con los postes en plena vía”, manifestó.

El consejero atribuyó la responsabilidad directamente al Gobierno Regional de Arequipa, debido a que este componente fue ejecutado por administración directa. A su juicio, asfaltar una vía sin retirar previamente los postes constituye una decisión antitécnica que evidencia deficiencias en la ejecución de la obra. Además, aún se desconoce la inversión que se destinó a este tramo que además forma parte del proyecto integral de la vía de cuatro carriles.

Según Huamantuma la problemática no se limita al alumbrado público, sino que también existen casas que obstaculizan con el trazado y que debieron ser atendidas anticipadamente para liberar la vía. Estas dificultades impiden que la avenida Italia funcione y que se conecte adecuadamente con el resto de la infraestructura vial del Cono Norte.

A ello se suma el retraso del puente Añashuayco 2, ubicado en el sector de Inkabor, que debía conectar la avenida Italia con la vía de cuatro carriles. El consejero recordó que, cuando el gobernador regional acudió al Consejo Regional en 2023, explicó que el puente estaba sobrevalorado y que se elaboraría un nuevo expediente técnico. No obstante, el proceso demoró tres años y su ejecución sería mediante Obras por Impuestos, con trabajos previstos recién a partir del próximo año.

Huamantuma cuestionó que una obra considerada de impacto para mejorar la transitabilidad hacia el sector de Yura llegue al final de la actual gestión regional sin estar plenamente operativa. También atribuyó parte de las demoras a los constantes cambios de residentes y supervisores, que, según indicó, dificultan el seguimiento de los trámites.