El regidor de la Municipalidad Distrital de Torata, Rolando Quispe, cuestionó el avance de los proyectos de mejoramiento que se ejecutan en los colegios Vidal Herrera Díaz y José Carlos Mariátegui, tras realizar una labor de fiscalización. Según afirmó, los trabajos avanzan lentamente pese a que solo quedan cuatro meses para culminar el año y advirtió que esta situación podría generar mayores retrasos y gastos adicionales.

“Se ha visto que está avanzando muy lento los trabajos, hay gente en demasía en todos los proyectos que se vienen ejecutando”, señaló Quispe, quien sostuvo que el retraso también se estaría reflejando en el incremento de los plazos y los montos destinados a las obras. “Los proyectos se han duplicado y triplicado el tiempo programado y esto también se refleja en montos de gastos adicionales”, afirmó.

El regidor cuestionó además que la actual administración no haya cumplido, según dijo, con culminar las obras que quedaron pendientes de gestiones anteriores. “Pensé que se iba a corregir errores de años pasados, pero no se ha corregido en nada. Se dijo que se iba a terminar las obras que dejaron pendientes las anteriores gestiones y no se ha cumplido con eso”, manifestó.

Quispe también criticó que el alcalde de Torata haya dejado el cargo para postular a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cuando todavía quedan varios meses para concluir el año. Si bien reconoció que tiene derecho a participar en las elecciones, cuestionó que la gestión no haya culminado los objetivos pendientes antes de priorizar la campaña electoral. “Toda persona tiene derecho a postular, pero debió terminar la gestión”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que algunos trabajadores estarían participando en actividades vinculadas a la campaña hasta altas horas de la noche, lo que, a su consideración, podría afectar su desempeño durante la jornada laboral.

“La gente que está trabajando va para sus campañas hasta medianoche o la madrugada, ¿cómo van a rendir al día siguiente?”, cuestionó. Añadió que estas observaciones fueron planteadas durante las sesiones de concejo, pero aseguró que no habría una respuesta efectiva. “Se les dijo todo esto en sesión de concejo, pero son oídos sordos, no hay voluntad de cambiar esto”, afirmó.

Finalmente, Quispe sostuvo que la gestión municipal todavía no ha ejecutado obras que, a su juicio, tengan un impacto suficiente para justificar una eventual continuidad política del alcalde en otro cargo. “No hay obras de impacto que hayan dejado mejora o seguridad, de tal forma que todos estemos contentos y que justifique que se le elija en otros cargos, pero no hay nada”, sentenció.

Frente a una gran multitud de simpatizantes y vecinos, el candidato a la alcaldía de Paucarpata por el movimiento "Arequipa, Tradición y Futuro", Marco Antonio Anco, encabezó anoche su "Gran Lanzamiento de Campaña" en el sector de Badén.

​La actividad contó con la presencia de Renzo Salas, candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa, y César Huamantuma, candidato al Gobierno Regional. Ambos líderes acudieron para expresar un respaldo contundente a la postulación del magíster Marco Antonio Anco, quien es abogado de profesión.

​Con un discurso claro y directo sobre los desafíos del distrito, Marco Antonio Anco expuso las líneas maestras de su plan de gobierno, asumiendo el compromiso de dar continuidad a los proyectos estratégicos de gran envergadura que Paucarpata exige para transformar su infraestructura vial, seguridad y desarrollo social.

​La actividad estuvo complementada por un espectáculo musical que mantuvo el entusiasmo de la ciudadanía. Así, el escenario vibró con las actuaciones del Grupo Alegría y Los Jinetes del Amor, junto a las presentaciones de los imitadores de Yo Soy de Tony Rosado y Marisol y La Magia del Norte.

​Con este contundente respaldo popular y la convergencia de liderazgos provinciales y regionales, la propuesta de Marco Antonio Anco se afianza en la contienda electoral, marcando la agenda política del distrito con un proyecto técnico y de gestión inmediata para Paucarpata.

El 31 de diciembre próximo vence la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) acordó pedir una ampliación por otros tres años, mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó ampliarlo hasta que se apruebe la nueva Ley MAPE.

La decisión pasará primero por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y después por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado. En ambas comisiones hay congresistas que defendieron la minería informal, no cuestionaron el Reinfo o mantuvieron reuniones con sus principales gremios. Y hay legisladores que rechazan una nueva prórroga.

Para el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza, una nueva ampliación mantendría el problema en lugar de resolverlo. El Reinfo, dijo, se convirtió en un mecanismo que permite prolongar la actividad minera sin que asuman las consecuencias de sus operaciones. Recordó que el proceso de formalización tiene 24 años y quienes permanecen en él ya deberían haber cumplido las obligaciones exigidas. 

Cuestionó también que se mantenga una exención de responsabilidad penal mientras continúan operando. Advirtió que el Reinfo puede utilizarse para blanquear oro de origen ilegal. Según explicó, no existe un mecanismo para contrastar cuánto mineral produce cada operador con cuánto comercializa o exporta. 

Si el Congreso decide ampliar nuevamente el registro, Ipenza planteó que los mineros declaren las coordenadas donde operan y se sometan a fiscalización. Cualquier nuevo plazo, señaló, debería estar acompañado de obligaciones y responsabilidades por los impactos ambientales y sociales que ocasionan.

Comisiones de senadores y de diputados

En el Senado, la comisión está presidida por Daniel Barragán, de Obras, quien dijo que antes de decidir una nueva ampliación se debe evaluar, y cuestionó los pasos que, según él, dificultan la formalización. Juntos por el Perú (JP) tiene como representantes a José Castillo, Jaime Quito y Joaquín Yauri. Quito votó a favor de la anterior ampliación del Reinfo en el Congreso anterior. Además, legisladores de esta bancada se reunieron recientemente con gremios de mineros informales.

Juver Flores, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la vicepresidencia. Ha asesorado a organizaciones mineras en proceso de formalización y mantiene vínculos con mineros informales. Sin embargo, ha dicho que no apoyará otra ampliación.

En el otro extremo está Ruth Luque, de Ahora Nación, crítica del Reinfo hereditario y del predictamen de la Ley MAPE, y con una posición que cuestiona los intentos de flexibilizar la normativa minera. Fuerza Popular tiene como representantes a Víctor Flores quien defendió la flexibilización para la minería informal y votó a favor de anteriores ampliaciones del Reinfo. Karla Schaefer se mostró en contra de las prórrogas, mientras Rafael Yamashiro considera que el registro está agotado y debe ser reemplazado por un proceso de formalización real. Renovación Popular está representada por Absalón Vásquez y Francisco Giampietri, quien rechaza la flexibilización.

En tanto, la Comisión de Energía y Minas de Diputados estará presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes, de JP. Raúl Jesús Camargo es vicepresidente y Milagros Santana, secretaria. Sus integrantes suman 18 en total. Yenifer Paredes se reunió en Lima con representantes de Confemin, uno de los gremios de mineros informales y defensores del Reinfo. Jesús Pérez, de Apurímac, es pequeño minero y empresario de transporte y llegó al Congreso con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac. Su base minera está en Uchuro, Totora Oropesa.

Marino Lavado, de la Libertad y también de JP, antes de asumir el cargo, propuso expropiar determinadas concesiones y dijo que los mineros debían acceder directamente a ellas. Por Fuerza Popular, Geanmarco Quezada, de La Libertad, planteó en el Conamin 2026 una “lucha frontal” contra la minería ilegal y su vínculo con organizaciones criminales. A la vez, propuso reducir trabas y tiempos administrativos para proyectos mineros formales y atender las dificultades para pequeños productores. 

La eventual ampliación del Reinfo volverá a poner en debate la eficacia del proceso de formalización minera y el rol que debe cumplir el Estado en su supervisión. La decisión quedará en manos de comisiones donde coexisten posiciones distintas sobre el futuro del registro, en un contexto marcado por la presión de diversos actores del sector. 

A 40 días de las próximas elecciones regionales y municipales, Moquegua debería empezar a discutir algo que vaya más allá de los nombres, las promesas electorales, las fotografías y la propaganda política: ¿Qué tipo de autoridad necesita la región para los próximos cuatro años? La pregunta apunta a la capacidad real de quienes aspiran a gobernar para enfrentar los problemas pendientes y conducir el desarrollo de la región, la provincia y sus distritos.

Y es que, Moquegua cuenta con una importante capacidad presupuestal gracias a los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido todavía en el nivel de desarrollo que la región podría alcanzar: persisten problemas de agua, salud, educación e infraestructura, mientras proyectos de impacto permanecen pendientes, retrasados o simplemente no han sido impulsados.

Y ahí aparece la pregunta central, respecto a las próximas autoridades regionales y municipales: ¿se necesita un activista que organice o amenace con organizar marchas para exigir a otras autoridades aquello que no consigue o no hace desde su propia administración, pese a tener recursos y competencias; o un estadista, ejecutor y gestor capaz de planificar y dirigir el crecimiento de la región, la provincia o el distrito, aprovechar el presupuesto de su jurisdicción, priorizar proyectos, conseguir financiamiento y convertir los recursos públicos en resultados?

El economista Milton von Hesse, exministro de Vivienda, planteó recientemente una preocupación similar al advertir sobre el llamado “voto de protesta”, que puede llevar a elegir autoridades que después de cuatro años no garantizan que una región prospere. También consideró necesario promover una mayor conciencia ciudadana para evaluar a quienes postulan y sus resultados de gestión.

La discusión cobra relevancia después de cuatro años en los que Moquegua ha visto autoridades con una fuerte exposición política, anuncios, confrontaciones, reclamos y convocatorias a protestas, mientras persisten cuestionamientos por obras pendientes, retrasos, dificultades para ejecutar recursos y proyectos que no terminan de convertirse en resultados.

Gobierno Regional de Moquegua

La gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez es uno de los ejemplos: en diciembre de 2024, durante el conflicto por la contaminación del río Coralaque, rompió en llanto, exigió la renuncia del entonces ministro Ángel Manero y anunció que viajaría a Lima para encadenarse.

La defensa de los intereses de Moquegua era legítima, pero el episodio reflejó un estilo de respuesta política basado en la dramatización pública y la protesta antes que en la exposición de una ruta técnica con plazos, responsabilidades y resultados verificables. La gestión de Gilia Gutiérrez no ha elaborado perfiles y menos expedientes para Coralaque, a pesar de contar con recursos para ello, se ha limitado a pedirlos a otras entidades.

En 2026 volvió a respaldar la presión mediante un paro regional por la controversia territorial con Tacna. La movilización buscaba frenar una norma cuestionada por Moquegua; sin embargo, el hecho vuelve a plantear una pregunta de gestión: además de convocar a la protesta, ¿Qué acciones legales, técnicas se habían asumido desde la gestión para evitar que este problema crezca de tal manera?

Sus críticos, entre ellos sectores que buscan sucederla, cuestionan que esa exposición política no haya tenido el mismo correlato en obras de impacto y señalan una gestión con demasiado espacio para anuncios, actividades, excusas, viajes y celebraciones frente a proyectos que continúan pendientes.

Municipalidad de Torata

El caso de Torata plantea una discusión similar con el alcalde Elvis Córdova Nina, quien también tuvo un papel activo en las protestas contra la Ley 11658, mientras en su distrito enfrenta cuestionamientos por el ritmo de ejecución de proyectos.

A ello se suman reclamos de agricultores y pobladores por obras y compromisos pendientes, anuncios de grandes inversiones que no terminan de concretarse y proyectos heredados de anteriores gestiones que continúan sin culminar, varios con ampliaciones de plazo y mayores costos.

A pocos días de culminar el mes de agosto, según un reporte basado en cifras del MEF, la municipalidad tiene un PIM de S/177,4 millones para la ejecución de obras y apenas un avance del 41% y con más de 20 proyectos con nulo avance de ejecución de presupuesto.

Conclusión

La discusión electoral debería ser, entonces, si la capacidad para movilizar y reclamar está acompañada por la misma capacidad para planificar y ejecutar técnicamente no políticamente. Porque una autoridad puede protestar cuando corresponde, defender el territorio y reclamar recursos ante Lima. Pero gobernar exige además planificar, gestionar, ejecutar y rendir cuentas.

A 40 días de las elecciones, Moquegua podría empezar a evaluar a sus candidatos con preguntas más concretas: ¿Qué harán con el presupuesto que recibirán?, ¿Qué obras terminarán?, ¿Cuánto costarán?, ¿Cómo las financiarán y en cuánto tiempo las ejecutarán? El debate no debería ser quién protesta más, sino quién tiene la capacidad de convertir los recursos de Moquegua en desarrollo y los anuncios en resultados.

La diputada por Ahora Nación, Marleny Arminta, anunció que fiscalizará el proyecto de ampliación del Complejo Penitenciario Arequipa, en Socabaya, cuyo presupuesto habría pasado de aproximadamente S/67 millones a S/367 millones. La legisladora cuestionó el incremento de cerca de S/300 millones y señaló que buscará determinar cómo se llegó al nuevo monto de inversión.

Cabe mencionar que la obra permaneció paralizada desde 2021 y fue retomada en abril de este año como una alternativa frente al hacinamiento penitenciario. El proyecto contempla 953 nuevas unidades de albergue para internos y busca mejorar las condiciones del establecimiento, cuya población penitenciaria supera ampliamente su capacidad.

La diputada señaló que solicitará información sobre el presupuesto ejecutado durante los años anteriores, las valorizaciones y las condiciones en las que se encuentra actualmente el proyecto. “No es posible que haya estado tantos años paralizado y que hoy en día sencillamente el presupuesto que se asignó se gastó y la obra quedó paralizada”, sostuvo.

La legisladora también anunció que realizará una visita inopinada para verificar el avance de los trabajos. Precisó que su fiscalización estará centrada en transparentar el uso de los recursos públicos y determinar las razones del incremento presupuestal.

Además de reducir el hacinamiento, Arminta destacó que la ampliación debe contemplar espacios destinados a talleres de capacitación, como zapatería, carpintería y panadería, con el objetivo de favorecer la reinserción de los internos. “La intención es que justamente ya se conviertan en personas de bien y no sigan siendo reincidentes”, afirmó.

La parlamentaria también señaló que recibió información del INPE sobre deficiencias logísticas en el actual complejo penitenciario, entre ellas las condiciones de las torres de vigilancia, que fueron construidas inicialmente como una solución temporal. Frente a ello, insistió en la necesidad de verificar tanto las condiciones del penal como el destino de los recursos asignados al proyecto de ampliación.

La regidora de la Municipalidad de Arequipa, Rocío Mango, cuestionó la gestión de la autoridad provincial y sostuvo que, desde el año 2023, no se habría impulsado la construcción de grandes obras que respondan y resuelvan las necesidades de la población. Señaló que la gestión se concentró principalmente en el mantenimiento de vías, dejando de lado proyectos de mayor impacto.

"No hemos visto ninguna obra de envergadura de nivel provincial pese a que la ciudadanía lo pide. Hemos evidenciado que se ha descuidado el tema de seguridad ciudadana, lastimosamente al exalcalde Víctor Hugo Rivera nunca le interesó este tema", dijo.

Uno de los proyectos que debieron ser impulsados era la construcción de una nueva base de seguridad ciudadana, que tenía una inversión de S/ 50 millones. Inclusive, la regidora explicó que esta iniciativa podría ejecutarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, permitiendo acelerar su financiamiento y ejecución, pero no se realizó. 

Sin embargo, sostuvo que el proyecto permanece estancado sin una fecha para conocer si se hará realidad o seguirá siendo ignorado: "este proyecto está entrampado netamente por temas administrativos; esperemos que haya mayor voluntad política del Ejecutivo para que, por lo menos, esta obra se quede encaminada", manifestó.

Para la regidora, uno de los principales problemas de la actual administración estaría relacionado con la elección de funcionarios. Señaló que las autoridades deben rodearse de profesionales competentes, con experiencia y conocimiento de la gestión pública, debido a que administrar una municipalidad provincial requiere capacidades diferentes a las de un municipio distrital. "Se están rodeando de funcionarios que recién están aprendiendo a trabajar o desconocen la forma de trabajar en un municipio provincial", cuestionó. 

La funcionaria, sostuvo que la designación de funcionarios con capacidad es fundamental para que los proyectos no permanezcan observados o entrampados y puedan convertirse en obras que beneficien a la población

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, consideró que combatir la corrupción no debe centrarse únicamente en endurecer las normas, ya que, a su juicio, existen mecanismos para evadirlas. En ese sentido, señaló que la solución pasa por formar ciudadanos íntegros desde la infancia mediante la educación en valores y el ejemplo dentro de la familia.

"La corrupción es un mal que no solo afecta a nuestra ciudad, sino también a muchas ciudades de Sudamérica. Para enfrentarla se necesita voluntad, y ese cambio comenzará cuando trabajemos desde la base, inculcando valores en los niños", afirmó la autoridad.

Sostuvo que este trabajo será fundamental para el Gobierno, que deberá fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción con el fin de recuperar la confianza ciudadana, en un contexto en el que el Perú ocupa el último lugar en percepción de corrupción entre 69 economías evaluadas por el IMD y mantiene un sistema de justicia que aún no logra consolidarse tras décadas de reformas. 

Asimismo, lamentó que recursos públicos terminen siendo destinados a actos irregulares en lugar de invertirse en obras y servicios para la población. Indicó que una adecuada administración permitiría impulsar el desarrollo del país y mejorar las condiciones para los sectores vulnerables.

Por ello, pide a las familias asumir un rol activo en la formación de las nuevas generaciones, ya que será clave para construir una sociedad más transparente y reducir progresivamente la corrupción, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

La presidenta Keiko Fujimori anunció un nuevo esquema de coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el propósito de alinear las políticas públicas y la inversión bajo metas nacionales comunes.

En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que su gobierno establecerá "canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado, de manera que todos los niveles de gobierno contribuyan, desde su competencia, a las grandes metas nacionales".

La propuesta fue reforzada más adelante al señalar que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben dejar de funcionar "como compartimentos separados", para lo cual anunció la implementación de mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar "como un solo Estado".

La propuesta del Ejecutivo también reabre el debate sobre el alcance de la descentralización. Antes del Mensaje a la Nación, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que espera una relación más cercana con el Gobierno Nacional, basada en el diálogo permanente, la confianza y la corresponsabilidad, al considerar que los gobiernos regionales conocen la realidad de sus territorios y que los grandes desafíos del país deben construirse desde las regiones y no únicamente desde Lima.

No obstante, la autoridad regional precisó que una mayor articulación con el Ejecutivo debe ir acompañada del respeto a la autonomía regional y del fortalecimiento del proceso de descentralización.

En ese sentido, planteó reforzar el Fondo de Compensación Regional (FONCOR), descentralizar funciones técnicas de entidades como Invierte.pe, OSCE y ProInversión, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar transferencias oportunas que permitan continuar y acelerar la ejecución de obras en las regiones.

Si bien el mensaje presidencial marca una nueva orientación hacia una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, uno de los principales retos será definir cómo ese modelo de articulación se compatibilizará con la autonomía regional y el proceso de descentralización, un aspecto que desde Moquegua es considerado fundamental para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades específicas de cada territorio.

La delimitación territorial continúa siendo uno de los principales desafíos de la región debido a las controversias con Puno, Tacna y Arequipa. En sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas proponen distintas estrategias para enfrentar esta problemática.

La falta de una delimitación definitiva de los límites territoriales de Moquegua sigue siendo uno de los principales desafíos para la región. Las controversias con Puno, Tacna y Arequipa han originado disputas por áreas estratégicas y recursos naturales, además de procesos judiciales y constitucionales que mantienen vigente el debate sobre la defensa del territorio moqueguano.

Frente a este escenario, algunas organizaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua han incorporado propuestas específicas en los planes de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de su inscripción electoral, aunque con enfoques distintos.

Una de ellas es Frente de la Esperanza, que plantea la creación de una Oficina Regional de Defensa Territorial, la cual tendría la misión de liderar la defensa de los intereses de la región ante las instancias competentes y actualizar los expedientes técnicos relacionados con la demarcación territorial. Su propuesta parte del diagnóstico de que la falta de definición de los límites ha generado controversias históricas y actuales con las regiones vecinas de Puno, Tacna y Arequipa, derivando incluso en procesos constitucionales y disputas sobre áreas estratégicas y recursos naturales.

Por su parte, Perú Primero orienta su propuesta hacia el ordenamiento del territorio. En el plan de gobierno presentado al JNE identifica como problema el inadecuado ordenamiento territorial en función de las potencialidades económicas, productivas y del entorno ambiental, por lo que propone actualizar la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), instrumentos técnicos que permitirían organizar el territorio de acuerdo con sus potencialidades y orientar el desarrollo regional.

Si bien ambas propuestas buscan fortalecer la gestión territorial, difieren en el camino para lograrlo. Mientras Frente de la Esperanza prioriza una estrategia de defensa institucional y técnica de los límites regionales, Perú Primero apuesta por consolidar herramientas de planificación y ordenamiento territorial como base para afrontar los conflictos y promover un desarrollo sostenible.

El próximo gobierno tendrá poco margen para postergar decisiones sobre la minería ilegal. Para el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los primeros cien días del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, serán decisivos para detener una actividad que, según esa institución, es la principal economía ilícita, porque mueve alrededor de 11 500 millones de dólares al año.

El especialista del OMI, César Ipenza, dijo anteriormente que el nuevo gobierno deberá asumir que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, sino que financia otras actividades criminales y genera violencia.

La principal recomendación es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el OMI, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, se convirtió en instrumento de miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir exigencias ambientales ni legales. Por eso el nuevo gobierno debe establecer un régimen transitorio que conduzca al cierre definitivo del registro.

Otra prioridad consiste en eliminar el blindaje legal que hoy beneficia a quienes operan bajo el Reinfo. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó retirar la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en ese registro, pero esa recomendación no fue implementada. El Observatorio sostiene que el próximo gobierno debe establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen explotando minerales en zonas prohibidas o incumplan las normas ambientales.

Las propuestas también apuntan a fortalecer las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. El OMI advierte que la Fiscalía carece de presupuesto para ejecutar operativos de interdicción en territorios dominados por organizaciones criminales. Sin recursos, sostiene, cualquier estrategia contra estas redes resulta insuficiente.

Asimismo, plantea reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, que arrastra denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Hace poco el Minem aprobó su nueva Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial N. ° 232-2026, la que debería ser reforzada por el nuevo gobierno.

El OMI también propone aprobar una ley que elimine poco a poco el uso del mercurio hasta prohibirlo por completo en 2030. Y recomienda poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.

Otra medida plantea prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera provocado una grave contaminación ambiental. 

Sin duda, el gran reto del próximo gobierno será contener el avance de la minería ilegal antes de que siga consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país. Las medidas están identificadas y la urgencia es evidente.