El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó a Arequipa para supervisar los trabajos preventivos que se ejecutan ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño, entre ellos las labores de descolmatación en la torrentera Chullo, donde se han identificado cuatro puntos críticos que requieren intervención.

El titular de la cartera de Vivienda señaló que la magnitud del Fenómeno El Niño fue comunicada en febrero de este año, pero cuestionó que la gestión anterior no haya dejado un plan de prevención. De los 1,912 puntos críticos identificados a nivel nacional, el Gobierno priorizó 576 para su intervención, los cuales fueron distribuidos entre diferentes ministerios.

En el caso del Ministerio de Vivienda, se asignaron 55 puntos críticos a nivel nacional, con un presupuesto de S/22.5 millones. De este monto, se ejecutan trabajos principalmente de descolmatación en 17 puntos de la región Arequipa. El ministro aseguró que ya se estableció un programa de intervención y que las labores en estos sectores culminarán en un plazo de 61 días.

Ante la proximidad del periodo de lluvias, el ministro explicó que no existe tiempo suficiente para ejecutar obras integrales de gran magnitud, por lo que se priorizan acciones preventivas como la descolmatación y la habilitación de defensas ribereñas. “No hay tiempo para hacer esas obras ahora, tenemos tiempo para limpiar lo más que se puede y que el agua corra lo más libre posible”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cada municipalidad cuenta con recursos para atender emergencias dentro de sus capacidades y que, si estas son superadas, la atención puede escalar al nivel provincial, regional y posteriormente al nacional. Añadió que el pedido de facultades busca reducir las barreras burocráticas para que, durante los primeros 15 días de una emergencia, el Indeci y Defensa Nacional puedan actuar de manera inmediata. 

El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los cambios al Código Penal sobre minería ilegal. El organismo ya notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que respondan a la demanda.

Según el Colegio de Abogados de Loreto, este mecanismo, creado hace más de dos décadas para facilitar la formalización, vulnera derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Cuestiona el daño que ocasiona el uso del Reinfo al proteger actividades ilegales. En Loreto, la minería ilegal se ha incrementado en diversas cuencas, como el río Nanay, de donde proviene agua para la población de Iquitos.

Erick Salas Barrera, decano del Colegio de Abogados de Loreto, precisó en un comunicado que la ley de la quinta prórroga, que vence este 31 de diciembre, fue inadecuada, ineficiente e irrazonable porque no cumplió con su objetivo. “Ha promovido, más bien, centros de explotación minera ilegal. Esta prórroga prolonga la vulneración de distintos derechos y principios constitucionales para la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Henry Delgado Urrutia, abogado especializado en gobierno y políticas públicas y docente universitario en materia procesal civil, coincide con esa posición. Recordó que el Reinfo nació como un régimen transitorio para que los mineros avanzaran hacia la formalización. Sin embargo, después de más de veinte años de prórrogas, esa medida excepcional corre el riesgo de convertirse en una regla permanente.

Demanda admitida

La demanda fue admitida mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantenía reuniones con miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y solicitaba ampliar el REINFO por otros cuatro años. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que los inscritos continuarían el proceso mediante “un régimen simplificado de formalización”.

Delgado Urrutia consideró que una extensión indefinida pierde razonabilidad cuando no está respaldada por resultados verificables, metas concretas ni plazos definidos. Además, desnaturaliza el carácter transitorio del régimen y contradice el principio de temporalidad, que exige que estas medidas respondan a una necesidad específica y no se prolonguen indefinidamente, como ha advertido el TC.

La prórroga también afecta la seguridad jurídica, porque genera incertidumbre entre los agentes económicos y la ciudadanía sobre la vigencia de sus derechos y obligaciones. “La Corte Interamericana ha señalado que las medidas transitorias deben ser necesarias y proporcionales”, dijo Delgado Urrutia.

Para el especialista, el TC debe aplicar un test de ponderación que considere la intensidad de la afectación, la finalidad de la medida, su idoneidad y necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la formalización de los mineros informales constituye un objetivo legítimo, el TC debe evaluar si la ampliación del registro es el medio más adecuado y menos lesivo o si existen alternativas, como plazos estrictos, fiscalización efectiva e incentivos para la formalización. También debe comparar los beneficios de mantener a los mineros informales dentro del proceso con los costos ambientales y sociales de la medida. La prórroga permite que actividades con impactos ambientales continúen sin cumplir los estándares exigidos, con consecuencias para los derechos colectivos.

El Reinfo sí afecta derechos

En 2025, el TC declaró improcedente una demanda similar presentada por el mismo Colegio de Abogados, debido a que el Congreso ya había prorrogado nuevamente el Reinfo. Sin embargo, en su resolución exhortó al Congreso y al Ejecutivo aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales en el proceso de formalización minera.

Delgado Urrutia destacó la importancia de esa resolución, porque, según su interpretación, el TC ya había advertido que la prórroga desnaturaliza su carácter transitorio y afecta derechos como el ambiente equilibrado, la salud y la seguridad jurídica. “Si la afectación al ambiente y a la salud supera los beneficios que genera la prórroga, el TC debería señalar que el Reinfo resulta inconstitucional”, sostuvo.

Si el TC declara inconstitucional la prórroga del Reinfo, los mineros informales perderían su protección transitoria y sus actividades podrían ser consideradas minería ilegal si no cumplen los requisitos de formalización, explicó Delgado Urrutia. En el ámbito penal, podrían reactivarse investigaciones suspendidas o limitadas por el registro, lo que daría al Ministerio Público un mayor margen para perseguir los delitos de minería ilegal.

Asimismo, se fortalecerían las acciones de reparación y sanción por daños ambientales, mientras que el Estado tendría que adoptar medidas de fiscalización y remediación. Una decisión así podría marcar un punto de quiebre en el régimen de formalización, al exigir que los mineros informales cumplan los requisitos legales o enfrenten las consecuencias penales y administrativas que correspondan.

Para evitar que el Reinfo vuelva a ser prorrogado, el TC tendría que resolver la demanda antes de que el actual Congreso apruebe una nueva ley de ampliación del proceso de formalización. Una demanda de inconstitucionalidad suele tardar entre tres y cuatro meses en resolverse.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, entregó el último fin de semana la carretera de la Comunidad Campesina de Chilata, en el distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro. La obra fue presentada como culminada luego de una ejecución que se extendió muy por encima del plazo inicialmente previsto.

El proyecto comenzó el 20 de mayo de 2024, bajo la modalidad de administración directa, con un presupuesto de S/3 millones y un plazo de apenas 90 días. Sin embargo, los registros oficiales muestran que terminó acumulando 12 ampliaciones de plazo y alcanzó 825 días de ejecución.

En términos presupuestales, el proyecto también terminó alejándose de su previsión inicial. La obra registró ocho modificaciones presupuestales y su costo llegó a aproximadamente S/10.2 millones, más de tres veces el monto con el que fue programada.

Durante la inauguración, Gutiérrez justificó las variaciones señalando que el expediente técnico tuvo que ser reformulado por modificaciones surgidas durante la ejecución. Entre ellas mencionó un mayor ancho de la vía y la incorporación de canaletas.

Así, una carretera de 6 kilómetros que debía estar terminada en tres meses terminó demandando más de dos años, además de un presupuesto que pasó de S/3 millones a S/10.2 millones. El caso deja como principal dato de seguimiento la diferencia entre las condiciones con las que fue planteado el proyecto y aquellas con las que finalmente fue entregado.

La ceremonia de entrega contó con la participación de funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua y estuvo acompañada de bailes, cánticos y serpentinas.

A casi dos semanas de que el Ejecutivo presentó al Congreso su pedido de facultades legislativas, las críticas aumentan por considerar que la solicitud incluye demasiados temas y no precisa con claridad las materias sobre las que busca legislar. Hasta el momento, seis comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado la delegación solicitada por el Gobierno.

Ante este escenario, las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación plantearon al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto, limitado a asuntos prioritarios. Los parlamentarios pidieron que la propuesta se concentre en seguridad ciudadana, prevención de desastres y medidas frente al Fenómeno El Niño.

Los legisladores sostienen que reducir el alcance del pedido permitiría atender con mayor rapidez los temas que generan mayor consenso y evitaría incluir materias controversiales. Los rechazos en las comisiones se sustentan, entre otros argumentos, en el presunto incumplimiento de la precisión material exigida por el artículo 104 de la Constitución.

La propuesta también cuestiona una eventual intervención del Senado para reincorporar temas que sean rechazados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que la cámara revisora no debería incluir materias que hayan sido excluidas por la cámara de origen.

Por ello, los voceros pidieron al Ejecutivo presentar un nuevo texto que respete las competencias de ambas cámaras, precise las materias de delegación y evite cuestionamientos durante el trámite legislativo.

Hasta el momento, 52 diputados han votado en contra del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, durante las discusiones en ocho comisiones de la Cámara de Diputados. Los votos corresponden a las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido del Buen Gobierno y Obras, aunque estas dos últimas han registrado posiciones disidentes.

En la Comisión de Defensa, los diputados del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia y Edwin Espinoza votaron a favor de otorgar facultades al Ejecutivo. Por su parte, los integrantes de Obras Máximo Peralta y Andrea Medina se abstuvieron. Medina también se abstuvo en la Comisión de Medio Ambiente, mientras que su colega Jeeny Samanez votó a favor del informe favorable al Ejecutivo.

El rechazo definitivo requiere 66 votos, por lo que a la oposición aún le faltan 14 votos para impedir que el Ejecutivo obtenga las facultades solicitadas. De este grupo, ocho votos corresponderían a diputados de Ahora Nación y Juntos por el Perú, que ya han definido su posición en contra.

Los seis votos restantes deberán salir de las bancadas de Obras y Buen Gobierno, cuyos integrantes no han mantenido una posición unificada frente al pedido. Las votaciones pendientes en las comisiones de Obras y Buen Gobierno serán determinantes para definir el futuro de la solicitud del Ejecutivo.

Las municipalidades de Moquegua que concentran las mayores asignaciones del Programa Presupuestal 0068, destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, mantienen niveles de ejecución inferiores al 40% en cuatro de los cinco casos.

Según la Consulta Amigable del MEF, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto tiene el mayor Presupuesto Institucional Modificado (PIM), con S/33.46 millones, pero solo ha devengado S/11.32 millones, equivalente al 33.8%.

La Municipalidad Distrital de San Antonio ocupa el segundo lugar por monto asignado, con un PIM de S/10.23 millones, pero registra una ejecución de apenas 32.2%, luego de devengar S/3.29 millones. Torata, con S/3.25 millones disponibles en el programa, alcanza un avance de 37.6%, mientras que Ilo presenta el nivel más bajo entre las municipalidades con mayores presupuestos, con 25.4% de ejecución de sus S/2.33 millones.

El caso de El Algarrobal contrasta con las demás municipalidades. El distrito cuenta con un PIM de S/1.80 millones y ha devengado S/1.37 millones, alcanzando un avance de 76.4%, el mayor nivel entre las cinco municipalidades que aparecen con las mayores asignaciones presupuestales en la consulta.

El Programa Presupuestal 0068 financia intervenciones destinadas a reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida frente a amenazas naturales como lluvias intensas, heladas, sismos y el Fenómeno El Niño.

Con menos de cuatro meses para concluir el año fiscal, los niveles de ejecución muestran una diferencia importante entre las municipalidades que concentran los mayores presupuestos y su capacidad para convertir esos recursos en gasto efectivo. Mariscal Nieto, que administra casi el doble del presupuesto de San Antonio, apenas supera un tercio de ejecución, mientras Ilo no llega al 26%.

El regidor de la Municipalidad Distrital de Torata, Rolando Quispe, cuestionó el avance de los proyectos de mejoramiento que se ejecutan en los colegios Vidal Herrera Díaz y José Carlos Mariátegui, tras realizar una labor de fiscalización. Según afirmó, los trabajos avanzan lentamente pese a que solo quedan cuatro meses para culminar el año y advirtió que esta situación podría generar mayores retrasos y gastos adicionales.

“Se ha visto que está avanzando muy lento los trabajos, hay gente en demasía en todos los proyectos que se vienen ejecutando”, señaló Quispe, quien sostuvo que el retraso también se estaría reflejando en el incremento de los plazos y los montos destinados a las obras. “Los proyectos se han duplicado y triplicado el tiempo programado y esto también se refleja en montos de gastos adicionales”, afirmó.

El regidor cuestionó además que la actual administración no haya cumplido, según dijo, con culminar las obras que quedaron pendientes de gestiones anteriores. “Pensé que se iba a corregir errores de años pasados, pero no se ha corregido en nada. Se dijo que se iba a terminar las obras que dejaron pendientes las anteriores gestiones y no se ha cumplido con eso”, manifestó.

Quispe también criticó que el alcalde de Torata haya dejado el cargo para postular a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, cuando todavía quedan varios meses para concluir el año. Si bien reconoció que tiene derecho a participar en las elecciones, cuestionó que la gestión no haya culminado los objetivos pendientes antes de priorizar la campaña electoral. “Toda persona tiene derecho a postular, pero debió terminar la gestión”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que algunos trabajadores estarían participando en actividades vinculadas a la campaña hasta altas horas de la noche, lo que, a su consideración, podría afectar su desempeño durante la jornada laboral.

“La gente que está trabajando va para sus campañas hasta medianoche o la madrugada, ¿cómo van a rendir al día siguiente?”, cuestionó. Añadió que estas observaciones fueron planteadas durante las sesiones de concejo, pero aseguró que no habría una respuesta efectiva. “Se les dijo todo esto en sesión de concejo, pero son oídos sordos, no hay voluntad de cambiar esto”, afirmó.

Finalmente, Quispe sostuvo que la gestión municipal todavía no ha ejecutado obras que, a su juicio, tengan un impacto suficiente para justificar una eventual continuidad política del alcalde en otro cargo. “No hay obras de impacto que hayan dejado mejora o seguridad, de tal forma que todos estemos contentos y que justifique que se le elija en otros cargos, pero no hay nada”, sentenció.

Frente a una gran multitud de simpatizantes y vecinos, el candidato a la alcaldía de Paucarpata por el movimiento "Arequipa, Tradición y Futuro", Marco Antonio Anco, encabezó anoche su "Gran Lanzamiento de Campaña" en el sector de Badén.

​La actividad contó con la presencia de Renzo Salas, candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa, y César Huamantuma, candidato al Gobierno Regional. Ambos líderes acudieron para expresar un respaldo contundente a la postulación del magíster Marco Antonio Anco, quien es abogado de profesión.

​Con un discurso claro y directo sobre los desafíos del distrito, Marco Antonio Anco expuso las líneas maestras de su plan de gobierno, asumiendo el compromiso de dar continuidad a los proyectos estratégicos de gran envergadura que Paucarpata exige para transformar su infraestructura vial, seguridad y desarrollo social.

​La actividad estuvo complementada por un espectáculo musical que mantuvo el entusiasmo de la ciudadanía. Así, el escenario vibró con las actuaciones del Grupo Alegría y Los Jinetes del Amor, junto a las presentaciones de los imitadores de Yo Soy de Tony Rosado y Marisol y La Magia del Norte.

​Con este contundente respaldo popular y la convergencia de liderazgos provinciales y regionales, la propuesta de Marco Antonio Anco se afianza en la contienda electoral, marcando la agenda política del distrito con un proyecto técnico y de gestión inmediata para Paucarpata.

El 31 de diciembre próximo vence la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) acordó pedir una ampliación por otros tres años, mientras que el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó ampliarlo hasta que se apruebe la nueva Ley MAPE.

La decisión pasará primero por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y después por la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado. En ambas comisiones hay congresistas que defendieron la minería informal, no cuestionaron el Reinfo o mantuvieron reuniones con sus principales gremios. Y hay legisladores que rechazan una nueva prórroga.

Para el abogado y especialista en temas ambientales César Ipenza, una nueva ampliación mantendría el problema en lugar de resolverlo. El Reinfo, dijo, se convirtió en un mecanismo que permite prolongar la actividad minera sin que asuman las consecuencias de sus operaciones. Recordó que el proceso de formalización tiene 24 años y quienes permanecen en él ya deberían haber cumplido las obligaciones exigidas. 

Cuestionó también que se mantenga una exención de responsabilidad penal mientras continúan operando. Advirtió que el Reinfo puede utilizarse para blanquear oro de origen ilegal. Según explicó, no existe un mecanismo para contrastar cuánto mineral produce cada operador con cuánto comercializa o exporta. 

Si el Congreso decide ampliar nuevamente el registro, Ipenza planteó que los mineros declaren las coordenadas donde operan y se sometan a fiscalización. Cualquier nuevo plazo, señaló, debería estar acompañado de obligaciones y responsabilidades por los impactos ambientales y sociales que ocasionan.

Comisiones de senadores y de diputados

En el Senado, la comisión está presidida por Daniel Barragán, de Obras, quien dijo que antes de decidir una nueva ampliación se debe evaluar, y cuestionó los pasos que, según él, dificultan la formalización. Juntos por el Perú (JP) tiene como representantes a José Castillo, Jaime Quito y Joaquín Yauri. Quito votó a favor de la anterior ampliación del Reinfo en el Congreso anterior. Además, legisladores de esta bancada se reunieron recientemente con gremios de mineros informales.

Juver Flores, del Partido del Buen Gobierno, ocupa la vicepresidencia. Ha asesorado a organizaciones mineras en proceso de formalización y mantiene vínculos con mineros informales. Sin embargo, ha dicho que no apoyará otra ampliación.

En el otro extremo está Ruth Luque, de Ahora Nación, crítica del Reinfo hereditario y del predictamen de la Ley MAPE, y con una posición que cuestiona los intentos de flexibilizar la normativa minera. Fuerza Popular tiene como representantes a Víctor Flores quien defendió la flexibilización para la minería informal y votó a favor de anteriores ampliaciones del Reinfo. Karla Schaefer se mostró en contra de las prórrogas, mientras Rafael Yamashiro considera que el registro está agotado y debe ser reemplazado por un proceso de formalización real. Renovación Popular está representada por Absalón Vásquez y Francisco Giampietri, quien rechaza la flexibilización.

En tanto, la Comisión de Energía y Minas de Diputados estará presidida hasta 2027 por Yenifer Paredes, de JP. Raúl Jesús Camargo es vicepresidente y Milagros Santana, secretaria. Sus integrantes suman 18 en total. Yenifer Paredes se reunió en Lima con representantes de Confemin, uno de los gremios de mineros informales y defensores del Reinfo. Jesús Pérez, de Apurímac, es pequeño minero y empresario de transporte y llegó al Congreso con el respaldo de la Federación Regional de Comunidades Indígenas Mineras de Apurímac. Su base minera está en Uchuro, Totora Oropesa.

Marino Lavado, de la Libertad y también de JP, antes de asumir el cargo, propuso expropiar determinadas concesiones y dijo que los mineros debían acceder directamente a ellas. Por Fuerza Popular, Geanmarco Quezada, de La Libertad, planteó en el Conamin 2026 una “lucha frontal” contra la minería ilegal y su vínculo con organizaciones criminales. A la vez, propuso reducir trabas y tiempos administrativos para proyectos mineros formales y atender las dificultades para pequeños productores. 

La eventual ampliación del Reinfo volverá a poner en debate la eficacia del proceso de formalización minera y el rol que debe cumplir el Estado en su supervisión. La decisión quedará en manos de comisiones donde coexisten posiciones distintas sobre el futuro del registro, en un contexto marcado por la presión de diversos actores del sector. 

A 40 días de las próximas elecciones regionales y municipales, Moquegua debería empezar a discutir algo que vaya más allá de los nombres, las promesas electorales, las fotografías y la propaganda política: ¿Qué tipo de autoridad necesita la región para los próximos cuatro años? La pregunta apunta a la capacidad real de quienes aspiran a gobernar para enfrentar los problemas pendientes y conducir el desarrollo de la región, la provincia y sus distritos.

Y es que, Moquegua cuenta con una importante capacidad presupuestal gracias a los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido todavía en el nivel de desarrollo que la región podría alcanzar: persisten problemas de agua, salud, educación e infraestructura, mientras proyectos de impacto permanecen pendientes, retrasados o simplemente no han sido impulsados.

Y ahí aparece la pregunta central, respecto a las próximas autoridades regionales y municipales: ¿se necesita un activista que organice o amenace con organizar marchas para exigir a otras autoridades aquello que no consigue o no hace desde su propia administración, pese a tener recursos y competencias; o un estadista, ejecutor y gestor capaz de planificar y dirigir el crecimiento de la región, la provincia o el distrito, aprovechar el presupuesto de su jurisdicción, priorizar proyectos, conseguir financiamiento y convertir los recursos públicos en resultados?

El economista Milton von Hesse, exministro de Vivienda, planteó recientemente una preocupación similar al advertir sobre el llamado “voto de protesta”, que puede llevar a elegir autoridades que después de cuatro años no garantizan que una región prospere. También consideró necesario promover una mayor conciencia ciudadana para evaluar a quienes postulan y sus resultados de gestión.

La discusión cobra relevancia después de cuatro años en los que Moquegua ha visto autoridades con una fuerte exposición política, anuncios, confrontaciones, reclamos y convocatorias a protestas, mientras persisten cuestionamientos por obras pendientes, retrasos, dificultades para ejecutar recursos y proyectos que no terminan de convertirse en resultados.

Gobierno Regional de Moquegua

La gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez es uno de los ejemplos: en diciembre de 2024, durante el conflicto por la contaminación del río Coralaque, rompió en llanto, exigió la renuncia del entonces ministro Ángel Manero y anunció que viajaría a Lima para encadenarse.

La defensa de los intereses de Moquegua era legítima, pero el episodio reflejó un estilo de respuesta política basado en la dramatización pública y la protesta antes que en la exposición de una ruta técnica con plazos, responsabilidades y resultados verificables. La gestión de Gilia Gutiérrez no ha elaborado perfiles y menos expedientes para Coralaque, a pesar de contar con recursos para ello, se ha limitado a pedirlos a otras entidades.

En 2026 volvió a respaldar la presión mediante un paro regional por la controversia territorial con Tacna. La movilización buscaba frenar una norma cuestionada por Moquegua; sin embargo, el hecho vuelve a plantear una pregunta de gestión: además de convocar a la protesta, ¿Qué acciones legales, técnicas se habían asumido desde la gestión para evitar que este problema crezca de tal manera?

Sus críticos, entre ellos sectores que buscan sucederla, cuestionan que esa exposición política no haya tenido el mismo correlato en obras de impacto y señalan una gestión con demasiado espacio para anuncios, actividades, excusas, viajes y celebraciones frente a proyectos que continúan pendientes.

Municipalidad de Torata

El caso de Torata plantea una discusión similar con el alcalde Elvis Córdova Nina, quien también tuvo un papel activo en las protestas contra la Ley 11658, mientras en su distrito enfrenta cuestionamientos por el ritmo de ejecución de proyectos.

A ello se suman reclamos de agricultores y pobladores por obras y compromisos pendientes, anuncios de grandes inversiones que no terminan de concretarse y proyectos heredados de anteriores gestiones que continúan sin culminar, varios con ampliaciones de plazo y mayores costos.

A pocos días de culminar el mes de agosto, según un reporte basado en cifras del MEF, la municipalidad tiene un PIM de S/177,4 millones para la ejecución de obras y apenas un avance del 41% y con más de 20 proyectos con nulo avance de ejecución de presupuesto.

Conclusión

La discusión electoral debería ser, entonces, si la capacidad para movilizar y reclamar está acompañada por la misma capacidad para planificar y ejecutar técnicamente no políticamente. Porque una autoridad puede protestar cuando corresponde, defender el territorio y reclamar recursos ante Lima. Pero gobernar exige además planificar, gestionar, ejecutar y rendir cuentas.

A 40 días de las elecciones, Moquegua podría empezar a evaluar a sus candidatos con preguntas más concretas: ¿Qué harán con el presupuesto que recibirán?, ¿Qué obras terminarán?, ¿Cuánto costarán?, ¿Cómo las financiarán y en cuánto tiempo las ejecutarán? El debate no debería ser quién protesta más, sino quién tiene la capacidad de convertir los recursos de Moquegua en desarrollo y los anuncios en resultados.