Diversos gremios de Moquegua han convocado en las últimas horas a una medida de protesta, que incluiría un paro de 48 horas este jueves y viernes, en rechazo a la aprobación del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, norma que —según señalan— afectaría el territorio moqueguano.
En este contexto, Richard Soto, dirigente de los taxistas de Moquegua, se refirió al malestar existente por la decisión del Parlamento; sin embargo, también puso énfasis en el uso político de las movilizaciones sociales en la región, cuestionando que muchas veces la población es la principal protagonista de las marchas, mientras que los beneficios terminan en manos de actores políticos.
Así, recordó como antecedente el denominado “Moqueguazo”, señalando que, pese a las movilizaciones ciudadanas por la defensa del canon, no se habrían visto resultados concretos en favor de la población.
“A veces los ciudadanos hacemos marchas y huelgas, y quienes se benefician son los políticos. Se fue por el tema del canon con Tacna, pero ¿qué pasó con ese dinero? No han hecho nada”, manifestó.
Además, recordó otros episodios de protesta, como el caso Huatipuka, donde —según afirmó— la población habría sido utilizada para intereses vinculados a la recuperación de presupuesto por parte del Gobierno Regional de Moquegua.
En tal sentido, Soto también cuestionó la falta de continuidad de las autoridades en el tratamiento de la demarcación territorial, tema que —según indicó— arrastra años sin soluciones efectivas.
En esa línea, sostuvo que no basta con la presentación de documentos, sino que se requiere seguimiento constante por parte de las autoridades regionales y del Gobierno Regional de Moquegua.
La Contraloría General de la República advirtió que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la adquisición de equipamiento médico en el Hospital Regional de Moquegua se realiza sin la respectiva licencia de edificación, lo que podría ocasionar multas y la paralización de la obra cuya inversión pública asciende a 19 millones 177 mil 968 soles.
El Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC señala que, en diciembre de 2024, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto declaró improcedente la solicitud de licencia presentada por la entidad regional debido a errores técnicos sustanciales en el expediente técnico.
Estos comprenden consignar un número de predio incorrecto y presentar áreas techadas que no cuadraban con los registros oficiales. A pesar de esta denegatoria, los trabajos continuaron y tienen ahora un avance del 50%.
Posibles consecuencias
La institución alertó que esta omisión expone al Estado al pago de costosas multas y al peligro inminente de una paralización total. Ello postergaría la puesta en funcionamiento de los servicios médicos, afectando directamente la salud y calidad de vida de los pacientes renales de la región que aguardan por su tratamiento.
El periodo de evaluación que comprende este informe va del 20 de mayo al 26 de mayo de 2026. En este también se identificó que la obra se ejecuta sin un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y sin extintores, poniendo en riesgo la integridad del personal y de terceros.
De igual forma, se detectaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado las órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT del periodo 2026, lo que, a juicio de la Contraloría, limita la transparencia pública.
El dirigente del pueblo joven Ciudad Blanca, en el distrito de Paucarpata, Julio César Apaza, sostuvo que hablar de la propuesta que consiste en el cambio de la Constitución, no sería beneficioso para el país y advirtió que esta medida podría generar desempleo, incertidumbre económica y el alejamiento de las inversiones privadas.
“El presupuesto está, solo falta la voluntad política de priorizar las obras que se tengan que hacer; entre ellas está el tema salud, educación e inseguridad; eso no tiene que ver con un cambio de Constitución, no veo la necesidad urgente en cambiarla porque muchos artículos ya se cambiaron”, indicó.
Asimismo, explicó que una nueva Carta Magna generaría desconfianza entre los inversionistas, quienes buscan estabilidad jurídica y reglas claras para desarrollar sus proyectos en el país. Según dijo, la incertidumbre económica terminaría afectando directamente a la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Si hablamos de cambio de Constitución, los inversionistas no podrían invertir en un lugar donde las cosas no estén establecidas ni claras en temas de contratos ley y de forma económica; eso nos causaría un daño notable. Si se cambia el capítulo económico, vamos a ocasionar que el capital privado se vaya”, lamentó.
Entre los aspectos más negativos, Apaza evidenció que un cambio constitucional tendría consecuencias para los trabajadores, debido a que podría provocar una reducción de las inversiones y, por ende, un incremento del desempleo.
El vocero precisó que, en lugar de promover una nueva Constitución, las autoridades deberían fortalecer el actual capítulo económico, que podría permitir una mayor estabilidad y atraer inversiones en diversos sectores productivos del país.
La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”.
“La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.
Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.
En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción.
“Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.
El entorno familiar del expresidente Pedro Castillo apunta a ganar espacio en el próximo Congreso bicameral. Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la ONPE.
Con el conteo aún en curso, José Castillo suma 75.891 votos y encabeza su lista al Senado. Por su parte, Paredes alcanza 16.514 votos, posicionándose por encima de otros candidatos de su agrupación. De mantenerse la tendencia, ambos obtendrían escaños para el periodo 2026–2031.
Paredes es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cajamarca y fue incorporada al entorno familiar de Castillo desde joven. Es considerada cercana a la familia del expresidente.
Cabe recordar que fue investigada por la Fiscalía por presuntos delitos como organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, vinculados a obras públicas en Cajamarca. La hipótesis fiscal señala que habría intervenido en coordinaciones entre funcionarios y empresarios.
En 2022 fue detenida de manera preliminar como parte de estas investigaciones, aunque luego continuó el proceso en libertad. Hasta la fecha, no cuenta con una sentencia firme.
A días de las elecciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que eleva los derechos de vigencia minera en 300 % y aumenta las penalidades por falta de producción hasta en 400 %. La propuesta, que además plantea incorporar a las comunidades como accionistas, ha sido cuestionada por gremios y especialistas por carecer de sustento técnico y no precisar fuentes de financiamiento.
Según Angela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas iniciativas se basan en “falacias para poder justificar un cambio al régimen”, lo que podría desincentivar la inversión formal.
El carácter “facilista” de la medida, advierten, se refleja en la promesa de beneficios económicos sin explicar su viabilidad ni el impacto en los proyectos. El expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestionó la ligereza de este tipo de propuestas y alertó que esta iniciativa está planteada para destruir el futuro de una minería seria y formal, omitiendo que los retrasos en la producción suelen deberse a la excesiva tramitología del Estado, que puede tardar hasta 19 años en permisos. A este contexto se suma una preocupación sobre posibles motivaciones políticas detrás del dictamen.
De acuerdo con una investigación de Perú21, la Comisión de Energía y Minas habría funcionado como una plataforma para impulsar propuestas vinculadas a campañas políticas y no se descarta que iniciativas de este tipo respondan también a compromisos políticos o a la devolución de favores a sectores que financian campañas, como la minería ilegal.
Por último, al encarecer la actividad formal y forzar la caducidad de concesiones sin considerar los plazos reales de inversión, se corre el riesgo de que estos predios sean ocupados por la minería ilegal. Tal como advirtieron especialistas del sector como Marcial García Schreck, líder del sector minero en EY Perú, estas medidas podrían paralizar la inversión formal y liberar concesiones que terminarían siendo ocupadas por actores informales e ilegales.
En la misma línea, Carlos Gálvez, alertó que este tipo de propuestas, sin sustento técnico ni evaluación fiscal, “buscan desaparecer la actividad minera formal” y favorecer intereses vinculados a la ilegalidad.
A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Congreso ha aprobado una serie de normas que implican un aumento significativo del gasto público, orientadas a captar el voto de diversos sectores laborales y sociales.
Entre las medidas destacan la entrega de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para trabajadores del régimen CAS, cambios en el régimen de pensiones militar-policial y nuevas bonificaciones mensuales para veteranos de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas iniciativas han sido impulsadas sin que se haya presentado un sustento técnico sólido ni se explique de qué fuente de financiamiento provendrá el dinero para costearlas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante y se concentra en gastos permanentes para el Estado. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, detalló que solo los beneficios para el personal CAS y el rediseño de pensiones de las fuerzas del orden representan un desembolso masivo: "Estamos hablando de más de S/6,800 millones de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado". A este monto se suman otras iniciativas recientemente aprobadas que también tendrían impacto fiscal, como el nombramiento de personal en EsSalud.
Las consecuencias de este "populismo legislativo" afectarían directamente la estabilidad del país y la gestión de la siguiente administración. Castilla advirtió que estas medidas "van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno". Asimismo, precisó que esta carga financiera, aprobada sin fuente de ingresos clara, hará "mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales", lo que dejaría al país en una situación de vulnerabilidad económica justo antes del cambio de mando.
En cada proceso electoral, los candidatos compiten no solo con propuestas, sino también con interpretaciones —muchas veces imprecisas— sobre el funcionamiento del Estado y de la economía. En ese contexto, Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, presentó una nueva edición de su ejercicio semanal de fact-checking, que revisa planteamientos de quienes aspiran a gobernar el país. “En cada campaña electoral abundan las promesas, pero pocas veces se examina con rigor si realmente son viables”, señaló Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía.
Esta vez, el análisis se centró en la ejecución de obras públicas y el precio del gas doméstico. En el primer caso, se revisó una afirmación sobre los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G), en la que se sostuvo que bajo este mecanismo “responde el gobierno y no las empresas”. Según el análisis, esto es incorrecto, ya que los gobiernos extranjeros no ejecutan directamente las obras, sino que contratan a empresas privadas para su desarrollo. “Los contratos de G2G no eliminan los riesgos de retrasos ni la responsabilidad financiera del Estado”, explicó Castilla. Este modelo, añadió, busca mejorar los procesos de contratación y supervisión de proyectos, pero no sustituye el rol de las empresas que finalmente ejecutan las obras.
Videnza Instituto también evaluó una propuesta que plantea que el balón de gas doméstico debería costar lo mismo en Lima que en zonas alejadas como La Convención, en Cusco. De acuerdo con el análisis, el precio del gas está influido por los costos de transporte y distribución hacia cada región. “El precio del gas también refleja los costos de llevarlo a cada zona del país”, precisó Castilla, y recordó que el Estado ya interviene a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga vales de descuento a los hogares en zonas con dificultades de acceso.
Más allá de las diferencias en el debate político, desde Videnza destacan que el objetivo del fact-checking es aportar información verificable para mejorar la calidad del debate público. “En una campaña marcada por promesas rápidas, contrastar la información ayuda a que el ciudadano pueda evaluar mejor las propuestas”, subrayó Castilla, al recordar que contar con datos verificados es clave para ejercer un voto informado.
El candidato a diputado con el número 3 por el partido Renovación Popular, Carlos Candia, elaboró un proyecto de ley que plantea la expulsión cautelar inmediata de ciudadanos extranjeros que se encuentren procesados por delitos en el país, como una medida para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.
La iniciativa legislativa, titulada “Ley que regula la expulsión cautelar de extranjeros procesados penalmente”, propone que los extranjeros investigados por delitos dolosos cuya pena supere los cuatro años puedan ser expulsados del territorio nacional mientras continúa el proceso penal correspondiente.
De acuerdo con la iniciativa, la medida tendría carácter administrativo, excepcional y temporal, y sería ejecutada por la Superintendencia Nacional de Migraciones a solicitud del Ministerio Público del Perú o de la Policía Nacional del Perú, con un control judicial de legalidad que deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas.
La propuesta establece que la expulsión procederá cuando exista una disposición fiscal que inicie diligencias preliminares o investigación preparatoria y se identifique riesgo de fuga o reiterancia delictiva.
Según el planteamiento, la ejecución sería inmediata mediante conducción del extranjero a un aeropuerto o punto fronterizo, además de la cancelación de su calidad migratoria y el impedimento de reingreso al país por un periodo no menor de diez años.
El proyecto también precisa que la expulsión no extinguirá la acción penal, por lo que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal del Perú.
En la exposición de motivos se sostiene que el aumento de delitos vinculados a ciudadanos extranjeros ha generado preocupación en la población, por lo que se requieren mecanismos legales que permitan actuar con mayor rapidez.
“El Estado necesita herramientas rápidas para proteger a la población. Esta propuesta permite expulsar de manera cautelar a extranjeros procesados por delitos graves, sin afectar el proceso penal y garantizando control judicial inmediato”, afirmó el candidato al Parlamento, Carlos Candia.
En el análisis costo–beneficio incluido en la iniciativa se indica que los gastos se limitarían a traslados y custodia temporal, mientras que los beneficios incluirían reducción del gasto penitenciario, menor carga procesal y una mayor percepción de seguridad ciudadana.
De aprobarse, la norma deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días y contempla además la creación de un Registro de Extranjeros Expulsados, así como protocolos de coordinación entre las instituciones del Estado involucradas.
La participación ciudadana se perfila como una herramienta clave para fortalecer la confianza en el proceso electoral. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, los mecanismos participativos buscan ir más allá de consultas simbólicas y establecer canales concretos donde la población pueda incidir de forma directa en el debate público.
En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó el bloque ciudadano “Pregúntale a tu candidat@” para el Debate Presidencial 2026. La iniciativa permite que los ciudadanos registren sus consultas mediante un formulario virtual sobre temas como salud, vivienda, estabilidad fiscal y medio ambiente. Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado del organismo electoral, afirmó que “este bloque para nosotros es fundamental”, y explicó que el proceso de recepción de preguntas se realiza íntegramente en línea.
Experiencias en Argentina y Colombia respaldan este enfoque. En esos países, municipios aplicaron mecanismos de priorización participativa para definir obras en barrios con mayores necesidades, incorporando a los vecinos en la planificación de intervenciones. Estos antecedentes muestran que, cuando existen reglas claras y seguimiento a los aportes ciudadanos, se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas. Para el Perú, trasladar estas prácticas al escenario electoral puede contribuir a un voto más informado y a un debate más cercano a las preocupaciones reales de la población.
