Los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República para aprobar un octavo retiro de ahorros para la jubilación son inconstitucionales porque vulneran lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), que determinó los parámetros de inconstitucionalidad para este tipo de medidas, como la intangibilidad de los fondos, el derecho a la pensión y el contexto de excepcionalidad que se dio durante la pandemia del COVID-19, sostuvo el especialista en derecho a la seguridad social, César Abanto Revilla.

“Consideramos que estos proyectos son manifiestamente inconstitucionales porque no se pueden habilitar retiros que pretendan contravenir la intangibilidad del artículo 12 de la Constitución Política, que prohíbe utilizar esos fondos para fines distintos al pago de las pensiones, principalmente si la emergencia sanitaria por la pandemia (justificación específica prevista por el TC) ya culminó formalmente en el año 2022”, manifestó el experto. 

Luego de explicar que ese fue el criterio que tomó el TC en la sentencia del Expediente N°00020-2021, al declarar infundada la acción de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Lima Sur contra el Congreso por la aprobación de la Ley N°31192, del 7 de mayo de 2021, que autorizó un retiro de fondos previsionales, Abanto reafirmó que el final de la emergencia sanitaria fue declarada el 27 de octubre de 2022, mediante D.S. N°130-2022-PCM, por lo que el contexto de excepcionalidad ya expiró y no hay justificación ni razón alguna para aprobar otro retiro. 

“El retiro del año pasado también fue inconstitucional. Si se hubiera planteado una demanda de inconstitucionalidad, contra la Ley N°32002, el TC tendría que haberla declarado inconstitucional. Hay que entender que los ahorros previsionales sirven para la cobertura ante contingencias que se presenten a lo largo de la vida laboral, no solo cuando llegamos a la tercera edad. Los retiros dejan desprotegidos a los afiliados, debido a que los recursos que están en nuestra cuenta de AFP no solo sirven para la vejez (pensión jubilatoria). Si en este momento un afiliado sufre un accidente, una enfermedad incapacitante o fallece, así tenga 20, 30 o 40 años, aún lejos de los 65 años, podría tener acceso a una pensión de invalidez (para él) o pensión de sobrevivientes (para sus deudos: viudez, orfandad o ascendientes)”, detalló.

Por ello, continuó, “es necesario cuidar esos fondos para evitar que, ante la ocurrencia de un estado de necesidad, los recursos estén en cero, como lamentablemente viene ocurriendo con los contantes retiros, que contrariamente a lo que se sostiene a nivel político, a los únicos que perjudican es a los propios afiliados”.

Igualmente, dijo Abanto, estas leyes de retiro atentan contra el derecho a la pensión, pues al afectar los fondos de la cuenta individual de cada afiliado a las AFP, limitan y eliminan, en algunos casos, cuando la cuenta queda en cero, el acceso a dicho beneficio.

Seguridad Social
Para el especialista, también es importante destacar que el TC haya reconocido de forma expresa que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) forma parte de la seguridad social en el Perú, por lo que su sostenibilidad financiera no es un tema o requisito menor, sino uno de los principios constitucionales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

Finalmente, el también miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, sugirió que en vez impulsar un nuevo retiro, el Congreso y el Poder Ejecutivo deberían concentrarse en buscar soluciones a los tres verdaderos problemas del sistema de pensiones: reducir la informalidad laboral (que actualmente supera el 70%), reducir la morosidad por el no pago de aportaciones de pensiones (tanto en AFP como en ONP por parte de empleadores públicos y privados) y evaluar mecanismos de financiamiento efectivo de la jubilación, debido al incremento de la longevidad de los adultos mayores.

La aprobación en el Congreso de la República de siete leyes que tienen que ver con el combate cotnra la criminalidad, afecta seriamente las  posibilidades de llegar a castigar los delitos que se cometen actualmente en nuestro país, opinó el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jhon Masías.

Hizo referencia  a la llamada Ley Soto que manipula los plazos de prescripción de los delitos y que  “salvan” directamente al expresidente del Parlamento, Soto. Está además la ley 32104 que salió para apoyar la Ley Soto obligando a los jueces a su aplicación. 

Una nueva norma recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz impidiendo la labor de la investigación de la Fiscalía, que es un mandato constitucional. La Ley 30108 modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del acusado y su abogado.

Otra norma recientemente dada por el Congreso impide la incautación de material usado en la minería ilegal, en tanto que la ley 32017  promueve la impunidad para terroristas, exmilitares y otros que hayan cometido responsabilidad penal.  A este paquete de normas se suma la Ley 32054 que excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal.

Masías sostuvo que la prescripción de los delitos al poner plazo a los procesos, afecta el trabajo del Ministerio Público y la Policía, lo mismo que a los jueces penales que, ahora están obligados a declarar la caducidad de los casos. Acortar el plazo para la colaboración con la justicia es igualmente peligros y colabora contra la impunidad. 

Para el Dr. John Mesías Romero, la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, que  fue reformada por la Ley 32108, considera como organización criminal a cualquier grupo que se reparta roles “para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo”.

“Ponerle un nuevo nombre y apellido al “crimen organizado”, esperar al abogado para allanar domicilios, los especialistas lo conceptúan, en el primer caso como una generalidad que va generar que los criminales escapen dentro de un código garantista que busca “a la medida” el hecho punible cuando se describe los hechos o se subsume el delito; tratar de que un letrado se constituya antes de un allanamiento, es buscar la forma que lo inopinado se vuelva en algo fácil de prever”, dijo. 

Otra observación que hizo el representante de los letrados de Arequipa a la nueva ley, es que la modificatoria hoy establece nuevos requisitos para definir a los actores de una organización criminal. Mesías considera una organización como criminal, esta deberá ser un grupo con compleja estructura desarrollada, con mayor capacidad operativa y en el que sus miembros se reparten roles correlacionados entre sí. 

“Los congresistas establecieron parámetros más altos para delimitar a una organización criminal,  sin embargo  en el país este concepto no es  el más idóneo porque ahora se les  exige una mayor labor probatoria a la policía y a los fiscales, pero estos operadores de justicia  no tienen los recurso necesarios ni el personal para llevar a cabo investigaciones tan rigurosas en corto plazo , por lo que existe el riesgo  de que los proceso  se caigan si las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Publico no reciben recurso  y personal”, reveló el Decano del Colegio de  Abogados de  Arequipa. 

Igualmente, explicó que poner trabas a la incautación de material explosivos y/o arma podría impedir la lucha contra la criminalidad organizada en este campo. 

Julio Cáceres Arce, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, se ha consolidado como una voz clave en la promoción de un liderazgo empresarial comprometido con el desarrollo social y económico del Perú. Durante su participación en el foro “Liderazgo Empresarial Activista, Factor Clave para el Desarrollo del País”, celebrado en Lima, Cáceres hizo un llamado a la acción para que el empresariado adopte un rol activo en la transformación del país.

“Nuestro país es viable, es un país de oportunidades”, afirmó Cáceres, enfatizando la necesidad de que los empresarios miren más allá de sus negocios y se involucren con su entorno social. Destacó que es el momento de sentar las bases para un futuro sin lamentaciones y que la responsabilidad de los empresarios no se limita solo a la generación de ganancias, sino también al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Cáceres subrayó la capacidad resolutiva del sector empresarial como un recurso esencial para enfrentar los desafíos nacionales. Insistió en que los empresarios deben ser articuladores y gestores, capaces de solucionar problemas y superar las divisiones que fragmentan al país. “Nos hemos etiquetado como rojos, progres, chinos, cholos, pero esas etiquetas son dañinas. Para construir un país económico y sostenible, debemos enfocarnos en generar progreso y bienestar en nuestras empresas y comunidades”, señaló.

En su intervención, Cáceres destacó la necesidad de que el empresariado adopte una postura activa en la política, asumiendo el rol de líderes sociales que entienden y abordan los problemas desde una perspectiva integral. “Debemos hacer política empresarial sin temor. La empresa tiene que ser un vehículo para satisfacer las necesidades sociales y debemos involucrarnos en el quehacer político”, afirmó Cáceres, quien compartió el panel con otros destacados líderes empresariales, como Jhon Gonzales, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco; Lorena Sandoval, representante de la Cámara de Comercio de Cajamarca; y María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.

Cáceres también abogó por una visión descentralizada de la política, poniendo énfasis en la situación de las regiones. Expuso el caso de Puno, afectada por las manifestaciones sociales de 2023, y cuestionó: “¿Qué estamos haciendo por Puno en este momento? La región sigue aislada, y el asistencialismo no es la solución. Necesitamos cambios radicales, como la creación de una zona franca con incentivos fiscales que promuevan la inversión. Si facilitamos la generación de valor, veremos cómo cambia esa región. No podemos seguir de espaldas a sus necesidades”.

Finalmente, Cáceres resaltó el papel de las pequeñas y microempresas, cuya contribución al desarrollo económico nacional es innegable. “Día a día, estas empresas hacen patria y lo hacen solas”, indicó, reconociendo también la importancia de los jóvenes como actores fundamentales en el proceso de renovación del liderazgo empresarial. “Es crucial pensar en los líderes de hoy, pero aún más importante es preparar a los líderes del mañana. Darles oportunidades de crecimiento y acción es una tarea pendiente”, concluyó, reafirmando su compromiso con un liderazgo empresarial que se proyecta hacia el futuro del país.

Bajo el lema “Democracia somos todos”, hoy comenzó la 29° edición de CADE Universitario, el encuentro de jóvenes líderes más importante del país, organizado por IPAE Acción Empresarial. La edición 2024 tiene como objetivo fomentar el ejercicio de una ciudadanía activa para fortalecer la democracia en nuestro país. En esta edición del evento se contó con una asistencia de 600 estudiantes de todo el país.

Durante la sesión de inauguración que se realizó en la Escuela Naval del Perú, Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE Acción Empresarial, y Javier Ichazo, Presidente de CADE Universitario 2024, invitaron a los jóvenes participantes a aprovechar los tres días que dura el evento, y que les permitirá tener un contacto directo con autoridades, ejecutivos del sector privado, reconocidos académicos y líderes de opinión. 

El Presidente de IPAE Acción Empresarial señaló que el lema de esta edición de CADE Universitario definido como 'Democracia somos todos’, es también un mensaje transversal del propósito de IPAE, el cual se sustenta en su principio de fomentar una democracia representativa, promoviendo que la ciudadanía se involucre en el quehacer público, de forma activa e informada.

“Estamos convencidos que cada uno de nuestros cadeistas albergan el coraje, resiliencia y creatividad para trabajar juntos como nación. Estamos orgullosos de impulsar vivencias de cambio para una base de unión y democracia. Estamos seguros que entre todos aprenderemos valiosas lecciones luego de este emblemático encuentro”, sostuvo Galdos. 

Por su parte, Ichazo destacó que el espíritu de estos tres días de CADE Universitario es propiciar un espacio para imaginar una realidad diferente, para el Perú y el mundo, impulsado por la energía y liderazgo de los jóvenes, quienes nos pueden conducir hacia un mejor futuro.

"Hemos diseñado este espacio especialmente para los jóvenes a fin de que puedan formar alianzas y trabajar juntos por el bienestar de todo el país. Creemos firmemente que llegarán a un diálogo a favor de la democracia", añadió Ichazo.

La 29° edición de CADE Universitario se lleva a cabo de manera presencial entre el 26 y 28 de junio, congregando a cerca de 600 jóvenes líderes.

El congresista Esdras Medina Minaya, quien renunció a la bancada de Renovación Popular en julio de 2022 después de perder la elección para la Presidencia del Parlamento, estaría regresando al grupo político. Su reincorporación se produce en un momento crucial, en medio de las negociaciones para la elección de la próxima Mesa Directiva del Congreso.

El congresista Esdras Medina (No Agrupado) se reunió recientemente con Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y alcalde de Lima. Durante este encuentro, se acordó oficializar su retorno a la bancada en los próximos días.

El regreso del legislador se da en un contexto donde se están negociando las listas para la próxima Mesa Directiva. Según fuentes del medio, López Aliaga está favoreciendo a Norma Yarrow como posible candidata para integrar una lista, junto con representantes de Alianza para el Progreso (APP) y Perú Libre (PL).

Es importante mencionar que las congresistas Norma Yarrow y María Córdova ya se han acreditado como integrantes de Renovación Popular el día lunes, y su incorporación a la bancada será formalizada en breve.

 Fuente: Diario Correo

El Congreso de la República ha impuesto medidas que perforan la solidez de las finanzas públicas e intenta aprobar reformas sin un análisis de su viabilidad financiera de largo plazo, así lo indicó Luis Miguel Castilla, extitular del MEF. “Esto limita el impacto que pudiera tener la aprobación parcial de facultades legislativas para reactivar la economía. Peor aún, esto ocurre en un contexto de creciente irrelevancia en el que está cayendo la opinión técnica de los organismos públicos especializados y la permisividad de un Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que pareciera haber tirado la toalla”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la reforma integral del sistema de pensiones se viene discutiendo hace años y es un objetivo compartido tener mayor cobertura y pensiones dignas para todos. “Esto es crítico luego de que siete retiros del sistema privado de pensiones han dejado a millones de afiliados sin fondos en sus cuentas de capitalización individual. Lo aprobado por el Congreso constituye un avance respecto a intentos previos. Sin embargo, los legisladores han insistido en incluir medidas con efectividad limitada”, lamentó.

Finalmente, resaltó los salvatajes otorgados a Petro-Perú, una acción que no tiene coherencia con lo que el país necesita. “Las estimaciones se cuantifican en más de S/100.000 millones el costo fiscal de iniciativas legislativas de los últimos 20 años, sin contar el festín recientemente aprobado. Un agravante adicional es que las nuevas perforaciones tributarias no favorecen a los contribuyentes de menores ingresos, sino que responden más bien a móviles mercantilistas de grupos particulares”, criticó.

Con el fin de formar profesionales con estándares de calidad, de acuerdo a las necesidades del mercado laboral y del país, promover e impulsar el desarrollo de la investigación, innovación y de crecimiento, fortaleciendo a la región Arequipa, como una potencia académica en educación superior, el congresista de la república, Esdras medina Minaya, presento el PL 7082, que crea la Universidad Nacional Autónoma de Camaná, el cual fue aprobado por las comisiones de Educación y Presupuesto del Congreso de la República. 

El parlamentario arequipeño, espera ahora que, dicho el dictamen, se debata en el pleno del congreso. “Hemos trabajado desde hace meses atrás esta iniciativa en la provincia de Camaná. Hemos visitado los colegios y escuchado a los estudiantes de 3ro a 5to de secundaria, y nos han manifestado que están frustrados, porque tiene que salir de su provincia por una formación superior, por eso, nos propusimos realizar este proyecto de ley para la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Camaná”, detalló. 

Según el PL 7082, de autoría del congresista Esdras Medina, en la parte de disposiciones completarías, encarga al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Gobierno Regional de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Camaná y la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, gestionar los presupuestos e inclusión dentro del banco de proyectos de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones —INVIERTE.PE

“Esta ley, se viene trabajando con el alcalde del distrito de Samuel Pastor, Jonathan Machado Rivera, quien consiguió un terreno nominado para este fin”, destacó. 

Medina Minaya, enfatizó que la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Camaná, permitirá ofrecer un servicio de educación superior en beneficio de miles de jóvenes de las provincias de Camaná, Castilla, Caylloma e Islay. 

El alcalde del distrito de Alto Selva Alegre, Alfredo Benavente, consideró que el intento de cambiar la Constitución de forma radical, el cual es promovido por sectores izquierda como Perú Libre, generaría un impacto severo en la economía nacional como; la devaluación de la moneda peruana. 

“El sol peruano es la moneda más sólida y consistente en Latinoamérica y no podemos perder eso y con el impulso de una nueva Constitución podemos caer en una crisis y devaluación. Solo miremos a Argentina y a Venezuela qué pasaron a ser países ricos países en crisis. Seguir hablando de este tema solo generará crisis económica, inflación, devaluación de la moneda; la población no debe dejarse llevar por los extremos porque es malo”, acotó. 

Sobre el tema, desde 1993, la Constitución Política del Perú ha tenido 45 cambios, 34 modificaciones, 9 agregados e incorporados y 2 sustituciones a artículos, incisos, numerales, párrafos, disposiciones finales y capítulos, lo que evidenció que las reformas constitucionales podrían ser la salida a mejorar la crisis generada por las actuales autoridades. 

“Ningún extremo es bueno, ni la derecha ni la izquierda. Lo que se debe mejorar, son las herramientas, sistemas tecnológicos de evaluación de expedientes, perfiles que ayuden en el avance de proyectos”, puntualizó el burgomaestre. 

Por otro lado, la autoridad municipal se mostró a favor de realizar reformas en los capítulos económicos, salud y educación, con el fin de mejorar y beneficiar a la población, pero desestimó la idea de un cambio constitucional en absoluto.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) con el apoyo de la Fundación Manuel J. Bustamante, anunciaron el cierre del proceso de selección para la Red de Jóvenes Líderes (RJL) 2024. De esta manera, 55 representantes de 19 regiones del país conformarán esta nueva promoción. Las clases se iniciaron en junio del 2024 y culminarán en noviembre del mismo año.

Así, luego de una exhaustiva revisión y evaluación de más de 540 postulaciones de 24 regiones del país, las que tendrán un representante en la RJL 2024 son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura, Puno, San Martín y Tacna. “La Red de Jóvenes Líderes es un programa que está dirigido a jóvenes que tienen entre 18 a 30 años y estén interesados en temas políticos, sociales o económicos que involucren a su región. Busca identificar y formar nuevos líderes, en diferentes regiones del país, para que compartan su visión, análisis y posibles soluciones a diversos problemas sociales, políticos y económicos que afecten a su entorno”, refiere el IPE.

Como parte de la RJL, los Embajadores IPE acceden a clases de economía básica, talleres de habilidades blandas, charlas magistrales con importantes funcionarios públicos y ejecutivos del sector privado y más. También, tendrán la oportunidad de publicar artículos de opinión en los canales digitales del IPE y en medios locales. Además, podrán ampliar su red de contactos con jóvenes de distintas regiones y algunos de los principales especialistas en economía y políticas públicas del país. Para más información, visita: https://tinyurl.com/4kxpscru

El congresista, Esdras Medina Minaya, logró que su proyecto de ley 4370, el cual se acumuló al dictamen de “Ley que regula las Escuelas Superiores de Formación Artística y la Carrera Pública de sus docentes”, sea aprobada por el Congreso de la República durante la sesión del pleno del este jueves 30 de mayo. 
Link: https://wb2server.congreso.gob.pe/.../archivo/MTkxMjYx/pdf

“Hoy las más de 30 escuelas superiores de formación artística pública (ESFA), ya tienen una ley, Qué viva educación superior”, comentó en sus redes sociales.

El parlamentario, informó que la iniciativa legislativa, tiene por objeto regular la creación, gestión institucional y pedagógica, organización, licenciamiento, funcionamiento, supervisión y fiscalización de las Escuelas Superiores de Formación Artística.

“El fin es que se brinde una formación de calidad que responda a las necesidades del sistema educativo y que contribuya a la investigación, innovación, creación artística, promoción y difusión de las artes y de las industrias culturales en nuestro país”, remarcó, Esdras Medina.

Además el legislador, explicó que los docentes nombrados en las ESFA que, no se encuentran percibiendo remuneraciones establecidas en la disposición complementaria transitoria decimotercera de la Ley 30512 y que perciban la remuneración en el marco de lo establecido en la Ley 24029, Ley del Profesorado, serán ubicados en la primera categoría establecida para los docentes de las Escuelas de Educación Superior de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes, siempre que cuenten con título de artista profesional o acrediten las condiciones de docentes cultores.