La calificadora Fitch Ratings advirtió que el panorama político continuará siendo complejo hasta la segunda vuelta electoral en el Perú, lo que podría causar efectos de incertidumbre sobre la política macroeconómica, la inversión y la estabilidad institucional del país.

Frente a este escenario, el regidor de Arequipa, Rolando Bedregal, sostuvo que el próximo gobierno que asuma en julio del 2026 debe enfocarse en el crecimiento económico para atraer nuevas inversiones, las cuales representan una de las principales fuentes de desarrollo para el Estado.

“El futuro del Perú es con inversión, pero con una inversión justa y que sea en beneficio de la sociedad. Aún estamos a la espera de estos grandes proyectos en Arequipa como Majes que hasta el momento no se ejecuta. Gracias a esta inversión se podría generar una gran cantidad de trabajo”, señaló.

Asimismo, evidenció que el Perú y sobre todo Arequipa cuenta con importantes proyectos que continúan paralizados de ejecución, en tema de agricultura, minería, entre otros; cuya puesta en marcha permitiría generar miles de puestos de trabajo.

“Si atraemos más inversiones se generará trabajo directo e indirecto para potenciar la economía; requerimos del Puerto Corío, nuevas obras en transporte, vías, que deben ser considerados por las nuevas autoridades”, dijo.

Solo en el proyecto del Puerto Corío, se estima que una vez iniciada su construcción se proyecta la creación de más de 50,000 empleos directos y hasta 150,000 indirectos.

Asimismo, indicó que es necesario priorizar obras de infraestructura que contribuyan a la competitividad y al desarrollo regional como nuevas obras de transporte y vías de comunicación que deberán ser tomadas en cuenta por las próximas autoridades para impulsar el crecimiento económico de la región.

Más de 30 empresas de la provincia de Islay participaron en el Encuentro Empresarial organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, actividad orientada a preparar al sector empresarial frente al importante flujo de inversiones que llegará a la provincia con la ejecución de grandes proyectos de desarrollo.

Durante la jornada, especialistas de SUNAT y SUNAFIL expusieron sobre contratación laboral, regímenes tributarios y cumplimiento de obligaciones empresariales, brindando herramientas para que las empresas locales puedan responder de manera eficiente a las nuevas demandas que traerá la inversión en la zona.

La gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Catherine Rodríguez Torreblanca, destacó que Islay se encuentra en una etapa clave para su crecimiento económico. “Estamos ante una oportunidad histórica de inversión que permitirá dinamizar diversos sectores productivos y generar miles de puestos de trabajo para la población de la provincia”, manifestó.

Asimismo, indicó que el desafío será aprovechar este escenario promoviendo empleo formal y fortaleciendo las capacidades de las empresas locales. “Queremos que las inversiones que llegarán a Islay se traduzcan en más oportunidades para los trabajadores y en un crecimiento sostenible para toda la provincia”, afirmó.

La funcionaria resaltó que el Gobierno Regional de Arequipa viene impulsando acciones de descentralización para acercar los servicios del Estado a las provincias y fortalecer la articulación entre el sector público y privado. 

“Nuestro objetivo es que las empresas de Islay estén preparadas para participar activamente en esta nueva etapa de desarrollo económico que vivirá la provincia”, concluyó.

Más de 30 empresas de la provincia de Islay participaron en el Encuentro Empresarial organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, actividad que tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del sector empresarial sobre las oportunidades de inversión, contratación laboral y cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el próximo desarrollo de importantes proyectos en la zona.

Durante la jornada, especialistas de la SUNAT y SUNAFIL brindaron información sobre las modalidades de contratación laboral, los regímenes tributarios vigentes y las responsabilidades que deben asumir las empresas para garantizar un crecimiento ordenado y dentro del marco legal.

Por su parte, la gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abg. Catherine Rodríguez Torreblanca, expuso sobre los principales proyectos que se ejecutarán en la provincia de Islay y que demandarán una importante cantidad de mano de obra, resaltando la necesidad de que las empresas prioricen la generación de empleo formal para beneficio de los trabajadores y el desarrollo sostenible de la provincia.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de la política de descentralización impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa, que busca acercar los servicios del Estado a las provincias y fortalecer las capacidades de los empresarios locales para que puedan aprovechar las oportunidades económicas que se generarán en los próximos años.

El Encuentro Empresarial permitió además absolver consultas de los participantes y promover una mayor articulación entre el sector público y privado, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de más puestos de trabajo formales en la provincia de Islay.

Mientras en Moquegua continúan los cuestionamientos sobre prioridades presupuestales y limitada ejecución en algunos sectores, la vecina región de Arequipa viene intensificando su estrategia para captar nuevas inversiones privadas en minería, agroindustria, energía y logística.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presentó recientemente una cartera de oportunidades de negocio y proyectos estratégicos durante el taller “Inversión privada y desarrollo económico territorial”, donde se expusieron iniciativas orientadas a consolidar a Arequipa como uno de los principales polos económicos del sur del país.

Entre los proyectos destacados figuran Majes Siguas II, la Central Fotovoltaica Las Joyas, el sistema SITGAS, el Megapuerto de las Américas Corío y una futura ciudad logística vinculada a esta infraestructura. Según PROINVERSIÓN, estas iniciativas buscan atraer capitales y dinamizar distintos sectores productivos de la región.

La estrategia arequipeña también apunta a fortalecer actividades con alto potencial de crecimiento. En minería, por ejemplo, se promueven oportunidades para empresas de ingeniería, automatización industrial y soluciones ambientales. En paralelo, Arequipa busca expandir su agroindustria, impulsar proyectos de energías renovables y potenciar la industria textil ligada a la fibra de alpaca.

Además, las autoridades resaltaron el rol estratégico del Puerto de Matarani como eje logístico del sur peruano, así como mecanismos para incentivar inversiones privadas, como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para proyectos superiores a los 5 millones de dólares.

Las exportaciones peruanas registraron un fuerte avance en abril de 2026. El INEI informó que el volumen total de bienes exportados creció 14.8% respecto al mismo mes del año pasado, impulsado principalmente por los productos tradicionales, que aumentaron 17.9%.

El sector minero lideró este crecimiento con un incremento de 21.2%, por el cual el cobre fue el producto estrella al alcanzar exportaciones por 1,566.8 millones de dólares, un 35.9% más que en abril de 2025, gracias a la mayor demanda del mercado chino. También destacaron los envíos de hierro, que crecieron 128.2%, y de plomo, con un alza de 16%.

Sin embargo, no todos los minerales mostraron resultados positivos ya que las exportaciones de oro disminuyeron 1.1%, mientras que las de zinc y plata refinada retrocedieron 11.2% y 2.3%, respectivamente.

Los productos no tradicionales también aportaron al crecimiento, con una expansión de 6.9%. Sobresalieron los sectores químico (27%), pesquero (10.7%) y agropecuario (6.5%), impulsados por mayores envíos de productos como paltas, uvas, conservas de pescado y derivados químicos.

Un dato relevante es que el sector pesquero acumuló ocho meses consecutivos de crecimiento, mientras que el sector textil logró recuperarse con un avance de 4.7% tras tres meses de caídas.

En paralelo, las importaciones aumentaron 29.1% en abril, impulsadas por una mayor demanda de bienes de capital, materiales de construcción, bienes de consumo y materias primas, reflejando un mayor movimiento de la actividad económica nacional.

La inversión minera en el Perú alcanzó los US$ 2,052 millones entre enero y abril de 2026, lo que representó un incremento de 43.5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), solo durante abril el sector ejecutó US$ 552 millones, impulsado por compañías como Southern Perú, Shougang Hierro Perú y Las Bambas.

Al analizar este dinamismo, el economista Ismael Mendoza señaló que “en el caso de Southern, el dinamismo estaría asociado al mayor ritmo de ejecución de Tía María (Arequipa), proyecto que demanda una inversión total de alrededor de US$ 1,800 millones”. 

El especialista precisó además que dicha obra registra un avance cercano al 35 % y mantiene compromisos de contratación por US$ 900 millones, proyectando su primera producción de cobre para la segunda mitad de 2027.

Pese a estos resultados, la inversión en exploración muestra un desempeño débil al concentrar apenas el 10 % del capital ejecutado y registrar una caída de 0.6 % frente al año previo. Esta falta de descubrimiento de nuevos yacimientos implica que el crecimiento actual se sustenta mayoritariamente en proyectos ya operativos o expansiones, siendo escasos los desarrollos desde cero como Tía María.

Sobre el futuro del sector, Mendoza advirtió que “la trayectoria de la inversión minera dependerá de la continuidad de los proyectos líderes, la activación efectiva de nuevos desarrollos, las condiciones de precios internacionales y la estabilidad del entorno político-institucional y social”. 

En ese sentido, el mercado observa con cautela la situación de Zafranal, iniciativa de cobre en Arequipa que ha postergado su actividad operativa al ingresar a una etapa de preservación de activos.

Arequipa concentró el 30% de la producción nacional de alcachofa en 2025 y, especialmente a través de la provincia de Caylloma, se consolida como uno de los principales polos agrícolas del país para un cultivo con creciente demanda en los mercados internacionales y potencial para impulsar la agroexportación peruana.

“La alcachofa es un producto con alta demanda en mercados como Estados Unidos y Europa, donde se consume tanto fresca como procesada en conservas, congelados y encurtidos. En un contexto global de mayor consumo de alimentos saludables, su alto contenido de fibra, antioxidantes y vitaminas fortalece el posicionamiento del Perú como proveedor agroexportador y abre mayores oportunidades para atraer inversión”, explicó Patricio Lewis, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

Solo entre enero y diciembre de 2025, el Perú exportó 46 mil toneladas de alcachofa, un 5% más que en 2024, y alcanzó ventas por más de 126 millones de dólares, de acuerdo con PromPerú. Estados Unidos, España, Alemania y Francia estuvieron entre los principales destinos. En este crecimiento, Arequipa destacó junto con La Libertad y Lima como una de las regiones que más contribuyó a llevar la alcachofa peruana a mercados internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), la alcachofa se ha convertido en una importante oportunidad de inversión para el agro peruano por su potencial exportador. Además, detrás de este cultivo no solo hay trabajo en el campo: su producción también impulsa actividades de manufactura que generan empleo y movimiento económico.

Un cultivo que mueve la economía regional

El cultivo de alcachofa requiere una cadena productiva amplia que va desde la siembra y cosecha hasta el procesamiento industrial y la distribución. Detrás de este producto existe un proceso que incluye la recolección, almacenamiento, transformación y comercialización antes de llegar al consumidor final. Es así que hay empresas que desarrollan productos con valor agregado como conservas de mini alcachofas, corazones de alcachofa envasados, chips y presentaciones al vapor.

“Cuando una empresa o un productor decide invertir, no solo mueve dinero: también genera trabajo en el campo, transporte, comercio, procesamiento y servicios. Por eso, en regiones agrícolas, cada nueva inversión puede convertirse en una oportunidad para dinamizar la economía local y crear ingresos para más familias.”, explicó.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) precisa que las alcachofas constituyen un cultivo estratégico para la agroindustria peruana, especialmente en regiones como Arequipa, Ica y La Libertad, que concentran más del 88% de la producción nacional. Asimismo, se deben mantener iniciativas para elevar los estándares de calidad y fortalecer la producción destinada a la exportación, incluyendo controles fitosanitarios y manejo libre de plagas.

“La alcachofa forma parte de una actividad económica que involucra empleo, comercio y servicios vinculados a su producción y distribución. Por ello, este cultivo representa una oportunidad para dinamizar economías regionales. Su desarrollo también refleja el potencial de la agroindustria como fuente de inversión y generación de ingresos en distintas zonas del país”, concluyó el especialista.

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI) considera que los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes para frenar la minería ilegal, una actividad que ya supera al narcotráfico como economía ilícita. En días pasados, presentó diez propuestas para desactivar esta economía ilícita. 

De esas decisiones dependerá si esta actividad se detiene o continúa expandiéndose. El especialista del OMI, César Ipenza, consideró que el nuevo gobierno debe entender que la minería ilegal ya es la principal actividad delictiva del país y la que más dinero mueve, con cerca de 11.500 millones de dólares, y la que viene acompañada de graves impactos ambientales y delitos conexos.

Para el Observatorio, urge cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Ese registro se convirtió en escudo para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles. El nuevo gobierno no debería ampliarlo más, sino diseñar un régimen temporal que anticipe su cierre.

Otra propuesta es aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que los mineros que operan en zonas prohibidas respondan en los penal y lo civil. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó eliminar la exención de responsabilidad para los mineros con REINFO. Sin embargo, el gobierno actual no hizo nada, por lo que el próximo presidente deberá acabar con ese blindaje legal.

También debe asegurarse presupuesto para la lucha contra la minería ilegal. No se pueden realizar interdicciones en las zonas controladas por mafias si la Fiscalía no tiene recursos (este año tiene cero soles). Además, exige medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas, dado que la Dirección de Formalización Minera arrastra denuncias de corrupción y expedientes observados de años atrás.

Otra medida consiste en aprobar una ley que elimine el uso del mercurio, metal que contamina ríos, suelos y poblaciones. La meta planteada es prohibirlo totalmente en 2030. Respecto a la trazabilidad del oro, plantea poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA). Presentado como una iniciativa que busca reforzar la trazabilidad de minerales, así como el intercambio de información entre las entidades involucradas en la formalización minera para una fiscalización efectiva. Asimismo, propone aprobar un decreto supremo que prohíba expresamente la minería en ríos amazónicos.

Estas propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (JP). Según el Observatorio, sus planes de gobierno presentan vacíos. Ninguno explica cómo resolverá el problema. FP no precisa cómo cerrará el REINFO ni cómo financiará una estrategia sostenida contra el crimen vinculado al oro ilegal. Mientras que JP propone cooperativas mineras, propiedad social y la extinción de concesiones que no estén en actividad, y reducir los plazos de caducidad de concesiones formales.

Ipenza dijo que esos vacíos obedecen a dos posibles razones. “O ignoran la realidad del país y no entienden lo que implica esta actividad ilegal, por lo que no merecen gobernarnos; o están estrechamente vinculados a esa actividad y, por eso mismo, no la cuestionan ni plantean medidas concretas, reales y efectivas”, dijo.

El próximo gobierno deberá decidir si enfrenta con firmeza a una economía ilícita que ya se ha instalado en varias zonas del país, que pone en riesgo la seguridad de miles de peruanos a diario y que usa a la corrupción estrategia para operar en la impunidad. En ese contexto, preocupa no contar con propuestas claras. ¿Acaso no es urgente resolver uno de los problemas más graves que enfrenta hoy el Perú? Los cuestionamientos sobre el verdadero compromiso político son inevitables. 

La generación de mayores inversiones y el fortalecimiento de sectores productivos como la minería, agricultura y pesca permitirán dinamizar la economía nacional y crear nuevas oportunidades laborales, este crecimiento también se verá reflejado en el sector automotor, así lo sostuvo Richard Valverde, subgerente de estrategia de producto y planeamiento de la empresa Divemotor.

El representante de la compañía destacó que el movimiento económico de los distintos sectores tendrá una relación directa con la demanda de vehículos de carga, principalmente camiones medianos y semipesados que son utilizados para el transporte de mercadería y alimentos perecibles.

“Nosotros tenemos una gama completa entre medianos, semipesados, volquetes y tractos; esto nos permite estar en contacto directo con todos los rubros; cuando hay mayor movimiento económico en la agricultura, minería se puede tener una mayor venta de vehículos”, indicó.

Valverde señaló que durante el 2025 la empresa logró posicionarse como la tercera en venta de camiones medianos y semipesados en el mercado nacional; precisó que, estos resultados reflejan el crecimiento sostenido del rubro transporte, “la expectativa es volver este año al liderazgo absoluto de vender unidades semipesadas; hasta el momento vamos bien”, afirmó.

Añadió que la meta para este año es comercializar entre 600 y 700 camiones, mientras que en los próximos dos años esperan alcanzar ventas de entre 800 y 900 unidades; de esta forma la inversión en el sector transporte estaría incrementándose.

En otro momento, remarcó que el próximo gobierno debe promover políticas que generen confianza e impulsen la inversión privada porque esto tendrá un efecto multiplicador en todas las actividades productivas.

De acuerdo con un estudio de la consultora Videnza, los recursos generados por la minería representan hasta el 70 % del presupuesto en algunas regiones del Perú, evidenciando una alta dependencia económica de los gobiernos locales respecto a este sector. 

El informe detalla que, en los últimos 15 años, las transferencias vinculadas al canon y regalías sumaron aproximadamente 64 mil millones de soles. Sin estos ingresos, muchas autoridades enfrentarían severas dificultades para financiar proyectos en sectores críticos como salud, educación y servicios básicos.

En el caso específico de Arequipa, la región recibió más de 1,500 millones de soles durante el 2025 por actividad minera, mientras que en los primeros meses de 2026 ya ha percibido 376 millones de soles. Estas cifras sitúan a la región en el segundo lugar del ranking nacional de transferencias, siendo superada únicamente por Áncash, que recibió 621 millones de soles en el mismo periodo. 

Otras regiones con ingresos significativos incluyen a Cusco, que superó los 3 mil millones de soles en 2025, aunque el análisis advierte sobre el riesgo económico que supone la volatilidad de los precios internacionales de los metales.

Pese a la magnitud de los recursos transferidos, el estudio advierte sobre serias deficiencias en la capacidad de gestión de los gobiernos locales y regionales. Se estima que las municipalidades solo logran ejecutar alrededor del 58 % de los fondos provenientes del canon minero, destinando a menudo el presupuesto a proyectos que no cierran brechas sociales prioritarias. 

Esta situación refleja problemas estructurales en la planificación y el uso eficiente de los fondos públicos, lo que limita el impacto real de la riqueza minera en la mejora de la calidad de vida de la población.