Uno de los argumentos más utilizados por los defensores de la minería informal en el país asegura que esta actividad inyecta recursos directamente a las comunidades cercanas, aportando a la canasta familiar y al bienestar de quienes son parte de esa modalidad de trabajo, estos datos contrastan de forma desfavorable cuando se intenta traducir esa inyección de recursos en indicadores de desarrollo humano.

El estudio desarrollado por Videnza durante el 2025 y presentado en los primeros meses de este año analizó datos desde el 2018 en adelante, confirmando que los distritos donde hay mayor avance de la minería no formal se han estancado o han empeorado en indicadores de desarrollo económico y social respecto de aquellos con presencia de minería formal.

Se pudo precisar la presencia de minería en sus distintas modalidades gracias a un cruce de cuatro registros: el catastro del REINFO / GEOCATMIN, el mapa de distribución de canon minero del MEF, el mapa de INGEMMET y la distribución territorial nacional del INEI.

La minería informal es mayoritaria

El registro contrastado identifica que existen 221 distritos con presencia predominante de minería informal, frente a 85 con minería formal. Los resultados mixtos se dan en 214 distritos donde hay predominio de las operaciones formales y en otros 380 distritos coexisten ambas modalidades. En suma, tenemos un territorio en donde la minería informal es la mayoritaria.

Una vez identificados los distritos y el tipo de minería que se practica en ellos, los profesionales de Videnza procedieron a comparar el índice de desarrollo humano (IDH) que publica año a año el programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD) para cada distrito de nuestro país.

El IDH mide el promedio de los logros de un área geográfica específica en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: Esperanza de vida al nacer, educación e ingreso per cápita del hogar. Las variables que componen el IDH a nivel distrital se estiman mediante modelos predictivos a partir del CENSO y la Encuesta nacional de hogares del INEI.

Las conclusiones son contundentes:

Los distritos no mineros y en donde predomina la minería formal registran en promedio los valores más altos de IDH en el 2024.

Entre 2019 y 2024, los distritos con predominio de minería formal son los que en promedio más han incrementado su IDH. Le siguen los no mineros, los de predominio informal y los de coexistencia.

Contrario a lo que dicen los defensores de la Minería artesanal y de pequeña escala no formal, no encontramos evidencia que muestre mayor desarrollo para los distritos donde esta actividad es preponderante.

Los datos del estudio de Videnza permiten afirmar que los distritos con presencia predominante de minería no formal no muestran mejoras diferenciales en su desarrollo humano. Ni sus niveles de ingreso, ni su acceso a educación, ni su esperanza de vida crecen al ritmo que se suele atribuirles en el discurso que defiende esta actividad. Por el contrario, la presencia de actividades no formales desacelera el crecimiento y mejora sobre los indicadores señalados.

En el marco del Día de la Mujer, hay testimonios que reflejan cómo el talento y la determinación de las mujeres, de la mano del compromiso empresarial con la inclusión, vienen impulsando la industria a lo largo del Perú. Ferreyros, líder en maquinaria pesada, promueve activamente la participación femenina en este importante rubro a nivel nacional. 

Pasión por las máquinas mineras

Desde su graduación como técnica mecánica de la beca DreamBIG de Ferreyros, Melisa Segura forma parte del equipo de mantenimiento de la empresa en una importante operación minera a más de 4,000 m.s.n.m., con dos años y medio como personal residente. “Me encanta mi trabajo para la minería. A las chicas les diría que sigan lo que realmente les apasiona”, dice.

Su labor abarca revisiones, mantenimientos preventivos y cambios de componentes mayores de camiones de distintas capacidades; entre ellos se incluyen los camiones mineros ultraclass Cat 798 AC, de 400 toneladas métricas. “La primera vez que mostré a mi familia las fotos de los camiones, me dijeron: ‘¿Con esos equipos tan grandes trabajas? ¿No tienes miedo?’. Pero no, siento respeto y curiosidad por los equipos. Mi familia me ve feliz. Tenemos como primer hito trabajar con seguridad, que es primordial para nuestra labor”, relata.

La beca DreamBIG ha sido un pilar al permitirle llevar la carrera de mantenimiento de equipo pesado ThinkBIG, iniciativa global de Caterpillar que en Perú despliegan Ferreyros y Tecsup, de dos años de duración. La beca, concedida a más de 200 peruanas, hace posible estos estudios en Arequipa, Trujillo y Lima.

Durante la carrera, Melisa tuvo la experiencia de realizar pasantías en el Centro de Reparación de Componentes (CRC) de Ferreyros en Lima; en el Taller de Máquinas en La Joya, Arequipa; y en la sucursal de Huancayo. 

Desde que ingresó a trabajar a Ferreyros, Melisa forma parte del programa de desarrollo de habilidades técnicas Service Pro. Gracias a su entrenamiento y certificación continua, viene ascendiendo en su nivel de especialización. Le entusiasma que cada vez más peruanas estén asumiendo el reto de hacer carrera en industrias tradicionalmente asociadas a hombres. “Las mujeres estamos presentes y estamos marcando la diferencia, con el respaldo de nuestros compañeros y nuestras familias”, dice. 

Una vida dedicada a la logística para la gran minería 

Este es un mes especial para Jenny Loo, especialista en Logística de Ferreyros en Arequipa: cumple 30 años de trayectoria en la empresa, en el apasionante y exigente mundo de la logística. “Me siento orgullosa. Ha sido un gran reto y aprendizaje, siempre en un ambiente de compañerismo en el trabajo. He aprendido tanto de la gente antigua como de la gente nueva. Eres la mejor cuando haces lo que te gusta”, comparte.

Desde la sucursal en Arequipa, su ciudad natal, empezó especializándose en inventarios, en procesos como transporte de repuestos y en la atención de necesidades logísticas. Marcando un hito, fue la primera mujer en hacerse cargo del almacén de Ferreyros en Tintaya, hoy Antapaccay, en el 2001. Luego vendría la labor al servicio de minas como Cerro Verde y Constancia, y el trabajo para atender a todas las minas del sur; y ahora, también las del norte. 

Con su amplia experiencia, como parte de la División Gran Minería de la compañía, Jenny se dedica hoy a estandarizar la calidad de los procesos logísticos. “En minería hay un gran volumen de pedidos, y el cliente es muy exigente. Hoy estandarizo y hago mejora continua en los procesos logísticos", señala. 

Destaca la evolución de la logística y las amplias capacidades de Ferreyros. “Nuestro Centro de Distribución de Repuestos ya está robotizado con el sistema AutoStore, hay autonomía. Todo ha evolucionado con tecnologías, la respuesta es más rápida y eficiente. Puedes visualizar y atender cualquier etapa del proceso y necesidad del cliente”, comenta. 

Como orgullosa madre de un hijo de 13 años, reconoce el compromiso de la empresa con el desarrollo personal y profesional. “Me brindaron facilidades por ser madre y ahora veo que hay más facilidades. Y el número de chicas ha venido creciendo, es una evolución muy bonita”, resalta. 

Liderar con las personas, los valores y el propósito

Rocío Esteban, jefa del Taller Hidráulico en Lima, ha construido una carrera de progreso sostenido. Al servicio de distintos talleres dentro de la sede Industrial, la más grande de la empresa, sus roles han abarcado desde asistente, pasando por supervisora, hasta alcanzar jefaturas, en 20 años de trayectoria. 

“Ferreyros ha dado una gran oportunidad en el crecimiento de las mujeres en toda la empresa y en posiciones de liderazgo. Me dieron la confianza de asumir el rol de jefa por segunda vez”, cuenta. Desde 2024, está a cargo del Taller Hidráulico, en el que se atienden componentes tan impresionantes como cilindros de 12 metros, de las palas gigantes Cat 7495. 

Rocío está enfocada en impulsar la calidad, el nivel de producción y el tiempo de entrega de reparaciones de componentes hidráulicos. Asimismo, Rocío insiste en una dimensión igual de relevante: el desarrollo de las personas. “Lo más importante es conocer al equipo y alinearnos, escucharnos, promover el diálogo. Lo primero es el compromiso del equipo, no por obligación, sino por propósito", reflexiona. 

“Ese propósito que llevamos dentro; el conocer, escuchar e impulsar a las personas; y los valores que nos propone la empresa me han ayudado a alcanzar los logros en mi carrera. Esto también es lo que explica el liderazgo de Ferreyros, sus más de 100 años, y lo que se transmite entre toda nuestra gente”, comenta. 

La política corporativa Pares+ garantiza la igualdad de oportunidades para los colaboradores y colaboradoras en toda la corporación.

“Yo he crecido con esta empresa y a la vez ha crecido mi familia. Crecí en mi desarrollo porque con la oportunidad de entrar a Ferreyros también pude sostener mi carrera en la universidad y, conforme pasaron los años, también pude construir mi casa. Esta empresa me ha hecho crecer”, sostiene.

La formalización minera en Arequipa avanza a paso lento, no por falta de gestión regional, sino por la incapacidad operativa y la desarticulación del Gobierno Nacional, situación que mantiene paralizados cientos de expedientes y genera incertidumbre entre miles de pequeños mineros que esperan terminar su proceso.

Desde el Gobierno Regional se informó que Arequipa cumplió al 100% con la transferencia de la documentación de formalización desde agosto del año pasado, enviando cerca de 750 expedientes para su evaluación. Sin embargo, la ausencia de respuestas, la falta de coordinación y los constantes cambios de autoridades en el Ministerio de Energía y Minas han impedido cualquier avance concreto.

“El problema es que no hay avance, no tenemos comunicación y el ministerio ha sido bastante hermético; extraoficialmente sabemos que a nivel nacional no pasan de 30 los formalizados”, advirtió el gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco, al evidenciar el cuello de botella generado desde Lima.

Actualmente, Arequipa registra 395 mineros formalizados, aunque la cifra debería incrementarse significativamente considerando que más de 6 mil se encontraban en proceso hasta diciembre del año pasado. “Nosotros ya cumplimos con enviar toda la documentación; deberían estar atendiendo, pero el cambio permanente de autoridades ha retrasado todo”, sostuvo el funcionario.

Pese a este escenario, el Gobierno Regional anunció que continuará con acciones propias, como fiscalizaciones en seguridad y un nuevo ciclo de capacitaciones técnicas en zonas como Chaparra, Chala y Secocha. “Vamos a seguir apoyando a los mineros formalizados en temas de seguridad, ventilación y manejo eficiente de labores; esa es una competencia que sí estamos ejerciendo”, precisó Taco, marcando distancia frente a la inacción del Ejecutivo.

La remediación de pasivos ambientales mineros en el Perú representa una oportunidad de inversión con retornos sociales, económicos y ambientales que superan ampliamente los indicadores tradicionales del Estado. Según Dante Aguilar, gerente general de Activos Mineros S.A.C. (AMSAC), estas intervenciones pueden multiplicar hasta por seis la inversión realizada. Este análisis se basa en el modelo SEROI (Retorno Social y Ambiental de la Inversión), desarrollado para medir los beneficios reales de proyectos de remediación en zonas críticas.

La aplicación de esta metodología científica permite a los tomadores de decisiones contar con evidencia sólida sobre el impacto de recuperar ecosistemas afectados por la minería antigua. Aguilar explicó que, mientras el indicador estándar estatal suele ser menor, la remediación ambiental alcanza niveles de eficiencia financiera y social superiores. El funcionario precisó: “Los proyectos de inversión en remediación ambiental pueden generar un retorno muchísimo más alto del esperado. No es solamente el indicador estándar del Estado... Aquí estamos hablando de alrededor de 600%”.

Pese a este alto potencial, el esquema de Obras por Impuestos (OxI) aún no cuenta con iniciativas en pasivos ambientales mineros debido a la complejidad técnica de los planes de cierre. La remediación exige evaluaciones especializadas y una etapa de poscierre que implica responsabilidades prolongadas para el sector privado. No obstante, el marco regulatorio ya permite legalmente intervenir estos pasivos mediante OxI, por lo que el desafío reside en generar los incentivos adecuados para atraer a las empresas a este rubro de alto impacto.

La calificadora internacional Moody’s advirtió que un eventual incumplimiento en los pagos de Petroperú tendría repercusiones directas en el riesgo país y en los costos de financiamiento del Gobierno Central. Renzo Merino, vicepresidente de Grupo de Riesgo Soberano de la firma, explicó que, al compartir los mismos acreedores que el Estado, cualquier atraso de la petrolera afecta la confianza de los inversionistas. Según el ejecutivo, esta situación podría influir negativamente en las tasas de interés que el Perú debe pagar por su propia deuda pública, generando lo que denominó como riesgos reputacionales para el soberano.

A pesar de la reciente rebaja en la calificación de Petroperú, Moody’s mantiene como escenario base que el Gobierno continuará brindando apoyo financiero para asegurar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente el pago de intereses de bonos previsto para junio. No obstante, existe preocupación sobre la implementación del decreto de urgencia que promueve la venta de activos de la compañía. Merino señaló que los inversionistas no dudan del respaldo estatal, sino de la forma en que este se dará: "desde la perspectiva de los tenedores de bonos no es que no vaya a haber un apoyo del gobierno, sino cómo es que se va a dar ese apoyo".

Desde el punto de vista operativo, se espera que las finanzas de la petrolera mejoren con el funcionamiento constante de la nueva refinería de Talara, aunque persisten retos críticos como el aumento de atrasos con proveedores. Moody’s enfatizó que la falta de liquidez y capital de trabajo para la compra de crudo es una presión inmediata que requiere definiciones claras por parte del Ejecutivo. Al evaluar el impacto de las crisis de las empresas estatales en el crédito del país, Merino aseveró que: "Cuando estas empresas tienen problemas con el repago de su deuda, sí pueden haber ciertos riesgos reputacionales para el soberano".

Las economías ilegales en el Perú se han convertido en una grave amenaza no solo para la seguridad ciudadana y el medio ambiente, sino también para la transparencia del sistema democrático, al existir el riesgo de que recursos ilícitos estén financiando campañas políticas, así lo advirtió el regidor del distrito de Mariano Melgar, Edwin Tito, quien pidió una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.

“Este tema debemos de tomarlo con mucho cuidado porque el negocio de la minería ilegal incluso ha superado al narcotráfico; lamentablemente vemos complicidad de las autoridades como la ley Mape que año tras año se va retrasando y ocasiona que los mineros informales no puedan pasar a la formalidad”, sostuvo.

Según cifras nacionales, las economías criminales generan más de 15 mil millones de dólares anuales en el país, donde la minería ilegal de oro es la principal actividad ilícita. A esta se suman el tráfico ilícito de drogas, que mueve alrededor de 1,100 millones de dólares, y la trata de personas, con ingresos estimados en 1,300 millones de dólares al año.

Tito precisó que estas actividades ilegales se fortalecen aún más por los niveles de informalidad y corrupción que se vive en el país, lo que facilita la operación de organizaciones criminales. Precisó que las consecuencias se reflejan en el incremento de la inseguridad ciudadana, afectación ambiental y el debilitamiento de las instituciones públicas.

“La minería ilegal está cambiando las decisiones en el Congreso, necesitamos que haya una fiscalización adecuada; necesitamos que las entidades fiscalizadoras evidencien de dónde salen los aportes para esta campaña política”, señaló.

El regidor remarcó que se debe reforzar el trabajo de los organismos fiscalizadores y electorales para que cumplan un rol más activo en la supervisión del financiamiento partidario, para evitar que dinero de origen ilícito capture espacios de poder y condicione futuras gestiones públicas.

El presidente ejecutivo de Proinversión informó que la entidad puso en marcha un plan técnico de acción para ejecutar la reorganización integral de Petroperú, encargo otorgado mediante un Decreto de Urgencia aprobado recientemente por el Gobierno. Este plan será presentado en un plazo máximo de 60 días y busca mejorar la gestión y eficiencia de la empresa estatal.

Sobre esta intervención, la decana del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos, María Guadalupe Ávila Romero, destacó que la iniciativa es positiva y necesaria para fortalecer la empresa pública que, en el tercer trimestre del 2025, reportó pérdidas netas acumuladas de 355 millones de dólares.

“Esta iniciativa es muy positiva, tenemos mucho que aprender de la empresa privada porque el trabajo que realizan ellos tiene éxito a comparación de las empresas del sector público”, dijo. Por otro lado, Proinversión precisó que esta reorganización no pondrá en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles en el país. Asimismo, se descartó cualquier impacto en los precios, garantizando que Petroperú continuará operando con normalidad a nivel nacional.

Asimismo, resaltó que uno de los puntos clave de la reorganización debe ser la transparencia en el uso de los recursos públicos, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar una administración responsable de la empresa estatal. Cuestionó que los actos de corrupción y manejo político hayan llevado a Petroperú al fracaso.

“Todas las instituciones tienen su razón de ser, el problema son las personas que están a cargo de estas empresas porque muchas veces no son las idóneas y cometen errores y faltas lo que origina que las empresas fracasen. En la actualidad la empresa pública no funciona, le falta mejorar mucho”, señaló.

Por último, aseguró que la intervención y reorganización de Petroperú representa una oportunidad para corregir errores estructurales, mejorar su funcionamiento y evitar que se continúe perdiendo millones de soles al tener gestiones lideradas por grupos políticos y profesionales incompetentes para el cargo.

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, informó que el Perú tiene programada la ejecución de ocho grandes proyectos mineros para el presente año, con una inversión estimada de US$ 7,000 millones. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los US$ 5,133 millones viabilizados hasta noviembre de 2025. Según el titular del sector, este impulso inversor se concentrará en regiones estratégicas como Arequipa, Cusco y La Libertad, consolidando al país como un actor clave en la producción minera global.

La actividad minera continúa siendo un motor fundamental para el empleo y la descentralización de recursos en el país. Bravo detalló que el sector ya sustenta 286,805 puestos de trabajo directos, con una participación femenina del 8.3%. Sobre la inclusión laboral, el ministro manifestó: “La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Y también debo resaltar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3% del empleo total generado”.

En el ámbito fiscal, la minería ha transferido S/ 9,936 millones a gobiernos regionales y locales por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas avanza en la masificación del gas natural en siete regiones, incluyendo Puno y Ucayali, para reducir los costos energéticos. Respecto a la formalización de acuerdos para este proyecto, el ministro puntualizó: “Estimamos que a fines de febrero y debemos llegar a la firma de la adenda”.

El Perú se ha consolidado como el principal poseedor de reservas de plata a nivel mundial, situándose en la cima del tablero geopolítico y económico del siglo XXI. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el territorio nacional alberga aproximadamente 140,000 toneladas métricas de este metal bajo su suelo. Esta cifra representa el 22% del total global documentado, permitiendo que el país supere a potencias económicas de la talla de China, Rusia y Estados Unidos en la tenencia de este recurso crítico para la industria moderna.

La relevancia de este metal ha trascendido su valor como refugio financiero para convertirse en un insumo indispensable en la fabricación de paneles solares, circuitos electrónicos y baterías avanzadas. Esta ventaja estratégica se concentra principalmente en la Cordillera de los Andes, donde se ubican complejos mineros de gran escala como Antamina, Toromocho e Inmaculada. Estas operaciones integran la extracción de plata con otros metales como cobre y zinc, lo que otorga al Perú una estabilidad estructural frente a la volatilidad del mercado internacional y la creciente competencia por el suministro de materias primas.

En el mapa mundial de la plata, el liderazgo peruano es indiscutible frente a otros competidores regionales como México, Chile y Bolivia. A nivel global, solo Australia mantiene un volumen de reservas que se aproxima a la escala nacional, mientras que las grandes potencias industriales han quedado relegadas a posiciones secundarias. Los especialistas del sector coinciden en que la ubicación geográfica y la riqueza geológica de los Andes peruanos revalorizan al país como un actor dominante en la transición energética global, asegurando el flujo de exportaciones hacia los mercados de Asia y Europa.

La situación financiera de Petroperú ha sido calificada como insostenible debido a problemas estructurales de solvencia que han generado pérdidas por más de US$ 2,200 millones y una deuda de US$ 7,900 millones. Ante este escenario, el Decreto de Urgencia N° 010-2025 propone una ruta de reestructuración gradual mediante la separación de la empresa en bloques de activos. Este marco legal permite que cada unidad sea gestionada a través de contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones, evitando un proceso concursal que resultaría más lento y menos flexible para los acreedores.

El deterioro de la petrolera estatal persiste a pesar de salvatajes recurrentes que suman aproximadamente US$ 5,000 millones en los últimos cuatro años, un monto que equivale al 80 % de la inversión necesaria para la Nueva Carretera Central. Actualmente, las cuentas por pagar a proveedores superan los US$ 740 millones, lo que pone en riesgo la continuidad operativa de la Refinería de Talara por falta de insumos. Se advierte que la empresa ha perdido una participación de mercado significativa, cayendo del 44 % en 2019 a un 25 % en la actualidad, lo que dificulta cubrir sus altos costos fijos.

Para asegurar el éxito de la transición, expertos señalan que es indispensable la incorporación de operadores privados que aporten disciplina financiera y conocimiento técnico. Asimismo, se requiere una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas para evitar interferencias políticas, especialmente en un contexto electoral donde existen proyectos legislativos que buscan bloquear el proceso. La reestructuración liderada por ProInversión es vista como un paso crítico para sanear las cuentas fiscales y evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse.