Las economías ilegales en el Perú se han convertido en una grave amenaza no solo para la seguridad ciudadana y el medio ambiente, sino también para la transparencia del sistema democrático, al existir el riesgo de que recursos ilícitos estén financiando campañas políticas, así lo advirtió el regidor del distrito de Mariano Melgar, Edwin Tito, quien pidió una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.

“Este tema debemos de tomarlo con mucho cuidado porque el negocio de la minería ilegal incluso ha superado al narcotráfico; lamentablemente vemos complicidad de las autoridades como la ley Mape que año tras año se va retrasando y ocasiona que los mineros informales no puedan pasar a la formalidad”, sostuvo.

Según cifras nacionales, las economías criminales generan más de 15 mil millones de dólares anuales en el país, donde la minería ilegal de oro es la principal actividad ilícita. A esta se suman el tráfico ilícito de drogas, que mueve alrededor de 1,100 millones de dólares, y la trata de personas, con ingresos estimados en 1,300 millones de dólares al año.

Tito precisó que estas actividades ilegales se fortalecen aún más por los niveles de informalidad y corrupción que se vive en el país, lo que facilita la operación de organizaciones criminales. Precisó que las consecuencias se reflejan en el incremento de la inseguridad ciudadana, afectación ambiental y el debilitamiento de las instituciones públicas.

“La minería ilegal está cambiando las decisiones en el Congreso, necesitamos que haya una fiscalización adecuada; necesitamos que las entidades fiscalizadoras evidencien de dónde salen los aportes para esta campaña política”, señaló.

El regidor remarcó que se debe reforzar el trabajo de los organismos fiscalizadores y electorales para que cumplan un rol más activo en la supervisión del financiamiento partidario, para evitar que dinero de origen ilícito capture espacios de poder y condicione futuras gestiones públicas.

El presidente ejecutivo de Proinversión informó que la entidad puso en marcha un plan técnico de acción para ejecutar la reorganización integral de Petroperú, encargo otorgado mediante un Decreto de Urgencia aprobado recientemente por el Gobierno. Este plan será presentado en un plazo máximo de 60 días y busca mejorar la gestión y eficiencia de la empresa estatal.

Sobre esta intervención, la decana del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos, María Guadalupe Ávila Romero, destacó que la iniciativa es positiva y necesaria para fortalecer la empresa pública que, en el tercer trimestre del 2025, reportó pérdidas netas acumuladas de 355 millones de dólares.

“Esta iniciativa es muy positiva, tenemos mucho que aprender de la empresa privada porque el trabajo que realizan ellos tiene éxito a comparación de las empresas del sector público”, dijo. Por otro lado, Proinversión precisó que esta reorganización no pondrá en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles en el país. Asimismo, se descartó cualquier impacto en los precios, garantizando que Petroperú continuará operando con normalidad a nivel nacional.

Asimismo, resaltó que uno de los puntos clave de la reorganización debe ser la transparencia en el uso de los recursos públicos, a fin de recuperar la confianza de la ciudadanía y garantizar una administración responsable de la empresa estatal. Cuestionó que los actos de corrupción y manejo político hayan llevado a Petroperú al fracaso.

“Todas las instituciones tienen su razón de ser, el problema son las personas que están a cargo de estas empresas porque muchas veces no son las idóneas y cometen errores y faltas lo que origina que las empresas fracasen. En la actualidad la empresa pública no funciona, le falta mejorar mucho”, señaló.

Por último, aseguró que la intervención y reorganización de Petroperú representa una oportunidad para corregir errores estructurales, mejorar su funcionamiento y evitar que se continúe perdiendo millones de soles al tener gestiones lideradas por grupos políticos y profesionales incompetentes para el cargo.

El ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, informó que el Perú tiene programada la ejecución de ocho grandes proyectos mineros para el presente año, con una inversión estimada de US$ 7,000 millones. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los US$ 5,133 millones viabilizados hasta noviembre de 2025. Según el titular del sector, este impulso inversor se concentrará en regiones estratégicas como Arequipa, Cusco y La Libertad, consolidando al país como un actor clave en la producción minera global.

La actividad minera continúa siendo un motor fundamental para el empleo y la descentralización de recursos en el país. Bravo detalló que el sector ya sustenta 286,805 puestos de trabajo directos, con una participación femenina del 8.3%. Sobre la inclusión laboral, el ministro manifestó: “La minería ha generado 286,805 puestos de trabajo directos, y esta cifra se incrementa de un mes a otro. Y también debo resaltar que se ha alcanzado un total de 23,799 puestos ocupados por mujeres en el subsector minero, un 8.3% del empleo total generado”.

En el ámbito fiscal, la minería ha transferido S/ 9,936 millones a gobiernos regionales y locales por conceptos de canon, regalías y derechos de vigencia. Paralelamente, el Ministerio de Energía y Minas avanza en la masificación del gas natural en siete regiones, incluyendo Puno y Ucayali, para reducir los costos energéticos. Respecto a la formalización de acuerdos para este proyecto, el ministro puntualizó: “Estimamos que a fines de febrero y debemos llegar a la firma de la adenda”.

El Perú se ha consolidado como el principal poseedor de reservas de plata a nivel mundial, situándose en la cima del tablero geopolítico y económico del siglo XXI. De acuerdo con datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el territorio nacional alberga aproximadamente 140,000 toneladas métricas de este metal bajo su suelo. Esta cifra representa el 22% del total global documentado, permitiendo que el país supere a potencias económicas de la talla de China, Rusia y Estados Unidos en la tenencia de este recurso crítico para la industria moderna.

La relevancia de este metal ha trascendido su valor como refugio financiero para convertirse en un insumo indispensable en la fabricación de paneles solares, circuitos electrónicos y baterías avanzadas. Esta ventaja estratégica se concentra principalmente en la Cordillera de los Andes, donde se ubican complejos mineros de gran escala como Antamina, Toromocho e Inmaculada. Estas operaciones integran la extracción de plata con otros metales como cobre y zinc, lo que otorga al Perú una estabilidad estructural frente a la volatilidad del mercado internacional y la creciente competencia por el suministro de materias primas.

En el mapa mundial de la plata, el liderazgo peruano es indiscutible frente a otros competidores regionales como México, Chile y Bolivia. A nivel global, solo Australia mantiene un volumen de reservas que se aproxima a la escala nacional, mientras que las grandes potencias industriales han quedado relegadas a posiciones secundarias. Los especialistas del sector coinciden en que la ubicación geográfica y la riqueza geológica de los Andes peruanos revalorizan al país como un actor dominante en la transición energética global, asegurando el flujo de exportaciones hacia los mercados de Asia y Europa.

La situación financiera de Petroperú ha sido calificada como insostenible debido a problemas estructurales de solvencia que han generado pérdidas por más de US$ 2,200 millones y una deuda de US$ 7,900 millones. Ante este escenario, el Decreto de Urgencia N° 010-2025 propone una ruta de reestructuración gradual mediante la separación de la empresa en bloques de activos. Este marco legal permite que cada unidad sea gestionada a través de contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones, evitando un proceso concursal que resultaría más lento y menos flexible para los acreedores.

El deterioro de la petrolera estatal persiste a pesar de salvatajes recurrentes que suman aproximadamente US$ 5,000 millones en los últimos cuatro años, un monto que equivale al 80 % de la inversión necesaria para la Nueva Carretera Central. Actualmente, las cuentas por pagar a proveedores superan los US$ 740 millones, lo que pone en riesgo la continuidad operativa de la Refinería de Talara por falta de insumos. Se advierte que la empresa ha perdido una participación de mercado significativa, cayendo del 44 % en 2019 a un 25 % en la actualidad, lo que dificulta cubrir sus altos costos fijos.

Para asegurar el éxito de la transición, expertos señalan que es indispensable la incorporación de operadores privados que aporten disciplina financiera y conocimiento técnico. Asimismo, se requiere una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas para evitar interferencias políticas, especialmente en un contexto electoral donde existen proyectos legislativos que buscan bloquear el proceso. La reestructuración liderada por ProInversión es vista como un paso crítico para sanear las cuentas fiscales y evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse.

El Directorio de Caja Arequipa ha elegido al señor Pablo Manrique Oroza como presidente y al señor Carlos Alberto Rodríguez Martínez como vicepresidente para el período 2026.

La institución promueve un gobierno corporativo sólido, responsable y transparente, alineado con las mejores prácticas corporativas, lo que le ha permitido avanzar de manera ética y confiable. 

Esta elección fortalece la gestión de Caja Arequipa con el liderazgo de ejecutivos de amplia experiencia en gestión empresarial, lo que redundará en consolidar la Caja para continuar siendo líder en el sistema Micro financiero del país y referente internacional.   

El señor Pablo Manrique Oroza, al asumir la Presidencia del Directorio, es miembro independiente designado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; es un ejecutivo senior con amplia experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo empresarial en diversos sectores económicos. Ha sido ejecutivo y director importantes empresas tanto en el sector público como en el privado, en nuestro país y en el extranjero. Actualmente, es Gerente General de Asociación Cerro Verde y catedrático en pregrado y postgrado grado de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Doctor en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad Católica de Santa María, Magíster en Ingeniería Industrial con mención en Marketing por la Universidad Nacional de San Agustín, y Economista por la Universidad Católica de Santa María. Además, ha seguido estudios en Kellogg School of Managent - Northwestern University en Chicago, USA, Board of Directors Program de INCAE Business School, Programa de Alta Dirección de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura; CEO Management Program del IESE Bussiness School, Barcelona; Senior Management Program de IE Business School, Madrid, entre otros.

Es importante señalar que el anterior presidente, César Arriaga Pacheco, sigue formando parte del Directorio en representación del Clero, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones locales de la región. 

El año 2026 resulta relevante para Caja Arequipa ya que se proyecta como periodo clave para su crecimiento y consolidación, sobre todo, al cumplir cuarenta años de ser un actor referente en sector microfinanciero del país. 

Bajo la presidencia del señor Manrique Oroza, el Directorio y el equipo gerencial, se enfocarán en el crecimiento, desarrollo y consolidación de Caja Arequipa para continuar siendo el socio estratégico y motor de miles de pequeños empresarios de todo el país a través de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Su visión estratégica son un aporte valioso para el futuro de la entidad financiera líder del Perú.

RIMAC reafirmó su compromiso con el desarrollo del sur del país y, en especial, con Arequipa, una de las regiones más dinámicas del Perú al presentar en una conferencia de prensa su renovada estrategia para la región, enfocada en potenciar su estructura regional, mejorar la experiencia de atención y ampliar su oferta de soluciones aseguradoras.

“En RIMAC creemos que el crecimiento del país se construye desde sus regiones. Arequipa es un motor clave de ese desarrollo y queremos acompañarlo creando la comunidad de bienestar más grande del sur, con la mejor experiencia y soluciones pensadas para la realidad y las necesidades específicas de los arequipeños”, señaló Mario Potestá, CEO de RIMAC, durante el encuentro.

RIMAC fortalece su presencia en Arequipa

Como parte de un despliegue estratégico para fortalecer su presencia en el sur del país, la aseguradora presentó sus nuevas oficinas en Yanahuara, Arequipa, concebidas como espacios modernos, digitales y de alta capacidad resolutiva, diseñados para ofrecer una atención más cercana, rápida y eficiente a los clientes de la región.

Así, RIMAC estará más cerca de donde Arequipa ‘’vive, trabaja y se desarrolla’’, detalla la compañía, reforzando su presencia en una de las plazas económicas más estratégicas del país y consolidando su liderazgo en el sur, con el objetivo de duplicar su cartera de clientes en los próximos cinco años.

Por su parte, Nicolás Mundi, Vicepresidente Ejecutivo de la División Personas de RIMAC, explicó que la estrategia de la compañía en Arequipa busca acompañar el crecimiento económico regional con soluciones integrales de protección, ahorro e inversión.

“Arequipa muestra un ecosistema ciudadano y empresarial en constante evolución, con personas cada vez más activas en la economía y en la planificación de su futuro. Nuestra estrategia es estar presentes con soluciones que no solo protejan, sino que ayuden a las personas y familias a construir bienestar financiero y personal en el largo plazo”, afirmó.

Panorama económico 2026: Arequipa y el Perú en una senda de crecimiento

En la misma línea, RIMAC presentó su análisis Panorama Económico 2026, donde destacó que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y una recuperación sostenida, impulsada por la demanda interna y externa; esta última favoreciendo a sectores como la minería y la agroindustria.

En el caso de Arequipa, con una población estimada de 1.6 millones de habitantes, un 95% de urbanización y un empleo formal que supera el 40%, la región se consolida como el segundo mayor aportante al PBI nacional, apoyada en una potente minería de cobre, molibdeno y oro, una agroindustria dinámica y un sistema financiero robusto.

Augusto Rodríguez, Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de RIMAC, detalló que en 2025 la región mostró un crecimiento moderado, con un desempeño destacado del sector agropecuario, que creció 9,5% entre enero y agosto, impulsado por mayores cosechas orientadas a exportación y una mayor producción pecuaria.

Si bien la minería registró una contracción temporal por menores volúmenes de cobre, plata y plomo, el mediano plazo luce favorable: proyectos como Tía María, Zafranal y Cerro Verde podrían elevar hasta 60% la producción anual de cobre de la región, fortaleciendo su rol estratégico en el crecimiento del país.

A nivel macro, el contexto internacional sigue siendo favorable para el Perú, con mejores términos de intercambio, una balanza comercial sólida y una de las menores volatilidades cambiarias de la región. La creación de empleo formal y el aumento de la masa salarial confirman una economía en proceso de consolidación, aunque se mantiene la vigilancia sobre riesgos como la incertidumbre electoral, la seguridad ciudadana y los posibles efectos de un evento El Niño en 2026.

 Por:  José Ignacio Beteta

Después de mucho tiempo, y como una señal que no conviene ignorar, los sindicatos de trabajadores de Petroperú S.A. han llamado a huelga. En una empresa sana, una huelga es una disputa laboral. En una empresa quebrada de facto, sostenida con oxígeno fiscal y promesas políticas, una huelga es otra cosa: un síntoma de que el modelo está llegando al límite.

Y entonces vuelve la pregunta que siempre reaparece cuando se discute Petroperú: ¿es una empresa “estratégica” que el Perú debe defender?

La respuesta —por incómoda que sea para algunos— es no.

En el debate público peruano, lo “estratégico” suele confundirse con lo grande, lo histórico o lo simbólico. Pero una empresa estratégica no se define por el tamaño de su edificio, ni por el peso emocional de su pasado. Se define por su propósito, por su utilidad real para el país y, sobre todo, por su sostenibilidad económica en tiempos críticos: precios del crudo volátiles, shocks logísticos, presión cambiaria, incertidumbre geopolítica. Es precisamente ahí donde una empresa estratégica debería demostrar músculo. Petroperú muestra lo contrario: fragilidad financiera, dependencia del Estado y una exposición permanente al riesgo.

A esa debilidad se suma un dato que desmonta otro de los grandes mitos: su alcance se achica. Petroperú reporta cerca de 29% de participación en el mercado nacional en 2024, pero distintas estimaciones la ubican por debajo del 25% y en caída año tras año. No estamos hablando de un “pilar del abastecimiento”, sino de un actor cada vez más marginal en un mercado donde la competencia ya asegura oferta. Es cierto que llega a zonas alejadas. Pero para cumplir ese rol no necesita el tamaño que hoy tiene. Si el problema es la última milla, lo razonable es una solución focalizada: distribución y comercialización local, incluso con un subsidio transparente y limitado si fuera estrictamente necesario. Lo demás es gigantismo estatal mal administrado.

Hay quienes sostienen que Petroperú se justifica por “seguridad energética”. La frase suena bien, pero no resiste un análisis serio. La seguridad energética moderna no se garantiza con propiedad estatal: se garantiza con reglas, supervisión y capacidad de respuesta. El Perú ya tiene mecanismos regulatorios para asegurar continuidad de abastecimiento, como obligaciones de existencias mínimas para mayoristas bajo normativa sectorial supervisada por Osinergmin. Eso es defensa real: asegurar stock, diversificar abastecedores, fiscalizar cumplimiento, sancionar incumplimientos. No comprar el cuento de que sin Petroperú el país se apaga.

Porque, además, ¿qué tipo de “defensa” es una empresa que no puede garantizar confiabilidad operacional? Un activo estratégico, por definición, debe funcionar. Petroperú acumula episodios públicos de incendios, inundaciones, rupturas del oleoducto y una larga lista de contingencias que no deberían ser normales en un operador que se vende como “clave” para el país. Si tu supuesta garantía energética está llena de fallas, no es un escudo: es un riesgo interno que el Estado arrastra por decisión política.

Y el problema se agrava cuando miramos la infraestructura más sensible: el Oleoducto Norperuano. La narrativa oficial insiste en su importancia amazónica, pero el registro de ataques, conflictos y dificultades de continuidad muestra una realidad distinta: vulnerabilidad persistente. Cuando la infraestructura es frágil, la estrategia inteligente no consiste en idolatrar una sola empresa, sino en fortalecer la resiliencia del sistema completo: contingencias, rutas alternativas, fiscalización, inteligencia contra el robo de combustibles, logística de emergencia, y capacidad real de abastecimiento frente a desastres.

De hecho, Petroperú puede terminar debilitando aquello que dice proteger. Cada vez que el Estado absorbe pérdidas, rescata deuda o financia agujeros, hay un costo de oportunidad. Ese dinero no cae del cielo. Sale de los contribuyentes. Y lo que se deja de financiar es precisamente lo que sí mejora seguridad energética: persecución del crimen organizado que roba y trafica combustibles, fortalecimiento de Osinergmin, Sunat y Aduanas, infraestructura crítica, stock estratégico público, respuesta ante desastres, mantenimiento de redes y control territorial.

En otras palabras: el mito de Petroperú como “empresa estratégica” nos sale carísimo porque nos distrae de lo estratégico de verdad.

Y aquí viene la parte más importante, la que debería cerrar el debate con honestidad nacional: el Perú no es una potencia petrolera. No tenemos amplias reservas de crudo. No podemos seguir actuando como si el petróleo fuera nuestra columna vertebral. Nuestra soberanía no se juega en sostener una petrolera estatal con problemas estructurales. Se juega en otros frentes donde sí podemos ser fuertes: seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad energética basada en reglas y competencia, y sobre todo autonomía financiera con reservas internacionales y una economía que cuide los recursos públicos.

El Perú ya es —en potencia— una potencia. Pero no por el petróleo.

Por eso, frente a la pregunta de si Petroperú es una empresa estratégica que debemos defender, la respuesta correcta es simple: no. Lo que debemos defender es el interés del contribuyente, el abastecimiento con reglas y un Estado que invierta donde realmente protege al país, en lugar de sostener símbolos que nos cuestan más de lo que nos aportan.

La industria de exploración minera en el Perú cierra un ciclo de fuerte expansión, con un crecimiento del 34% en las inversiones acumuladas hasta septiembre de 2025, alcanzando los US$ 455 millones. Este dinamismo responde a la cotización histórica de los metales básicos y preciosos, lo que ha fortalecido el atractivo geológico del país. Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026, proyectó un panorama aún más favorable para el próximo año, indicando que “la inversión en exploración en el Perú se va a incrementar en el 2026. El número de proyectos de cobre y oro va a ser mayor al que estamos registrando este año. Mi proyección es que el dinero de las mineras junior se enfocará en países que brinden condiciones adecuadas, y el Perú sigue siendo muy atractivo para el segmento senior y junior”.

Dentro de la cartera de proyectos que se espera tomen protagonismo en el corto plazo, destacan iniciativas en Cajamarca y Arequipa que podrían transformar la economía regional a través del canon y las regalías. El presidente de proEXPLO resaltó que el cobre es actualmente el metal más demandado debido a la transición energética global, superando incluso el perfil del litio. Pino señaló que existen depósitos de clase mundial listos para avanzar, afirmando que “veo con muy buenos ojos a Michiquillay y La Granja en Cajamarca; son proyectos con perfiles para obtener volúmenes interesantes de recursos. Otro proyecto que está avanzando es Zafranal en Arequipa, que está ad portas de iniciar construcción en el 2026 y tendrá un impacto importante en la generación de trabajo”.

No obstante, el sector enfrenta desafíos críticos relacionados con la excesiva demora en la obtención de permisos ambientales y la expansión de la minería ilegal. Actualmente, un permiso para explorar puede tardar entre 1.5 y 4 años, una brecha que el Gobierno busca reducir mediante la optimización de procesos. Adán Pino advirtió que la inseguridad jurídica causada por la minería ilegal es un factor disuasivo para los capitales extranjeros, puntualizando que “un inversionista lo pensaría dos veces si ve que un área prospectiva está invadida por mineros ilegales. Por eso, el lema de nuestro evento es ‘Promoviendo el descubrimiento para un futuro sostenible’, ya que necesitamos educar a la población y agilizar los permisos para que los recursos se exploten de manera formal y responsable”.

En América latina, países con sistemas tributarios difíciles de cumplir y cargados de trámites han empujado a millones de trabajadores y empresas hacia la informalidad. El caso peruano ilustra este problema con claridad.

La baja recaudación fiscal en el Perú no se explica solo por la informalidad, sino por un sistema de formalización engorroso y poco accesible, junto a un gasto público que no se traduce en mejores servicios. Para avanzar, el país necesita simplificar procesos, mejorar la eficiencia y enfocarse en ampliar la base de contribuyentes, en lugar de seguir sobrecargando a quienes ya cumplen.

1.    La recaudación es baja porque pocos pueden formalizarse
El Perú obtiene apenas 1,7% del PBI por impuesto a la renta personal, frente al 8% promedio de los países de la OCDE. En contribuciones a salud y pensiones la brecha también es grande: 2,1% del PBI en el país, contra 3,6% en América Latina y el Caribe y 9% en la OCDE. La explicación estructural es simple y dura: solo 3 de cada 10 trabajadores (30%) tienen un empleo formal. La recaudación cae porque la base es estrecha, no porque quienes están dentro del sistema aporten poco.

2.    Impuestos a la propiedad: se recauda poco por fallas del Estado
El impuesto a la propiedad aporta solo 0,4% del PBI en el Perú, frente a 0,9% regional y 1,8% en la OCDE. La razón no está en los contribuyentes sino en la administración: catastro incompleto, valores prediales desactualizados, municipios con poca capacidad operativa y amnistías recurrentes que desincentivan el pago. Mejoras técnicas e institucionales en estos frentes podrían aumentar significativamente la recaudación.

3.    Evasión: el agujero que no se cierra
La evasión global ronda el 40%. En el impuesto a la renta, la evasión supera el 50%, lo que equivale a cerca del 4% del PBI que no llega a las arcas del Estado. Es la otra cara del problema: mientras el Estado no logra ampliar la base ni asegurar el cobro, grandes porciones de renta efectiva permanecen fuera del sistema.

4.    La informalidad no es elección: es una respuesta racional
Para personas y pequeñas empresas, formalizarse significa trámites engorrosos, costos elevados y exigencias que muchas veces superan su capacidad operativa. En ese contexto, la informalidad —más que una costumbre— es una respuesta lógica a un sistema que no facilita el cumplimiento, sino que lo encarece y lo complica.

5.    El gasto público debilita la legitimidad fiscal
No basta con señalar que falta recaudar; es clave preguntar cómo se gasta. El presupuesto 2026 asciende a S/ 257 mil millones (aumento del 2,2% respecto a 2025), mientras que en los últimos diez años el gasto en personal se incrementó 152%. A esto se suma el drenaje por Petroperú, con pérdidas acumuladas superiores a S/ 24,000 millones desde 2013. Ese mal manejo erosiona la confianza ciudadana y reduce la disposición a formalizarse y pagar.

6.    Presión sobre pocos, impunidad para muchos: la solución es ampliar la base
La presión fiscal efectiva recae sobre un grupo reducido: los formales. Subir impuestos a quienes ya cumplen no es una salida sostenible. La solución real es permitir que más peruanos se formalicen: simplificar trámites, reducir costos de entrada, modernizar el catastro, fortalecer municipalidades, ordenar los beneficios tributarios y mejorar la calidad del gasto público.

El problema no es que “no haya dinero”; es que el Estado impone barreras a la formalidad y luego gestiona mal los recursos que sí recauda. Si el país quiere más recursos sin ahogar la actividad económica, debe dejar de asfixiar la formalización y empezar a gastar con eficacia.