A través de un reciente estudio, el Instituto Peruano de Economía (IPE) cuantificó y evidenció el aporte económico y social que ha tenido en los últimos años la empresa minera Southern Perú a las regiones de Moquegua y Tacna, a partir de sus inversiones mineras, transferencias fiscales, la generación de empleo, los programas sociales y el financiamiento de obras públicas.

Así, según el informe, entre 2004 y 2024, Southern Perú destinó US$ 4.737 millones a inversiones en ambas regiones, cifra que representa el 53,4 % de la inversión minera total realizada por la empresa en todo el país durante ese periodo. De ese monto, US$ 1.690 millones correspondieron a Moquegua y US$ 3.047 millones a Tacna.

En materia fiscal, el informe señala que Southern Perú transfirió al Estado peruano S/ 49.440 millones en términos reales entre 2004 y 2024 por concepto de impuestos y otros pagos vinculados a su actividad minera. El monto equivale al 57,4 % del presupuesto agregado de los gobiernos subnacionales de Moquegua y Tacna durante esos años.

En materia laboral, el informe registra 2.547 trabajadores directos de Southern Perú en Moquegua. A partir de un cálculo que estima que cada puesto directo en la minería genera otros 5,9 empleos en la economía regional, el estudio calcula alrededor de 15.282 puestos adicionales vinculados indirectamente a esta actividad.

El estudio también registra que el gasto realizado por la empresa en programas sociales alcanzó S/ 169 millones en 2024, frente a S/ 1,5 millones en 2008. De ese monto anual, S/ 55 millones estuvieron asociados a Cuajone y S/ 35 millones a Ilo; los demás recursos se distribuyeron entre Toquepala y Tía María.

Por otro lado, el IPE informa que Southern Perú comprometió más de S/ 1.350 millones en 34 proyectos de Obras por Impuestos desde 2011. A diciembre de 2025, 19 proyectos estaban concluidos y seis seguían en ejecución, principalmente en transporte y educación, además de saneamiento y salud.

La construcción del hospital de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Sur), ya registra un avance físico cerca del 70% y se proyecta que su infraestructura esté culminada a fines de este año, según lo informó el director de la Dirección General de Ejecución de Obras de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Wilbert Hinojosa, durante una inspección a los trabajos.

El funcionario explicó que para cumplir con los plazos establecidos se implementaron tres turnos de trabajo, lo que permite mantener las labores durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. Actualmente, cerca de 600 personas participan en el proyecto, entre ellas 450 obreros y personal técnico y profesional.

“Estamos rompiendo los paradigmas de una obra tradicional. Estamos trabajando 24 por 7, 24 horas para alcanzar la meta, es decir llegar a diciembre a poder inaugurar y poner en marcha este Hospital de Contingencia que va creciendo y con equipamiento de alta calidad”, señaló Hinojosa.

Respecto a los trabajos pendientes, indicó que las estructuras y la arquitectura están prácticamente culminadas, por lo que actualmente se concentran en acabados, instalaciones eléctricas y mecánicas, además de algunas obras en la zona de estacionamiento. La infraestructura tendrá aproximadamente 14 mil metros cuadrados, frente a los 8 mil metros cuadrados del establecimiento actual y contará con equipamiento de alta calidad.

Asimismo, precisó que ya comenzaron las excavaciones del bloque C del nuevo hospital principal del IREN Sur. De esta manera, mientras avanza la construcción del establecimiento definitivo, también se busca garantizar las condiciones para el traslado de los servicios médicos a la infraestructura de contingencia.

En ese sentido, una vez culminada la infraestructura física en diciembre, se dará paso al proceso de traslado de pacientes y equipamiento, cuya programación estará a cargo del cuerpo médico y las autoridades del IREN Sur. Se estima que estas actividades comiencen en enero de 2027, mediante una marcha blanca que permita garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

Las micro y pequeñas empresas (MYPE) que participan en las compras públicas recibirán asistencia técnica, capacitación y servicios tecnológicos para mejorar la calidad de sus productos y cumplir con los requerimientos del Estado. Con la medida se busca fortalecer sus capacidades productivas y ampliar sus oportunidades comerciales.

La iniciativa se desarrollará mediante un convenio de colaboración de cinco años entre el Programa Nacional Compras a MYPErú y el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP Red CITE), impulsado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

El acuerdo contempla ensayos de laboratorio, capacitación y asistencia especializada para elaborar fichas técnicas, moldes y prototipos, así como calcular consumos y metrados. Estos servicios permitirán mejorar las características de los productos manufacturados y adecuarlos a las exigencias de las adquisiciones estatales.

El director ejecutivo de Compras a MYPErú, Edgar Quispe Remón, destacó que la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) contribuirá a agilizar la preparación de los expedientes de adquisición, especialmente en los sectores textil-confecciones y mueble-madera.

Con esta alianza, PRODUCE busca fortalecer la participación de las MYPE en las compras públicas, elevar la calidad de los productos nacionales y reducir los plazos de preparación de las adquisiciones, facilitando que más empresas puedan atender la demanda del Estado.

Más de S/ 2,1 millones gastó el Gobierno Regional de Moquegua en el proyecto de Fortalecimiento de las capacidades para el ordenamiento territorial del departamento entre 2023 y el 27 de octubre de 2026. Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que, durante los tres primeros años, la ejecución presupuestal superó el 95 %, mientras que en lo que va de 2026 se devengaron S/ 1 millón 18 mil 198, equivalente al 67,6 % del presupuesto modificado de S/ 1 millón 507 mil 300.

El gasto ejecutado fue de aproximadamente S/ 92 mil en 2023, cuando se alcanzó el 99 % de un presupuesto de S/ 93 mil; cerca de S/ 408 mil en 2024, con una ejecución del 96 % de S/ 426 mil; y alrededor de S/ 623 mil en 2025, año en que se gastó el 95 % de S/ 656 mil 371. A estas cifras se suman los más de S/ 1,018 millones devengados en 2026. En conjunto, el desembolso acumulado bordea los S/ 2 millones 143 mil.

De acuerdo con el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el proyecto comprende actividades como talleres de capacitación, congresos y reuniones vinculadas al ordenamiento territorial. Sin embargo, el gasto acumulado plantea la necesidad de conocer qué resultados concretos se alcanzaron en la delimitación del territorio regional y en la atención de las controversias con las regiones vecinas. Los registros presupuestales, por sí solos, no permiten establecer cuánto se destinó específicamente a cada conflicto ni qué avances se obtuvieron.

Lucio Flores, integrante del Comité de Lucha de Defensa del Territorio, cuestionó anteriormente los resultados de la gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala. Según indicó, la documentación que revisó del Consejo Regional evidenciaría escasos avances frente a los problemas territoriales. También cuestionó la falta de información sobre las acciones realizadas y los recursos empleados para defender la posición de Moquegua.

Uno de los episodios recientes fue la controversia por Quebrada Honda, en el límite con Tacna, que motivó protestas en junio de este año ante el temor de una afectación territorial. A ello se suman los problemas limítrofes pendientes con Tacna, Puno y Arequipa.

Arequipa concentra el mayor número de intervenciones adjudicadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) entre los gobiernos regionales del país, con 85 proyectos, según el balance de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) al 22 de octubre de 2026. Le siguen La Libertad, con 31, y Cajamarca, con 14.

Sin embargo, el mayor número de intervenciones no significa necesariamente el mayor monto de inversión. En este indicador, Cusco ocupa el primer lugar, con S/ 627 millones, seguido de Cajamarca, con S/ 619 millones, y Piura, con S/ 513 millones, de acuerdo con la entidad.

A nivel nacional, las adjudicaciones mediante Obras por Impuestos alcanzaron los S/ 10.263 millones en 2026, distribuidos en 761 intervenciones. La cifra triplica los S/ 3.361 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que refleja la expansión de este mecanismo de inversión pública con participación privada.

El balance también señala que 374 entidades públicas participaron en el mecanismo durante este año y que 238 lo utilizaron por primera vez. Asimismo, 433 empresas financiaron intervenciones mediante OxI, de las cuales 305 se incorporaron en 2026.

ProInversión atribuye el crecimiento a la asistencia técnica brindada a las entidades públicas, la promoción de oportunidades de inversión y el nuevo reglamento de la Ley N.° 29230. Este último elevó el tope máximo de capacidad anual de S/ 66.839 millones a S/ 69.096 millones.

Desde la creación del mecanismo, en 2009, hasta el 22 de octubre de 2026, se acumularon 1.831 intervenciones adjudicadas o ejecutadas por S/ 27.230 millones. La entidad sostiene que el principal desafío es lograr que estas inversiones se traduzcan en obras concluidas y servicios públicos operativos para la población.

El respaldo ciudadano al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo iba más allá de los 27 puntos que aprobó el Senado el 21 de octubre en seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Según Ipsos, en agosto el 88% de los encuestados estaba de acuerdo con otorgar facultades para combatir la inseguridad, el 86% para enfrentar el Fenómeno El Niño y el 78% para simplificar trámites de las actividades económicas. En una encuesta de setiembre, el 81% apoyaba facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas (mypes) y el 73% simplificar los permisos para proyectos de inversión. Pese a este respaldo mayoritario, las reformas que podían facilitar la actividad económica y la generación de empleo quedaron excluidas.

Para el especialista Alexi Avilez Gutiérrez, el debate sobre las facultades se desvió hacia las disputas ideológicas y los cálculos políticos, en lugar de priorizar las necesidades urgentes del país. “Un tema eminentemente técnico lo queremos trasladar a un tema ideológico o doctrinario”, cuestionó. Por su parte, Raúl Martínez, exdecano del Colegio de Economistas de Piura, alertó que la demora afecta la confianza de los inversionistas. “Cuando las decisiones públicas se retrasan, algunas empresas pueden optar por esperar antes de ampliar sus operaciones, llamar más personal, dar más empleo o ejecutar nuevos proyectos”, sostuvo.

Uno de los sectores afectados por la exclusión de las medidas económicas es el de las mypes, que quedaron fuera de propuestas relacionadas con la formalización, el financiamiento y la competitividad. Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, advirtió que alrededor de 220 mil mypes podrían desaparecer ante los efectos del Fenómeno El Niño y reclamó preparar mecanismos para recuperarlas y mejorar su competitividad. “Lo más grave es que la recuperación va a ser lenta”, dijo.

Sin estas medidas, las empresas afrontan mayores dificultades para acceder a financiamiento, formalizarse y crecer, mientras se posterga la posibilidad de sostener empleos y fortalecer la actividad económica. Aunque quedaron fuera de las facultades, el 22 de octubre el Gobierno anunció un paquete de S/18 000 millones para 2027 que prevé aplazar obligaciones tributarias, liberar saldos de detracciones y otorgar créditos con garantías a las mypes mediante el Fondo Crecer. Sin embargo, hasta el momento aún no precisan montos ni plazos, ni incluyen medidas de formalización o simplificación de trámites.

En Arequipa, la exclusión de medidas orientadas a la formalización, el acceso al financiamiento y la simplificación de trámites mantiene pendientes reformas que podrían facilitar la operación y recuperación de pequeños negocios, especialmente ante los efectos que un Fenómeno El Niño puede generar sobre la actividad económica.

El trámite parlamentario en el Congreso bicameral para resolver el pedido de facultades legislativas se prolongó por casi ocho semanas, resultando en un severo recorte de la iniciativa inicial. De las 66 medidas solicitadas originalmente por el Ejecutivo en ocho materias, el Pleno del Senado aprobó el 21 de octubre, con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, un texto sustitutorio de 27 puntos en seguridad ciudadana y atención ante el Fenómeno El Niño, por 90 días: los 20 aprobados por la Cámara de Diputados y siete adicionales incorporados por la Comisión de Constitución. Esta dilación fue cuestionada por especialistas como el analista político Rómulo Fernández, quien advirtió que “se está descuidando, tanto en la oposición como en el oficialismo, el centrar el mensaje en los problemas del país”.

La decisión de dejar fuera del paquete legislativo las principales reformas económicas impactan de forma directa en el bolsillo de los ciudadanos y en la competitividad. Entre los temas excluidos destacan la formalización y financiamiento de las mypes, los incentivos al empleo juvenil, la simplificación de regímenes tributarios, la inclusión financiera, la eliminación de los topes a las tasas de interés y los cambios normativos en minería, energía, pesca y turismo. Cuestionando esta exclusión, Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, señaló: “No han leído el íntegro del pedido de facultades, pero, en cuanto a las mypes, está centrado en el factoring y en el fortalecimiento de los CITE. No encuentro qué podría haber de negativo en ello”.

Las consecuencias de postergar estas medidas estructurales tienen un peso crítico en la realidad social. Al respecto, el economista Carlos Gallardo advirtió lo que esto representa: las microempresas producen apenas el 4% de lo que genera una gran empresa, pero emplean al 70% de los trabajadores del sector privado, mientras que la legislación actual impide que ocho millones de ellos puedan formalizarse. A este panorama se suman más de 300 mil jóvenes que aún no recuperan el empleo tras la pandemia, municipios que originan 3 de cada 4 barreras burocráticas y más de 5 millones de peruanos que continúan sin agua por red pública.

Esta brecha entre la agenda legislativa y las urgencias cotidianas se refleja en el testimonio de quienes buscan salir adelante día a día. “Creo que lo que hubiese tenido más impacto, por así decirlo, en mi vida y en la de mi negocio, ha sido el apoyo a pequeños emprendimientos porque, al menos en mi caso, yo soy emprendedora, yo tengo un pequeño negocio de comida. A veces hay cosas que yo quisiera implementar, quisiera comprar para poder tener mayores ingresos, y, como ustedes saben, no cuento con un respaldo como para que un banco o una caja me dé financiamiento”, manifestó una ciudadana de Piura.

En Arequipa, la exclusión de medidas vinculadas con la formalización, el financiamiento de mypes y el empleo juvenil también puede tener impacto sobre pequeños negocios y trabajadores que enfrentan dificultades para acceder a crédito y oportunidades laborales.

Las cinco municipalidades de Moquegua que cuentan con los mayores presupuestos del rubro de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones aún tienen pendiente ejecutar una parte importante de sus recursos. Según la consulta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualizada al 18 de octubre de 2026, ninguna supera el 56% de avance presupuestal.

La Municipalidad Distrital de San Antonio encabeza la lista con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 268 millones 668 mil 779. Sin embargo, registra un avance de 49,7%, equivalente a aproximadamente S/ 133,7 millones devengados. Esto significa que todavía tiene más de S/ 135 millones pendientes de devengar.

En segundo lugar se encuentra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con S/ 241 millones 551 mil 168 de presupuesto y un avance de 52,8%. La comuna registra aproximadamente S/ 127,6 millones devengados, por lo que mantiene más de S/ 113 millones sin ejecutar bajo este indicador. Por su parte, la Municipalidad Distrital de Torata dispone de S/ 212 millones 141 mil 714 y alcanza el mayor avance de las cinco, con 55,3%, equivalente a unos S/ 117,3 millones devengados.

La Municipalidad Provincial de Ilo presenta un escenario distinto. Aunque cuenta con S/ 186 millones 835 mil 722, registra apenas un 39% de avance, el porcentaje más bajo entre las cinco comunas con mayores presupuestos. Su monto devengado bordea los S/ 72,8 millones, mientras que más de S/ 114 millones permanecen pendientes de devengar.

En tanto, la Municipalidad Distrital de El Algarrobal tiene un PIM de S/ 109 millones 329 mil 292 y un avance de 49,9%. De acuerdo con el reporte, ha devengado aproximadamente S/ 54,6 millones, por lo que todavía tiene más de S/ 54 millones pendientes de ejecución presupuestal.

En conjunto, estas cinco municipalidades administran S/ 1.018 millones 526 mil 675 en este rubro. Los porcentajes muestran diferencias en el ritmo de ejecución, especialmente entre Torata, que supera el 55%, e Ilo, que no llega al 40%. Con poco más de dos meses para finalizar el año, el desafío es acelerar la ejecución de los recursos sin descuidar la calidad de las inversiones y los resultados que deben traducirse en obras y servicios para la población.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) se consolida como el organismo líder en la ejecución de inversiones del Gobierno Nacional, tras alcanzar la culminación de 50 proyectos de alto impacto social y preventivo entre los años 2024 y 2025. Este balance posiciona a la institución en la vanguardia de la eficiencia en el gasto público y el cierre de brechas estructurales en beneficio de los sectores más vulnerables del país.

Durante su presentación en el segundo día de la Feria Internacional de Infraestructura y Construcción (INFRACOM) Perú 2026, el jefe de la institución, Hernán Yaipen, detalló que el paquete de obras concluidas comprende 35 intervenciones en el sector Educación, nueve proyectos de prevención ante desastres naturales y seis obras en infraestructura de salud.

"Por cada año de vida institucional de la ANIN, hemos culminado 25 obras; es decir, aproximadamente dos proyectos por mes", destacó Hernán Yaipen, jefe de la ANIN, ante representantes del sector público, privado y organismos multilaterales.

Sólido desempeño fiscal y ejecución presupuestal

El rigor técnico y la eficiencia en la asignación de recursos se reflejan en los indicadores financieros de la entidad. En el ejercicio fiscal 2024, la ANIN alcanzó una ejecución presupuestal récord de 99,9 %, con una inversión ejecutada de aproximadamente S/ 5 200 millones. Dicha tendencia de alto rendimiento se mantuvo durante 2025, registrando una ejecución del 99,8 %, equivalente a cerca de S/ 3 700 millones. En lo que va del periodo fiscal 2026, al mes de septiembre, el avance acumulado alcanza el 70 %, lo que representa una inversión aproximada de S/ 2 500 millones.

"El nivel de ejecución de la Autoridad Nacional de Infraestructura es excelente; siempre estamos a la vanguardia del Gobierno Nacional", enfatizó Hernán Yaipen, al resaltar la capacidad de gestión y la aplicación de buenas prácticas internacionales con el soporte metodológico de aliados estratégicos como el Equipo de Entrega del Reino Unido (UKDT), Colombia y bancos de desarrollo como el BID y la CAF para acelerar los procesos de contratación y entrega de proyectos sostenibles.

Proyección de cartera e impacto ciudadano.

La estrategia de continuidad de la ANIN contempla actualmente 44 proyectos en fase de ejecución física y 15 en procedimiento de contratación. Asimismo, cuenta con 39 iniciativas viables con estudios definitivos concluidos y una robusta cartera de 158 proyectos en etapa de evaluación, gestión de financiamiento y cierre comercial.

De acuerdo con las evaluaciones de impacto socioeconómico validadas por estándares internacionales, las intervenciones ejecutadas han mejorado directamente las condiciones de vida de más de un millón de personas, registrando un índice de percepción positiva del 91 % respecto al bienestar futuro en las zonas intervenidas.

Datos Claves del Balance Institucional (ANIN 2026)

- Inversión ejecutada (2024 - 2025): Más de S/ 8 900 millones (99,9 % de ejecución en 2024 y 99,8 % en 2025).
- Ejecución 2026 (a septiembre): 70 % de avance presupuestal (S/ 2 500 millones).
- Proyectos culminados (2024-2025): 50 obras a nivel nacional (35 en Educación, 9 de prevención y 6 en Salud).
- Población beneficiada: Más de 1 millón de peruanos.
- Cartera en desarrollo: 44 proyectos en ejecución, 15 en contratación, 39 con estudios definitivos y 158 en evaluación y gestión. Con la implementación del turno nocturno, la ANIN continúa la ejecución de los trabajos y reafirma su compromiso con el cierre de brechas de infraestructura de salud, contribuyendo a garantizar la continuidad de la atención oncológica y a mejorar el acceso a servicios especializados para la población del sur del país.

La Gerencia Regional de Educación de Moquegua registra una deuda de S/ 62 509 por aportaciones y multas vinculadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que se encuentra en cobranza coactiva ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Así lo advirtió la Contraloría General de la República en el Informe de Orientación de Oficio N.° 16972-2026-CG/PREV-SOO, emitido el 2 de octubre de 2026.

Según el documento, la entidad mantiene cuatro obligaciones pendientes de pago, correspondientes a periodos comprendidos entre 2001 y 2018. La información de la SUNAT, con fecha de corte al 23 de septiembre de 2026, detalla que el monto acumulado incluye el tributo pendiente, los intereses moratorios, los recargos y los gastos coactivos que correspondan.

El mayor componente de la deuda corresponde a una orden de pago vinculada al Régimen de Sinceramiento de Deudas por aportaciones a la ONP, bajo la Ley N.° 27681, por S/ 58 203. A ello se suma una obligación de S/ 1 564 por aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, bajo el Decreto Ley N.° 19990, y otras dos obligaciones relacionadas con retenciones no pagadas y multas por un total de S/ 2 742.

Riesgo de más intereses y embargos

La Contraloría advirtió que, mientras las obligaciones permanezcan impagas, la deuda podría incrementarse debido a la acumulación de intereses moratorios y otros conceptos. Asimismo, alertó sobre el riesgo de que la SUNAT adopte medidas cautelares, como embargos en forma de retención, dentro del procedimiento de cobranza coactiva.

El informe también señala que esta situación podría comprometer la disponibilidad presupuestaria de la entidad y afectar los derechos previsionales de sus trabajadores, debido a que el incumplimiento de los aportes puede retrasar o dificultar el reconocimiento efectivo de sus contribuciones al Sistema Nacional de Pensiones.