La situación financiera de Petroperú ha sido calificada como insostenible debido a problemas estructurales de solvencia que han generado pérdidas por más de US$ 2,200 millones y una deuda de US$ 7,900 millones. Ante este escenario, el Decreto de Urgencia N° 010-2025 propone una ruta de reestructuración gradual mediante la separación de la empresa en bloques de activos. Este marco legal permite que cada unidad sea gestionada a través de contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones, evitando un proceso concursal que resultaría más lento y menos flexible para los acreedores.

El deterioro de la petrolera estatal persiste a pesar de salvatajes recurrentes que suman aproximadamente US$ 5,000 millones en los últimos cuatro años, un monto que equivale al 80 % de la inversión necesaria para la Nueva Carretera Central. Actualmente, las cuentas por pagar a proveedores superan los US$ 740 millones, lo que pone en riesgo la continuidad operativa de la Refinería de Talara por falta de insumos. Se advierte que la empresa ha perdido una participación de mercado significativa, cayendo del 44 % en 2019 a un 25 % en la actualidad, lo que dificulta cubrir sus altos costos fijos.

Para asegurar el éxito de la transición, expertos señalan que es indispensable la incorporación de operadores privados que aporten disciplina financiera y conocimiento técnico. Asimismo, se requiere una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas para evitar interferencias políticas, especialmente en un contexto electoral donde existen proyectos legislativos que buscan bloquear el proceso. La reestructuración liderada por ProInversión es vista como un paso crítico para sanear las cuentas fiscales y evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse.

A dos meses de las elecciones de 2026, el origen del financiamiento político genera creciente preocupación en las regiones. De acuerdo con un análisis exploratorio de economías ilegales del Instituto de Criminología y datos de la ONPE, las economías ilegales que operan en el país mueven montos tan elevados que, tomando como referencia el costo promedio de una campaña presidencial en 2016 (US$11.7 millones), podrían financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, además de 57,728 campañas congresales y 51,313 campañas para gobiernos regionales. Estas cifras ilustran la magnitud del riesgo que representa el ingreso de dinero ilícito a la política y su potencial para distorsionar la competencia electoral y condicionar futuras decisiones del Estado.

El analista político tacneño Frankie Kuong Delgado sostuvo que el problema no es solo la existencia de aportes irregulares, sino la dificultad para probar su origen ilícito. “Durante mucho tiempo, los aportes no eran considerados ilegales y hoy el reto es demostrar si provienen del narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Por eso, es fundamental bancarizar los aportes y seguir la ruta del dinero”, explicó. A su juicio, la falta de controles efectivos permite que estas actividades financien partidos y candidatos con el objetivo de evitar la formalización y frenar sanciones más severas.

Desde Cusco, el regidor Eulogio Tapia advirtió que la penetración de economías ilegales en la política no es un fenómeno nuevo y que ya ha tenido consecuencias concretas. Sin aludir a partidos específicos, afirmó que existen agrupaciones “altamente permeadas” por estos intereses y con agendas contrarias al desarrollo del país. “Lo hemos visto con leyes que no sancionan la minería ilegal, que se disfraza de minería informal, con normas que favorecen a sectores informales e ilegales”, señaló.

Un total de 27 millones 325 mil 432 peruanos acudirán a las urnas el próximo 12 de abril para elegir a las nuevas autoridades del Gobierno. La principal novedad de este proceso electoral será el retorno de la bicameralidad, que dividirá al Congreso en una Cámara de Diputados con 130 integrantes, y un Senado conformado por 60 representantes, con el fin de mejorar la calidad de las decisiones políticas en el país.

Para este proceso, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha diseñado una cédula de votación de 44 centímetros de largo, que contará con cinco secciones diferenciadas. En ella, cada elector deberá marcar de manera independiente su opción para la Presidencia de la República, el Senado nacional y regional, la Cámara de Diputados y los representantes ante el Parlamento Andino, lo que convierte esta jornada en una de las más complejas de la historia electoral reciente.

Ante este escenario, el sistema electoral ha intensificado las campañas de capacitación en todo el país, con énfasis en explicar cómo votar correctamente y evitar errores que anulen el sufragio. Especialistas recomiendan, además, que las familias conversen sobre el proceso y la forma de votar, lo que permitirá agilizar la jornada electoral y asegurar que cada ciudadano ejerza plenamente su derecho al voto. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, destacó la importancia de que los votantes con más experiencia guíen a los menores. "Ustedes pueden dar el ejemplo a las nuevas generaciones de que no es en vano ir a votar [...], siguen creyendo que su voto es importante porque lo hacen con convicción", señaló.

Con el objetivo de abrirle un mundo de posibilidades, se lanza XLV Arte Michell, impulsando nuevamente la categoría de textiles y acuarela, reforzando el continuo e ininterrumpido apoyo al artista peruano. 

En el afán incansable de rescatar y preservar los legados que nos dejaron nuestros ancestros en el milenario arte textil, se realiza este año el XLV Arte Michell, organizado por Michell y Cía. S.A. empresa líder en la industria alpaquera. 

La misma que tiene como propósito apoyar y promocionar al artista peruano de bajos recursos económicos, pero rico en talento. Este evento que ya se ha convertido en una tradición, nació hace más de cuarenta y cinco años como una iniciativa regional, hoy en día concentrada en textiles manuales en técnica libre, y continuando nuestro ininterrumpido apoyo en la tan querida categoría de acuarela. 

Respecto a la categoría de textiles en técnica manual libre, la recepción de las obras se realizará desde el lunes 1 al viernes 12 de junio del presente año, en las instalaciones de Michell y Cía. S.A. tanto en Lima, Arequipa y Cusco. Se premiarán a los ganadores en dos subcategorías, por textil tradicional y textil contemporáneo; para cada una de ellas se otorgará un primer premio de US$2,500.00 y diploma, un segundo premio de US$1.500.00 y diploma, y una mención honrosa de US$500.00 y diploma. 

La calificación se efectuará en sesión secreta en la ciudad de Arequipa el jueves 16 de julio del 2026, el jurado estará conformado por la señora Josefa Nolte, Ali Rapp y el señor Máximo Laura, y se darán a conocer los resultados el viernes 31 de julio, en la siguiente dirección electrónica: http://www.artemichell.com/ y en el “Linktree” de nuestra red social Instagram. 

En relación a la categoría de acuarela se llevará a cabo mediante un proceso de preselección de artistas, que incluirá la entrega de portafolios para su evaluación por parte del jurado, conformado por los señores Ricardo Córdova, Fredy Hurtado y Javier Rodríguez. Tras esta etapa, se seleccionarán treinta finalistas, quienes deberán presentar una obra inédita hasta el martes 30 de junio de 2026.

 Se premiarán a los ganadores con un primer premio de US$2,500.00 y diploma, un segundo premio de US$1.500.00 y diploma, y una mención honrosa de US$500.00 y diploma. 

La exposición de las obras ganadoras se realizará en la pinacoteca número tres, desde el lunes 10 de agosto hasta el lunes 30 de noviembre del 2026, de Mundo Alpaca, en las instalaciones de la misma empresa, en la ciudad de Arequipa. Para más información, por favor ingrese a: http://www.artemichell.com/ y para contactarnos puede realizarlo al siguiente e-mail o al teléfono: arte@michell.com.pe; ++51 991 679 068

El Plan de Gobierno de Venceremos, partido de Ronald Atencio, propone un giro explícito en el modelo económico e institucional del país, con un enfoque de "justicia social", "igualdad" y "refundación". Su propuesta busca ampliar significativamente el rol del Estado, incrementar la presión tributaria y cambiar las reglas para la inversión privada. La columna vertebral de su plan es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la transición hacia una “economía nacional de mercado popular”.

Impuestos. El plan liderado por Atencio propone una reforma tributaria para elevar la presión fiscal hasta el 20% del PBI al 2031. Esto incluiría la eliminación de exoneraciones sectoriales, como las tasas especiales del IGV para empresas agrarias, y la creación de nuevos impuestos a las grandes fortunas y «sobreganancias», particularmente en el sector minero. Para lograrlo, se aumentaría la fiscalización y se combatiría la evasión y elusión tributaria, con un objetivo de incrementar la presión tributaria del 14.1% al 16.4% en el primer año de gobierno.

Informalidad. Venceremos reconoce que la informalidad laboral alcanza casi el 70% del empleo, pero lo que propone es aumentar la Remuneración Mínima Vital, ofrecer subsidios a la contratación formal y crear un Banco Minero del Estado para formalizar la minería artesanal. Además, se critica el modelo neoliberal y la inversión privada, prometiendo no otorgar más contratos ley, revisar los existentes y nacionalizar empresas estratégicas, como Telefónica del Perú. También se planea crear una Empresa Nacional de Minerales, inspirada en el modelo chileno de CODELCO.

Reforma del Estado y gasto público. El plan busca una reforma del Estado con el fin de descentralizar el poder presupuestal, reduciendo el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y trasladando más poder a los gobiernos subnacionales. El gasto público se concebiría como una herramienta central para políticas de subsidios y programas sociales, y se mencionan reformas a Petroperú para mejorar su solidez financiera.

Seguridad ciudadana. Venceremos propone la creación de un Comando Unificado Contra el Crimen, con el presidente liderando la operación. También plantea la construcción de mega-cárceles, la «depuración» de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y una guerra abierta contra el crimen y la corrupción.

Asamblea Constituyente: el eje de su proyecto. El plan contempla la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente plurinacional para «refundar la República» y «democratizar la economía». El primer día de gobierno se activarán los procedimientos para convocar esta Asamblea mediante referéndum.

Análisis de las líneas fundamentales de su plan de gobierno

Desde la perspectiva de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el Plan Venceremos presenta riesgos bastante graves.

Su propuesta sobre impuestos se basa en una supuesta insuficiencia de ingresos, pero la realidad es que el Perú enfrenta problemas estructurales en eficiencia del gasto y capacidad de ejecución. El Estado tiene en su presupuesto anual cada año más dinero del que llega a usar. Y de ese dinero usado, el 100% se ejecuta para el gasto corriente y la planilla, pero la inversión pública nunca se ejecuta completa. Se “devuelve” al Ministerio de Economía y Finanzas cerca del 25%. Así, aumentar los impuestos sin expandir la base tributaria solo generará más informalidad.

Su propuesta para reducir la informalidad la incrementará. Si subes el sueldo mínimo, solo un pequeño grupo de peruanos será beneficiado, mientras que las micro y pequeñas empresas que son el 99% del tejido empresarial peruano, no podrán cumplir con ese aumento, dejarán de contratar o mantendrán a sus trabajadores en la calle. Hoy el 83% de las Mipymes son informales.

La creación de una banca estatal en minería o la idea de mantener Petroperú implica que el contribuyente pagará el precio de la ya trasnochada idea de la “empresa estatal estratégica”, que en la mayoría de casos no funciona. En cuanto al “Banco Minero”, el Estado camuflará el regalar dinero bajo el término “crédito” y que luego nunca podrá cobrar. Petroperú ya no cubre más del 25% del mercado y año a año se cae. No tenemos mucho petróleo, pero nos da nostalgia.

Gasto público. Hoy en día las regiones ya manejan más del 55% del presupuesto total del Estado, pero no lo saben usar. El problema no es descentralizar también el dinero. Ya está descentralizado. No hay capacidad en las regiones para diseñar proyectos, ejecutarlos. Son el nivel de gobierno, además que peor ejecuta, más barreras burocráticas pone, y con más corrupción, más que el gobierno nacional. Darle más dinero a los gobiernos locales así como están es regalar el dinero, y quizás por eso es que los políticos los proponen, porque saben que regalarían el dinero de los contribuyentes.

Seguridad ciudadana. Las propuestas de Atencio son razonables, se asemejan a las de los demás candidatos, y se mantienen en un nivel muy general sin desarrollo específico.

Asamblea Constituyente. La convocatoria a una Asamblea Constituyente añade más incertidumbre institucional, lo que suele impactar negativamente en la inversión y la estabilidad. Las experiencias en Venezuela y Ecuador muestran los efectos negativos de una asamblea y las consecuencias que traen a mediano y largo plazo. Además, es evidente que la Constitución no es el problema, sino la gestión, el recurso humano en el Estado y el cumplimiento de la misma.

El plan de la alianza Venceremos de Ronald Atencio apuesta por más Estado y más control, y eleva la incertidumbre sobre reglas, costos y propiedad. Sus metas tributarias, su enfoque de subsidios y su agenda constituyente chocan con la baja capacidad de ejecución del gasto y la alta informalidad.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) desarrollará este 30 de enero una jornada de mesas técnicas de trabajo en la provincia de Caravelí, región Arequipa, con la participación de alcaldes distritales y representantes de diversas dependencias del sector agrario, con el objetivo de articular intervenciones para el año 2026 y atender de manera directa las principales demandas del agro local, así lo informó el alcalde de la provincia de Caravelí, Roberto Soto Riveros.

La actividad reunirá a entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), SENASA, INIA, AGROMERCADO, AGRORURAL, SERFOR, PSI y otras direcciones del MIDAGRI, que expondrán sus programas, proyectos y líneas de intervención ante las autoridades distritales de Caravelí, Bella Unión, Acarí, Chala, Atico, Lomas, Yauca, entre otros distritos de la provincia.

"Durante la mañana se realizarán exposiciones institucionales del sector agrario, así como presentaciones de los alcaldes distritales sobre las principales necesidades de sus jurisdicciones. Por la tarde, se instalarán hasta seis mesas técnicas, donde especialistas del MIDAGRI orientarán a los productores y autoridades sobre temas clave como uso eficiente del agua, sanidad animal y vegetal, acceso a mercados, proyectos de riego, desarrollo ganadero y créditos agrarios", preciso la autoridad.

Entre los ejes a tratar destacan el monitoreo de la calidad del agua, control de la mosca de la fruta, reforestación en cabeceras de cuenca, dotación de guano de isla, mejoramiento genético del ganado, infraestructura de riego tecnificado y planes de negocio para organizaciones agrarias, con el fin de fortalecer la productividad y sostenibilidad del sector en la provincia.

La jornada terminará con la presentación de los resultados de las mesas técnicas y la participación de los alcaldes distritales, en un espacio que busca reforzar la coordinación entre el Estado y los gobiernos locales. Más información sobre estas mesas técnicas de trabajo y donde se realizarán en las oficinas de la Municipalidad Provincial de Caravelí.

El Directorio de Caja Arequipa ha elegido al señor Pablo Manrique Oroza como presidente y al señor Carlos Alberto Rodríguez Martínez como vicepresidente para el período 2026.

La institución promueve un gobierno corporativo sólido, responsable y transparente, alineado con las mejores prácticas corporativas, lo que le ha permitido avanzar de manera ética y confiable. 

Esta elección fortalece la gestión de Caja Arequipa con el liderazgo de ejecutivos de amplia experiencia en gestión empresarial, lo que redundará en consolidar la Caja para continuar siendo líder en el sistema Micro financiero del país y referente internacional.   

El señor Pablo Manrique Oroza, al asumir la Presidencia del Directorio, es miembro independiente designado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; es un ejecutivo senior con amplia experiencia en planeamiento, gestión y desarrollo empresarial en diversos sectores económicos. Ha sido ejecutivo y director importantes empresas tanto en el sector público como en el privado, en nuestro país y en el extranjero. Actualmente, es Gerente General de Asociación Cerro Verde y catedrático en pregrado y postgrado grado de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Doctor en Economía y Negocios Internacionales por la Universidad Católica de Santa María, Magíster en Ingeniería Industrial con mención en Marketing por la Universidad Nacional de San Agustín, y Economista por la Universidad Católica de Santa María. Además, ha seguido estudios en Kellogg School of Managent - Northwestern University en Chicago, USA, Board of Directors Program de INCAE Business School, Programa de Alta Dirección de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura; CEO Management Program del IESE Bussiness School, Barcelona; Senior Management Program de IE Business School, Madrid, entre otros.

Es importante señalar que el anterior presidente, César Arriaga Pacheco, sigue formando parte del Directorio en representación del Clero, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones locales de la región. 

El año 2026 resulta relevante para Caja Arequipa ya que se proyecta como periodo clave para su crecimiento y consolidación, sobre todo, al cumplir cuarenta años de ser un actor referente en sector microfinanciero del país. 

Bajo la presidencia del señor Manrique Oroza, el Directorio y el equipo gerencial, se enfocarán en el crecimiento, desarrollo y consolidación de Caja Arequipa para continuar siendo el socio estratégico y motor de miles de pequeños empresarios de todo el país a través de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. Su visión estratégica son un aporte valioso para el futuro de la entidad financiera líder del Perú.

El médico y exalcalde de Paucarpata José Supo, candidato a diputado por Arequipa, presentó su Plan de Trabajo Legislativo con una propuesta central: “El Ojo de Dios”, un sistema integral de gestión pública basado en tecnología, datos y control por resultados.

Supo explicó que “El Ojo de Dios” se organiza en cuatro componentes. Primero, seguridad ciudadana inteligente, con un sistema interoperable que articula a la PNP, municipios y juntas vecinales para reducir tiempos de respuesta y focalizar acciones en zonas críticas. Segundo, anticorrupción con evidencia, mediante monitoreo digital de obras y contrataciones, tableros públicos y alertas tempranas para prevenir sobrecostos y obras inconclusas. Tercero, tecnología e inteligencia artificial para la vigilancia del Estado, orientada a interoperabilidad, auditoría digital y trazabilidad para que cada proceso público sea verificable. Cuarto, control político orientado a resultados, con indicadores antes/después, reportes estandarizados y supervisión para asegurar continuidad y operatividad de las soluciones.

Durante el evento, Supo remarcó que la agenda legislativa debe concentrarse en resultados medibles: menos delito, menos corrupción y mejores servicios públicos. Añadió que su plan busca convertir a Arequipa en piloto de una modernización del Estado sustentada en evidencia y rendición de cuentas.

El jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén Aréstegui, junto al gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, realizó una visita técnica al proyecto de construcción del hospital de contingencia del IREN Sur, en la ciudad de Arequipa, con el objetivo de verificar los avances físicos iniciales y el cumplimiento de los plazos previstos.

La jornada incluyó una reunión de trabajo previa en la que se expuso el estado situacional del establecimiento de contingencia, así como los avances en el diseño del nuevo hospital especializado. En el encuentro participaron representantes de la Gerencia Regional de Salud y equipos técnicos del IREN Sur y de la ANIN, quienes informaron que los trabajos se ejecutan conforme al cronograma y a los estándares técnicos establecidos.

“Hemos llegado a Arequipa para rendir cuentas sobre los avances de esta obra emblemática para la macrorregión sur. El hospital de contingencia ya se encuentra en ejecución y su culminación está prevista para el mes de septiembre. En paralelo, el nuevo hospital se encuentra en etapa de diseño y, al tratarse de un proyecto bajo la modalidad fast track, estimamos iniciar la ejecución en agosto”, señaló el jefe de la ANIN.

Durante la visita de campo, se detalló que el hospital de contingencia contará con salas de procedimientos especializadas, incluyendo dos para gastroenterología y una vinculada al centro quirúrgico. Asimismo, dispondrá de tópicos diferenciados: dos para emergencias y uno para consulta externa, lo que permitirá garantizar la operatividad de los servicios oncológicos.

Uno de los componentes más importantes será el área de quimioterapia, que contará con 20 sillones para pacientes adultos y 12 sillones especialmente acondicionados para atención pediátrica, asegurando la continuidad de los tratamientos durante la construcción del nuevo IREN Sur.

La ejecución de esta infraestructura también genera empleo directo e indirecto, contribuyendo a la dinamización de la economía local y regional. En ese sentido, la ANIN destacó que la supervisión permanente en campo permite asegurar el cumplimiento de los plazos, la correcta ejecución de la obra y la continuidad de la atención especializada en beneficio de la población del sur del país.

La ANIN reafirma su compromiso de continuar con acciones de supervisión, control y rendición de cuentas durante todo el proceso de ejecución, promoviendo una inversión pública transparente, eficiente y orientada a fortalecer la infraestructura de salud especializada.

 Por:  José Ignacio Beteta

Después de mucho tiempo, y como una señal que no conviene ignorar, los sindicatos de trabajadores de Petroperú S.A. han llamado a huelga. En una empresa sana, una huelga es una disputa laboral. En una empresa quebrada de facto, sostenida con oxígeno fiscal y promesas políticas, una huelga es otra cosa: un síntoma de que el modelo está llegando al límite.

Y entonces vuelve la pregunta que siempre reaparece cuando se discute Petroperú: ¿es una empresa “estratégica” que el Perú debe defender?

La respuesta —por incómoda que sea para algunos— es no.

En el debate público peruano, lo “estratégico” suele confundirse con lo grande, lo histórico o lo simbólico. Pero una empresa estratégica no se define por el tamaño de su edificio, ni por el peso emocional de su pasado. Se define por su propósito, por su utilidad real para el país y, sobre todo, por su sostenibilidad económica en tiempos críticos: precios del crudo volátiles, shocks logísticos, presión cambiaria, incertidumbre geopolítica. Es precisamente ahí donde una empresa estratégica debería demostrar músculo. Petroperú muestra lo contrario: fragilidad financiera, dependencia del Estado y una exposición permanente al riesgo.

A esa debilidad se suma un dato que desmonta otro de los grandes mitos: su alcance se achica. Petroperú reporta cerca de 29% de participación en el mercado nacional en 2024, pero distintas estimaciones la ubican por debajo del 25% y en caída año tras año. No estamos hablando de un “pilar del abastecimiento”, sino de un actor cada vez más marginal en un mercado donde la competencia ya asegura oferta. Es cierto que llega a zonas alejadas. Pero para cumplir ese rol no necesita el tamaño que hoy tiene. Si el problema es la última milla, lo razonable es una solución focalizada: distribución y comercialización local, incluso con un subsidio transparente y limitado si fuera estrictamente necesario. Lo demás es gigantismo estatal mal administrado.

Hay quienes sostienen que Petroperú se justifica por “seguridad energética”. La frase suena bien, pero no resiste un análisis serio. La seguridad energética moderna no se garantiza con propiedad estatal: se garantiza con reglas, supervisión y capacidad de respuesta. El Perú ya tiene mecanismos regulatorios para asegurar continuidad de abastecimiento, como obligaciones de existencias mínimas para mayoristas bajo normativa sectorial supervisada por Osinergmin. Eso es defensa real: asegurar stock, diversificar abastecedores, fiscalizar cumplimiento, sancionar incumplimientos. No comprar el cuento de que sin Petroperú el país se apaga.

Porque, además, ¿qué tipo de “defensa” es una empresa que no puede garantizar confiabilidad operacional? Un activo estratégico, por definición, debe funcionar. Petroperú acumula episodios públicos de incendios, inundaciones, rupturas del oleoducto y una larga lista de contingencias que no deberían ser normales en un operador que se vende como “clave” para el país. Si tu supuesta garantía energética está llena de fallas, no es un escudo: es un riesgo interno que el Estado arrastra por decisión política.

Y el problema se agrava cuando miramos la infraestructura más sensible: el Oleoducto Norperuano. La narrativa oficial insiste en su importancia amazónica, pero el registro de ataques, conflictos y dificultades de continuidad muestra una realidad distinta: vulnerabilidad persistente. Cuando la infraestructura es frágil, la estrategia inteligente no consiste en idolatrar una sola empresa, sino en fortalecer la resiliencia del sistema completo: contingencias, rutas alternativas, fiscalización, inteligencia contra el robo de combustibles, logística de emergencia, y capacidad real de abastecimiento frente a desastres.

De hecho, Petroperú puede terminar debilitando aquello que dice proteger. Cada vez que el Estado absorbe pérdidas, rescata deuda o financia agujeros, hay un costo de oportunidad. Ese dinero no cae del cielo. Sale de los contribuyentes. Y lo que se deja de financiar es precisamente lo que sí mejora seguridad energética: persecución del crimen organizado que roba y trafica combustibles, fortalecimiento de Osinergmin, Sunat y Aduanas, infraestructura crítica, stock estratégico público, respuesta ante desastres, mantenimiento de redes y control territorial.

En otras palabras: el mito de Petroperú como “empresa estratégica” nos sale carísimo porque nos distrae de lo estratégico de verdad.

Y aquí viene la parte más importante, la que debería cerrar el debate con honestidad nacional: el Perú no es una potencia petrolera. No tenemos amplias reservas de crudo. No podemos seguir actuando como si el petróleo fuera nuestra columna vertebral. Nuestra soberanía no se juega en sostener una petrolera estatal con problemas estructurales. Se juega en otros frentes donde sí podemos ser fuertes: seguridad alimentaria, seguridad hídrica, seguridad energética basada en reglas y competencia, y sobre todo autonomía financiera con reservas internacionales y una economía que cuide los recursos públicos.

El Perú ya es —en potencia— una potencia. Pero no por el petróleo.

Por eso, frente a la pregunta de si Petroperú es una empresa estratégica que debemos defender, la respuesta correcta es simple: no. Lo que debemos defender es el interés del contribuyente, el abastecimiento con reglas y un Estado que invierta donde realmente protege al país, en lugar de sostener símbolos que nos cuestan más de lo que nos aportan.