Una nueva denuncia por conflicto de intereses pone en la mira al sistema de contrataciones públicas en Perú. La Adjudicación Simplificada N° 08-2025-PRONIS-1, destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, involucra a la empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING y al Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), encargado de resolver la legalidad del proceso.
De acuerdo con fuentes que han seguido el caso al interior del Ministerio de Salud (MINSA), la abogada designada por SUMEC, Fiorella Pérez Torres, quien figura en el Registro CAL N.° 56110, mantiene una relación estrecha de carácter profesional con Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la Tercera Sala del Tribunal del OECE, instancia que decidirá el futuro de la licitación.
El hospital Zacarías Valdivia enfrenta nuevos cuestionamientos
Ambos no solo compartieron la misma promoción universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que también coincidieron como especialistas legales en el antiguo Tribunal del OSCE, hoy OECE.
Fuentes de la entidad pública advierten que esta relación personal podría influir en la resolución del proceso, pese a que la empresa enfrenta observaciones por presentar documentación inexacta en su oferta.
La audiencia pública para debatir el caso quedó programada para el 13 de enero de 2026. La normativa vigente exige que los miembros de tribunales administrativos se abstengan de intervenir en casos donde existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad.
“El artículo 99° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece como causal de abstención la existencia de amistad íntima entre un miembro del tribunal y los representantes de las partes", refirió sobre las objeciones.
Alarmas por imparcialidad en tribunal decisor
La Resolución de Presidencia N.° 064-2016-OSCE/PRE señala que Pérez Torres y Arana Orellana ocuparon cargos equivalentes en el mismo periodo, reforzando la percepción de cercanía.
De acuerdo con la información difundida, el Principio de Imparcialidad exige que la administración pública “actúe sin sesgos ni favoritismos“, y la Ley de Contrataciones del Estado demanda transparencia y objetividad en todas las etapas del procedimiento.
“La presencia de vínculos personales en la etapa impugnativa agrava la preocupación, ya que allí se define la validez de las decisiones adoptadas en los procesos de selección”, indicó.
De acuerdo con otra de las partes involucradas, el impacto se acentúa por el alto monto de la licitación y las dudas sobre la documentación presentada por la empresa.
MINSA y el OECE deciden el futuro para miles de huancavelicanos
El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica constituye el principal centro de referencia en salud para toda la región. Catalogado como un hospital de nivel II-2, ofrece servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con atención especializada ambulatoria y hospitalaria.
Actualmente, la institución atraviesa una etapa de modernización, ya que se encuentra en proceso la construcción de una nueva infraestructura que incrementará su capacidad resolutiva, incorporando áreas de UCI, emergencia, centro quirúrgico, banco de sangre y diversas especialidades médicas.
La construcción del nuevo hospital muestra un avance físico significativo, con trabajos en tarrajeo, acabados y estructuras. El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) impulsan la culminación de esta obra, asegurando la adjudicación de contratos y la entrega oportuna del proyecto.
Según el propio Gobierno peruano, esta modernización convertirá al hospital en la columna vertebral de los servicios de salud en Huancavelica, mejorando la atención y el acceso a servicios de mayor complejidad para la población de la sierra central del país.
¿Qué es el OECE?
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es el organismo técnico del Estado Peruano, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reemplaza al OSCE para hacer las compras públicas más eficientes, transparentes e íntegras, brindando asistencia técnica, desarrollando directivas y formando profesionales, y gestionando sistemas como el SEACE para supervisar y facilitar los procesos de contratación estatal, combatiendo la corrupción y reduciendo la burocracia.
Fuente: Infobae
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Sobre el autor
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El Instituto del Sur (ISUR) anunció la realización de su próximo Examen de Admisión el 7 de febrero, dirigido a jóvenes y adultos que buscan una formación profesional técnica de calidad, que unida a una sólida formación personal logran una alta empleabilidad.
En esta convocatoria ISUR cuenta con 16 carreras profesionales técnicas que responden a las actuales demandas del mercado laboral.
En el ámbitos de los negocios ofrece las carreras de Administración de Negocios Bancarios y Financieros, Administración de Negocios Internacionales, Marketing, Gestión Administrativa, así como con las nuevas carreras de Gestión Logística y Contabilidad.
En el área de Salud cuenta con las nuevas carreras de Enfermería Técnica, Farmacia Técnica y Fisioterapia y Rehabilitación.
En el área de Turismo se dictan las carreras de Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes así como Guía Oficial de Turismo. Cuenta también con la carrera de Gastronomía.
En el ámbito de Tecnologías de Información cuenta con Desarrollo de Sistemas de Información, mientras que en el área de Diseño brinda las especialidades de Diseño Gráfico y Multimedia, Diseño y Decoración de Interiores y Diseño de Modas.
La Directora del Instituto del Sur, María Teresa Campos, destacó que esta nueva convocatoria reafirma el compromiso de la institución con la formación especializada de excelencia. “En ISUR apostamos por una formación práctica, moderna y alineada a las necesidades reales del mercado laboral. Nuestro objetivo es que los estudiantes no solo estudien, sino que logren insertarse rápidamente en el mundo del trabajo”, afirmó.
Campos resaltó además que ISUR es un instituto licenciado por el Ministerio de Educación, mediante la Resolución Ministerial N.° 073-2024-MINEDU, lo que garantiza estándares de calidad académica. “Somos una institución licenciada, con casi 38 años de experiencia y líderes en la formación técnica en el sur del Perú”, subrayó.
Uno de los principales diferenciales del Instituto del Sur es la sólida formación humana que brinda a sus estudiantes. “Nuestros estudiantes egresan con competencias técnicas y personales que el mercado laboral valora y eso se refleja en los altos índices de empleabilidad, pues hoy 9 de cada 10 egresados se encuentren trabajando”, precisó la directora.
Otro diferencial del Instituto del Sur son sus convenios de convalidación universitaria y movilidad estudiantil internacional, que permiten a los egresados avanzar en su formación y contar con experiencias que abren sus horizontes.
ISUR ofrece precios diferenciados por turno, de acuerdo con el turno elegido, facilitando así el acceso a la educación técnica superior de calidad.
Finalmente, María Teresa Campos invitó a los postulantes y a sus familias a conocer la institución “Ofrecemos visitas guiadas al campus todos los miércoles, previa cita, para que puedan conocer nuestras instalaciones, talleres y laboratorios, y resolver todas sus dudas antes del examen de admisión”, concluyó.
Para mayor información sobre el Examen de Admisión del 7 de febrero, carreras y visitas guiadas, los interesados pueden comunicarse directamente con el Instituto del Sur.
Petroperú continúa en una profunda crisis financiera durante este 2026, pese a los reiterados rescates económicos otorgados por el Estado en los últimos años. La empresa estatal no ha logrado revertir sus pérdidas ni mejorar su liquidez, al punto de registrar dificultades para cumplir incluso con servicios básicos como limpieza y suministros en la Refinería de Talara, evidenciando la gravedad de su situación operativa.
El abogado y político Ioanis Gonzales Oviedo, representante de IPAJ, señaló que este problema no es exclusivo de una sola gestión, sino el resultado de decisiones acumuladas a lo largo de varios gobiernos. “El tema Petroperú es un problema que se viene arrastrando desde hace varios periodos presidenciales. Se ha construido una estructura paquidérmica e insostenible que no prioriza la parte productiva, y por eso la empresa se mantiene casi permanentemente en cifras en rojo”, afirmó.
Gonzales Oviedo advirtió que la empresa requiere una reestructuración integral y urgente, enfocada en su núcleo productivo y en la reducción de costos innecesarios. “Hoy la tecnología permite que procesos que antes necesitaban a muchas personas sean manejados por una o dos. Mantener personal excedente y activos ociosos solo profundiza el déficit y vuelve inviable la operación”, sostuvo.
Si bien explicó que Petroperú opera como empresa estatal bajo régimen privado, cuestionó los rescates financieros aprobados por el Ejecutivo mediante recursos del erario nacional. Estos fondos, autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas, han sido utilizados para sostener a la empresa y evitar su colapso, generando un alto costo para las finanzas públicas.
Finalmente, el abogado indicó que esos recursos podrían destinarse a sectores críticos como salud y educación, donde las brechas de infraestructura siguen siendo alarmantes. Centros de salud colapsados y colegios en mal estado en distintas regiones del país reflejan —según señaló— que el Estado empresario no ha sido una solución, sino una carga que limita la atención de necesidades prioritarias de la población.
La participación del sector privado a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) busca revertir los índices negativos de inseguridad ciudadana que se registran en Arequipa. Por ejemplo, en el distrito de Mariano Melgar, entró en ejecución un moderno proyecto de seguridad valorizado en más de 11 millones de soles que busca reducir hasta en un 50 % el índice de inseguridad, así lo destacó James Sucari, gerente de Seguridad Ciudadana.
"Este proyecto ya se entregó y está en funcionamiento a partir del 15 de diciembre; los vehículos y cámaras están operativos para el público", señaló. La nueva infraestructura tecnológica permite una vigilancia más eficiente y una mejor articulación entre el personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú (PNP). Gracias a este sistema, donde se involucra el sector privado, se ha logrado reducir de manera significativa el tiempo de respuesta frente a incidencias que afectan a los vecinos.
"Este mecanismo OxI es muy efectivo para las municipalidades; se entregó en el plazo determinado y no hubo ninguna adenda", precisó. El beneficio directo es para más de 70 mil ciudadanos de Mariano Melgar, quienes cuentan con mayores herramientas para la prevención del delito y una atención más oportuna ante emergencias.
Sucari destacó la eficacia del mecanismo de Obras por Impuestos al precisar que el proyecto fue ejecutado dentro de los plazos establecidos. Asimismo, resaltó el valioso aporte del sector privado, que permitió una gestión eficiente de los recursos, evitando sobrecostos y demoras. El proyecto contempla más de 100 cámaras, además de motos y camionetas.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 2024–2030 alcanzó un avance del 24.9% en su primer año de implementación. De los 494 hitos programados para transformar la estructura económica del país, se han concretado satisfactoriamente 123, gracias a la articulación entre 37 entidades del Estado y el sector privado. Los pilares que mostraron un mayor dinamismo fueron los de Financiamiento, con un cumplimiento del 40.74%, e Infraestructura, que alcanzó el 32.56%. Estos resultados sitúan al plan dentro de lo cronogramado, sentando las bases para mejorar la regulación y remover barreras que limitan el crecimiento sostenible en el mediano plazo.
Uno de los logros más tangibles del 2025 fue la puesta en marcha del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), herramienta que ha revolucionado el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (mypes). Al permitir que bienes muebles sirvan como respaldo con menores costos de transacción, el sistema ha registrado más de 160,000 garantías por un monto superior a los 200,000 millones de soles. La ministra Denisse Miralles subrayó que estas acciones responden a una visión compartida de desarrollo, señalando que “el avance del Plan refleja un trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado para remover barreras y crear condiciones que faciliten la inversión. Estamos avanzando de manera responsable con metas claras y resultados medibles, pensando en el impacto concreto para la ciudadanía”.
En materia de innovación y capital humano, el plan también registró hitos clave como la inclusión de Compras Públicas de Innovación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, lo que permite al Estado adquirir tecnología local de vanguardia. Además, se formalizaron fondos de capital de riesgo que inyectaron US$ 14 millones en más de 60 startups, proyectando la creación de más de mil empleos tecnológicos. Por último, en el sector laboral se aprobaron 59 estándares de competencia para los rubros minero y agrícola, facilitando que los trabajadores certifiquen sus capacidades. Estos avances consolidan el compromiso del país por fortalecer su entorno de negocios y optimizar la gestión municipal mediante la digitalización de trámites de licencias.
Casi la mitad (45 %) de los proyectos de inversión pública iniciados en el Perú entre 2012 y 2023 quedó abandonada. Así lo revela un estudio del Banco Mundial, citado por Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). De 132,000 proyectos iniciados en ese periodo, más de 62,000 no se concluyeron, ejecutaron menos del 90 % de su presupuesto y no registraron desembolsos durante al menos 18 meses. El gasto ya realizado equivale a casi la mitad del presupuesto anual de inversión pública y, si se considera el monto total previsto, supera los S/200,000 millones.
La magnitud del despilfarro es crítica. “¡Estas cifras son espantosas!”, sostiene Palomino, al precisar que no se trata de simples sobrecostos o errores de diseño, sino de obras que nunca llegaron a funcionar. Caminos, colegios, postas médicas y sistemas de agua potable quedaron inconclusos pese a haber consumido recursos públicos durante más de una década, sin generar beneficios reales para la población.
El problema, además, se agrava con el tiempo. El Banco Mundial estima que desde 2012 el número de proyectos abandonados se duplica cada tres años, lo que implica que cada año un mayor número de ciudadanos ve frustradas obras esperadas. Esta situación es especialmente preocupante si se considera que la inversión pública peruana representa el 5 % del PBI, un nivel 50 % mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con una calidad que, según el informe, “se encuentra 40 % debajo de sus posibilidades”.
El estudio identifica fallas estructurales en la planificación y supervisión del gasto. Cerca de dos tercios de la inversión está a cargo de gobiernos regionales y locales, bajo un esquema que —según el Banco Mundial— “abolió cualquier forma de supervisión independiente”. Además, el 80 % de los nuevos proyectos no pasó por procesos formales de evaluación ni por el presupuesto aprobado por el Congreso, al incorporarse mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para el presidente del IPE, esta opacidad explica el problema de fondo: “porque así es más fácil de robar”.
Las empresas arequipeñas vienen realizando importantes esfuerzos para elevar la calidad de sus servicios y productos, en cumplimiento de las exigencias técnicas, ambientales y laborales establecidas por el Estado. Este compromiso busca no solo mejorar su competitividad, sino también asegurar procesos responsables que protejan a los trabajadores, a los agricultores y al medio ambiente.
En ese contexto, Agrícola Santa María ha logrado la certificación ISO 45000, alineada al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) exigido por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente. Al respecto, el gerente administrativo de la empresa, Gianni Simoni Rosas, explicó que este avance responde a una obligación normativa y a una visión de mejora integral. “Nuestro ISO fue el ISO 45000 debido a que ya el Ministerio de Agricultura nos está exigiendo cumplir con el PAMA, que es una norma que exige calidad en cuanto a lo que brindamos a nuestros colaboradores y la reducción de la contaminación hacia el medio ambiente”, sostuvo.
La certificación ha implicado una reestructuración interna que abarca seguridad laboral, infraestructura y manejo de residuos. La empresa cuenta con programas permanentes de control, uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) y un sistema de supervisión continua para el personal. “Tenemos un encargado de seguridad laboral que está permanentemente controlando el uso de los EPP y, además, hemos hecho una reconfiguración total en el tema eléctrico y de efluentes, apoyados en un biodigestor que tenemos desde hace más de 10 años”, detalló Simoni.
El compromiso con la calidad también se refleja en el proceso técnico de selección y certificación de semillas, que deben pasar por evaluaciones científicas rigurosas. Estas incluyen pruebas de peso, selección por colorimetría, resistencia y análisis en laboratorios especializados, bajo la supervisión del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), entidad encargada del control y la fiscalización del sector.
Finalmente, la gerente administrativa destacó que la prioridad de la empresa es la mejora continua y la reducción de riesgos para los productores agrícolas. “Nuestra expectativa es seguir con los exámenes de laboratorio acreditados por el Inacal y ofrecer siempre semillas de calidad, con un sistema de respuesta ante cualquier eventualidad, garantizando que los productos que llegan a los agricultores sean confiables y seguros”, concluyó.
La necesidad de contar con funcionarios técnicos y no políticos en el sector educación de Arequipa podría ayudar a resolver las necesidades más urgentes. El nuevo director de la UGEL Sur, Dr. Fernando Polanco Chambi, evidenció la necesidad de rodearse con este tipo de personal para que el año académico 2026 inicie de la mejor manera.
“Como servidores públicos nos debemos a la comunidad y, en sectores como el educativo, debemos tener un equipo técnico que nos apoye y, sobre todo, se involucre con el trabajo de campo”, precisó.
Según informó, cerca de 35 instituciones educativas presentan daños estructurales y deterioro en aulas y pabellones solo en la UGEL Sur, ubicadas principalmente en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar y Socabaya, donde el personal capacitado podría revertir la ineficiencia del aparato estatal.
Polanco destacó que, como servidores públicos, tienen la obligación de responder a las necesidades de la comunidad al ser un sector sensible y fundamental. En ese sentido, subrayó que se debe contar con equipos técnicos especializados que no solo evalúen desde el escritorio, sino que se involucren directamente en el trabajo de campo.
“Siempre es importante que estemos rodeados de personal técnico porque aportan con su experiencia; a mitad de año esperamos tener un cambio positivo en la gestión educativa gracias a este personal”, precisó.
Ante este escenario, la actual gestión ha programado una primera etapa de visitas técnicas a los colegios hasta el 15 de enero, con el objetivo de verificar la problemática, viabilizar soluciones y priorizar las intervenciones necesarias antes del inicio del año académico 2026. Por último, el director de la UGEL Sur reiteró que fortalecer la gestión educativa pasa necesariamente por apostar por funcionarios capacitados y comprometidos con la realidad del sector, lo cual es clave para cerrar brechas.
La industria de exploración minera en el Perú cierra un ciclo de fuerte expansión, con un crecimiento del 34% en las inversiones acumuladas hasta septiembre de 2025, alcanzando los US$ 455 millones. Este dinamismo responde a la cotización histórica de los metales básicos y preciosos, lo que ha fortalecido el atractivo geológico del país. Adán Pino, presidente de proEXPLO 2026, proyectó un panorama aún más favorable para el próximo año, indicando que “la inversión en exploración en el Perú se va a incrementar en el 2026. El número de proyectos de cobre y oro va a ser mayor al que estamos registrando este año. Mi proyección es que el dinero de las mineras junior se enfocará en países que brinden condiciones adecuadas, y el Perú sigue siendo muy atractivo para el segmento senior y junior”.
Dentro de la cartera de proyectos que se espera tomen protagonismo en el corto plazo, destacan iniciativas en Cajamarca y Arequipa que podrían transformar la economía regional a través del canon y las regalías. El presidente de proEXPLO resaltó que el cobre es actualmente el metal más demandado debido a la transición energética global, superando incluso el perfil del litio. Pino señaló que existen depósitos de clase mundial listos para avanzar, afirmando que “veo con muy buenos ojos a Michiquillay y La Granja en Cajamarca; son proyectos con perfiles para obtener volúmenes interesantes de recursos. Otro proyecto que está avanzando es Zafranal en Arequipa, que está ad portas de iniciar construcción en el 2026 y tendrá un impacto importante en la generación de trabajo”.
No obstante, el sector enfrenta desafíos críticos relacionados con la excesiva demora en la obtención de permisos ambientales y la expansión de la minería ilegal. Actualmente, un permiso para explorar puede tardar entre 1.5 y 4 años, una brecha que el Gobierno busca reducir mediante la optimización de procesos. Adán Pino advirtió que la inseguridad jurídica causada por la minería ilegal es un factor disuasivo para los capitales extranjeros, puntualizando que “un inversionista lo pensaría dos veces si ve que un área prospectiva está invadida por mineros ilegales. Por eso, el lema de nuestro evento es ‘Promoviendo el descubrimiento para un futuro sostenible’, ya que necesitamos educar a la población y agilizar los permisos para que los recursos se exploten de manera formal y responsable”.
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Con la inscripción de candidaturas para las elecciones presidenciales, de senadores y de diputados previstas para abril, se abre una etapa decisiva de control ciudadano en la que los electores están llamados a informarse, analizar perfiles y evaluar si las propuestas de los postulantes tienen sustento técnico y viabilidad real. Especialistas advierten que este momento es clave para fortalecer la democracia y evitar repetir errores del pasado.
La decana del Colegio de Periodistas de Arequipa, Gisela Vilca, remarcó que el voto informado debe partir del conocimiento integral de quienes aspiran a cargos de elección popular. “La población tiene que informarse bien de cada uno de los candidatos, tanto presidenciales como al Congreso. Es bueno conocer a las personas que vamos a elegir para emitir un voto consciente y luego exigir que respondan por todo lo que han prometido”, señaló.
Vilca sostuvo que los ciudadanos deben recurrir a medios de comunicación formales y plenamente identificados para contrastar información y antecedentes. “Es importante conocer quiénes son, cuál ha sido su trayectoria, si han sabido responder en sus trabajos y si realmente han representado a la población, porque en los últimos años hemos tenido muchas decepciones y no nos hemos sentido representados”, afirmó.
Respecto a las propuestas electorales, la decana advirtió sobre el riesgo de los ofrecimientos populistas que no cuentan con respaldo técnico ni presupuestal. “Tenemos que analizar si las propuestas realmente se pueden cumplir o no. No podemos permitir que nuevamente nos engañen; cada ciudadano sabe lo que es posible y lo que no, y esta vez debemos elegir pensando en el futuro, en nuestros hijos y en el país que queremos”, enfatizó.
Consideró que el control ciudadano también implica evaluar la probidad de los candidatos y sus antecedentes judiciales. “No debemos elegir a personas que tengan sentencias ni procesos en marcha. Necesitamos representantes probos, sin cuestionamientos, con planes de trabajo ejecutables. El voto responsable es una herramienta clave para avanzar en el desarrollo del país y recuperar la confianza en la política”, concluyó.
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Vecinos del sector conocido como Tomasa Tito Condemayta, ubicado en la parte alta del distrito de Miraflores, exigieron proyectos de inversión, principalmente en temas viales. Aseguraron que, pese a tener más de 45 años de antigüedad, la zona no ha recibido mejoras significativas, lo que limita su desarrollo y afecta la calidad de vida de sus habitantes.
“Lo que podemos exigir es que haya un parque temático, fue una promesa inclusive en la anterior gestión del alcalde Torres; además necesitamos el asfaltado de calles como el jirón Arequipa. Lo que nos dicen es que no hay plata, pero necesitamos que haya una inversión en este sector”, sostuvo el exdirigente Roberto Cuno.
Cuno remarcó que la falta de inversión no solo afecta la transitabilidad, sino también las oportunidades económicas de los vecinos, porque una mayor ejecución de obras permitiría generar empleo local y mejorar la valorización de las viviendas. En la zona existen al menos seis comités vecinales que enfrentan el mismo problema: pistas y veredas en mal estado, con asfalto deteriorado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.
Por su parte, Germán Condori, también exdirigente del sector, denunció el abandono en varios comités que son necesarios para mejorar la transitabilidad de los buses de transporte y taxis. “En los comités 4, 5 y 6 las pistas están completamente abandonadas; se necesitan nuevas obras, el alcalde lo iba a hacer, pero no sabemos qué sucedió”, señaló.
Los dirigentes coincidieron en que la renovación de la infraestructura vial es una necesidad urgente, considerando la antigüedad del sector y el crecimiento poblacional. Aseguran que no se trata solo de mejorar calles, sino de impulsar un desarrollo integral que permita atraer mayor inversión privada y pública a la zona alta de Miraflores.
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A tres meses de las elecciones generales de 2026, el escenario político peruano se desarrolla en un contexto marcado por la corrupción, el avance del crimen organizado y la creciente inseguridad ciudadana. Estos problemas, que afectan directamente la confianza de la población en el Estado, obligan a mirar con mayor atención las propuestas que vienen planteando los candidatos a la presidencia, al Congreso bicameral y a otros cargos de representación nacional.
El abogado Ioanis Gonzales Oviedo, representante del Instituto Peruano de Asuntos Jurídicos y Buen Gobierno (IPAJ) en Arequipa, advirtió que la campaña electoral se viene desarrollando en medio de múltiples promesas que generan dudas sobre su viabilidad, especialmente aquellas vinculadas a reformas constitucionales y cambios en el sistema de justicia. “Estamos frente a una elección nueva, con Senado y Cámara de Diputados, cuyas funciones aún no están del todo claras, y aun así ya se anuncian modificaciones profundas que supuestamente buscan combatir la corrupción y la delincuencia”, señaló.
Gonzales sostuvo que el endurecimiento de normas no ha demostrado ser una solución efectiva frente a la corrupción, recordando que existen restricciones legales para que personas condenadas en primera instancia postulen a cargos públicos, sin que ello haya generado una reducción significativa de estos delitos. A su criterio, el problema pasa por la falta de controles preventivos y filtros reales, más que por sanciones posteriores que llegan cuando el daño ya está hecho.
En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que el miedo ciudadano sea utilizado como herramienta electoral. “No caigamos en el populismo ni en la demagogia. No se trata de vender humo o reformas rápidas, porque el nuevo sistema legislativo es más complejo y las promesas que no tienen sustento no se van a cumplir”, remarcó, al advertir que generar expectativas irreales puede derivar en mayor frustración social.
El representante de IPAJ subrayó que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado debe asumirse como una política de Estado y no solo como una estrategia de gobierno de corto plazo. De cara al 2026, afirmó que el desafío para candidatos y electores es apostar por propuestas realistas, sostenibles y articuladas entre los poderes del Estado, entendiendo que lo que está en juego no solo es una elección, sino la estabilidad institucional y el futuro del país.
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La corrupción y la inseguridad ciudadana son dos de los principales males que afectan el desarrollo del país, debilitando a las instituciones y deteriorando la calidad de vida de la población, así lo evidenció el presidente de la urbanización Pueblos Jóvenes 13 de Enero, Franco Calloapaza G., quien solicitó mejoras urgentes desde el Gobierno nacional.
“La corrupción es un cáncer que hace daño en el tema administrativo nacional, pero para que exista corrupción debe haber dos partes, el que corrompe y el corrupto, y las autoridades deben combatir a ambos. La corrupción origina que no se logre impulsar diferentes proyectos de seguridad que ahora afectan a todos”, indicó.
El dirigente advirtió que, mientras no exista un control real y una gestión eficiente de los recursos públicos, el avance social y económico seguirá en riesgo y ocasionará un estancamiento donde no exista un desarrollo en favor de la ciudadanía. Al cierre de 2025, el Perú se posiciona como el segundo país latinoamericano con más demandas ante el CIADI, solo superado por México. Actualmente, el Estado peruano enfrenta 21 casos pendientes y registra 28 procesos concluidos.
Además, precisó que esta situación impacta de manera directa en la falta de proyectos y estrategias efectivas, especialmente en el ámbito de la seguridad ciudadana; por otro lado, precisó que la corrupción impide impulsar acciones concretas para enfrentar la delincuencia, un problema que hoy afecta a todos los sectores económicos.
“Por la inseguridad ciudadana hace que todas las personas sean víctimas como en casos de robos, extorsiones; es lamentable que estos factores sigan escalando y no haya ninguna acción para detener este mal”, dijo.
Por último, sostuvo que existe una relación directa entre corrupción, economías ilegales e inseguridad porque ocasionan que las instituciones fallen, el crimen organizado se fortalezca y la violencia aumente a nivel nacional; ocasionando así que la población pierda confianza en el Estado pese a que hubo un incremento del presupuesto destinado a seguridad. “Falta una distribución adecuada y uso de los recursos; puede haber dinero, pero no se sabe exactamente en qué se está utilizando y también en muchos casos se ha visto la falta de voluntad política”, dijo el dirigente.
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La inversión minera en el Perú experimentará una notable expansión durante el 2026, con una proyección de crecimiento del 6.1 % según el Banco Central de Reserva (BCRP). Este dinamismo está liderado por proyectos de cobre estratégicos como Tía María en Arequipa y Zafranal. Sobre este último, Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck Resources, señaló que la empresa está enfocada en la gestión de licencias finales, indicando que: “Queremos que más o menos para el 2026, cuando ya tengamos aprobado el proyecto, empezemos (obras)”. Webb precisó que el 2025 se centraron en la permisología necesaria antes de la aprobación final del proyecto de US$ 2,000 millones.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) estima que el desembolso total del sector alcanzará los US$ 7,653 millones este año. Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, destacó la solidez de la economía peruana indicando que “el crecimiento que se observa en la economía peruana no registra presiones inflacionarias”. Sin embargo, Armas advirtió sobre la situación de la petrolera estatal, mencionando que “parte del aumento del déficit fiscal que hubo en los últimos años tiene que ver con el flujo de caja negativo que registra Petróleos del Perú (Petroperú)”, un factor que el Gobierno busca resolver mediante estudios y acciones técnicas para no afectar la posición fiscal del país.
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ackus lanzó oficialmente su aplicación de delivery TaDa en Arequipa este 11 de agosto, expandiendo su servicio de entrega de cervezas frías en menos de 30 minutos a los principales distritos de la ciudad, como parte de su estrategia de digitalización y acercamiento directo con los consumidores arequipeños.
La plataforma digital comercializa las marcas del portafolio de Backus como Arequipeña, Cusqueña, Pilsen, Cristal, Corona y Mike's, garantizando la temperatura fría de las bebidas y ofreciendo precios competitivos con promociones exclusivas. El servicio opera en los distritos de Cercado, Yanahuara, Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, y Cerro Colorado.
"Arequipa es una de las plazas más importantes del país y cuenta con una comunidad digital activa y exigente. Por eso, decidimos llevar a esta ciudad una propuesta innovadora como TaDa, que permite conectar mejor con nuestros consumidores y seguir fortaleciendo nuestro portafolio premium", señaló Carmen María Bell-Taylor, Founder & Venture Director de Backus.
TaDa opera mediante alianzas con licorerías y bodegas tradicionales de la ciudad, digitalizando sus procesos y ampliando su alcance comercial. El modelo incluye un sistema de retornabilidad de botellas como parte de su compromiso con la sostenibilidad, además de la optimización de rutas de entrega para reducir las emisiones de CO2. La aplicación está disponible para descarga en Google Play y App Store.
Como parte del lanzamiento, los usuarios pueden acceder a promociones especiales que incluyen delivery gratuito por tiempo limitado y sorteos. Coincidiendo con el aniversario de Arequipa, desde el 1 de agosto se ofrece una edición limitada de la cerveza Arequipeña.
Los usuarios pueden seguir las actualizaciones del servicio en Instagram como @tadaperu y en Facebook como TaDa Delivery Perú.
Todo va quedando listo para el Simulacro Nacional Multipeligro de este viernes 31 de mayo a las 10 de la mañana. El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres y coordinador COER, Juan Carlos Burga, indicó que en la región Arequipa el sismo será con un escenario de sismo y eventos asociados, por lo cual ya se realizaron las coordinaciones con los gobiernos locales, tanto distritales como provinciales para identificar las zonas de riesgo alto y muy alto.
El objetivo es fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y de la población en general. En el caso de Arequipa, el simulacro será por sismo y peligros asociados.
El día del simulacro, un total de 40 evaluadores, proporcionados por la UNSA se encargarán de evaluar la participación de la población antes, durante y después de este ejercicio.
Las zonas focales, son áreas geográficas donde el riesgo se identifica como alto y muy alto, según las características de los distritos, es por ello que en esta oportunidad todo el esfuerzo operativo de los equipos de primera respuesta se concentrase en la plaza central de Tiabaya, y el colegio Julio C. Tello en Paucarpata.