Las reconocidas y carismáticas “Bándalas”, se presentaron iniciada la tarde en el espectacular escenario de “Feria Arequipa 2026”, realizando una presentación inolvidable.

El conocido trio cómico – musical peruano está integrado por Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola, actrices y comediantes que protagonizaron un vistoso espectáculo de humor, música y canto.

La promesa de “Bandalizar” Arequipa quedó marcada. Demostrando una actuación en la que interpretaron diversos géneros musicales, entre ellos, salsa, rock, discos y huayños, todo sazonado con una recargada dosis de comicidad y harta picardía, que fue muy aplaudido por los entusiastas asistentes.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, consideró que combatir la corrupción no debe centrarse únicamente en endurecer las normas, ya que, a su juicio, existen mecanismos para evadirlas. En ese sentido, señaló que la solución pasa por formar ciudadanos íntegros desde la infancia mediante la educación en valores y el ejemplo dentro de la familia.

"La corrupción es un mal que no solo afecta a nuestra ciudad, sino también a muchas ciudades de Sudamérica. Para enfrentarla se necesita voluntad, y ese cambio comenzará cuando trabajemos desde la base, inculcando valores en los niños", afirmó la autoridad.

Sostuvo que este trabajo será fundamental para el Gobierno, que deberá fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción con el fin de recuperar la confianza ciudadana, en un contexto en el que el Perú ocupa el último lugar en percepción de corrupción entre 69 economías evaluadas por el IMD y mantiene un sistema de justicia que aún no logra consolidarse tras décadas de reformas. 

Asimismo, lamentó que recursos públicos terminen siendo destinados a actos irregulares en lugar de invertirse en obras y servicios para la población. Indicó que una adecuada administración permitiría impulsar el desarrollo del país y mejorar las condiciones para los sectores vulnerables.

Por ello, pide a las familias asumir un rol activo en la formación de las nuevas generaciones, ya que será clave para construir una sociedad más transparente y reducir progresivamente la corrupción, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

La inversión privada muestra un escenario favorable al cierre de julio de 2026. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento de 9.5% a 12.5%, impulsada por el mayor dinamismo de las importaciones de bienes de capital, el consumo interno de cemento y la reactivación de proyectos de infraestructura y minería, como Tía María.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó que la demanda interna continúa fortaleciéndose. "Todos esos indicadores muestran una demanda bastante fuerte. El caso del consumo interno de cemento y el volumen de importación de bienes de capital está dando una inversión privada realmente fuerte", señaló. Además, precisó que "la cifra de abril y mayo de importaciones de bienes de capital y construcción están mostrando que el crecimiento de abril-mayo sería más cercano al 15% en cuanto a la inversión privada".

El dinamismo también se refleja en la ejecución de proyectos. Entre enero y julio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó seis proyectos y dos adendas por US$2455 millones en transporte, saneamiento, salud, energía y logística. Además, mantiene una cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) superior a US$40 000 millones para el periodo 2026-2028. 

A ello se suma el récord alcanzado por el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que superó los S/5266 millones adjudicados entre enero y el 23 de junio de 2026, por encima de la meta prevista para todo el año.

Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que "este resultado no es solo una cifra récord; es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo". 

Arequipa lidera las adjudicaciones, mientras Cusco, Piura y Junín avanzan con proyectos en salud, educación, saneamiento, conectividad e infraestructura local. En paralelo, Loreto busca fortalecer su cartera de proyectos para aprovechar con mayor intensidad este mecanismo de inversión.

Hasta julio de este año, los gobiernos regionales recibieron más de 2 500 millones de soles por canon y regalías mineras, mientras que los municipios superaron los 9 000 millones. Todo indica que el superciclo de los precios de los minerales seguirá elevando estas transferencias durante los próximos años.

Las nuevas autoridades regionales y municipales, que asumirán en enero de 2027, administrarán más recursos. El reto será convertirlos en desarrollo sostenible. Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, sostiene que estos recursos deben formar parte de una estrategia regional de largo plazo que reduzca desigualdades y disminuya la dependencia de los precios de los minerales.

Para Castilla existe una contradicción evidente entre los ingresos que genera la minería y los beneficios que percibe la población. "Hay un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales", afirma.

Explica que la amplia autonomía de los gobiernos subnacionales permite que muchos destinen el canon a proyectos alejados de las necesidades más urgentes. Así, mientras algunos municipios reciben cientos de millones de soles por actividad minera, todavía existen comunidades sin agua potable, alcantarillado, servicios de salud o infraestructura educativa adecuada. 

En cambio, gran parte del presupuesto termina convertido en estadios, plazas, losas deportivas y otras obras de bajo impacto. A eso se suma la atomización del gasto. En lugar de concentrar recursos en proyectos que transformen una localidad, muchas municipalidades realizan pequeñas inversiones que consumen presupuesto sin mejorar las condiciones de vida de la población.

El riesgo del clientelismo

Castilla también cuestiona el uso excesivo de la administración directa. Bajo esta modalidad, los gobiernos locales ejecutan las obras sin procesos de licitación y actúan como empresas constructoras al contratar directamente personal, maquinaria y servicios.

Diversos estudios, señala Castilla, muestran que este mecanismo favorece el empleo temporal con fines políticos, alimenta redes de clientelismo y eleva los riesgos de corrupción. Para el exministro, el país también debe dejar atrás la idea de que el desarrollo depende únicamente del cemento. Carreteras, hospitales y colegios siguen siendo indispensables, pero ya no bastan. 

Las inversiones con mejores resultados sociales son las que mejoran la vida y fortalecen las capacidades de la población: agua potable y saneamiento, salud y nutrición infantil, educación de calidad, conectividad vial y digital, electrificación y otras que impulsen la producción regional y generen empleo privado.

Castilla también propone ampliar el uso del canon a proyectos productivos que mejoren la competitividad regional y fortalezcan las cadenas agrícolas, industriales y de servicios, siempre que no generen gastos permanentes para el Estado. Advierte que sería un error utilizar estos recursos para financiar burocracia o crear nuevas plazas laborales. "Los ingresos volátiles deben financiar inversiones temporales y no gastos permanentes".

Según el economista, el nuevo ciclo de ingresos mineros exige revisar la Ley del Canon para que estos recursos ayuden al cierre de brechas y al desarrollo productivo, y fortalecer el planeamiento regional para impedir que cada nueva gestión abandone proyectos estratégicos y priorice obras de corto plazo.

Castilla sostiene que el próximo quinquenio ofrece una oportunidad difícil de repetir. Si el canon se invierte con visión de largo plazo, se traducirá en mejor educación, salud y desarrollo productivo. Si no, la bonanza minera volverá a dejar miles de millones de soles en obras que no mejoran la vida de la población.

En lo que va del año, un total de 68 vehículos que prestaban servicio de transporte interprovincial sin autorización fueron intervenidos y sancionados, como resultado de más de 2 mil operativos de fiscalización realizados en distintos puntos de la región a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de Arequipa.

Las intervenciones también permitieron detectar incumplimientos en unidades de transporte formal, principalmente por no portar o presentar de manera correcta la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, documentos exigidos por la normativa para la prestación del servicio.

Durante los operativos ejecutados en junio y julio en zonas como Huanca, Puente Tiabaya, el peaje de Uchumayo, Corire-Aplao y Chivay, las autoridades verificaron la documentación obligatoria de cientos de vehículos. En una de las jornadas, dos unidades fueron sancionadas y se dispuso el retiro de sus placas por prestar servicio sin autorización y por incumplimientos documentarios.

Asimismo, se identificó una modalidad utilizada por transportistas informales para evadir los controles: hacer descender a los pasajeros antes de los puntos de fiscalización para recogerlos nuevamente más adelante. Esta práctica fue detectada en vehículos que se dirigían hacia Camaná, El Pedregal, Mollendo, Moquegua e Ilo.

La prestación del servicio de transporte sin autorización constituye una infracción muy grave, sancionada con una multa de hasta una UIT (S/ 5,500), además de medidas como el internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

La presidenta Keiko Fujimori anunció un nuevo esquema de coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el propósito de alinear las políticas públicas y la inversión bajo metas nacionales comunes.

En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que su gobierno establecerá "canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado, de manera que todos los niveles de gobierno contribuyan, desde su competencia, a las grandes metas nacionales".

La propuesta fue reforzada más adelante al señalar que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben dejar de funcionar "como compartimentos separados", para lo cual anunció la implementación de mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar "como un solo Estado".

La propuesta del Ejecutivo también reabre el debate sobre el alcance de la descentralización. Antes del Mensaje a la Nación, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que espera una relación más cercana con el Gobierno Nacional, basada en el diálogo permanente, la confianza y la corresponsabilidad, al considerar que los gobiernos regionales conocen la realidad de sus territorios y que los grandes desafíos del país deben construirse desde las regiones y no únicamente desde Lima.

No obstante, la autoridad regional precisó que una mayor articulación con el Ejecutivo debe ir acompañada del respeto a la autonomía regional y del fortalecimiento del proceso de descentralización.

En ese sentido, planteó reforzar el Fondo de Compensación Regional (FONCOR), descentralizar funciones técnicas de entidades como Invierte.pe, OSCE y ProInversión, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar transferencias oportunas que permitan continuar y acelerar la ejecución de obras en las regiones.

Si bien el mensaje presidencial marca una nueva orientación hacia una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, uno de los principales retos será definir cómo ese modelo de articulación se compatibilizará con la autonomía regional y el proceso de descentralización, un aspecto que desde Moquegua es considerado fundamental para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades específicas de cada territorio.

El político arequipeño y candidato, Ricardo Ramírez del Villar, sostuvo que Arequipa requiere la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la prevención frente a fenómenos naturales. Además, consideró que estas iniciativas deben estar en la agenda del próximo gobierno para garantizar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones en el sur del país.

“La nueva presidenta indicó que pondrá todos sus esfuerzos para impulsar proyectos en el sur como Majes Siguas; además vamos a gestionar (si ganamos las elecciones) obras como el teleférico, sobre vía de tren, el bosque del Chili, entre otros”, dijo.

Ramírez consideró fundamental que Arequipa cuente con estas obras de gran envergadura porque permitirán convertirla en una ciudad modelo y en un referente nacional con miras a la conmemoración de sus 500 años de fundación.

En otro momento, aseguró que todo este trabajo debe ir acompañado con un plan preventivo articulado entre el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, municipalidades y la empresa privada frente a fenómenos climáticos como El Niño, que afectarán directamente la economía. “Espero que las autoridades tengan mapeadas las zonas de riesgo porque este Niño va a ser terrible, ya que en el sur anuncian sequías y lluvias”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, sostuvo que el próximo gobierno debe garantizar condiciones que permitan mantener el crecimiento económico y evitar que las inversiones se paralicen. Por tal motivo, consideró indispensable fortalecer la seguridad ciudadana, porque esto dará la confianza a los nuevos inversionistas.

“Lastimosamente hemos visto durante muchos gobiernos a una Policía Nacional en abandono; si visitamos las comisarías, observaremos que carecen de infraestructura, con patrulleros antiguos y muchos de ellos inoperativos; es ahí donde debe haber una mayor preocupación de este nuevo gobierno”, finalizó.

Más de 35 mil personas en Moquegua aprendieron quechua o aimara durante su niñez, reflejando la vigencia de las lenguas originarias en la región. Así lo dio a conocer el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con base en información de los Censos Nacionales 2017, difundida en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

De acuerdo con la entidad, 14 388 personas aprendieron quechua como primera lengua durante su infancia, mientras que 21 438 hicieron lo propio con el aimara, sumando un total de 35 826 moqueguanos que crecieron hablando alguno de estos idiomas ancestrales.

La información forma parte de una publicación del Reniec sobre la riqueza de los nombres de origen quechua y aimara que aún se conservan en el país. Entre los nombres de raíz quechua figuran Illari (resplandor), Amaru (serpiente mítica andina), Chaska (lucero de la mañana), Inti (Sol) y Killa (Luna). 

En tanto, entre los nombres vinculados al aimara destacan Naira, Kori, Saywa, Willka y Jaylli, todos relacionados con elementos de la naturaleza, la espiritualidad y la cultura andina.

A nivel nacional, los Censos Nacionales 2017 registran que 3 millones 805 mil 531 personas aprendieron quechua durante su niñez y 450 mil 10 aprendieron aimara. En el sur del país, Puno concentra la mayor cantidad de hablantes de ambas lenguas, seguido por regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Tacna y Moquegua.

Reniec destacó que estas cifras reflejan la permanencia de las lenguas originarias como parte del patrimonio cultural del Perú y de la identidad de miles de familias que continúan transmitiéndolas de generación en generación.

La delimitación territorial continúa siendo uno de los principales desafíos de la región debido a las controversias con Puno, Tacna y Arequipa. En sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas proponen distintas estrategias para enfrentar esta problemática.

La falta de una delimitación definitiva de los límites territoriales de Moquegua sigue siendo uno de los principales desafíos para la región. Las controversias con Puno, Tacna y Arequipa han originado disputas por áreas estratégicas y recursos naturales, además de procesos judiciales y constitucionales que mantienen vigente el debate sobre la defensa del territorio moqueguano.

Frente a este escenario, algunas organizaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua han incorporado propuestas específicas en los planes de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de su inscripción electoral, aunque con enfoques distintos.

Una de ellas es Frente de la Esperanza, que plantea la creación de una Oficina Regional de Defensa Territorial, la cual tendría la misión de liderar la defensa de los intereses de la región ante las instancias competentes y actualizar los expedientes técnicos relacionados con la demarcación territorial. Su propuesta parte del diagnóstico de que la falta de definición de los límites ha generado controversias históricas y actuales con las regiones vecinas de Puno, Tacna y Arequipa, derivando incluso en procesos constitucionales y disputas sobre áreas estratégicas y recursos naturales.

Por su parte, Perú Primero orienta su propuesta hacia el ordenamiento del territorio. En el plan de gobierno presentado al JNE identifica como problema el inadecuado ordenamiento territorial en función de las potencialidades económicas, productivas y del entorno ambiental, por lo que propone actualizar la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), instrumentos técnicos que permitirían organizar el territorio de acuerdo con sus potencialidades y orientar el desarrollo regional.

Si bien ambas propuestas buscan fortalecer la gestión territorial, difieren en el camino para lograrlo. Mientras Frente de la Esperanza prioriza una estrategia de defensa institucional y técnica de los límites regionales, Perú Primero apuesta por consolidar herramientas de planificación y ordenamiento territorial como base para afrontar los conflictos y promover un desarrollo sostenible.

Las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal permitieron incautar bienes valorizados entre S/ 450 y S/ 500 millones, informó el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Los resultados corresponden a las intervenciones realizadas para combatir el crimen organizado, principalmente en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El titular del sector señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer el marco legal que respalda las intervenciones militares frente a las organizaciones criminales, con el fin de brindar mayores garantías al personal que participa en estos operativos.

“Hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho", explicó el ministro.

El titular de la cartera, indicó que su gestión impulsó modificaciones normativas para que la próxima administración continúe evaluando medidas que refuercen la protección legal de los efectivos de las Fuerzas Armadas durante las operaciones contra el crimen organizado.

Además, destacó otras acciones desarrolladas por el sector, como el incremento del 50 % de la asignación para el Servicio Militar Acuartelado, la entrega de un bono de S/ 300 al personal militar, el cuarto tramo del aumento de remuneraciones y pensiones, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres naturales mediante una mayor articulación con los distintos niveles de gobierno.

Fuente: Andina