Los profesores cesantes y jubilados de Arequipa cuestionaron al Gobierno por no reglamentar la ley que establece una pensión digna de S/3,500.70 para el magisterio. El coordinador de este sector en la región, David González Bejarano, denunció que han pasado varios meses desde la aprobación de la norma, el pasado 15 de abril, sin que el Ejecutivo cumpla con emitir su reglamento.

El dirigente recordó que la ley estableció un plazo de 90 días para su reglamentación; sin embargo, este venció sin resultados durante los anteriores gobiernos y la demora continúa con la actual administración. Indicó que el 20 de octubre se instaló una mesa técnica en Lima para elaborar el reglamento, pero la primera reunión no registró avances significativos y recién este mes se retomaron las conversaciones.

Cuestionó también las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, quien habría advertido que el incremento de las pensiones representaría un gasto elevado para el Estado e incluso planteó la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“Ya existe una ley aprobada que establece un plazo de 90 días para su reglamentación. No entendemos cómo ahora se plantea conversar sobre otra ley de aumento de pensiones, cuando lo que corresponde es cumplir con la norma vigente”, informó.

El coordinador advirtió que la demora en la aprobación del reglamento y los plazos establecidos para definir el presupuesto público ponen en riesgo la aplicación del incremento desde el próximo año. Explicó que aunque se aprueben modificaciones presupuestales, difícilmente se cumpliría con el pago de una pensión digna en la fecha prevista.

En ese sentido, rechazó el argumento de que el Estado no cuenta con recursos económicos para financiar este beneficio y señaló que existen deudas tributarias pendientes de grandes empresas. “La Sunat ha señalado que estas grandes empresas adeudan S/27 mil millones, entonces ¿cómo es posible que se diga que no hay recursos para los maestros jubilados?”, cuestionó.

El temor a una nueva sequía preocupa a las autoridades de Puquina, en la provincia moqueguana de General Sánchez Cerro, ante los posibles efectos del Fenómeno El Niño en el sur del país. El alcalde Edgar Silva Chara advirtió que una prolongada ausencia de lluvias tendría consecuencias directas en la agricultura y la ganadería, actividades que dependen del abastecimiento de agua.

El burgomaestre recordó que durante anteriores periodos de sequía los agricultores llegaron a esperar hasta tres meses para regar sus terrenos. La escasez de pastos también afectó a los ganaderos, que tuvieron dificultades para alimentar a los animales destinados a la producción lechera. Por ello, sostuvo que su principal preocupación no son necesariamente las precipitaciones intensas, sino que vuelva a presentarse un escenario de escasez hídrica.

Aunque las lluvias fuertes podrían ocasionar problemas en carreteras y quebradas, Silva Chara consideró que también contribuirían a recuperar las fuentes y reservas de agua. Según indicó, los pronósticos del Senamhi incluyen a Puquina entre las localidades que podrían registrar precipitaciones intensas, junto con Ubinas y otros sectores de General Sánchez Cerro. Sin embargo, reconoció que todavía no existe certeza sobre la magnitud que alcanzaría el fenómeno.

Frente a este escenario, la municipalidad cuenta con poco más de S/ 200 mil para ejecutar trabajos preventivos, principalmente la descolmatación de quebradas y la colocación de enrocados en sectores con antecedentes de activaciones. Las intervenciones tienen plazos de entre 25 y 28 días. El alcalde precisó que la declaratoria de emergencia no implica una transferencia automática de recursos, por lo que la comuna tuvo que redistribuir su presupuesto para atender los puntos considerados de mayor peligro.

La capacidad de respuesta está condicionada por los recursos limitados del distrito, que administra alrededor de S/ 5 millones anuales, principalmente por canon y regalías mineras. Con ese presupuesto debe cubrir servicios municipales, gastos administrativos e inversiones. Ante ello, Silva Chara recomendó a las próximas autoridades fortalecer las gestiones ante el Gobierno Regional y los ministerios para conseguir financiamiento y ejecutar obras de prevención.

La advertencia fue realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), cuyos escenarios identifican un riesgo alto y muy alto por déficit hídrico en la mayoría de distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

Maribel Coayla, coordinadora de Enlace Regional del CENEPRED, explicó que los escenarios elaborados para Moquegua contemplan precipitaciones por debajo de los niveles habituales. «Lo que nos indica es que sí va a haber lluvias, pero no van a ser las lluvias que normalmente estábamos esperando», señaló. Además, precisó que las precipitaciones se concentrarían principalmente en las zonas medias y bajas de las cuencas, mientras que en las partes altas se prevé una mayor escasez.

El impacto podría sentirse directamente en las actividades agrícolas y ganaderas. La reducción de las lluvias disminuiría el agua disponible para el riego y el consumo de los animales, especialmente en las localidades que dependen de la agricultura y la ganadería.

«Probablemente no tengan agua para que consuma su ganado, para ellos mismos, para regar sus cultivos», advirtió la funcionaria. También alertó que esta situación podría reducir la producción de los cultivos e incluso ocasionar la pérdida de algunas plantas.

Las consecuencias no se limitarían a las zonas productoras. Una menor producción agrícola y ganadera podría afectar el abastecimiento de alimentos y generar presiones al alza en sus precios, aunque la magnitud de ese impacto dependerá de cuánto disminuya la producción y de las condiciones del mercado. General Sánchez Cerro sería una de las provincias más expuestas debido a que buena parte de su población depende directamente de estas actividades económicas.

SUCCESS SDISE S.A.C., grupo empresarial de origen arequipeño especializado en soluciones para la minería y la industria, obtuvo la certificación internacional ISO 14001:2015 en Gestión Ambiental, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua. Este logro fue posible gracias al apoyo y cofinanciamiento de ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción. 

Para alcanzar esta certificación, la empresa implementó un Sistema de Gestión Ambiental que incluye procedimientos para identificar y controlar sus aspectos ambientales, capacitaciones a sus colaboradores, controles para la adecuada segregación y disposición de residuos sólidos, así como auditorías internas y revisiones periódicas. 

Este avance fortalece el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, promueve una cultura de responsabilidad entre sus trabajadores y contribuye a mejorar su competitividad y oportunidades de crecimiento. 

A través de sus empresas IOMIN GLOBAL, LOGIBRAIN GLOBAL y NORYX, SUCCESS SDISE integra ingeniería, tecnología, fabricación, mantenimiento y servicios especializados para atender los desafíos de la minería y la industria. Su experiencia incluye proyectos eléctricos, sistemas de control, redes de fibra óptica, mantenimiento de equipos y soluciones tecnológicas aplicadas a operaciones industriales. 

“Creemos que el crecimiento empresarial debe ir de la mano con la sostenibilidad, la innovación y el uso responsable de los recursos. Esta certificación fortalece nuestro compromiso ambiental y nos impulsa a seguir desarrollando soluciones responsables para la minería y la industria”, señaló Edgard Meléndez Lipa, gerente general de SUCCESS SDISE S.A.C. 

La empresa agradeció a ProInnóvate por el apoyo estratégico y económico brindado durante este proceso, así como a sus colaboradores por su compromiso para alcanzar este objetivo. 

Desde Arequipa, SUCCESS SDISE continúa apostando por la innovación y la sostenibilidad como pilares de su crecimiento y contribución al desarrollo del país.

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto, la elaboración del expediente técnico y la ejecución del puente Pedregal-Santa Rosa, en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro. La estructura fue destruida por un huaico el 15 de enero de 2026, apenas 17 días después de su inauguración.

Según el Informe de Auditoría N.° 017-2026-2-0444-AC, emitido el 28 de octubre de 2026, la municipalidad aprobó en julio de 2023 una inversión para renovar un puente que supuestamente ya existía, pero no encontró documentación suficiente para demostrarlo. El único sustento fue una ficha de inspección que describía una estructura provisional de 15 metros y 30 años de antigüedad. Sin embargo, las fotografías y las imágenes satelitales revisadas por los auditores no permitieron confirmar que ese puente hubiera existido.

La zona ya tenía antecedentes de huaicos. La auditoría señala que el INDECI había reportado estos eventos en la quebrada El Volcán desde 2020. Además, el INGEMMET advirtió en enero de 2022 que el sector presentaba un peligro muy alto por flujos de detritos, conocidos también como huaicos. Pese a estos antecedentes, los documentos para contratar la elaboración del expediente técnico no establecieron adecuadamente los estudios necesarios para evaluar los riesgos del terreno.

Otro hallazgo fue que el expediente técnico tenía deficiencias en los estudios del terreno, las condiciones del agua y los cálculos de la estructura. Según la Contraloría, Provías Descentralizado había formulado observaciones que no fueron corregidas por completo. Aun así, el jefe de la División de Infraestructura de la municipalidad dio su conformidad y el documento fue aprobado en noviembre de 2024. Por su elaboración se pagaron S/ 41 mil.

La auditoría también encontró irregularidades en la documentación presentada para contratar al personal de la obra. Los documentos que acreditaban la experiencia del residente no coincidían con la información proporcionada por otras entidades. Además, la profesional propuesta como especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) negó haber autorizado el uso de sus documentos o haber participado en el proyecto. Su reemplazo tampoco cumplía con la formación académica exigida en las bases del proceso.

El puente registró un avance físico del 100 % en noviembre de 2025. Sin embargo, el 15 de enero de 2026, el huaico provocó el desprendimiento de su tablero. La Contraloría calculó en S/ 325 mil 695 el valor de las partidas correspondientes a los componentes afectados. Asimismo, durante inspecciones realizadas en julio y agosto de 2026, encontró diferencias entre los apoyos construidos y los planos del expediente técnico.

Finalmente, la Contraloría recomendó a la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados. También recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes.

La llegada del Fenómeno El Niño 2026-2027 mantiene en alerta a Moquegua por los posibles efectos de las lluvias sobre terrenos y zonas expuestas a peligros geológicos. Una evaluación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) identificó 49 zonas críticas en las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, donde existen condiciones que requieren atención para reducir el riesgo de emergencias.

En Mariscal Nieto se evaluaron 26 zonas críticas en los distritos de Torata, Samegua, San Antonio y Moquegua, además del centro poblado de Chen Chen. Entre los sectores comprendidos figuran Pachas, Tumilaca, Yacango, la quebrada Montalvo, sectores de los ríos Osmore y Moquegua, la quebrada Cementerio y tramos de la carretera Panamericana Sur, en la ruta Arequipa-Moquegua.

En General Sánchez Cerro se identificaron otras 23 zonas críticas en Omate, Quinistaquillas, Coalaque, La Capilla y Puquina. Las evaluaciones abarcaron sectores como Achicari, Quinistecas, Buena Vista, Cogri, Santa Catalina, Tassaca, Chimpapampa y la quebrada del Volcán, entre otros.

El INGEMMET informó que estas zonas fueron evaluadas por peligros geológicos y que los informes técnicos permitirán determinar las posibles afectaciones a la población, viviendas, infraestructura y vías de comunicación, además de formular recomendaciones para las autoridades. En Mariscal Nieto, incluso, la evaluación amplió de 15 a 26 el número de zonas comprendidas respecto al registro preliminar.

La advertencia es importante porque la presencia de lluvias puede incrementar el peligro en sectores expuestos a movimientos en masa y otros procesos geológicos. Por ello, el organismo continuará sus evaluaciones en la provincia de Ilo, mientras que los resultados obtenidos deberán servir para que las autoridades regionales y municipales prioricen las acciones de prevención.

Los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) recibirán este mes el incremento salarial de S/700 establecido por ley. Sin embargo, el Sindicato Único de Docentes (SUDUNSA) exige que también se les pague de forma retroactiva los meses de setiembre y octubre, cuando debió comenzar a aplicarse el aumento.

El secretario del SUDUNSA, Andrés Luque, confirmó que el incremento fue ratificado mediante un decreto del Ministerio de Educación y que los recursos ya estarían en la universidad. No obstante, cuestionó que el dinero pueda ser devuelto al sector Educación si no se ejecuta el pago pendiente.

“Desde este mes a los profesores se les tiene que pagar su aumento de sueldos. Lo que se está pidiendo ahora es que se pague setiembre y octubre, que es desde cuando la ley indicaba que se debería pagar este aumento”, señaló.

Por otro lado, el sindicato gestiona ante el Congreso que se garantice presupuesto para los procesos de ratificación y ascenso docente del 2027. Advirtió que estos podrían verse afectados por un proyecto que busca declarar inconstitucional las evaluaciones realizadas en las universidades, pese a que defendió su transparencia y meritocracia.

El dirigente indicó que esperarán la aprobación del presupuesto público de noviembre para conocer si se incluyen los recursos para los ascensos. De no concretarse, evaluarán medidas de protesta para el próximo año, aunque descartó una huelga por el momento.

Adquirir una camioneta 4x4 nueva no necesariamente requiere una inversión elevada. El mercado automotor peruano ofrece distintas alternativas de doble cabina y motor diésel cuyos precios referenciales comienzan por debajo de los US$ 20 mil.

Entre las opciones figura la Great Wall Wingle 7, con un precio aproximado de US$ 19,790, seguida de la JMC Grand Vigus, desde US$ 20,490, y la Foton Tunland G7, alrededor de US$ 20,990. También se encuentran la Great Wall Poer, con precios desde US$ 21,590; la JAC T8 Pro, desde US$ 21,990; y la Changan F70 Hunter, alrededor de US$ 23,990.

Estas camionetas ofrecen configuraciones orientadas al trabajo, con doble cabina, motores diésel y tracción en las cuatro ruedas, características que permiten utilizarlas tanto para desplazamientos urbanos como para caminos rurales y terrenos exigentes. Sin embargo, las especificaciones de potencia, torque, transmisión y equipamiento varían según el modelo y la versión.

Alternativas frente a las marcas tradicionales

La diferencia de precios se aprecia al compararlas con modelos de mayor posicionamiento comercial. Por ejemplo, una Toyota Hilux 4x4 doble cabina en versiones SRV o SRX puede superar los US$ 50 mil, mientras que algunas de las alternativas mencionadas cuestan menos de la mitad.

Esta diferencia puede representar una oportunidad para quienes buscan adquirir una unidad nueva con menor inversión inicial. No obstante, el precio de compra no es el único factor que debe evaluarse: también influyen el consumo de combustible, los costos de mantenimiento, la disponibilidad de repuestos, la garantía y el respaldo técnico de cada marca.

Una oportunidad en el mercado de servicios

Además del uso particular y comercial, estas camionetas pueden resultar atractivas para actividades productivas, transporte especializado y prestación de servicios en zonas alejadas.

Trabajadores del gremio de Construcción Civil se reunieron en los exteriores del Palacio de Justicia de Arequipa para exigir que la reapertura del caso denominado “Los ladrillos del Sur”, en el cual se investiga a exdirigentes del sindicato, se lleve adelante con un proceso limpio y transparente. Los obreros cuestionan que, después de siete años, se retomen las investigaciones sin que se haya demostrado la responsabilidad de los denunciados.

La protesta fue encabezada por Luegue Espinoza Valcárcel, secretario general de Trabajadores de Construcción Civil, quien recordó que el caso se inició en 2019 y provocó la detención de más de 11 dirigentes sindicales. Según indicó, estos fueron liberados posteriormente, pero ahora deberán afrontar nuevamente las investigaciones por los delitos que se les imputan.

En esa línea, cuestionó que el proceso continúe después de siete años sin que se presenten pruebas contundentes contra los investigados. “Exigimos que haya un debido proceso y se respete los derechos sindicales, el derecho a la libertad sindical, porque en ese entonces los dirigentes solo exigían el cumplimiento de los derechos en el trabajo. Lastimosamente, fueron encarcelados por eso”, señaló.

Asimismo, indicó que actualmente más de 25 personas, entre ellas los 11 exdirigentes, afrontan las investigaciones. Sostuvo que las denuncias fueron promovidas por empresas que cuestionaban las acciones sindicales realizadas por la dirigencia de ese entonces, las cuales solo buscarían defender los derechos laborales de los obreros.

“Se reinicia a pesar de que no hay las pruebas contundentes y nosotros exigimos que haya un debido proceso en donde se aplique la justicia y no se vulnere ningún derecho sindical”, indicó. El dirigente también advirtió que la reapertura de este caso podría representar un intento de limitar las protestas y reclamos de los trabajadores del gremio de Construcción Civil.

Cuatro casos crónicos de la enfermedad de Chagas fueron detectados en lo que va del año en Arequipa, tres de ellos en mujeres gestantes y uno en un poblador, según lo informó Andy Catacora Rospigliosi, coordinador del Área de Enfermedades Metaxénicas de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Los pacientes fueron identificados en los distritos de Tiabaya, Mariano Melgar y La Joya.

El especialista explicó que la enfermedad es transmitida por la picadura de la chirimacha, insecto que contagia el parásito responsable de la infección. Sin embargo, sus síntomas pueden aparecer varios años después del contagio, incluso más de una década, por lo que los pacientes identificados habrían contraído la enfermedad hace tiempo.

Asimismo, advirtió que si no se trata oportunamente, el parásito puede alojarse en órganos como el corazón, el esófago, el hígado, el riñon y el colon, provocando daños progresivos. En los casos más graves, puede debilitar el músculo cardíaco e impedir que bombee sangre adecuadamente, lo que incluso podría ocasionar la muerte.

“Pueden pasar cinco, diez o incluso más de 30 años para que se manifiesten los signos de la enfermedad. Eso va a depender mucho de la persona, de su sistema inmunológico y de cómo se desarrolle el parásito dentro del organismo”, explicó el especialista.

Respecto a los pacientes detectados, indicó que recibirán seguimiento y tratamiento antiparasitario. En el caso de las gestantes, serán evaluadas por especialistas en infectología de un hospital de referencia para determinar el momento adecuado para iniciar el tratamiento, mientras que el poblador también será atendido.

“En una fase crónica es poco probable eliminar el parásito, pero el tratamiento sí va a ayudar a poder controlar los síntomas y los signos que pueda presentarse”, indicó.

En ese sentido, exhortó a las personas que hayan vivido en zonas donde existe presencia de chirimachas o sospechen haber sido picadas por este insecto, incluso durante su infancia, a acudir a un establecimiento de salud para descartar la enfermedad. Señaló que las pruebas de detección son gratuitas en todos los centros de salud del Ministerio de Salud.