El juez de investigación preparatoria de Caravelí, Ronald Salas Quinto, dictó comparecencia con restricciones para los ocho detenidos durante la protesta de mineros en el km 618 de la Panamericana Sur, en Chala, ocurrida el 11 de julio. La Fiscalía había solicitado prisión preventiva por los presuntos delitos de extorsión, entorpecimiento de servicios públicos y violencia contra la autoridad.

El magistrado sostuvo que, si bien existen pruebas que vinculan a los imputados con agresiones a la Policía como videos, actas de flagrancia y testimonios, no se justificaba su encarcelamiento. Asimismo, cuestionó la debilidad de la acusación fiscal en los delitos de extorsión y entorpecimiento, calificando de deficiente el sustento presentado.

La decisión contempla que los investigados cumplan con reglas como no ausentarse de su domicilio, acudir mensualmente al juzgado, no participar en protestas y no comunicarse entre ellos. Además, deberán pagar cauciones económicas según sus posibilidades, con montos que van desde S/ 2 mil hasta S/ 15 mil.

El juez consideró que, pese a la pena proyectada de más de seis años, la prisión preventiva no sería proporcional frente al fin que persigue el proceso. La medida restrictiva tendrá una duración de nueve meses mientras avanza la investigación.

Daniel Huayto Ruiz