En cada proceso electoral, los candidatos compiten no solo con propuestas, sino también con interpretaciones —muchas veces imprecisas— sobre el funcionamiento del Estado y de la economía. En ese contexto, Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, presentó una nueva edición de su ejercicio semanal de fact-checking, que revisa planteamientos de quienes aspiran a gobernar el país. “En cada campaña electoral abundan las promesas, pero pocas veces se examina con rigor si realmente son viables”, señaló Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía.

Esta vez, el análisis se centró en la ejecución de obras públicas y el precio del gas doméstico. En el primer caso, se revisó una afirmación sobre los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G), en la que se sostuvo que bajo este mecanismo “responde el gobierno y no las empresas”. Según el análisis, esto es incorrecto, ya que los gobiernos extranjeros no ejecutan directamente las obras, sino que contratan a empresas privadas para su desarrollo. “Los contratos de G2G no eliminan los riesgos de retrasos ni la responsabilidad financiera del Estado”, explicó Castilla. Este modelo, añadió, busca mejorar los procesos de contratación y supervisión de proyectos, pero no sustituye el rol de las empresas que finalmente ejecutan las obras.

Videnza Instituto también evaluó una propuesta que plantea que el balón de gas doméstico debería costar lo mismo en Lima que en zonas alejadas como La Convención, en Cusco. De acuerdo con el análisis, el precio del gas está influido por los costos de transporte y distribución hacia cada región. “El precio del gas también refleja los costos de llevarlo a cada zona del país”, precisó Castilla, y recordó que el Estado ya interviene a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga vales de descuento a los hogares en zonas con dificultades de acceso.

Más allá de las diferencias en el debate político, desde Videnza destacan que el objetivo del fact-checking es aportar información verificable para mejorar la calidad del debate público. “En una campaña marcada por promesas rápidas, contrastar la información ayuda a que el ciudadano pueda evaluar mejor las propuestas”, subrayó Castilla, al recordar que contar con datos verificados es clave para ejercer un voto informado.