El candidato a diputado con el número 3 por el partido Renovación Popular, Carlos Candia, elaboró un proyecto de ley que plantea la expulsión cautelar inmediata de ciudadanos extranjeros que se encuentren procesados por delitos en el país, como una medida para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

La iniciativa legislativa, titulada “Ley que regula la expulsión cautelar de extranjeros procesados penalmente”, propone que los extranjeros investigados por delitos dolosos cuya pena supere los cuatro años puedan ser expulsados del territorio nacional mientras continúa el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la iniciativa, la medida tendría carácter administrativo, excepcional y temporal, y sería ejecutada por la Superintendencia Nacional de Migraciones a solicitud del Ministerio Público del Perú o de la Policía Nacional del Perú, con un control judicial de legalidad que deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

La propuesta establece que la expulsión procederá cuando exista una disposición fiscal que inicie diligencias preliminares o investigación preparatoria y se identifique riesgo de fuga o reiterancia delictiva.

Según el planteamiento, la ejecución sería inmediata mediante conducción del extranjero a un aeropuerto o punto fronterizo, además de la cancelación de su calidad migratoria y el impedimento de reingreso al país por un periodo no menor de diez años.

El proyecto también precisa que la expulsión no extinguirá la acción penal, por lo que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal del Perú.

En la exposición de motivos se sostiene que el aumento de delitos vinculados a ciudadanos extranjeros ha generado preocupación en la población, por lo que se requieren mecanismos legales que permitan actuar con mayor rapidez.

“El Estado necesita herramientas rápidas para proteger a la población. Esta propuesta permite expulsar de manera cautelar a extranjeros procesados por delitos graves, sin afectar el proceso penal y garantizando control judicial inmediato”, afirmó el candidato al Parlamento, Carlos Candia.

En el análisis costo–beneficio incluido en la iniciativa se indica que los gastos se limitarían a traslados y custodia temporal, mientras que los beneficios incluirían reducción del gasto penitenciario, menor carga procesal y una mayor percepción de seguridad ciudadana.

De aprobarse, la norma deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días y contempla además la creación de un Registro de Extranjeros Expulsados, así como protocolos de coordinación entre las instituciones del Estado involucradas.