El Gobierno Regional de Moquegua destinó este año menos del 1 % del presupuesto asignado a la función Orden Público y Seguridad a acciones vinculadas directamente con el fortalecimiento de la seguridad pública, mientras que casi la totalidad de los recursos están orientados a la gestión de riesgos y atención de emergencias.

De acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad regional cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/21 millones 773 mil 492 para la función Orden Público y Seguridad, categoría que incluye tanto acciones vinculadas a la seguridad ciudadana como intervenciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.

Sin embargo, de este monto, apenas S/142 mil 253 fueron asignados al componente de Orden Interno, equivalente al 0,7 % del presupuesto total. Estos recursos están destinados a la elaboración del expediente técnico de un proyecto relacionado con la adquisición de patrulleros.

En contraste, S/21 millones 631 mil 239, que representan el 99,3 % del presupuesto de esta función, fueron destinados al componente de Gestión de Riesgos y Emergencias, que comprende acciones de prevención, reducción de vulnerabilidad y atención frente a desastres.

Si bien atender emergencias y prevenir desastres es importante para proteger a la población, la seguridad ciudadana también exige una respuesta del Estado con la asignación de recurso que permitan mejorar la capacidad de prevención y respuesta para la seguridad pública. La diferencia en la distribución del presupuesto evidencia que la lucha contra la delincuencia no ha recibido el mismo nivel de prioridad dentro del Gobierno Regional de Moquegua.

Dato

Este escenario ocurre en un contexto en el que los indicadores de seguridad en Moquegua han empeorado. La victimización (porcentaje de personas que fueron víctimas de algún delito) aumentó de 17 % en 2023 a 24 % en 2024 y se mantuvo en ese nivel durante 2025, mientras que la percepción de inseguridad llegó al 50 % de la población. Además, las denuncias por extorsión, estafas y delitos informáticos registraron un incremento durante los primeros meses del 2026, según reportes del Ministerio del Interior.