A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Congreso ha aprobado una serie de normas que implican un aumento significativo del gasto público, orientadas a captar el voto de diversos sectores laborales y sociales. 

Entre las medidas destacan la entrega de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para trabajadores del régimen CAS, cambios en el régimen de pensiones militar-policial y nuevas bonificaciones mensuales para veteranos de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas iniciativas han sido impulsadas sin que se haya presentado un sustento técnico sólido ni se explique de qué fuente de financiamiento provendrá el dinero para costearlas.

El impacto financiero de estas decisiones es alarmante y se concentra en gastos permanentes para el Estado. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, detalló que solo los beneficios para el personal CAS y el rediseño de pensiones de las fuerzas del orden representan un desembolso masivo: "Estamos hablando de más de S/6,800 millones de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado". A este monto se suman otras iniciativas recientemente aprobadas que también tendrían impacto fiscal, como el nombramiento de personal en EsSalud.

Las consecuencias de este "populismo legislativo" afectarían directamente la estabilidad del país y la gestión de la siguiente administración. Castilla advirtió que estas medidas "van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno". Asimismo, precisó que esta carga financiera, aprobada sin fuente de ingresos clara, hará "mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales", lo que dejaría al país en una situación de vulnerabilidad económica justo antes del cambio de mando.