La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la contratación, uso y mantenimiento de los equipos biomédicos de mamografía y rayos X del Hospital Regional de Moquegua, las cuales habrían ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a S/ 2.35 millones, además de poner en riesgo la salud de los pacientes por la emisión de posibles diagnósticos erróneos.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 013-2026-2-0829, emitido el 30 de junio de 2026 por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, funcionarios y servidores del Hospital Regional otorgaron la buena pro para el mantenimiento del mamógrafo a un postor cuya oferta no cumplía con los términos de referencia. Asimismo, el servicio contratado no habría cumplido con la finalidad para la cual fue requerido, generando un perjuicio económico de S/ 2 064 027,80.

El informe también advierte que, pese a que el mamógrafo presentaba "artefactos" (distorsiones o alteraciones en las imágenes diagnósticas) luego del mantenimiento, el equipo continuó siendo utilizado para atender pacientes. Según la auditoría, esta situación pudo generar falsos diagnósticos, afectando la calidad del servicio de salud brindado a la población.

Otra de las observaciones señala que el flat panel digital del equipo portátil de rayos X quedó inoperativo debido a una inadecuada manipulación por parte del personal responsable y a la inacción de la entidad, que dejó prescribir el procedimiento sancionador correspondiente. Esta situación ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 287 400 y afectó la prestación del servicio de radiología.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la entidad iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, disponer el procesamiento de los funcionarios involucrados y promover las acciones civiles y legales correspondientes a través de la Procuraduría Pública de la Contraloría y de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción.

En el informe se identifican 10 funcionarios y servidores públicos con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, entre ellos Edgar Julio Alférez Ramos, Dennis Israel Merino Carranza, Rainer Aranzamendi Quispe, José Ramos Supa y otros servidores vinculados a los hechos observados.