A dos meses de las elecciones de 2026, el origen del financiamiento político genera creciente preocupación en las regiones. De acuerdo con un análisis exploratorio de economías ilegales del Instituto de Criminología y datos de la ONPE, las economías ilegales que operan en el país mueven montos tan elevados que, tomando como referencia el costo promedio de una campaña presidencial en 2016 (US$11.7 millones), podrían financiar hasta 2,368 campañas presidenciales, además de 57,728 campañas congresales y 51,313 campañas para gobiernos regionales. Estas cifras ilustran la magnitud del riesgo que representa el ingreso de dinero ilícito a la política y su potencial para distorsionar la competencia electoral y condicionar futuras decisiones del Estado.

El analista político tacneño Frankie Kuong Delgado sostuvo que el problema no es solo la existencia de aportes irregulares, sino la dificultad para probar su origen ilícito. “Durante mucho tiempo, los aportes no eran considerados ilegales y hoy el reto es demostrar si provienen del narcotráfico, la minería ilegal o la corrupción. Por eso, es fundamental bancarizar los aportes y seguir la ruta del dinero”, explicó. A su juicio, la falta de controles efectivos permite que estas actividades financien partidos y candidatos con el objetivo de evitar la formalización y frenar sanciones más severas.

Desde Cusco, el regidor Eulogio Tapia advirtió que la penetración de economías ilegales en la política no es un fenómeno nuevo y que ya ha tenido consecuencias concretas. Sin aludir a partidos específicos, afirmó que existen agrupaciones “altamente permeadas” por estos intereses y con agendas contrarias al desarrollo del país. “Lo hemos visto con leyes que no sancionan la minería ilegal, que se disfraza de minería informal, con normas que favorecen a sectores informales e ilegales”, señaló.