Las economías ilegales en el Perú se han convertido en una grave amenaza no solo para la seguridad ciudadana y el medio ambiente, sino también para la transparencia del sistema democrático, al existir el riesgo de que recursos ilícitos estén financiando campañas políticas, así lo advirtió el regidor del distrito de Mariano Melgar, Edwin Tito, quien pidió una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.

“Este tema debemos de tomarlo con mucho cuidado porque el negocio de la minería ilegal incluso ha superado al narcotráfico; lamentablemente vemos complicidad de las autoridades como la ley Mape que año tras año se va retrasando y ocasiona que los mineros informales no puedan pasar a la formalidad”, sostuvo.

Según cifras nacionales, las economías criminales generan más de 15 mil millones de dólares anuales en el país, donde la minería ilegal de oro es la principal actividad ilícita. A esta se suman el tráfico ilícito de drogas, que mueve alrededor de 1,100 millones de dólares, y la trata de personas, con ingresos estimados en 1,300 millones de dólares al año.

Tito precisó que estas actividades ilegales se fortalecen aún más por los niveles de informalidad y corrupción que se vive en el país, lo que facilita la operación de organizaciones criminales. Precisó que las consecuencias se reflejan en el incremento de la inseguridad ciudadana, afectación ambiental y el debilitamiento de las instituciones públicas.

“La minería ilegal está cambiando las decisiones en el Congreso, necesitamos que haya una fiscalización adecuada; necesitamos que las entidades fiscalizadoras evidencien de dónde salen los aportes para esta campaña política”, señaló.

El regidor remarcó que se debe reforzar el trabajo de los organismos fiscalizadores y electorales para que cumplan un rol más activo en la supervisión del financiamiento partidario, para evitar que dinero de origen ilícito capture espacios de poder y condicione futuras gestiones públicas.