La situación financiera de Petroperú ha sido calificada como insostenible debido a problemas estructurales de solvencia que han generado pérdidas por más de US$ 2,200 millones y una deuda de US$ 7,900 millones. Ante este escenario, el Decreto de Urgencia N° 010-2025 propone una ruta de reestructuración gradual mediante la separación de la empresa en bloques de activos. Este marco legal permite que cada unidad sea gestionada a través de contratos de gestión privada, concesiones o liquidaciones, evitando un proceso concursal que resultaría más lento y menos flexible para los acreedores.

El deterioro de la petrolera estatal persiste a pesar de salvatajes recurrentes que suman aproximadamente US$ 5,000 millones en los últimos cuatro años, un monto que equivale al 80 % de la inversión necesaria para la Nueva Carretera Central. Actualmente, las cuentas por pagar a proveedores superan los US$ 740 millones, lo que pone en riesgo la continuidad operativa de la Refinería de Talara por falta de insumos. Se advierte que la empresa ha perdido una participación de mercado significativa, cayendo del 44 % en 2019 a un 25 % en la actualidad, lo que dificulta cubrir sus altos costos fijos.

Para asegurar el éxito de la transición, expertos señalan que es indispensable la incorporación de operadores privados que aporten disciplina financiera y conocimiento técnico. Asimismo, se requiere una coordinación efectiva entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas para evitar interferencias políticas, especialmente en un contexto electoral donde existen proyectos legislativos que buscan bloquear el proceso. La reestructuración liderada por ProInversión es vista como un paso crítico para sanear las cuentas fiscales y evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse.