A días de las elecciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que eleva los derechos de vigencia minera en 300 % y aumenta las penalidades por falta de producción hasta en 400 %. La propuesta, que además plantea incorporar a las comunidades como accionistas, ha sido cuestionada por gremios y especialistas por carecer de sustento técnico y no precisar fuentes de financiamiento. 

Según Angela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas iniciativas se basan en “falacias para poder justificar un cambio al régimen”, lo que podría desincentivar la inversión formal.

El carácter “facilista” de la medida, advierten, se refleja en la promesa de beneficios económicos sin explicar su viabilidad ni el impacto en los proyectos. El expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestionó la ligereza de este tipo de propuestas y alertó que esta iniciativa está planteada para destruir el futuro de una minería seria y formal, omitiendo que los retrasos en la producción suelen deberse a la excesiva tramitología del Estado, que puede tardar hasta 19 años en permisos. A este contexto se suma una preocupación sobre posibles motivaciones políticas detrás del dictamen. 

De acuerdo con una investigación de Perú21, la Comisión de Energía y Minas habría funcionado como una plataforma para impulsar propuestas vinculadas a campañas políticas y no se descarta que iniciativas de este tipo respondan también a compromisos políticos o a la devolución de favores a sectores que financian campañas, como la minería ilegal.

Por último, al encarecer la actividad formal y forzar la caducidad de concesiones sin considerar los plazos reales de inversión, se corre el riesgo de que estos predios sean ocupados por la minería ilegal. Tal como advirtieron especialistas del sector como Marcial García Schreck, líder del sector minero en EY Perú, estas medidas podrían paralizar la inversión formal y liberar concesiones que terminarían siendo ocupadas por actores informales e ilegales. 

En la misma línea, Carlos Gálvez, alertó que este tipo de propuestas, sin sustento técnico ni evaluación fiscal, “buscan desaparecer la actividad minera formal” y favorecer intereses vinculados a la ilegalidad.