Comuneros de Pusa Pusa, en la provincia de Caylloma, denunciaron desalojos arbitrarios por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y Autodema, pese a que está pendiente un fallo judicial definitivo sobre su reubicación. Exigen que se respete la Ordenanza Regional N.º 339, que reserva más de 500 hectáreas en Pampa Baja de Majes para restituir su cuadro de vida.

Durante su llegada a Arequipa, afirmaron que cinco familias fueron desalojadas de manera violenta. “Trajeron decenas de policías y nos sacaron como si fuéramos invasores, cuando vendimos nuestras tierras con la promesa de reubicación”, declaró un poblador. Los afectados se dedicaban a la ganadería y la producción lechera.

El asesor legal de la Asociación de Comuneros, Moisés Valdés, señaló que el acuerdo de expropiación directa contemplaba no solo el pago por los terrenos, sino también la reposición de condiciones de vida para los afectados por la represa de Angostura. Actualmente, los comuneros desalojados se refugian en casas vecinas.

“Tenemos un fallo favorable en primera instancia y solo pedimos que se espere el resultado final. No buscamos un segundo pago, solo que se cumpla lo acordado”, manifestó Félix Yanque, presidente de la asociación. En total, 52 familias vendieron sus predios al GRA bajo estos compromisos.