Casi la mitad (45 %) de los proyectos de inversión pública iniciados en el Perú entre 2012 y 2023 quedó abandonada. Así lo revela un estudio del Banco Mundial, citado por Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). De 132,000 proyectos iniciados en ese periodo, más de 62,000 no se concluyeron, ejecutaron menos del 90 % de su presupuesto y no registraron desembolsos durante al menos 18 meses. El gasto ya realizado equivale a casi la mitad del presupuesto anual de inversión pública y, si se considera el monto total previsto, supera los S/200,000 millones.
La magnitud del despilfarro es crítica. “¡Estas cifras son espantosas!”, sostiene Palomino, al precisar que no se trata de simples sobrecostos o errores de diseño, sino de obras que nunca llegaron a funcionar. Caminos, colegios, postas médicas y sistemas de agua potable quedaron inconclusos pese a haber consumido recursos públicos durante más de una década, sin generar beneficios reales para la población.
El problema, además, se agrava con el tiempo. El Banco Mundial estima que desde 2012 el número de proyectos abandonados se duplica cada tres años, lo que implica que cada año un mayor número de ciudadanos ve frustradas obras esperadas. Esta situación es especialmente preocupante si se considera que la inversión pública peruana representa el 5 % del PBI, un nivel 50 % mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con una calidad que, según el informe, “se encuentra 40 % debajo de sus posibilidades”.
El estudio identifica fallas estructurales en la planificación y supervisión del gasto. Cerca de dos tercios de la inversión está a cargo de gobiernos regionales y locales, bajo un esquema que —según el Banco Mundial— “abolió cualquier forma de supervisión independiente”. Además, el 80 % de los nuevos proyectos no pasó por procesos formales de evaluación ni por el presupuesto aprobado por el Congreso, al incorporarse mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para el presidente del IPE, esta opacidad explica el problema de fondo: “porque así es más fácil de robar”.
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