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Atico, un distrito atrapado por el oro ilegal y la violencia

Colectivo PAS. La guerra por el oro en Atico empezó como un conflicto menor por el control de socavones, pero hoy muestra un escenario de guerra no declarada entre bandas de mineros ilegales que se disputan el oro. A menudo ocurren enfrentamientos o ataques sorpresivos, como el registrado en el 2022, cuando asesinaron a 14 “mineros”. Una realidad parecida a la reciente masacre ocurrida en Pataz (La Libertad), o a las ya conocidas en La Rinconada (Puno).

 

El 2 de junio de 2022, un enfrentamiento en la unidad minera Calpa, entre la asociación informal Calpa Renace y el grupo Atico Calpa, vinculados a la empresa Intigold Mining y a varios mineros artesanales, dejó 14 muertos, varios heridos y 13 desaparecidos.

Esa violencia volvió a ocurrir entre marzo y junio de este año: al menos dos enfrentamientos dejaron a ocho personas con contusiones y una creciente sensación de inseguridad.

 

Además, el 10 de marzo, unos 200 pobladores fueron desalojados arbitrariamente de sus tierras. Regresaban de un evento público cuando encontraron el acceso a sus propiedades bloqueado por hombres armados.

 

El presidente de la Asociación de Vivienda Social y Cultural de Atico, Manuel Ismael Alca Casimiro, denunció: “Nosotros hemos sido despojados de manera arbitraria el 10 de marzo… Aquí hay una tranquera que hace el control diario de las personas”, dijo.

En las disputas se usan armas de guerra, explosivos, drones de vigilancia y sicarios apostados en los cerros, mientras la población de Atico vive aterrorizada. Aunque todo empezó hace tres años o algo más, en cualquier momento puede ocurrir lo que pasó en Pataz, pero multiplicado.

La espiral de violencia no se detiene desde 2020. Policías y fiscales tienen dificultades para entrar a esa zona. Los operativos se frustran porque los mineros se enteran antes de que estos se hagan efectivos. Se sospecha que los mineros ilegales tienen soplones en algunas instituciones que se encargan de filtrar información sobre las acciones policiales y fiscales.

 

Hasta el propio comandante general de la Policía, Víctor Zanabria Angulo, fue acusado de favorecer a mineros ilegales, encubrir delitos y manipular información clave para garantizar impunidad, cuando era jefe de la Región Policial Arequipa. Habría sido parte de una red que operaba en favor de intereses privados. Entrelazaba a la fuerza pública con grupos de extracción ilegal de oro, según un reportaje del dominical Panorama.

Un colaborador eficaz —un sicario— acusó a Zanabria de arreglos con los mineros ilegales: “Antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuándo subía la PNP y todos fugábamos”, contó.

 

Y un testigo policial dijo que la Policía intervenía solo para simular seguridad o establecer un supuesto orden. Zanabria Angulo negó tales vínculos con mineros ilegales. Dijo en RPP Noticias que todas las denuncias fueron archivadas. Este caso sigue en investigación.

 

Atico inseguro
Atico se encuentra en la provincia de Caravelí, a ocho horas de Arequipa. Según el censo de 2017, el distrito tiene 5 753 habitantes. Muchas de estas familias dependen exclusivamente de la minería artesanal —informal o ilegal— como fuente de ingresos, pese al riesgo constante.

Este distrito costero, con vastas playas, es también una zona por donde circula el oro ilegal en un camino de muerte que ya cobró la vida de decenas de personas. Es un lugar donde los mineros ilegales se imponen con violencia y sangre. Están armados o cuentan con seguridad armada.

El precio del oro (entre S/ 210 y S/ 220 por gramo en el 2023), casi el doble que, en años pasados, atrajo a trabajadores sin oportunidades y alimentó los conflictos.

 

Reinfo avala ilegalidad 


El distrito de Atico cuenta con 550 registros en Reinfo, entre suspendidos y vigentes, de personas naturales y jurídicas, según la página del Ministerio de Energía y Minas. En 2022, la Gerencia Regional de Energía y Minas registró más de 2 000 mineros informales en la zona. Como, en otras zonas del país con presencia de minería informal e ilegal, el Reinfo es una especie de “carta blanca” para que, con sus aliados o socios delincuentes, impongan el caos y destruyan ecosistemas.

Quizá por eso, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pidió la intervención del Poder Ejecutivo para que se aplique el mismo marco legal que se impuso en Pataz: Estado de Emergencia ante la ola de inseguridad provocada por las operaciones de minería ilegal. Pero no hubo respuesta.

El Estado parece haber renunciado a hacer primar el principio de autoridad en la zona, o, quizás, simplemente se corrompieron: No hace nada, o hace muy poco, para enfrentar a los mineros ilegales.

 

Actualmente, Atico vive en un ambiente de inseguridad, con bloqueos, presencia de sicarios, mientras la minería ilegal se convirtió en su principal actividad económica. Desde este distrito se transportan hasta 15 toneladas de mineral por vehículo hacia plantas de procesamiento en Chala, otro de los distritos de la provincia costera.

 

Mesa de trabajo
Ante la ola de violencia, el último 2 de junio la Presidencia del Consejo de Ministros instaló una mesa de trabajo multisectorial para abordar el problema. Sin embargo, solo una semana después se registraron nuevos enfrentamientos.

Nuevamente, la indiferencia del Estado y las acciones de los mineros atemorizaron a los pobladores de Atico. El alcalde distrital, Julio Candia Ramos, denunció que ni el Gobierno Regional de Arequipa, ni el Ejecutivo nacional los incluyeron en las mesas de diálogo. Esa situación obligaría al pueblo a tomar las calles, con el riesgo de que se pierdan vidas.

 

Aaron Maldonado López, consejero regional por Caravelí, cuestionó el trabajo de la Policía y acusó al actual general, Óscar Benavides, de una completa inacción para recuperar la seguridad en el lugar. En su momento reclamó la presencia de unidades especializadas para desarticular la violencia y las extorsiones.

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