Arequipa inicia el año 2026 con un escenario fiscal restrictivo al registrar una caída del 22 % en su presupuesto de inversión pública en comparación con el 2025. Según datos de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), este recorte sitúa a la región en su nivel más bajo de los últimos cinco años, afectando la capacidad de ejecución de obras de infraestructura y servicios básicos. Al respecto, Patricio Lewis, investigador de REDES, advirtió sobre las consecuencias de esta limitación financiera: "Cuando los recursos se reducen y, además, se ejecutan con demoras o ineficiencias, se concretan menos obras y se amplía la distancia que separa a la población de mejores oportunidades".

El ajuste presupuestal se refleja con mayor dureza en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de ocho sectores estratégicos. El rubro de Ambiente sufrió el recorte más drástico, con una disminución superior al 89 %, seguido por Seguridad con un 60 % menos de recursos. En el caso de Educación, el presupuesto asignado para obras descendió de S/ 335 millones a S/ 207 millones, cifra que resulta insuficiente frente a la brecha de infraestructura que el Ministerio de Educación estima en S/ 4,555 millones para la región.

Esta reducción de fondos pone en riesgo proyectos clave de conectividad vial y acceso a servicios de salud y saneamiento. Lewis señaló que la falta de recursos, sumada a la ineficiencia administrativa, retrasa las mejoras en la calidad de vida de los arequipeños. Ante este panorama, el especialista enfatizó la urgencia de optimizar el manejo de los fondos públicos existentes y fomentar la generación de empleo formal como mecanismos para mitigar el impacto del recorte en el desarrollo social y económico de la región.