Juan Ordóñez aseguró que la norma delimita únicamente las provincias de Jorge Basadre y Candarave. Además, pidió restablecer el diálogo y advirtió que las protestas vienen afectando la economía de ambas regiones.

El alcalde distrital de Ilabaya, Juan Ordóñez Miranda, afirmó que la delimitación territorial aprobada por el Congreso no afecta territorio de Moquegua, al sostener que se trata de un proceso interno entre las provincias tacneñas de Jorge Basadre y Candarave.

En declaraciones brindadas a un medio de Tacna, la autoridad señaló que las actas de límites suscritas corresponden únicamente a la delimitación entre ambas provincias, por lo que descartó que exista una modificación de los límites con la región Moquegua. "No existe ningún perjuicio territorial a nuestros hermanos de Moquegua", manifestó.

Respecto a las medidas de protesta registradas en el distrito de Torata, donde se restringió el tránsito de trabajadores vinculados a operaciones mineras, Ordóñez recordó que toda persona tiene derecho al libre tránsito en el territorio nacional e invocó a las autoridades y a la población a privilegiar el diálogo para superar la controversia.

Asimismo, consideró que corresponde al Gobierno nacional, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), esclarecer los alcances de la norma que aún se encuentra pendiente de promulgación, a fin de evitar interpretaciones contrapuestas entre ambas regiones.

Finalmente, el burgomaestre hizo un llamado a preservar la relación de hermandad entre Tacna y Moquegua, al advertir que las medidas de fuerza vienen generando perjuicios económicos en ambos departamentos. En ese sentido, pidió restablecer las vías de comunicación y priorizar el desarrollo regional.

Las declaraciones del alcalde de Ilabaya se producen en un contexto en el que autoridades, organizaciones y diversos sectores de Moquegua sostienen que la autógrafa de ley de delimitación territorial podría afectar aproximadamente 10 mil hectáreas en la zona de Quebrada Honda, donde se desarrolla actividad minera.

Por ello, han solicitado al Poder Ejecutivo observar la norma antes de su promulgación, al considerar que tendría implicancias para el territorio y los recursos de la región.