El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, citó para el lunes 13 de junio al presidente de la República, Pedro Castillo, a fin de que responda a las preguntas de la autoridad en calidad de investigado por el caso de Puente Tarata III.

La decisión del titular del Ministerio Público implica que por primera vez en la historia del país un jefe del Estado sea investigado durante su mandato por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de su función.

El fiscal Pablo Sánchez incluyó a Pedro Castillo como investigado el último 27 de mayo.

El mandatario y sus defensores legales fueron notificados de esta disposición ayer vía correo electrónico, en el que se precisa que la diligencia se desarrollará en la sede de la Fiscalía de la Nación a las diez de la mañana.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el presidente Castillo encabezaría una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en complicidad con el extitular de este sector Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

Por este motivo, Castillo es indagado por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. La citación llega en medio del proceso legal que la defensa del jefe de Estado ha iniciado para anular la inclusión del mandatario en el caso en mención, el 64-2022.

La defensa legal del presidente califica este caso como “una investigación muerta, que nunca debió abrirse”. Sus argumentos se basan en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú que determina que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por ciertos hechos que no involucran presuntos actos delictivos; por tal motivo, considera que la inclusión del mandatario en el caso es inconstitucional. Además, que la investigación no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para la acusación.

En línea a esta posición, la defensa del mandatario solicitó el 30 de mayo la anulación absoluta de la indagación, pedido que hasta el momento no ha sido respondido por la Fiscalía.

Por este motivo, el abogado Benji Espinoza, defensa del presidente Castillo, iniciará el siguiente paso de su estrategia legal: interponer una tutela de derechos para evitar que su defendido continúe siendo investigado. El letrado evitó dar una fecha de la presentación de este recurso, pero comentó que será en esta semana.

Agrega que la revisión también sería en esos días, al ser un pedido que debe ser convocado a audiencia de inmediato por tratarse de supuesta vulneración de derechos a un imputado. Por tal motivo, considera que podría resolverse antes de la citación para el lunes 13.

Sin embargo, no descarta que el mandatario pueda declarar, aunque señala que el dar respuesta es voluntaria, por lo que ya determinarán los pasos que seguirán. Espinoza agrega que el presidente colaborará con todo proceso fiscal si es una investigación objetiva.

El Ministerio Público comunicó que también se convocó a la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero para el 7 de junio; el abogado y exasesor del MTC Alex Starost, para el 8 de junio. Víctor Valdivia, para el 9 de junio; y Edgar Vargas, el 10 de junio, ambos integrantes del comité de selección de la licitación del Puente Tarata III. Estos personajes son vinculados a presuntas presiones e irregularidades en el proceso referido tras la denuncia de Miguel Ángel Espinoza, expresidente del comité. El caso estaba a cargo de la Fiscalía Anticorrupción