La Fiscalía General del Estado boliviano había pedido a la Organización International de Policía Criminal (Interpol) un sello rojo, es decir una orden de detención a Evo Morales, el cual fue rechazada al considerar que el delito de que se le acusa tiene una connotación política.

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, explicó a los medios en La Paz que el pedido se realizó dentro de las investigaciones de una denuncia por supuestos delitos de sedición y terrorismo contra del expresidente boliviano.

Interpol comunicó que el delito de sedición tendría un componente de orden político, que de acuerdo a su normativa impide cursar esa solicitud, indicó el fiscal general.

La acusación se basa en un video en el que se atribuye la voz de Morales para supuestamente incitar a bloqueos de ciudades en Bolivia, que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han considerado una prueba insuficiente para la gravedad de esos delitos.

"Interpol interpreta que este delito es considerado de orden político y en la respuesta nos hacen conocer que ellos no van a poder llevar adelante el cumplimiento, entre tanto no se levante la tipificación" por sedición, comentó Lanchipa.

Esta denuncia es una de las interpuestas por el Ejecutivo transitorio de Áñez contra Morales, que desde diciembre pasado está en Argentina, donde solicitó refugio.