Fiscalía consiguió sentencia para exalcalde por peculado doloso

Fiscalía consiguió sentencia para exalcalde por peculado doloso

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Mixta de la Unión, logró sentencia condenatoria para José Guillermo Segovia Pérez, como autor del delito contra la administración pública, peculado doloso, por el pago a una empresa de un trabajo no realizado, cuando era alcalde distrital de Quechualla.


Igualmente, fueron sentenciados Rosemary Ludeña Paredes en calidad de autora, cuando era tesorera de la municipalidad, y al contratista Juan Pilco Cruz como cómplice, a todos por el plazo de cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de tres años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta.


La fiscal provincial Elsa Mirian Aparicio Mora, acreditó en juicio la responsabilidad penal y civil de los tres procesados que permitió una sentencia, y el pago de una reparación civil de S/ 42 478.75 a favor de la municipalidad distrital de Quechualla, en forma solidaria.


Según la investigación, en el 2009, la municipalidad distrital de Quechualla, suscribió un convenio con el Gobierno Regional de Arequipa para la ejecución de la obra: “Construcción de Acceso Vial hacia los Atractivos Turísticos de Quechualla", por ello se le entregó la suma de S/ 570 000.00. De dicho monto, S/ 52 478.55 fueron destinados por el municipio para el pago por el servicio de voladura de roca a la empresa Perforaciones y Construcciones Jumbo E.I.R.L.


Conforme al Informe Especial realizado por el Órgano Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, se realizó el contrato con la mencionada empresa, los desembolsos mediante seis comprobantes de pago, dispuestos por el alcalde del municipio, José Guillermo Segovia Pérez, y visados por la tesorera, Rosemary Ludeña Paredes, quien además cobró el dinero.  En el caso del imputado Juan Pilco Cruz, gerente general de la empresa, firmó el contrato con el municipio y emitió facturas para los pagos respectivos. Incluso, posteriormente para justificar el uso de los recursos, participaron en la simulación de un proceso de adjudicación directa.


Sin embargo, del cuaderno de obra, informes de residente y entrevistas, se corroboró que los trabajos de voladura fueron realizados por personal, maquinaría y equipos de la municipalidad distrital y no de la empresa contratada, por lo que se generó un perjuicio económico a la institución de S/ 52,478.55. 


Asimismo, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio Supraprovincial Especializado, impuso a los tres sentenciados pena de inhabilitación para ocupar cargo público por el plazo de tres años.

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