Desde el 2005, año en que el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, implementó una política de estatización de ciertas empresas privadas, unas 1,359 organizaciones pasaron a manos del Estado por medio de la confiscación y expropiación, según el Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice). Pero no es hasta el año 2013, con Nicolás Maduro en la presidencia de ese país, que los precios del petróleo empiezan a caer significativamente y decenas de empresas nacionales e internacionales se vieron obligadas a vender, reducir o cerrar sus operaciones con el fin de evitar el golpe de la crisis financiera más dura que ha azotado al país.

En el año 2018, la investigadora del observatorio de Cedice, Ana María Carrasquero explicó que esa situación es una consecuencia de la política de Estado anunciada por Chávez en el 2005. “Nada de esto fue al alzar. Lo anunció Chávez en 2005 como política de Estado y ello se ha traducido en la destrucción del tejido empresarial del país”, dijo en una entrevista.

El mismo Maduro, a fines de julio del 2018, reconoció la responsabilidad del propio gobierno con respecto a la grave crisis económica que atraviesa el país. “Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado”, señaló.

La experta agregó que la crisis se agrava aún más cuando las empresas estatales y las nacionalizadas pasan a convertirse en “una pérdida patrimonial”, debido a que se paga por la estatización, pero una vez en manos del gobierno terminan siendo incapaces de generar, de manera eficaz, productos para el mercado interno.